‘Abrazos, no balazos’: la estrategia de seguridad de AMLO, ¿se distinguió de la de Calderón? ¿Qué resultados tiene?
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió en Sinaloa la frase “abrazos, no balazos” que mencionó desde 2012 para promover su estrategia de seguridad. Destacó que “son buenos los resultados” a pesar de la propaganda en contra.
Esto por críticas de opositores como la candidata Xóchitl Gálvez, quien acusa en sus mítines rumbo a la elección del 2 de junio que los abrazos también han sido para los criminales, aunque como tal el mandatario nunca ha dicho esa frase textualmente.
Desde finales del sexenio de Felipe Calderón, para diferenciarse del panista, López Obrador dijo que en lugar de la fuerza su gobierno apostaría por programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia, además de cambiar el enfoque criminalizante ante el consumo de drogas.
“En el caso que nos ocupa de la violencia y de la inseguridad pública, podemos resumir: Abrazos y no balazos”, refirió.
Ese cambio de estrategia se reflejó en menos enfrentamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y menos personas fallecidas a manos de las Fuerzas Armadas que en sexenios anteriores; además de menos personas detenidas por narcotráfico, y un nivel menor de aseguramiento y erradicación de drogas como la mariguana.
Elaboración propia con datos de la Sedena
Sin embargo, también hay datos como que en 2022 los homicidios fueron la primera causa de muerte de personas jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y hechos como que durante su gobierno se incumplió la promesa de un nuevo enfoque ante el consumo de drogas, al mantener un discurso estigmatizante.
Además, López Obrador no sólo mantuvo al Ejército en las labores de seguridad pública –aunque en campañas como la de 2012 habló de retirarlo de esas funciones-, sino que le transfirió un nivel récord de funciones que antes correspondían a civiles, como lo documenta el informe ‘Transferencia de Facultades de las Fuerzas Armadas 2018 – 2020’ de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Y la nueva corporación de seguridad que surgió en su mandato, la Guardia Nacional, también mantuvo una mayoría de elementos militares. El mandatario apostó porque estuviera bajo control del Ejército.
“Es una política que en lo fundamental no sólo profundizó la militarización para entregar el 100% de la función de seguridad pública federal a corporaciones armadas, sino que además se acompañó de otras medidas tremendamente punitivas que no se habían, digamos, expandido en esa magnitud en sexenios anteriores, aunque evidentemente sexenios anteriores lo inauguraron”, comenta Lisa Sánchez, directora ejecutiva de la organización MUCD.
Entre esas medidas punitivas, Sánchez menciona el “sobreuso de la prisión preventiva oficiosa, la criminalización de la migración”, y el “bloqueo” de una reforma de la política de drogas o la regulación de la canabis.
Ante las críticas sobre su estrategia, el gobierno de López Obrador defiende que se revirtió la tendencia al alza en asesinatos que tuvieron el sexenio de Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo cual es cierto, con una baja de 12% en los homicidios dolosos comparando 2018 con 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Elaboración propia con datos del Inegi
Pero también lo es que siguen matando en promedio en el país a 80 personas cada día, y que se siguen registrando “más de 2 mil víctimas mensuales desde 2016, sin tener una disminución significativa”, según un análisis de MUCD.
Además, se han alcanzado niveles récord de víctimas de extorsión, e informes como el de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos muestran que en años como 2021 se dieron también cifras récord de desplazamiento interno forzado.
Fueron 28 mil 943 personas, en particular en los estados de Michoacán y Zacatecas. De hecho, casi la mitad (47%) de las personas desplazadas internamente por la violencia en México en 2021 vivían en Michoacán, según el Informe “Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021”.
Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo
AMLO usó la frase desde 2012, al terminar el sexenio de Calderón
“No voy a cometer el error que se cometió de iniciar una guerra en contra de la delincuencia sin tener conocimiento de causa, sin tener un buen diagnóstico, sin saber que se iba a enfrentar eso”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en abril de 2012, para desde entonces insistir con ese dicho en sus mítines y conferencias.
En aquel momento llegaba a su fin el sexenio de Felipe Calderón, en el que se alcanzaron niveles récord de enfrentamientos de las fuerzas armadas con grupos criminales, así como de decomisos y detenciones de narcotraficantes, aunque también se duplicaron los homicidios dolosos y se incrementaron las denuncias de víctimas que no tenían alguna responsabilidad en actividades criminales, pero que habían muerto en el fuego cruzado de la “guerra”.
