‘Abrazos, no balazos’: la estrategia de seguridad de AMLO, ¿se distinguió de la de Calderón? ¿Qué resultados tiene?
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió en Sinaloa la frase “abrazos, no balazos” que mencionó desde 2012 para promover su estrategia de seguridad. Destacó que “son buenos los resultados” a pesar de la propaganda en contra.
Esto por críticas de opositores como la candidata Xóchitl Gálvez, quien acusa en sus mítines rumbo a la elección del 2 de junio que los abrazos también han sido para los criminales, aunque como tal el mandatario nunca ha dicho esa frase textualmente.
Desde finales del sexenio de Felipe Calderón, para diferenciarse del panista, López Obrador dijo que en lugar de la fuerza su gobierno apostaría por programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia, además de cambiar el enfoque criminalizante ante el consumo de drogas.
“En el caso que nos ocupa de la violencia y de la inseguridad pública, podemos resumir: Abrazos y no balazos”, refirió.
Ese cambio de estrategia se reflejó en menos enfrentamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y menos personas fallecidas a manos de las Fuerzas Armadas que en sexenios anteriores; además de menos personas detenidas por narcotráfico, y un nivel menor de aseguramiento y erradicación de drogas como la mariguana.
Elaboración propia con datos de la Sedena
Sin embargo, también hay datos como que en 2022 los homicidios fueron la primera causa de muerte de personas jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y hechos como que durante su gobierno se incumplió la promesa de un nuevo enfoque ante el consumo de drogas, al mantener un discurso estigmatizante.
Además, López Obrador no sólo mantuvo al Ejército en las labores de seguridad pública –aunque en campañas como la de 2012 habló de retirarlo de esas funciones-, sino que le transfirió un nivel récord de funciones que antes correspondían a civiles, como lo documenta el informe ‘Transferencia de Facultades de las Fuerzas Armadas 2018 – 2020’ de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Y la nueva corporación de seguridad que surgió en su mandato, la Guardia Nacional, también mantuvo una mayoría de elementos militares. El mandatario apostó porque estuviera bajo control del Ejército.
“Es una política que en lo fundamental no sólo profundizó la militarización para entregar el 100% de la función de seguridad pública federal a corporaciones armadas, sino que además se acompañó de otras medidas tremendamente punitivas que no se habían, digamos, expandido en esa magnitud en sexenios anteriores, aunque evidentemente sexenios anteriores lo inauguraron”, comenta Lisa Sánchez, directora ejecutiva de la organización MUCD.
Entre esas medidas punitivas, Sánchez menciona el “sobreuso de la prisión preventiva oficiosa, la criminalización de la migración”, y el “bloqueo” de una reforma de la política de drogas o la regulación de la canabis.
Ante las críticas sobre su estrategia, el gobierno de López Obrador defiende que se revirtió la tendencia al alza en asesinatos que tuvieron el sexenio de Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo cual es cierto, con una baja de 12% en los homicidios dolosos comparando 2018 con 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Elaboración propia con datos del Inegi
Pero también lo es que siguen matando en promedio en el país a 80 personas cada día, y que se siguen registrando “más de 2 mil víctimas mensuales desde 2016, sin tener una disminución significativa”, según un análisis de MUCD.
Además, se han alcanzado niveles récord de víctimas de extorsión, e informes como el de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos muestran que en años como 2021 se dieron también cifras récord de desplazamiento interno forzado.
Fueron 28 mil 943 personas, en particular en los estados de Michoacán y Zacatecas. De hecho, casi la mitad (47%) de las personas desplazadas internamente por la violencia en México en 2021 vivían en Michoacán, según el Informe “Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021”.
Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo
AMLO usó la frase desde 2012, al terminar el sexenio de Calderón
“No voy a cometer el error que se cometió de iniciar una guerra en contra de la delincuencia sin tener conocimiento de causa, sin tener un buen diagnóstico, sin saber que se iba a enfrentar eso”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en abril de 2012, para desde entonces insistir con ese dicho en sus mítines y conferencias.
En aquel momento llegaba a su fin el sexenio de Felipe Calderón, en el que se alcanzaron niveles récord de enfrentamientos de las fuerzas armadas con grupos criminales, así como de decomisos y detenciones de narcotraficantes, aunque también se duplicaron los homicidios dolosos y se incrementaron las denuncias de víctimas que no tenían alguna responsabilidad en actividades criminales, pero que habían muerto en el fuego cruzado de la “guerra”.
