El gobierno federal informó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por primera vez superó su punto de equilibrio, es decir, que sus ingresos fueron suficientes para cubrir sus gastos, y generó utilidades durante el primer trimestre de 2024, por 78 millones de pesos.
Y es verdad que es esto ocurrió el primer trimestre de este año, en que el aeropuerto de Santa Lucía reporta ganancias, pero también es cierto que sigue recibiendo subsidios y apoyos del gobierno federal, además de que durante los primeros dos años tuvo pérdidas mayores.
De acuerdo con su Informe de Actividades al primer trimestre, del primero de enero al 31 de marzo del 2024 el AIFA generó ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de 490 millones de pesos y tuvo gastos por 412 millones de pesos, lo cual da una ganancia de 78 millones de pesos. Sin embargo, en este mismo periodo también recibió apoyos adicionales a sus ingresos por parte del gobierno federal por 364 millones de pesos.
Además, durante 2022 y 2023, el aeropuerto de Santa Lucía sumó pérdidas por 1,568 millones de pesos y subsidios y apoyos gubernamentales por 2,456 mdp.
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Los subsidios son asignaciones del gobierno para apoyar las operaciones, mantener los niveles de precios, incentivar el consumo o comercialización de bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros o para el fomento de actividades productivas, entre otras acciones. Se pueden presentar mediante la entrega de recursos, como en el caso del AIFA, o bien, a través de estímulos fiscales, como pasa con los combustibles.
De acuerdo con Pablo Casas, director en Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA), esta cifra es engañosa, pues el AIFA se mantiene lejos de sus metas iniciales de transporte de pasajeros, además de que acumula dos años de operación con pérdidas.
“La razón de construir cualquier aeropuerto en la zona metropolitana tenía el objetivo de descongestionar el espacio aéreo sobre todo el situado sobre el AICM. Y al día de hoy, no se ha logrado”, dijo a El Sabueso.
Además, el Gobierno de México invertirá aún más recursos para ampliar la infraestructura del AIFA. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa solicitó a Hacienda 2,861 mdp para la construcción de almacenes para atender la creciente demanda de servicio de carga en la terminal aérea de Santa Lucía, mismos que se ejercerán en la segunda mitad de 2024.
AIFA, lejos de su meta de transporte de pasajeros
El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó en abril del 2019 que el AIFA atendería una demanda de 20 millones de pasajeros anuales. Sin embargo, en dos años desde que entró en operaciones apenas ha alcanzado —con 4.1 millones— una quinta parte de esa cantidad.
De ellos, durante el primer trimestre de 2024 se registraron poco más de 1 millón de pasajeros, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil.
En este mismo sentido, el director general del Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román, estimó en la inauguración del aeropuerto un número de pasajeros de 5 millones durante el 2023. Sin embargo, ese año sólo volaron 2.5 millones, es decir, la mitad de lo prometido.
Pastor Román aseguró en 2022 que el AIFA necesitaba de un flujo de 120 vuelos diarios para comenzar a generar utilidades. Dicha cantidad se alcanzó en febrero de este año, mes en el que se registraron en promedio 122 vuelos diarios.
De acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2024) el AIFA obtendría alrededor de 1,251 millones de pesos de la venta de servicios, mientras que los subsidios alcanzarán los 1,500 millones de pesos, la misma suma que se destinará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Sin embargo, la diferencia entre ambos aeropuertos es que el AICM transportó, tan solo en febrero de este año, 3.4 millones de pasajeros.
Lo que sí ha crecido es la utilización del Felipe Ángeles como aeropuerto de carga, pues han disminuido la carga transportada en el AICM y aumentado el uso del AIFA para este fin, al grado que ya supera al AICM en el número de toneladas de carga transportada.
Durante el primer trimestre de 2024, el AIFA sumó 103.9 mil toneladas de carga nacional e internacional, frente a las 57.2 mil que se desplazaron en el AICM.
Sin embargo, advirtió Casas, esto se dio por decreto del Gobierno de México, y no por una mejor oferta de la terminal de Santa Lucía.
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El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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