Mañanera de Sheinbaum: Mezclan indicadores para dar dato engañoso sobre asesinatos en octubre
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el dato engañoso de una reducción de 25.4% en el promedio diario de homicidios entre febrero de 2019 y octubre de 2024, destacando también que octubre de este año es supuestamente el octubre con menos asesinatos desde 2017.
Figueroa detalló que en febrero de 2019 -durante el primer año del gobierno de López Obrador- se registró un promedio de 100.9 asesinatos diarios, mientras que para octubre de este año la cifra fue de 75.3 homicidios dolosos diarios en promedio.
No explicó por qué se eligió a febrero de 2019 como punto de referencia, pero además en su comparación con septiembre de este año Figueroa mezcló dos indicadores, a fin de mostrar un resultado más favorable.
La cifra de 2019 se ajusta al dato de los 2 mil 824 asesinatos que registró el Secretariado Ejecutivo para ese mes. Solo que para octubre de 2024, el primer mes de gobierno de Sheinbaum, usó el dato preliminar que registra el equipo interdisciplinario del gobierno, de 2 mil 108 asesinatos, hasta el día 28.
Esto es importante porque los datos preliminares generalmente están por debajo de los que registra el Secretariado. En el caso de febrero de 2019, el reporte preliminar registró 2 mil 326 asesinatos, mientras que el Secretariado, como ya mencionamos, 2 mil 824. Casi 500 crímenes más.
Para septiembre de 2024, el reporte preliminar es de 2 mil 350 víctimas, mientras que el Secretariado que ahora encabeza Figueroa registró 2 mil 604. Una diferencia de 254.
La propia funcionaria mencionó, luego de presentar sus diapositivas, que las cifras de octubre eran datos “preliminares, dado que es información que recibe el gabinete de Seguridad todos los días proveniente de las 32 fiscalías estatales del país, pero que como ustedes saben, mes con mes se vuelven a cotejar con estas fiscalías, y son hechas públicas posteriormente en la página del Secretariado”.
Hizo esa acotación, pero no aclaró la mezcla de indicadores para los porcentajes de reducción que mostró.
En el reporte del equipo interdisciplinario constituido por la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) se aclara que los reportes preliminares son “sólo para fines de carácter táctico/estratégico”.
Y que “las estadísticas oficiales sólo se reportan por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”.
Incluso si solo se tomaran solo los datos preliminares, el promedio diario hasta el 29 de octubre fue de 74.3 asesinatos diarios, mientras que para octubre de 2023, de 69.2. Es decir, hubo un aumento de asesinatos.
Un punto también importante para la estadística de octubre es que las 19 personas fallecidas en Sinaloa y las 14 en Guerrero que murieron en presuntos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas no se registran en el informe diario de homicidios dolosos.
Expertos explicaron a El Sabueso que esto se debe a que la Secretaría de la Defensa Nacional reporta esos fallecimientos como consecuencia de agresiones que recibieron elementos del Ejército, y se tiene que realizar una investigación por el caso antes de clasificarlos. La FGR dijo a El Sabueso que actualmente la carpeta de investigación abierta por el caso de Sinaloa es por delincuencia organizada.
‘Error’ en el reporte sobre enfrentamiento en Sinaloa
Además, sobre el caso de Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó durante la conferencia una diapositiva donde se afirmaba que tras el operativo se había detenido a 20 personas, entre ellas a Edwin “N”, “El Max”; sin embargo, la propia Sedena informó en un comunicado que sólo se había detenido a una persona y las otras 19 habían muerto.
“Se detuvo a 20 personas, entre ellas a Edwin (N) a ‘El Max’, jefe de célula afín a Los Mayos”, se leyó en la presentación con la que García Harfuch se apoyó para explicar la estrategia de seguridad.
“Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR”, se detalló en la presentación durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum.
A pregunta expresa de Animal Político, el equipo del secretario de Seguridad admitió que se trató de un error, por lo que corregirían la presentación mostrada en la conferencia matutina.
Y en efecto, mandaron una versión corregida.
La noche del 22 de octubre, la Sedena informó que había encabezado un operativo en el que detuvieron al presunto operador de “El Mayo” y que en el enfrentamiento que tuvieron los militares y presuntos integrantes del grupo delincuencial, 19 personas habían perdido la vida.
Incluso, cuestionada al respecto, la presidenta Sheinbaum había confirmado que no hubo más detenidos, que elementos de la Sedena no habían sido heridos y defendió la reacción de los militares pues, aseguró, que fueron agredidos y ellos respondieron.