Elaboración propia con datos de la Sedena
En ese contexto López Obrador planteó “abrazos, no balazos”. Aunque, como ya mencionamos, en varios momentos ha mantenido un enfoque punitivo.
Y en la opinión de Lisa Sánchez, tampoco se terminó de priorizar a la gente en una política de seguridad ciudadana y se optó una política de seguridad nacional que pone al centro al Estado y sus instituciones, como el Ejército y la Guardia Nacional.
“El fraseo fue desafortunado desde el mismo uso por el propio presidente, en tanto que, si bien quería capturar el espíritu de un cambio de rumbo de política, ese cambio de espíritu nunca llegó”.
Hay menos enfrentamientos, aunque más letalidad
En la conferencia de prensa del 22 de septiembre de 2022, López Obrador mencionó que hay quienes les llaman “blandos” cuando insiste con su frase “abrazos, no balazos”.
Entonces defendió que las Fuerzas Armadas evitan caer en provocaciones, aunque la letalidad del Ejército bajo su mandato ha sido más alta que con Enrique Peña Nieto o Calderón.
“La proporción es de 4.4 civiles fallecidos por cada civil herido en esta administración, mientras que en el sexenio de Calderón se registró una proporción de 3.9 y con Peña Nieto de 3.3”, refiere el informe A(r)madas y letales, de Data Cívica e Intersecta.
Ahí se detalla que para los periodos 2007-2011 y 2017-2020 hubo un total de 6 mil 934 enfrentamientos violentos entre autoridades y civiles. Siendo 2011, con Felipe Calderón, el año en que se alcanzó el pico de estas confrontaciones.
En respuesta vía Transparencia, la Marina indicó que entre 2010 y 2022 murieron 518 civiles al enfrentarse a sus elementos, y de esa cifra la mayoría de los decesos ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, siendo 2017 el año con la cifra más alta, 115.
La Guardia Nacional, en tanto, de 2019 a 2022 reportó 282 civiles fallecidos, según una respuesta en la PNT.
Elaboración propia con datos de la Semar
Bajan detenciones
En el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno los datos en los que se cita como fuente a la Fiscalía General de la República muestran un descenso en las detenciones de personas por narcotráfico a manos de autoridades federales.
De 2019 a 2022 se registró un promedio de 16 mil 630 detenciones anuales. En el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2016, el promedio fue de 23 mil 301; y de 2007 a 2010, con Felipe Calderón como presidente, el promedio fue de 33 mil cada año.
Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno
Si solo se toman en cuenta los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre personas puestas a disposición por delitos de la salud, el promedio de 2019 a 2021 fue de 9 mil 971, considerando la pandemia; de 2013 a 2015, el promedio anual fue de 14 mil 844, y de 2007 a 2009, de 23 mil 634, según una respuesta vía transparencia.
En el mismo documento del Quinto Informe de Gobierno, otro apartado asegura que del 1 de diciembre de 2018 a junio de 2023 “el número de personas detenidas relacionadas con el tráfico de drogas fue de 74,654, se incrementó en 130.5% respecto de los 32,387 de la pasada administración”, y se cita como fuente a la Sedena y a la Secretaría de Marina.
Pero esto no coincide con los datos del Anexo Estadístico ya mencionado, y en respuestas vía transparencia la propia Sedena refiere que de 2019 a marzo de 2023 había detenido a un total de 31 mil 396 personas, incluso sin diferenciar cuántas aprehensiones habían sido por narcotráfico, por armas o alguna otra causa.
La Marina, en tanto, también vía transparencia indicó que de 2019 a 2023 detuvo a 3 mil 376 personas “presuntos infractores detenidos en flagrancia del delito y aseguramientos de drogas”. Del 5 de enero de 2020 al 13 de mayo de 2023, en tanto, sin distinguir por tipo de crimen la Guardia Nacional sólo detuvo a 4 mil 310 personas, según una respuesta que dio en la PNT.
Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno
Menos aseguramiento de drogas y pistas clandestinas
En el caso de erradicación de cultivos de mariguana, de 2019 a 2023 nunca se superaron las 3 mil hectáreas, lo que contrasta con las más de 13 mil que se erradicaron anualmente de 2007 a 2011, cuando gobernó Felipe Calderón. De hecho, en 2007 se alcanzó el máximo de 23 mil 315.
