¿Cuánto se ha gastado realmente en la construcción del AIFA? La opacidad impide comprobarlo
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) inició operaciones, pero a la fecha no se ha transparentado ni se puede verificar cuánto se ha gastado en la construcción de la megaobra.
Los montos reportados por las autoridades son contradictorios, y hay obstáculos que impiden hacer los cálculos de forma independiente. Entre ellos, que hay contratos que fueron clasificados como de seguridad nacional y que no podrán ser analizados hasta dentro de cinco años.
Pero además, no se publicó el informe financiero final sobre la obra, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el Ejército no ha registrado correctamente el gasto de un fideicomiso al que se le inyectan recursos públicos para la construcción.
Animal Político pidió a la Sedena detalles del gasto en la obra, los informes financieros y del gasto del fideicomiso para aclarar dudas, pero hasta el momento de la publicación no habían respondido. Mismo caso de una solicitud que se hizo a la Secretaría de Hacienda.
De lo que sí se conoce hasta ahora, se advierte que el Ejército ha recurrido en mayor medida a los contratos de adjudicación directa y de invitación restringida, para hacer tratos con proveedores. Esto, aunque este tipo de compras públicas sean más propensas a la corrupción.
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Cifras contradictorias y reportes irregulares del gasto con fideicomiso
En la sección Quien es Quien en las Mentiras del gobierno federal aseguraron que el aeropuerto, a cargo del Ejército, costará 74 mil millones de pesos. En tanto la Secretaría de Hacienda, hasta el cuarto trimestre de 2021, estimó un costo final de 84 mil 956 millones al tener un avance de construcción del 88%.
Ante esa divergencia, se revisaron los datos abiertos de Transparencia Presupuestaria de 2019 a 2022, y de la Cuenta Pública de 2019 y 2020, pero de ese modo solo fue posible comprobar un gasto de 17 mil millones.
El siguiente paso fue consultar los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el AIFA, que hasta ahora solo abarcan 2019 y 2020.
Ahí se advierte la irregularidad ya mencionada: que el Ejército había incumplido en registrar, para la consulta pública en reportes de Hacienda, un gasto de 20 mil millones por medio del fideicomiso Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM).
“Sólo se reportaron 2,355,039.8 miles de pesos como erogados en 2020 pero correspondieron sólo a los egresos del cuarto trimestre y no a los de todo el año, cuyo monto ascendió a 22,598,106.8 miles de pesos, por lo que la información reportada en esos documentos no fue confiable”, señaló la ASF.
Para 2021, Sedena reportó un gasto de 45 mil 683 millones con el FPAPEM, según lo revisado en la sección Fideicomisos de los reportes trimestrales de Hacienda.
Sin embargo, al bajar los datos abiertos sobre fideicomisos de la Página de Transparencia Presupuestaria se observa que esa cifra es del cuarto trimestre, y que en realidad en todo el 2021 los egresos del FPAPEM habrían superado los 86 mil millones, sin que se detalle cuánto en específico fue para el AIFA.
De acuerdo con una nota aclaratoria difundida por Hacienda en julio de 2021, cuando se reportó un avance de 80% de la obra, el fideicomiso ha sido la principal fuente de financiamiento para el AIFA. Se indicó entonces que de 68 mil millones de pesos de avance financiero, 50 mil correspondían al fideicomiso, y 18 mil a recursos fiscales.
Cambios discrecionales en el presupuesto
Sobre el monto asignado en 2022, en el Presupuesto de Egresos aparece la cifra de 11 mil 450 millones para las categorías de: Aeropuertos eficientes y competitivos, Administración de la Infraestructura Aeroportuaria en Santa Lucía, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V y Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad.
Sin embargo, el economista Carlos Brown refiere al respecto que el gobierno y en específico Hacienda tienen durante el año “completa discrecionalidad” para hacer ajustes sobre ese gasto.
“El tema con el AIFA es que se terminó ahora en marzo, y ahí una cosa es la que le asignaron a principio de año y otra muy distinta la que se gastaron… falta la suma total de los recursos destinados”.
Con esas inconsistencias, especialistas consultados coincidieron en las dificultades de verificar así cuánto se ha gastado en el AIFA.