La regulación contempla que los agentes de seguridad pueden usar fuerza letal contra civiles en casos considerados de “alta peligrosidad”, es decir, cuando dichas personas ponen en riesgo la vida de terceros o de los propios agentes.
Más datos engañosos sobre homicidios
Otro dato engañoso que dio Figueroa fue el de la reducción anual del promedio diario de homicidio doloso, de nuevo, mezclando fuentes de información. De 2018 a 2023, usó datos del INEGI, que suelen ser más altos que los del propio Secretariado.
Mientras que para enero-septiembre de 2024, mostró cifras del Secretariado, y luego sumó para octubre datos preliminares del equipo interdisciplinario del gobierno para Seguridad.
En este Sabueso te contamos que entre enero y septiembre del 2024 aumentaron 0.53% las víctimas de homicidios frente al mismo periodo del año pasado, al pasar de 22 mil 633 en 2023 a 22 mil 754 en el presente año, según cifras del Secretariado.
En septiembre de 2024 se registraron 2 mil 679 homicidios dolosos y feminicidios, mientras que en septiembre del año pasado, la cifra fue de 2 mil 577. Un aumento de 3.96%.
Este aumento de asesinatos interrumpió la tendencia a la baja registrada entre 2020 y 2023.
Respecto a octubre, los datos del Secretariado muestran un promedio de 2 mil 761 homicidios dolosos para ese mes, de 2017 a 2023, último año con datos disponibles. Falta aún tener el dato del Secretariado para octubre de 2024, primer mes del gobierno de Sheinbaum.
La titular del SESNSP también presentó una comparación engañosa de la reducción de delitos de alto impacto de 40.38% entre febrero de 2019 y septiembre de 2024.
Sin embargo, no explicó la justificación para comparar estos dos meses específicamente. Además, si se comparan los meses de septiembre de ambos años, el resultado es menor, de 32.3%.
El Sabueso consultó con el SESNSP la razón de realizar estas comparaciones y se mantiene a la espera de una respuesta.
Con información de Dalila Sarabia
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La propuesta del expresidente tiene enormes implicaciones legales, financieras y logísticas. Los defensores de los migrantes también advierten de los costes humanos.
Donald Trump ha prometido que, de resultar reelegido presidente, deportará masivamente a aquellos que no tienen permiso para permanecer en Estados Unidos.
Mientras su campaña ha respondido de distintas formas a la pregunta de cuántos podrían terminar siendo expulsados, su compañero de fórmula, el aspirante republicano a vicepresidente JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló el senador por el estado de Ohio.
Pero aunque la idea ya forme parte de las propuestas de la plataforma electoral de Trump —bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”—, los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo a las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EE.UU. complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales sería fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, cuando aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé generará entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EE.UU. lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se han enfocado en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados o suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Donald Trump en lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EE.UU. ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100.000 anuales, después de haber alcanzado su máximo —230.000— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dice a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EE.UU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20.000 agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso una fracción de esa cantidad a la que apunta la campaña de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señala que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y otros cuerpos militares para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EE.UU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time, a principios de este año, el expresidente solo dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que los que no lo que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
La BBC ha intentado contactar al equipo de Trump para obtener más detalles.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agrega que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subraya. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trum en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$327 millones, y expulsó del país a cerca de 140.000 personas.
De acuerdo al plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidos. La campaña del candidato presidencial republicano ha previsto construir grandes campamentos para albergar a todos ellos.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Y lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explica Reichlin-Melnick.
Además, habrían de sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: los de seguir construyendo el muro en la frontera con México, los que implica un bloque naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y los generados por el traslado de miles de tropas a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump, a nivel de relaciones públicas, si volviera al poder.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explica.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remata.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
En los cuatro años en los que Trump ocupó la Casa Blanca, se deportaron alrededor de 1,5 millones de personas, tanto desde la frontera como del interior del país.
La administración Biden, que había deportado a alrededor de 1,1 millón de personas hasta febrero de 2024, está en camino de igualar esa cifra, según muestran las estadísticas.
Durante los dos mandatos de Obama, cuando Biden era vicepresidente, más de tres millones de personas fueron deportadas, lo que llevó a algunos defensores de la reforma migratoria a apodar “el deportador en jefe” al entonces presidente.
Pero el único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1,3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centró en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señala Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añade.
“Son situaciones incomparables”.
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