Falso que el gobierno chino financie el Tren Maya; estas empresas sí participaron en el proyecto
Dos empresas de origen chino y con capital del gobierno de ese país participaron en la construcción del Tren Maya, aunque no hay evidencia en documentos oficiales de que ese país financiara la obra, como advirtieron legisladores de Estados Unidos, pues los contratos y trabajos se pagaron con recursos del gobierno de México, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
En una carta, un grupo de 36 legisladores republicanos encabezados por el texano August Pfluger solicitaron el 7 de marzo al gobierno estadounidense que investigara el posible financiamiento del Tren Maya con recursos del Partido Comunista Chino, para proteger los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos.
“Solicitamos que su administración investigue urgentemente para esclarecer los verdaderos desarrolladores de este proyecto, para asegurar que la Iniciativa China de ‘la Franja y la Ruta’ no tiene presencia en esta locación estratégica”, señalaron en la misiva.
Para entender mejor: Tren Maya triplicó costo y sumó observaciones de auditoría, mientras gobierno presume gasto ‘adecuado’ en obras militares
La iniciativa de la Franja y la Ruta es un proyecto de desarrollo de infraestructura que impulsa China desde 2014 que contempla planes de desarrollo e inversión en vías férreas, puertos y hasta infraestructura satelital. México no forma parte de los países con los que China mantiene este acuerdo.
En respuesta a esa petición de los legisladores republicanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que haya habido financiamiento chino para la obra, y aseguró que los trabajos se pagaron con recursos públicos. Lo que se sostiene también en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación.
“No hay financiamiento chino. Si alguna empresa tuvo un fondo en algún momento, que tuvo que ver (con China)… pero eso no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya”, aseguró Sheinbaum en su conferencia del 10 de marzo de 2025.
Una de las empresas involucradas en el Tren Maya es China Communications Construction Company (CCCC), cuyo propietario mayoritario es el gobierno chino. Esa empresa formó parte del consorcio para la construcción del Tramo 1 del Tren Maya, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche.
El costo original de la obra era de 15 mil 538 millones de pesos, pero luego de diversos acuerdos modificatorios, esa cifra se elevó 143% a 38 mil 612 mdp.
Según consta en los distintos acuerdos celebrados para el desarrollo de la obra, el consorcio Lamat Tramo 1 estaba integrado por la compañía china, así como por la filial mexicana de la portuguesa Mota-Engil, accionista mayoritario del consorcio, así como las empresas nacionales GAVIL Ingeniería, EYASA, Grupo COSH.
La empresa china además instaló en Tabasco una planta para la fabricación de durmientes, a fin de abastecer ese tramo del Tren Maya. La planta se inauguró en 2021 y estuvo en funcionamiento hasta 2023.
Además, según el medio digital El CEO, en 2020 Mota-Engil anunció un acuerdo con CCCC para que la firma china adquiriera ¿una tercera parte de la empresa portuguesa, con lo que aumentó su participación en el consorcio. Mientras que, a finales de ese año, la obra del Tren Maya quedó en manos de su subsidiaria mexicana, China Communications Construction Company México, creada en 2017.
Además de esta, la también china Angang Group, en asociación con Asimex del Caribe, participó en la proveeduría de rieles para la construcción de los tramos 2 y 4 del Tren Maya.
Otros proyectos con participación de empresas chinas en México
Esta no es la única obra de la que participa CCCC. En su sitio de internet también se menciona la realización en 2021 del proyecto Terminal de Contenedores en el Puerto de Veracruz, que también contempló la edificación de viviendas.
La empresa además ha sostenido reuniones con gobiernos estatales como el Estado de México y Tamaulipas ,con interés en el desarrollo de obras.
Mientras que otras empresas chinas también han aumentado su participación en proyectos públicos en el país. En 2019, la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive obtuvo un contrato del gobierno de Nuevo León para la compra de 26 trenes para el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
En noviembre de 2020, esa misma empresa en consorcio con CRRC de Hong Kong ganó la licitación para la modernización de trenes, sistemas de control y vías de la Línea 1 del Metro de la CDMX.
Del mismo modo, la filial mexicana de la empresa china Yutong también obtuvo contratos por mil 856 millones de pesos, para la adquisición de unidades de trolebuses y metrobuses para la CDMX.
IED de China en México creció en el sexenio de AMLO
Durante el sexenio anterior, la Inversión Extranjera Directa (IED) de China a México registró sus mayores niveles históricos, según datos de la Secretaría de Economía.
En comparación con los dos sexenios anteriores, con Felipe Calderón se registraron 196.4 millones de dólares entre 2007 y 2012, y en el gobierno de Enrique Peña Nieto alcanzó los 632.2 millones entre 2013 y 2018.
Mientras que de 2019 a 2024, esta cifra creció 127.9% y llegó a los 1 mil 440.8 millones de dólares. Además, en 2022 se registró el mayor monto de IED desde China del que se tiene registro, con 569.7 mdd.
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El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países. La administración Trump anunció que apelaría la decisión.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, asestando un duro golpe a un componente clave de sus políticas económicas.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países.
El tribunal, con sede en Manhattan, afirmó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio con otras naciones, y que esto no queda anulado por las facultades del presidente para proteger la economía.