Una manera de aproximarse al dato del monto final ejercido para la obra será revisar los informes 2021 y 2022 de la Cuenta Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, cuando se publiquen, pues este último puede dar certeza sobre los montos que fueron destinados vía fideicomiso.
De momento, los informes 2020 de la Auditoría solo nos dan una “pincelada general” de los costos y el desarrollo del AIFA, pues no abarcan todo el proyecto, explica Roberto de la Rosa, académico del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa.
“Todavía no está terminado, se van a seguir ejerciendo recursos… ante la falta de un informe de avance financiero, de avance físico, que cualquier obra debería tener o cumplir, tenemos que recurrir a los informes de auditoría, y escarbar o escudriñar lo que dice la autoridad”.
Sedena elige por ‘dedazo’ a sus proveedores
Una investigación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mostró que la Sedena realizó por ‘dedazo’ la selección de sus proveedores para el AIFA.
Al revisar información que involucra un gasto de 17 mil millones de pesos, se encontró que para asignar el 77% de los contratos el Ejército realizó una invitación restringida, y en el 22% asignación directa.
“Es decir que la propia Sedena seleccionó las tres opciones y luego eligió a quién le iba a dar los contratos, y el resto fue por adjudicación directa”, explica la periodista Valeria Durán, a cargo de la investigación.
La autoridad eligió a empresas que se habían constituido recientemente, refiere, por lo que no tenían conocimiento previo de obras o al menos no habían trabajado con el gobierno.
“También hay casos de proveedores que habían sido ya ligados a casos de corrupción o factureros que ya se sabe que son empresas fantasma, y así recibieron millones de pesos en contratos públicos”, menciona Durán.
Los contratos que le envió la autoridad al hacer solicitudes de información, señala, solo muestran gastos por renta de servicios o adquisición de materiales, pero nada referente a la construcción de obras.
“No viene nada que corresponda a construcción, falta saber si los militares se pusieron de albañiles a construir, o contrataron a civiles”, comenta Durán.
Su investigación muestra información de 1,233 contratos que les fueron entregados y que son pertenecientes a 23 frentes de obra, pero la periodista advierte que los reportes están incompletos.
“Ya teniendo los contratos, nos dimos cuenta que las numeraciones están salteadas. Imaginemos que estamos contando del contrato del 1 al 10, nosotros tenemos el 1,2,5,9 y 10, entonces quiere decir que la Sedena rasuro información pública, no hay forma de saber si estos 17 mil mdp son el total que se ejerció para 23 frentes, porque los contratos están incompletos”, explica Durán.
MCCI calcula que al solo obtener datos de cómo se gastaron 17 mil millones, permanecen en la opacidad 3 de cada 4 pesos ejercidos para la construcción del AIFA.
“No hay manera real de saber cuánto se gastó, porque Sedena, con el complejo de seguridad nacional no te permite analizarlo, es una travesía acceder públicamente a la información”, añade Durán.
La falta de transparencia es tal que se desconoce el número de frentes totales; MCCI calcula que pueden ser 48.
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En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso y con una Corte Suprema conservadora que, en varias ocasiones, ha favorecido su agenda. Aquí te contamos cuáles pueden ser las limitaciones al poder del mandatario estadounidense.
Donald Trump regresa este 20 de enero a la Casa Blanca con una agenda de grandes cambios en Estados Unidos.
“Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas”, dijo el mandatario en su primer discurso luego de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Esa noche, Trump dijo que convertiría a EE.UU. en el mejor país del mundo.
Entre sus propuestas está seguir construyendo el muro limítrofe con México para sellar las fronteras del país y, sobre todo, expulsar del país a millones de extranjeros indocumentados en lo que asegura será la “mayor deportación” de la historia de Estados Unidos.
También ha prometido reducir la burocracia gubernamental, bajar los impuestos e imponer un sistema de aranceles de 10% a 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros que, en el caso de China, llegarían a 60%.
Para lograr estos objetivos, Trump cuenta con un partido republicano que ha cerrado filas en torno a su figura y que dispone de mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que configura lo que los estadounidenses denominan como “trifecta” o gobierno unificado.