El promedio de hectáreas erradicadas de 2019 a 2021 fue de 2,239; mientras que de 2013 a 2015 fue de 5 mil 728, y de 2007 a 2009 de 19 mil 559.
Elaboración propia con datos del quinto informe
Sobre kilos de cocaína, la FGR contabilizó un promedio anual de 16 mil 459 de 2019 a 2021; entre 2013 y 2015 de 7 mil 110, y de 29 mil 718 entre 2007 y 2010.
En cuanto a vehículos asegurados por autoridades federales, como parte del “Esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico”, de 2019 a 2022 se observó un promedio de 11 mil 693 vehículos asegurados anualmente. De 2013 a 2016, en tanto, el promedio fue de 18 mil 161, y de 2007 a 2010, de 7 mil 286, aunque en 2012 se alcanzó la cifra de 37 mil 931, la más alta en los últimos 16 años.
Otro indicador es el de pistas de aterrizaje clandestinas localizadas y destruidas por la Sedena. De 2019 a 2023 solo fueron 199, mientras que de 2013 a 2017 la cifra fue de mil 456, según lo que respondió la Secretaría vía Transparencia.
Donde sí se observó un alza es en el aseguramiento de armas a manos de fuerzas federales. De 2019 a 2022 el promedio fue de 18 mil 225 armas aseguradas anualmente. De 2013 a 2016, el promedio fue de 10 mil 349. Aunque en la administración de Felipe Calderón, en tanto, el promedio fue de 24 mil 304 anuales de 2007 a 2010.
Sin datos actualizados sobre consumo de drogas
México lleva seis años sin datos actualizados sobre consumo de sustancias legales e ilegales. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) se realizó en 2017.
En octubre de 2023 el Gobierno de López Obrador anunció que se levantaría una encuesta a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y que el muestreo estaría a cargo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt). Los resultados estarían disponibles en marzo de 2024 pero ya es abril y no han sido publicados.
La encuesta se realiza no por voluntad propia del actual gobierno, sino como resultado del amparo que interpuso México Unido contra la Delincuencia (MUCD) que obliga al gobierno federal a retomar la Encodat.
“Lo básico a resaltar es que el ejercicio no va a ser comparable con ninguno de los levantamientos anteriores porque se cambió una metodología, entonces no va a permitirnos realmente determinar si durante este sexenio hubo aumentos o disminuciones o estabilizaciones en el consumo”, apunta la directora ejecutiva, Lisa Sánchez.
Homicidios, primera causa de muerte en jóvenes
A dos años de concluir su mandato, en la conferencia de prensa del 1 de marzo de 2022, López Obrador dijo que estaba convencido de seguir con la política de “abrazos no balazos” para quitar a los jóvenes de la delincuencia organizada.
Pero los homicidios fueron la primera causa de muerte de los jóvenes de entre 15 y 44 años de edad en México durante 2022, de acuerdo con datos del Inegi presentados el 1 de noviembre de 2023.
En total fueron 23 mil 150 defunciones causadas por homicidio de hombres y mujeres en los rangos de estas edades, lo que equivale a 69.5%, según los resultados definitivos de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).
“El abrazos no balazos tiene que ver con abrazar a los jóvenes, abrazar a la población para evitar que se vinculen con la delincuencia”, insistió Claudia Sheinbaum durante su gira por Tabasco el 16 de marzo de 2024.
En el Quinto Informe de Gobierno se muestra un indicador de Tasa bruta de defunciones por homicidio entre las personas jóvenes, y desde 2012 la más alta se alcanzó en 2022, con 38.2 por cada 100 mil personas jóvenes.
“Vimos durante los primeros años de esta administración una desaceleración de los homicidios, luego vimos un estancamiento de los homicidios y, finalmente, una reducción, lo cual siempre celebramos, pero el resultado sigue siendo un número total de víctimas muy superior a los sexenios anteriores”, comenta Lisa Sánchez.
“La violencia no logró reducirse significativamente y, por lo tanto, tener una administración menos letal que las que lo precedieron, sino que además vimos, en números totales, la situación de otros delitos como la extorsión”, agrega la directora ejecutiva de MUCD.
El máximo de víctimas de extorsión fueron 11 mil 038 en 2022, durante la administración de López Obrador. Desde 2017 se ha presentado una tendencia al alza en este delito, que tuvo sólo una disminución anómala en 2020 (-7%), de acuerdo con el Micrositio de incidencia delictiva en México de MUCD.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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