La administración Trump anunció que apelaría la decisión minutos después de conocerse el fallo.
¿Quién presentó la demanda?
El fallo se basó en dos casos distintos. El Liberty Justice Center, una organización no partidista, presentó una demanda en nombre de varias pequeñas empresas que importan productos de países afectados por los aranceles. Al mismo tiempo, una coalición de gobiernos estatales de EE.UU. también impugnó los impuestos a la importación.
Estos dos casos representan los primeros desafíos legales importantes a los aranceles que Trump denominó como de “Día de la Liberación”.
Un panel de tres jueces dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 en la que Trump basó su justificación para imponer los aranceles, no le otorga el poder para aplicar impuestos de importación tan amplios.
El tribunal también bloqueó un conjunto separado de gravámenes que la administración Trump había impuesto a China, México y Canadá, en respuesta a lo que calificó como el inaceptable flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal no abordó los aranceles aplicados a ciertos productos específicos, como automóviles, acero y aluminio, los que se amparan en una ley distinta.
¿Cuál ha sido la reacción?
La Casa Blanca ha criticado el fallo, aunque Trump aún no ha comentado directamente al respecto.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.
“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.
Sin embargo, Letitia James, la fiscal general de Nueva York -uno de los 12 estados que participaron en la demanda- valoró la decisión.
“La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca”, afirmó James.
“Estos aranceles representan un enorme aumento de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses, lo cual habría provocado más inflación, daños económicos a compañías de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país de haberse mantenido”, agregó.
Los mercados globales han respondido positivamente al fallo. Las bolsas en Asia subieron el jueves por la mañana, las acciones a futuro en EE.UU. también repuntaron, y el dólar estadounidense ganó terreno frente a monedas más estables como el yen japonés y el franco suizo.
¿Qué pasa ahora?
La Casa Blanca tiene 10 días para completar el proceso burocrático para detener los aranceles, aunque la mayoría ya están suspendidos de todos modos.
El caso debe pasar por el proceso de apelación. Si la Casa Blanca no tiene éxito en su apelación, entonces la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) emitirá instrucciones a sus funcionarios, explicó John Leonard, ex alto cargo del CBP, a la BBC.
Dicho esto, un tribunal superior podría ser más favorable a Trump.
Pero si todos los tribunales confirman el fallo, las empresas que han tenido que pagar los aranceles recibirán reembolsos, con intereses, por los montos abonados. Esto incluye los llamados aranceles recíprocos, que se redujeron al 10% para la mayoría de los países, pero se elevaban hasta el 145% para productos chinos, y que ahora están en el 30%.
Leonard señaló que no habrá cambios inmediatos en la frontera, y que por ahora los aranceles se deberán seguir pagando.
Las reacciones del mercado reflejaron, en parte, cómo los inversores “respiraron aliviados tras semanas de volatilidad extrema provocada por el tira y afloja de la guerra comercial”, escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.
Innes afirmó que los jueces estadounidenses enviaron un mensaje claro:
“La Oficina Oval no es una mesa de operaciones bursátiles, y la Constitución no es un cheque en blanco”.
“La extralimitación del ejecutivo puede haber encontrado finalmente su límite. Y con ello, una nueva dosis de estabilidad macroeconómica, al menos hasta el próximo titular”.
Por su parte, Paul Ashworth, de Capital Economics, dijo que el fallo “obviamente desbaratará el intento de la administración Trump de cerrar rápidamente ‘acuerdos’ comerciales durante la pausa de 90 días en los aranceles”.
Ashworth predijo que otros países preferirán “esperar y ver” qué ocurre a continuación.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El 2 de abril, Trump presentó un régimen arancelario global sin precedentes al imponer impuestos a las importaciones provenientes de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Se estableció un arancel base del 10% para la mayoría de los países, junto con aranceles recíprocos más altos aplicados a decenas de naciones y bloques, incluidos la UE, Reino Unido, Canadá, México y China.
Trump argumentó que esta política económica generalizada impulsaría la manufactura estadounidense y protegería los empleos.
Los mercados mundiales se han sumido en la confusión desde el anuncio y, más tarde, después de que Trump diera marcha atrás y pausara los aranceles a medida que los gobiernos extranjeros acudían a la mesa de negociación.
A la confusión se sumó una prolongada guerra comercial con China, en la que las dos superpotencias económicas del mundo se enredaron en una escalada mutua de aranceles, que alcanzó su punto máximo con un impuesto estadounidense del 145% sobre las importaciones chinas y un arancel chino del 125% sobre productos estadounidenses.
Desde entonces, las dos mayores economías del mundo han acordado una tregua, con los aranceles de EE.UU. sobre China reducidos al 30%, y los aranceles chinos sobre algunas importaciones estadounidenses bajando al 10%.
El Reino Unido y EE.UU. también han anunciado un acuerdo para reducir los aranceles entre ambos gobiernos.
Trump amenazó con un arancel del 50% a partir de junio sobre todos los productos procedentes de la Unión Europea, tras expresar su frustración por el ritmo de las negociaciones comerciales con el bloque.
Sin embargo, luego acordó extender el plazo por más de un mes, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que se necesitaba más tiempo.
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