Esto significa que las cosas empiezan a funcionar al estilo de los sistemas parlamentarios unicamerales, donde una mayoría toma el control del Congreso y del gobierno, actuando como un todo unificado que puede hacer prácticamente lo que quiere, dice a BBC Mundo Mark Peterson, profesor de Políticas Públicas, Ciencia Política y Derecho en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
Además, la Corte Suprema de Justicia -que encabeza el tercer poder independiente del Estado- cuenta en estos momentos con una mayoría de seis jueces conservadores (tres de ellos nombrados por Trump durante su primer mandato) frente a tres jueces liberales, lo que aumenta la probabilidad de que las iniciativas del gobierno reciban luz verde por parte del máximo tribunal.
¿Significa esto que Donald Trump gobernará sin ningún tipo de contrapeso? No.
Aquí te contamos seis posibles límites al poder casi absoluto del nuevo presidente.
1. Mayorías muy pequeñas en el Congreso
Los republicanos cuentan con mayorías en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, no se trata de una ventaja holgada que pueda garantizar la aprobación de todas sus propuestas.
Los resultados de las elecciones de noviembre otorgaron al partido de gobierno 220 legisladores frente a 215 de los demócratas. No obstante, desde entonces tres congresistas republicanos renunciaron a su escaño para ocupar otras posiciones y eso supone que al menos durante unos meses, la ventaja de los republicanos en la Cámara Baja se reduce a dos votos, lo que les deja muy poco margen de maniobra.
“Es la mayoría más débil que ha habido en tiempos modernos. Y aunque los republicanos están ahora extremadamente alineados, es muy difícil mantenerlos a todos unidos frente a temas muy complicados para lograr que ese control nominal de la cámara se convierta en un control absoluto”, apunta Peterson.
En la Cámara Alta, los republicanos cuentan con 53 senadores, frente a 47 de los demócratas. Eso significa que aún les faltan 7 votos para contar con la mayoría calificada necesaria para aprobar medidas importantes.
“A menos que todo lo que quieran hacer pueda empaquetarse a través del mecanismo de reconciliación, los demócratas pueden vetar casi todo”, indica Peterson.
La reconciliación es un procedimiento especial que permite al Senado aprobar de forma expedita medidas presupuestarias contando con una mayoría simple de votos (51, en lugar de 60). En las últimas décadas ha sido empleado con frecuencia debido a la extrema polarización que hay en el Congreso estadounidense, pero no se puede aplicar en todos los casos.
“Los presidentes que han tenido la oportunidad de hacer cambios importantes han llegado al poder con una victoria aplastante, con mayorías dominantes en la Cámara de Representantes y el Senado del orden del 60% de los escaños o más. Ese no es el caso ahora, por lo que será realmente sorprendente si Trump, trabajando con sus aliados republicanos, puede hacer realmente el tipo de cosas de las que ha estado hablando”, señala Peterson.
El experto destaca que durante la primera mitad de su primer gobierno, Trump contó con una trifecta, así como con una mayoría aún más holgada que la actual en la Cámara de Representantes y la única ley importante que logró aprobar fue un recorte de impuestos.
2. Un poder judicial que aún mantiene su independencia
Aunque en la Corte Suprema hay una mayoría de seis jueces conservadores y tres de ellos fueron nominados por Trump, eso no es garantía de que todas las iniciativas del gobierno vayan a recibir el visto bueno.
Es cierto que en su actual configuración, el máximo tribunal estadounidense revirtió la protección federal al derecho al aborto que existía desde la década de 1970 y que esa medida contó con el apoyo de los nuevos magistrados, tal como había prometido Trump que ocurriría durante su campaña de 2016.
Esa Corte Suprema también estableció que los presidentes tienen derecho a “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por aquellas acciones de carácter oficial que realicen durante sus mandatos, lo que libró a Trump de varios juicios que estaban en marcha en su contra.
Esa decisión dejo claro, no obstante, que los presidentes no cuentan con esta misma inmunidad en las acciones que no tienen relación con su rol oficial.
Además, el máximo tribunal desestimó las denuncias que hicieron Trump y los republicanos con el fin de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y rechazó los intentos del gobierno de Trump de poner fin al programa DACA, que protege a centenares de miles de personas que llegaron a EE.UU. sin papeles siendo menores de edad.
