La diputada por el PAN América Rangel y el Frente Nacional por la Familia mantienen una serie de dichos en redes sociales asegurando que la iniciativa presentada por Morena en el congreso de la Ciudad de México pretende legalizar el aborto hasta el noveno mes de embarazo.
Pero, la iniciativa presentada por la diputada morenista Yuriri Ayala —con apoyo de las bancadas del PRI, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo—, solo busca despenalizar el aborto en la Ciudad de México.
La legisladora y la organización utilizaron incorrectamente los términos despenalizar y legalizar, pues este último implica aprobar leyes y recursos públicos para que el aborto sea una práctica segura.
Mientras que la iniciativa solo busca que el concepto de aborto sea eliminado del Código Penal de la Ciudad de México para que ninguna mujer o persona con capacidad de gestar tenga que ir a la cárcel por tener un aborto en cualquier etapa de su embarazo, pues se trata de un procedimiento médico.
Oriana López Uribe, integrante de las alianzas feministas por la justicia sexual y reproductiva RESURJ y Vecinas Feministas, precisó ante los dichos desinformantes que “un día antes del parto no es aborto, sino parto inducido”.
Y además explicó que el acceso a la salud para interrumpir un embarazo no debería de estar limitado por el Código Penal.
“Hemos crecido con en un ambiente que señala automáticamente el aborto como algo que debemos de evitar, entonces debemos quitarnos ese estigma y verlo como lo que es, un procedimiento médico, aunque cuesta tiempo y trabajo”, comentó López Uribe.
En 2007 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación.
La iniciativa no contempla modificaciones al número de semanas límite para interrumpir un embarazo. Sin embargo, las causales de riesgo a la vida y riesgo a la salud fisica o psicologica, y victimas de una agresión sexual pueden acceder al servicio sin importar la semana en la que se encuentran.
Estos servicios son otorgados mayoritariamente por los servicios públicos de las entidades, mientras que el IMSS y el ISSSTE raramente proveen los servicios independientemente de si la Entidad lo ha despenalizado o no.
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Al respecto Francisco Cué, coordinador de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) explica que “tendrá que haber una regulación atendiendo a criterios de orden médica, científica y sobre todo está al pendiente de las características y particularidades de cada caso, de cada embarazo, de cuándo se puede, en qué momento no se puede y si en algún momento es más riesgoso, es más conveniente o no”.
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La iniciativa pretende cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar “el aborto de todas las leyes penales, no aplicar otros delitos equiparados y no promulgar leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos o en límites de edad gestacional”.
Además, existe un pronunciamiento de la máxima instancia de justicia en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2023 declaró que es inconstitucional “el sistema juridico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”.
En su conferencia matutina del pasado 28 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de esta resolución. “La Corte hizo una norma general para todo el país… la Corte ya tiene una orientación en este caso”, afirmó cuando se le cuestionó al respecto.
La diputada Rangel respondió a El Sabueso que “legalmente se podría abortar incluso un día antes del nacimiento y esto no sería castigado”.
Sin embargo, Oriana López Uribe aclaró que contrario a lo que dice la diputada, “un día antes del parto no es aborto, sino parto inducido”.
El creer que un aborto sólo se debe realizar en el primer trimestre del embarazo “es un problema, porque no se dimensiona toda la diversidad de posibilidades médicas y personales por las que se requieren abortos”, insistió Oriana.
Para todas esas situaciones médicas, los hospitales cuentan con un marco normativo que estipula cómo se debe proceder.
El Sabueso contactó a la organización Frente Nacional por la Familia para consultar las fuentes de sus declaraciones, pero no hubo respuesta hasta el momento de la publicación.
El Frente difundió un video en el que se observa cómo desinformaron al preguntar a la gente “¿qué piensan de la iniciativa de los diputados de despenalizar el aborto hasta los nueve meses?”, ocasionando que ciudadanos emitieran discursos de odio y estigma hacia el procedimiento médico.
En el mismo video, la organización aseguró que “despenalizar el aborto hasta los 9 meses aumenta en un 2 mil 233% el riesgo de muerte para la mamá”.
Sin embargo, el IPAS —una organización que promueve el aborto seguro—, refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el aborto es más seguro que un parto en países desarrollados, donde la interrupción es permitida por la ley y el personal médico es capacitado.
La tasa de mortalidad por una interrupción es de 2 muertes por cada 100 mil abortos, mientras que las muertes relacionadas con el embarazo y el parto son nueve veces más altas.
Anteriormente militantes del Partido Acción Nacional también replicaron la misma desinformación en el contexto de acceso al aborto en Michoacán.
