El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la reforma judicial, al igual que su padre y otros familiares han sido acusados e investigados por delitos como enriquecimiento ilícito y hasta de tener vínculos con el narcotráfico. Hoy, según el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, esas acusaciones serán olvidadas, como compensación por su voto.
En El Sabueso te explicamos cuáles son las acusaciones contra Yunes Márquez, quien ya fue expulsado oficialmente de la bancada del PAN, contra su familia y las autoridades que los han investigado.
Para saber más: Yunes pide licencia; su papá Yunes Linares asume su escaño, pero elude informar cómo votará la reforma judicial
El 11 julio de 2024, la Fiscalía del Estado de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión girada por el juez Óscar Luis Lozada Hernández contra el senador, a quien se le acusó de presentar documentación falsa, así como de mentir a la autoridad y por fraude procesal en 2021.
Estos delitos presuntamente ocurrieron cuando Yunes Márquez intentó competir por una candidatura para alcalde de Veracruz, razón por la cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó su candidatura, por considerar que no cumplía con los requisitos de elegibilidad.
El propio senador confirmó, a través de una publicación en Facebook, que existe esta orden de aprehensión y entonces incluso declaró: “No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la Ley. Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”.
Medios como Milenio reportaron que la Fiscalía de Veracruz solicitó la emisión de una alerta migratoria y ficha roja a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México para la búsqueda, localización y detención del panista.
Sin embargo, Yunes Márquez solicitó comparecer por videoconferencia y explicó que lo haría porque estaba en Estados Unidos para realizarse unos estudios médicos.
Para el 18 de julio de 2024, medios como Expansión dieron a conocer que la jueza federal Jovita Vargas Alarcón concedió a Yunes Márquez una suspensión provisional para detener la orden de captura en su contra, gracias a un amparo que tramitó y le pidió pagar 10 mil 500 pesos para mantener la medida cautelar. Además concedió una suspensión provisional contra la ficha roja y su posible detención. Pero la orden sigue vigente.
Así logró tomar protesta como senador el 29 de agosto de 2024.
“Efectivamente se dictó una orden de aprehensión contra Miguel por un delito que no es delito: haber presentado un documento que acreditaba que vive en el Puerto de Veracruz, eso es lo que hay. Miguel se defendió jurídicamente, tiene un amparo, se suspendió la ejecución de la orden de aprehensión, trataron de evitar que llegara al Senado, fue al Tribunal Electoral, ganó en el Tribunal Electoral y el 20 de agosto se presentó en el Senado a obtener su credencial y el día 29 a la sesión constitutiva”, refirió su padre Yunes Linares en el Senado.
Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y padre del senador Yunes Márquez, ha sido acusado de distintos delitos en su paso por la administración pública federal, entre ellos por enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico y de proteger una red de pederastas.
El senador suplente de 71 años ha militado en dos partidos, el PRI y el PAN, que lo han llevado por diversos cargos públicos a nivel estatal y federal. Fungió como secretario de Gobierno de Veracruz entre 1992 y 1998. También fue diputado local y federal, ambos como representante del PRI.
Luego de separarse del tricolor, participó en la primera administración federal panista como subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox. Con la llegada de Calderón se mantuvo en el gobierno, donde ocupó la dirección del ISSSTE entre 2006 y 2010. Cargo que dejó para contender por la gubernatura de su estado por el PAN, misma que perdió frente al priista Javier Duarte. Después, en 2016 ganó la gubernatura de Veracruz, que ocupó por dos años.
Uno de sus acusadores fue, en 2017, el entonces dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador, quien entregó al presidente Enrique Peña Nieto lo que bautizó como la “carpeta azul”, un compendio de documentos con supuestas evidencias del enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos del ISSSTE cuando estuvo a cargo Yunes Linares.
En esta se da cuenta de seis denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por delitos como enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio abusivo de funciones, pederastia, pornografía infantil, trata de personas y amenazas.
De ese total, sólo se registra la apertura de una carpeta de tres: dos por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y una por amenazas.
En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que había una denuncia contra Yunes Linares por irregularidades durante su administración al frente del ISSSTE, que tuvo a su cargo entre 2006 y 2010, antes de contender por la gubernatura de Veracruz. Desde entonces, la FGR no ha dado detalles del estado de dicha investigación.
A Yunes Linares también se le acusa por irregularidades en la contratación de un sistema de videovigilancia cuando fue gobernador de la entidad, entre 2016 y 2018, el cual no se instaló en su totalidad, y presentó fallas en algunos equipos, según reportó la Auditoría Superior de la Federación tras analizar la Cuenta Pública de 2018.
La periodista Lydia Cacho recordó apenas este martes que en su libro Los demonios del Edén presentó acusaciones contra Yunes Linares por haber protegido la red de abuso sexual contra niños y niñas del empresario Jean Succar Kuri.
“Este es @YoconYunes el hombre que amenazó con armas a mi editor para que no publicase #LosDemoniosDelEdén El amigo del pederasta Jean Succar Kuri y del blanqueador de dinero Kamel Nacif. @PartidoMorenaMx le aplaude y negocia con este criminal a cambio de un voto. Alianzas imperdonables que hacen historia”, escribió la periodista en su cuenta de X.