También mantuvo en vigor algunas protecciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (popularmente conocido como Obamacare), así como otras disposiciones que protegen a las personas LGBTI+ de sufrir discriminación en los lugares de trabajo, en ambos casos contradiciendo los planes de los republicanos.
Más allá de la Corte Suprema, de acuerdo con un estudio del Centro Pew, 60% de los jueces activos en cortes de distrito en Estados Unidos fueron nominados por mandatarios demócratas, mientras que solamente 40% fueron postulados por presidentes republicanos.
“El Poder Judicial sigue siendo una tercera rama importante del gobierno con un alto grado de independencia y, además, la mayoría de sus integrantes no han sido nombrados ni por Trump ni por los republicanos”, apunta Peterson, quien subraya además que se supone que los jueces deben tomar sus decisiones guiados por la ley y por los precedentes establecidos por la Corte Suprema.
3. Los gobiernos estatales y locales
El hecho de que Estados Unidos sea un estado federal trae consigo importantes limitaciones a los cambios que se pueden aplicar desde la Casa Blanca.
La décima enmienda constitucional otorga un amplio número de competencias a los gobiernos de los estados.
Tradicionalmente los estados han tenido competencias sobre seguridad, salud, beneficios sociales, educación, procesos electorales, derecho penal, regulaciones laborales y leyes sobre la propiedad.
De igual modo, los condados y ciudades tienen responsabilidades en temas de seguridad pública, planificación urbana, uso de las tierras, entre otros.
Esas competencias permiten que desde esas instancias de gobierno puede hacerse resistencia u oposición a algunas de las iniciativas que impulse Trump.
“Los demócratas definitivamente van a utilizar estas competencias ahora en contra del gobierno Trump”, vaticina Peterson.
“Vivo en California, el estado más grande del país, la quinta economía más grande del mundo. No es universalmente democráta, ni liberal ni progresista, pero va fuertemente en esa dirección. Y este será un estado, como muchos otros, que hará lo posible para hacer cosas independientemente de lo que quiera el gobierno de Trump o para desafiarlo, tal como Texas y otros estados desafiaron a los gobiernos de Biden y Obama en el pasado”, agrega.
En la actualidad, 23 de los 50 estados del país cuentan con gobernadores demócratas.
La colaboración o resistencia de las autoridades estatales y locales puede ser un factor determinante en algunos planes de Trump como la deportación masiva de migrantes, pues es una tarea difícil y compleja que requiere apoyos locales.
Muchas ciudades y estados se han declarado como lugares “santuario” para los migrantes, por lo que que limitan su cooperación con el gobierno federal en este campo.
4. Una burocracia profesional
Durante el primer gobierno de Trump, en las filas republicanas hubo quejas porque no lograron impulsar su agenda política tanto como querían debido, en parte, a su propio desconocimiento sobre cómo funciona el Estado y la burocracia, pero también debido a la resistencia que encontraron por parte de funcionarios públicos, el llamado servicio civil, que objetaron o ralentizaron la ejecución de órdenes que consideraron ilegales o inapropiadas.
Hacia el final de ese mandato, Trump aprobó una orden ejecutiva que le iba a permitir despedir a miles de empleados públicos y reemplazarlos por sus partidarios.
Esa medida fue derogada por Biden, pero el programa de campaña de Trump contemplaba su reinstauración.
De hecho, de cara a este segundo gobierno, varios grupos conservadores cercanos al nuevo mandatario elaboraron bases de datos con miles de profesionales leales a su proyecto político e ideológicamente afines con los cuales buscarían sustituir a los funcionarios públicos.
Esta iniciativa, sin embargo, puede enfrentarse a una fuerte resistencia institucional, legal, política y sindical.
“Creo que habrá tribunales que reaccionen contra eso. El servicio civil existe por una razón y hay una ley que lo ampara. Por eso, no habrá una erosión masiva y un ataque a los empleados federales, hasta el punto de reestructurar el gobierno de una forma sustancial”, dice Peterson.
“Sin embargo, sí habrá cosas marginales que marcarán una diferencia. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo decide trasladar las oficinas de una institución fuera de Washington DC a otros lugares del país, eso hará que algunos funcionarios renuncien a sus cargos porque no pueden trasladar a sus familias”, agrega.