A nivel nacional, ninguna entidad ha legalizado interrumpir el embarazo de manera voluntaria después de las 12 semanas y seis días, equivalente a los tres meses de embarazo.
En el país sólo las causales de riesgo a la vida de la mujer o persona gestante o del producto, riesgo a la salud fisica o psicologica de la persona gestante o que se trate de una víctima de una agresión sexual —establecido en la Norma Oficial Mexicana 046— permiten acceder al servicio médico del aborto sin importar el periodo en el que se encuentran.
También prevalece una sanción en caso de forzar a una mujer o persona gestante a realizar un aborto.
De aprobarse la iniciativa en la CDMX no habría problema con la armonización federal, pues el delito de aborto se regula en los codigos penales locales, advierte el coordinador de GIRE.
“El aborto como delito se regula mayormente en los Códigos locales, es decir, se considera que es un delito del fuero común. Está en el Código Penal Federal del delito porque hay ciertas situaciones, por ejemplo, si sucede un aborto en una embajada mexicana o a bordo de una embarcación mexicana, este se tiene que aplicar la legislación del Código Penal Federal y ese es el motivo por el cual existe, pero como delito, se regula sobre todo en los códigos penales de cada entidad federativa porque así lo establece el arreglo constitucional”, menciona Cué.
La iniciativa de Yuriri Ayala busca reformar varios artículos del Código Penal de la CDMX y hacer modificaciones al tercer párrafo del artículo 76; reformar la fracción VII; adicionar una fracción VIII al artículo 130, y derogar el capítulo V, los cuales criminalizan y sancionan el aborto.
También agrega una sanción de seis a ocho años de prisión, “cuando se interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante” de manera forzada, dolosa y sin consentimiento voluntario.
“La iniciativa que presentamos hoy en el Congreso, busca derogar del Código Penal local el delito de aborto, honrando la lucha de nuestras abuelas, madres y hermanas quienes abrieron el camino para ejercer este derecho, y también a quienes perdieron la vida porque les fue negado”, señaló la legisladora Yuriri Ayala el 10 de octubre pasado.
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El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
Trudeau dijo que su gobierno “no obtuvo el equilibrio adecuado” cuando reforzó la inmigración después de la pandemia, cuando el país buscaba hacer frente a la escasez de mano de obra.
El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
La medida se suma a la ya anunciada reducción de la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
Este jueves Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciaron que habría recortes que limitarían la llegada de extranjeros a vivir al país.
El objetivo, dijo Miller, es fijar una meta menor de 365.000 nuevos residentes permanentes para 2027.
Esta reducción detendrá el crecimiento de la población en Canadá durante los próximos dos años, dijo Trudeau, lo que dará tiempo a las provincias para reforzar sus programas sanitarios y sus esquemas de vivienda.
Trudeau afirmó que “los canadienses están justificadamente orgullosos” de su sistema de inmigración abierto, el cual ha contribuido a impulsar la economía del país y a construir comunidades con diversidad.
“Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó Trudeau. “Actuamos hoy debido a que en los tiempos difíciles en que intentábamos salir de la pandemia, atendiendo las necesidades de mano de obra y el crecimiento de la población, no conseguimos el equilibrio adecuado”.
Casi todo el crecimiento demográfico de Canadá el año pasado -alrededor del 97%- se debió a la inmigración, según datos federales.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el país ha aumentado hasta el 6,5%. Entre los jóvenes supera el 14%.
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
Con una inmensa superficie habitada por solo 12 millones de personas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense promovió durante las siguientes décadas políticas para atraer a extranjeros que poblaran el país y expandieran su economía.
Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
A principios de este mes, una encuesta del Instituto Environics, que ha seguido de cerca las actitudes de los canadienses hacia la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los entrevistados considera ahora que los niveles de inmigración son demasiado altos.
Según el instituto, los resultados sugieren que la opinión pública en el tema “ha pasado de ser aceptable (si no valiosa) a problemática”.
Los precios promedio de las viviendas en Canadá rondan los 700.000 dólares canadienses (US$517.400) y los alquileres han aumentado un 22% en los últimos dos años.
Pero los recortes a la inmigración también han sido criticados por grupos activistas, como la Red por los Derechos de los Inmigrantes, que escribió en una carta abierta a Trudeau y Miller diciéndoles que se está culpando injustamente a los extranjeros de la problemática.
“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
Más de 800.000 estudiantes extranjeros vivían en Canadá en 2022, frente a 214.000 una década antes.
Esa medida también ha recibido críticas, en particular de algunas instituciones de educación superior de todo el país a quienes preocupa que disuada a los estudiantes de venir a Canadá en favor de otros destinos.
Algunas universidades alegaron que un límite supondría una pérdida de ingresos para sus instituciones.
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