Además de estas denuncias, tras dejar el gobierno de Veracruz en 2018, las autoridades del estado solicitaron órdenes de aprehensión contra cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), entre ellos la exsecretaria durante la administración del panista, Clementina Guerrero, señalados por corrupción.
En 2015, la entonces Procuraduría General de la República integró una averiguación previa para investigar a Yunes Linares y a su familia por enriquecimiento ilícito y peculado y el denunciante solicitó que se indague a su esposa Leticia Isabel Márquez Mora como presunta responsable de actos ilícitos, según La Jornada.
Según la revista Proceso, Yunes Linares, secretario de Gobierno del mandatario de Veracruz Patricio Chirinos (1992-1998), habría dado protección al narcotraficante Jesús Albino Quintero Meraz entre los años 1995 y 1996 a cambio de 15 millones de dólares.
Esto, para permitirle actividades de almacenamiento y transporte de cocaína a Tamaulipas para su distribución en la costa este de Estados Unidos, según documentos de la PGR e informes de la Administración de Control de Drogas de EU (DEA), que cita Proceso.
También durante la administración de Chirinos y Yunes Linares se registraron en Veracruz distintas violaciones a derechos humanos por parte del gobierno estatal, como detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos contra distintos grupos campesinos e indígenas. A causa de ello, las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos emitieron al menos una docena de recomendaciones.
Con todos estos antecedentes, y ante las críticas por el voto en el Senado a favor de la reforma judicial, Yunes Linares negó que autoridades lo busquen por algún delito, y que haya existido alguna negociación de impunidad.
A pesar de todo esto, el PAN decidió postular a Miguel Ángel Yunes Márquez y a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, como candidato y suplente al Senado de la República por Veracruz, escaño que ganaron como primera minoría.
Fernando Yunes Márquez, hermano del senador Yunes Márquez, fue alcalde de Veracruz y al concluir su encargo el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) encontró posibles daños al erario por un monto superior a los 92.9 millones de pesos como resultado del análisis de la Cuenta Pública 2021, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE).
Al darse a conocer esta orden el 25 de julio de 2024, según reportaron medios como El Universal, el hermano del senador electo aseguró que esto se trató de una persecución política en su contra desde el gobierno estatal.
“Quien ejecuta la persecución es un corrupto inútil que le ha hecho un enorme daño a Veracruz, llevando de la mano a una Fiscal que quiere quedar bien para que la “ratifiquen”, ¡qué vergüenza!”, difundió en un comunicado.
En conferencia de prensa en el Senado el pasado martes 10 de septiembre, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que además hay otras dos órdenes de aprehensión en contra el segundo de sus hijos.
Una por supuestos delitos electorales, en que se le acusa de presionar a personal del ayuntamiento de acudir a eventos de campaña de su hermano Miguel.
Y otra por supuestamente haber dado autorización para la construcción de la Torre Centro en el centro histórico de Veracruz, aunque en este último caso, los trámites para la obra no se realizaron en la administración de Fernando Yunes, según la versión de Yunes Linares.
“Por haber dado un permiso para construir una torre, permiso que ya se acreditó que no lo dio él, sino el cabildo anterior”, dijo su padre en conferencia de prensa en el Senado, flanqueado por los morenistas Félix Salgado Macedonio y Óscar Cantón Zetina.
En 2016 que ocurrió la filtración conocida como Panama Papers, que consiste en documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, apareció el nombre de Omar Yunes, el único hijo de Miguel Ángel Yunes Linares que no siguió la carrera política como su padre.
El texto La insólita fortuna de Omar Yunes Márquez revela sus compras inmobiliarias de mayoreo en zonas lujosas, como Nueva York. En 2010 saldó dos facturas para dos condominios en Manhattan, una por 2 millones 307 mil dólares y otra por 2 millones 276 mil dólares; fueron en total de 4 millones 583 mil dólares, unos 80 millones de pesos a la paridad actual.
Sin embargo, no registró los condominios a su nombre. El registro público de la propiedad de Nueva York emitió los títulos a nombre de dos empresas fachada: Depth Capital y Depth Capital II, operación en la que intervino la firma de abogados Grant, Herrman, Schwartz & Klinger LLP, que fungió como agente legal.
En ese 2010 también compró cuatro empresas en Oviedo, Asturias. Además registró la empresa Planta de Ideas SA y estableció Yandai SA, razón social que en años posteriores haría suyas 12 franquicias del restaurante Sushi Itto por 80 millones de pesos.
Su compra de inmuebles no sólo se registró en el extranjero. En seis años, de 2007 a 2013, adquirió en Polanco dos condominios, tres casonas, un terreno, tres penthouses, dos grandhouses.
El texto documenta que Omar Yunes tiene una evolución patrimonial muy difícil de explicar e incluso hay una coincidencia entre el paso de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, por la dirección del ISSSTE con una gestión marcada por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y el boom de negocios de su hijo.