5. Los medios de comunicación y la sociedad civil
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez, los medios de comunicación de tendencia liberal realizaron una cobertura crítica de su gobierno, mientras que sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para bloquear muchas de sus iniciativas por vía de la presión ciudadana o de los tribunales.
En el caso de los medios de comunicación, la situación ha cambiado un poco.
Ejemplo de ello es lo ocurrido con el diario The Washington Post que durante el primer gobierno de Trump llevó un registro de cada vez que el mandatario decía una mentira o desinformaba (más de 30.000 en cuatro años).
Por contraste, en los últimos meses de la reciente campaña, este medio decidió no publicar su acostumbrado editorial en el que fija posición sobre las elecciones y, en este caso, preveía dar un espaldarazo a la candidata demócrata, Kamala Harris.
Lo mismo hizo otro diario tradicionalmente liberal, Los Angeles Times.
El hecho de que Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, haya acudido a reunirse con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, es otro elemento destacable.
En paralelo, muchos otros medios han mantenido firme su postura crítica frente a los planteamientos del nuevo gobierno de Trump.
Lo mismo puede decirse de numerosas organizaciones de la sociedad civil como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que cuenta con 1,7 millones de afiliados y que ya ha anunciado su intención de tratar de detener la puesta en práctica de algunas de las propuestas del nuevo mandatario.
“La victoria del presidente electo Trump significa que si implementa las políticas con las que ha amenazado desde que dejó el cargo en 2020, más familias inmigrantes serán separadas, más personas enfrentarán daños graves debido a las restricciones de salud reproductiva y utilizará al gobierno federal como arma contra los manifestantes y los opositores políticos”, dijo la ACLU en un comunicado tras conocerse la victoria de Trump.
“Emprendimos acciones legales contra la administración de Trump más de 430 veces cuando estuvo la primera vez en el cargo. Tenemos la estrategia para contraatacar y ganar una vez más”, agregó el texto.
6. Las prioridades de los ciudadanos
La capacidad que tendrá Trump de llevar adelante su agenda de gobierno también dependerá de cómo esta encaje con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos y cómo sea percibida por estos.
En especial porque, aunque Trump ganó el voto popular, no consiguió un apoyo realmente mayoritario de los ciudadanos.
“El presidente Trump ganó la elección. Es un hecho indiscutible. Pero lo hizo con el 49,9% del voto popular -menos de la mitad de los votantes- y con un margen de apenas 1,5% puntos porcentuales sobre Kamala Harris. Esa es una de las victorias más ajustadas para un presidente”, apunta Peterson.
El experto destaca además que en el conjunto de electores que le apoyaron no todos están comprometidos con sus propuestas más radicales.
“Una parte importante son los partidarios MAGA [siglas en inglés del lema Hagamos de Estados Unidos Grande de Nuevo]: ellos apoyarían lo que Trump quiera hacer. Otra parte son republicanos a los que no les gusta Trump, pero que lo prefieren porque siendo conservadores quieren impuestos más bajos, menos regulaciones, etc”.
“Y luego hay un grupo grande de personas que votaron por Trump porque la inflación era muy alta, querían un cambio y él era la opción que tenían para conseguirlo”, afirma.
Peterson advierte que muchos de esos votantes no apoyarían, por ejemplo, la eliminación de Obamacare, ni quieren que se acabe con el gobierno federal o con el servicio civil; o que se deroguen las políticas contra el cambio climático.
Este es un factor que presionaría hacia la moderación del gobierno, no solamente porque puede afectar la popularidad de Trump sino también las opciones de los congresistas republicanos de lograr reelegirse en los comicios de mitad de periodo en 2026.
¿Y qué haría Trump si enfrenta este tipo de resistencia ante alguna de sus propuestas?
“Él se adaptará según sea necesario y, luego, culpará a otros por no haber logrado su objetivo”, prevé Peterson.
El experto recuerda que esto ya ocurrió a inicios del primer gobierno de Trump, cuando la popularidad del Obamacare creció mientras el gobierno se esforzaba por derogarlo, por lo que al final la Casa Banca tuvo que mantenerlo en vigor y conformarse con hacer algunos cambios menores.
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