Elaboración propia con datos de la Sedena
En ese contexto López Obrador planteó “abrazos, no balazos”. Aunque, como ya mencionamos, en varios momentos ha mantenido un enfoque punitivo.
Y en la opinión de Lisa Sánchez, tampoco se terminó de priorizar a la gente en una política de seguridad ciudadana y se optó una política de seguridad nacional que pone al centro al Estado y sus instituciones, como el Ejército y la Guardia Nacional.
“El fraseo fue desafortunado desde el mismo uso por el propio presidente, en tanto que, si bien quería capturar el espíritu de un cambio de rumbo de política, ese cambio de espíritu nunca llegó”.
Hay menos enfrentamientos, aunque más letalidad
En la conferencia de prensa del 22 de septiembre de 2022, López Obrador mencionó que hay quienes les llaman “blandos” cuando insiste con su frase “abrazos, no balazos”.
Entonces defendió que las Fuerzas Armadas evitan caer en provocaciones, aunque la letalidad del Ejército bajo su mandato ha sido más alta que con Enrique Peña Nieto o Calderón.
“La proporción es de 4.4 civiles fallecidos por cada civil herido en esta administración, mientras que en el sexenio de Calderón se registró una proporción de 3.9 y con Peña Nieto de 3.3”, refiere el informe A(r)madas y letales, de Data Cívica e Intersecta.
Ahí se detalla que para los periodos 2007-2011 y 2017-2020 hubo un total de 6 mil 934 enfrentamientos violentos entre autoridades y civiles. Siendo 2011, con Felipe Calderón, el año en que se alcanzó el pico de estas confrontaciones.
En respuesta vía Transparencia, la Marina indicó que entre 2010 y 2022 murieron 518 civiles al enfrentarse a sus elementos, y de esa cifra la mayoría de los decesos ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, siendo 2017 el año con la cifra más alta, 115.
La Guardia Nacional, en tanto, de 2019 a 2022 reportó 282 civiles fallecidos, según una respuesta en la PNT.
Elaboración propia con datos de la Semar
Bajan detenciones
En el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno los datos en los que se cita como fuente a la Fiscalía General de la República muestran un descenso en las detenciones de personas por narcotráfico a manos de autoridades federales.
De 2019 a 2022 se registró un promedio de 16 mil 630 detenciones anuales. En el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2016, el promedio fue de 23 mil 301; y de 2007 a 2010, con Felipe Calderón como presidente, el promedio fue de 33 mil cada año.
Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno
Si solo se toman en cuenta los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre personas puestas a disposición por delitos de la salud, el promedio de 2019 a 2021 fue de 9 mil 971, considerando la pandemia; de 2013 a 2015, el promedio anual fue de 14 mil 844, y de 2007 a 2009, de 23 mil 634, según una respuesta vía transparencia.
En el mismo documento del Quinto Informe de Gobierno, otro apartado asegura que del 1 de diciembre de 2018 a junio de 2023 “el número de personas detenidas relacionadas con el tráfico de drogas fue de 74,654, se incrementó en 130.5% respecto de los 32,387 de la pasada administración”, y se cita como fuente a la Sedena y a la Secretaría de Marina.
Pero esto no coincide con los datos del Anexo Estadístico ya mencionado, y en respuestas vía transparencia la propia Sedena refiere que de 2019 a marzo de 2023 había detenido a un total de 31 mil 396 personas, incluso sin diferenciar cuántas aprehensiones habían sido por narcotráfico, por armas o alguna otra causa.
La Marina, en tanto, también vía transparencia indicó que de 2019 a 2023 detuvo a 3 mil 376 personas “presuntos infractores detenidos en flagrancia del delito y aseguramientos de drogas”. Del 5 de enero de 2020 al 13 de mayo de 2023, en tanto, sin distinguir por tipo de crimen la Guardia Nacional sólo detuvo a 4 mil 310 personas, según una respuesta que dio en la PNT.
Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno
Menos aseguramiento de drogas y pistas clandestinas
En el caso de erradicación de cultivos de mariguana, de 2019 a 2023 nunca se superaron las 3 mil hectáreas, lo que contrasta con las más de 13 mil que se erradicaron anualmente de 2007 a 2011, cuando gobernó Felipe Calderón. De hecho, en 2007 se alcanzó el máximo de 23 mil 315.
El promedio de hectáreas erradicadas de 2019 a 2021 fue de 2,239; mientras que de 2013 a 2015 fue de 5 mil 728, y de 2007 a 2009 de 19 mil 559.