Patricia Lobeira, actual alcaldesa de Veracruz y esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, fue denunciada en agosto pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por delitos de peculado, desvío de recursos, encubrimiento e incumplimiento de funciones relacionadas con el servicio público.
La denuncia también incluye a su esposo, por supuesta responsabilidad durante su encargo como alcalde de Boca del Río (2014-2017). A los dos se les acusa de haber dispuesto a personal de seguridad municipal para la protección de integrantes de la familia Yunes.
Además, Lobeira fue denunciada ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz en mayo pasado por los delitos de fraude a la Hacienda Pública Municipal y falsificación de firmas y documentos en licitaciones públicas.
Donald Trump ha intentado distanciarse del polémico proyecto promovido por un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal.
Con su victoria en las elecciones de este martes, Donald Trump es el hombre del momento en Estados Unidos.
Su triunfo en la carrera por la Casa Blanca sobre la candidata demócrata Kamala Harris, ha completado un regreso triunfal al poder que lo ha convertido en un héroe para muchos de sus seguidores.
Los focos se centran ahora en el presidente electo y surgen muchas preguntas sobre las decisiones que tomará en su segunda presidencia.
Durante la campaña fue objeto de atención y polémica el llamado Proyecto 2025, una iniciativa de un grupo conservador para reformar el gobierno federal.
Aunque el propio Trump ha intentado distanciarse, los demócratas y otros detractores del presidente electo creen que el Proyecto 2025 es en realidad su plan oculto de gobierno.
La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha sido vinculada a Trump porque varios de sus antiguos funcionarios contribuyeron al plan.
El planteamiento, de más de 900 páginas, contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales.
Kamala Harris y los demócratas intentaron movilizar a los votantes contra un plan que, según el presidente Joe Biden, “destruiría Estados Unidos” de llevarse a cabo.
“No tengo ni idea de quién está detrás [del Proyecto 2025]”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas“.
Un portavoz de la iniciativa dijo hace meses en redes sociales que el Proyecto 2025 “no habla en nombre de ningún candidato o campaña”.
La Fundación Heritage dio a conocer el proyecto en abril de 2023 y desde entonces ha suscitado la preocupación y las críticas de los sectores que en Estados Unidos se describen como “liberales”.
A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast.
“Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, dijo Roberts al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump Steve Bannon.
En respuesta, la campaña demócrata, entonces todavía encabezada por Biden, acusó a Trump y a sus aliados de “soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos“.
Es habitual que los centros de estudio de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes.
A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe “nada sobre el Proyecto 2025”.
“Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, afirmó.
Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección.
El documento del Proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense; desmantelar el Estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación; y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump será el 47º presidente de Estados Unidos.
la Fundación Heritage dice que el Proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras.
Aquí te presentamos un resumen de varias propuestas clave.
El Proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controversial idea conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
En la práctica, eso agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa sus políticas en una serie de ámbitos.
Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos, que podrían ser sustituidos por cargos políticos.
El documento califica al FBI de “organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley” y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación.
En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016.
Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses y una gran expansión de sus poderes.
Otras propuestas incluyen eliminar categorías de visas para víctimas de delitos y trata de personas, aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que pagan una prima.
No todos esos detalles se repiten en la plataforma del Partido Republicano, pero la formación quiere implementar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Esa idea fue uno de los principales argumentos de Donald Trump ante los votantes.
El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente “detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural”.
Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética.
El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones.
Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos a las corporaciones y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro.
El Proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional.
Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona.
El documento propone nuevos esfuerzos de recopilación de datos sobre el aborto y, de manera más general, sugiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debería “mantener una definición de matrimonio y familia con base bíblica y reforzada por las ciencias sociales”.
Al menos en lo que respecta al aborto, el documento difiere bastante sustancialmente de la plataforma republicana, que sólo menciona la palabra “aborto” una vez.
La plataforma dice que las leyes sobre el aborto deberían dejarse en manos de los estados individuales y que los abortos tardíos (que no definen) deberían prohibirse, una visión a la que Trump se ha aferrado en gran medida.
La plataforma del partido añade que se debe proteger el acceso a la atención prenatal, el control de la natalidad y la fertilización in vitro, y no menciona la limitación de la distribución de mifepristona.
Según las propuestas del Proyecto 2025, se debería prohibir la pornografía y cerrar las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido.
El documento exige la posibilidad de elección de escuela y el control de los padres sobre los centros educativos y apunta a lo que llama “propaganda despierta”.
Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos “orientación sexual”, “diversidad, equidad e inclusión”, “igualdad de género”, “aborto” y “derechos reproductivos”.
Jared Huffman, un congresista demócrata de California, lanzó el grupo de trabajo Stop Project 2025.
Describió el Proyecto 2025 como “un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas”.
Huffman dijo que el proyecto “aboliría los controles y equilibrios, socavaría la separación Iglesia-Estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública”.
“Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde”, dijo Huffman antes del triunfo electoral de Trump.
La Fundación Heritage es uno de los centros de estudios más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump.
Desde la década de 1980, ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo.
El Proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de US$22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el Proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que él tiene la última palabra sobre la política.
Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran.
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