Elaboración propia con datos del quinto informe
Sobre kilos de cocaína, la FGR contabilizó un promedio anual de 16 mil 459 de 2019 a 2021; entre 2013 y 2015 de 7 mil 110, y de 29 mil 718 entre 2007 y 2010.
En cuanto a vehículos asegurados por autoridades federales, como parte del “Esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico”, de 2019 a 2022 se observó un promedio de 11 mil 693 vehículos asegurados anualmente. De 2013 a 2016, en tanto, el promedio fue de 18 mil 161, y de 2007 a 2010, de 7 mil 286, aunque en 2012 se alcanzó la cifra de 37 mil 931, la más alta en los últimos 16 años.
Otro indicador es el de pistas de aterrizaje clandestinas localizadas y destruidas por la Sedena. De 2019 a 2023 solo fueron 199, mientras que de 2013 a 2017 la cifra fue de mil 456, según lo que respondió la Secretaría vía Transparencia.
Donde sí se observó un alza es en el aseguramiento de armas a manos de fuerzas federales. De 2019 a 2022 el promedio fue de 18 mil 225 armas aseguradas anualmente. De 2013 a 2016, el promedio fue de 10 mil 349. Aunque en la administración de Felipe Calderón, en tanto, el promedio fue de 24 mil 304 anuales de 2007 a 2010.
Sin datos actualizados sobre consumo de drogas
México lleva seis años sin datos actualizados sobre consumo de sustancias legales e ilegales. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) se realizó en 2017.
En octubre de 2023 el Gobierno de López Obrador anunció que se levantaría una encuesta a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y que el muestreo estaría a cargo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt). Los resultados estarían disponibles en marzo de 2024 pero ya es abril y no han sido publicados.
La encuesta se realiza no por voluntad propia del actual gobierno, sino como resultado del amparo que interpuso México Unido contra la Delincuencia (MUCD) que obliga al gobierno federal a retomar la Encodat.
“Lo básico a resaltar es que el ejercicio no va a ser comparable con ninguno de los levantamientos anteriores porque se cambió una metodología, entonces no va a permitirnos realmente determinar si durante este sexenio hubo aumentos o disminuciones o estabilizaciones en el consumo”, apunta la directora ejecutiva, Lisa Sánchez.
Homicidios, primera causa de muerte en jóvenes
A dos años de concluir su mandato, en la conferencia de prensa del 1 de marzo de 2022, López Obrador dijo que estaba convencido de seguir con la política de “abrazos no balazos” para quitar a los jóvenes de la delincuencia organizada.
Pero los homicidios fueron la primera causa de muerte de los jóvenes de entre 15 y 44 años de edad en México durante 2022, de acuerdo con datos del Inegi presentados el 1 de noviembre de 2023.
En total fueron 23 mil 150 defunciones causadas por homicidio de hombres y mujeres en los rangos de estas edades, lo que equivale a 69.5%, según los resultados definitivos de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).
“El abrazos no balazos tiene que ver con abrazar a los jóvenes, abrazar a la población para evitar que se vinculen con la delincuencia”, insistió Claudia Sheinbaum durante su gira por Tabasco el 16 de marzo de 2024.
En el Quinto Informe de Gobierno se muestra un indicador de Tasa bruta de defunciones por homicidio entre las personas jóvenes, y desde 2012 la más alta se alcanzó en 2022, con 38.2 por cada 100 mil personas jóvenes.
“Vimos durante los primeros años de esta administración una desaceleración de los homicidios, luego vimos un estancamiento de los homicidios y, finalmente, una reducción, lo cual siempre celebramos, pero el resultado sigue siendo un número total de víctimas muy superior a los sexenios anteriores”, comenta Lisa Sánchez.
“La violencia no logró reducirse significativamente y, por lo tanto, tener una administración menos letal que las que lo precedieron, sino que además vimos, en números totales, la situación de otros delitos como la extorsión”, agrega la directora ejecutiva de MUCD.
El máximo de víctimas de extorsión fueron 11 mil 038 en 2022, durante la administración de López Obrador. Desde 2017 se ha presentado una tendencia al alza en este delito, que tuvo sólo una disminución anómala en 2020 (-7%), de acuerdo con el Micrositio de incidencia delictiva en México de MUCD.
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Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
Un millón para empezar
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
- La cifra récord de más de 2 millones de arrestos en la frontera con México.
- El incremento de más de 1 millón de solicitudes de asilo.
- La llegada de 500 mil migrantes beneficiados por permisos humanitarios (parole) provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
“Quieren quitarme a mi mamá”
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
La opción de un TPS
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
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