Sheinbaum y Jesús Ramírez difunden datos falsos y engañosos sobre el Poder Judicial Federal
Un día antes de que la Suprema Corte discuta el proyecto de sentencia que podría invalidar parte de la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum y su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, difundieron información falsa para descalificar al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Desde su conferencia matutina de este lunes, la presidenta insistió en cuestionar la facultad de los partidos para interponer “amparos” contra la reforma judicial. Sin embargo, esto no ocurrió y en realidad, los partidos presentaron una acción de inconstitucionalidad, a la que la ley les da derecho.
Jesús Ramírez, también exvocero del gobierno anterior, retomó de forma imprecisa datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024 del INEGI para exagerar el crecimiento del presupuesto y del personal del PJF y contrastarlo con un crecimiento en las personas que siguen en prisión sin sentencia. En su publicación, Ramírez confunde justicia local con federal y le atribuye a los jueces que existan presos sin sentencia, lo que es falso.
En El Sabueso revisamos ambas afirmaciones y las contrastamos con datos oficiales y esto fue lo que encontramos:
Partidos políticos presentaron acciones de inconstitucionalidad, contrario a lo que dijo Sheinbaum
Frase: La Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos -segundo- porque son partidos políticos que, en todo caso, se rigen por las leyes electorales.
Calificación: Falso
La presidenta aseguró que los partidos políticos no tienen competencia para presentar “amparos” contra la reforma judicial, pero eso no fue lo que ocurrió.
En realidad, los partidos políticos interpusieron acciones de inconstitucionalidad, para lo cual el artículo 105 constitucional sí otorga facultades a los partidos políticos para interponer estos recursos en contra de leyes electorales.
Una acción de inconstitucionalidad es un juicio en que la Corte resuelve si una norma está en contra de la Constitución. Mientras que un amparo es un recurso que permite impugnar leyes, acciones u omisiones que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos.
Además, el mismo artículo 105 establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá conocer de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por distintos actores entre ellos los partidos políticos y deberán interponerse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la norma impugnada.
Este martes 5 de noviembre, la Corte discutirá un proyecto que estudia las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos nacionales PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, así como por el partido local Unidad Democrática de Coahuila y la minoría legislativa del Congreso de Zacatecas.
El proyecto, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, considera que los partidos cumplieron con los requisitos legales de legitimidad y tiempo para interponer una acción de inconstitucionalidad.
“Resulta clara la naturaleza electoral del Decreto impugnado (reforma judicial), pues establece el régimen normativo del proceso electoral que se seguirá para la elección de las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y, Juezas y Jueces de Distrito, así como los principios para dicha elección”, justificó el ministro en su análisis.
La abogada Melissa Ayala dijo a El Sabueso que la Suprema Corte no puede descartar de inmediato las acciones promovidas por los partidos políticos debido a que la reforma al Poder Judicial realizó cambios en materia electoral.
Mientras que Eliud Tapia, abogado especialista en derechos humanos, consideró que una acción de inconstitucionalidad no es aplicable contra una reforma constitucional, pero los partidos políticos sí pueden presentar estos recursos contra leyes en temas electorales.
“La presidenta está apelando a la falta de competencia de la Corte para revisar una reforma constitucional vía acción de inconstitucionalidad, y los partidos están diciendo que esta es la vía para revisar una reforma constitucional en la parte electoral, que es lo único que tienen competencia”, señaló Tapia.
Jesús Ramírez desacreditó al Poder Judicial de la Federación con datos engañosos y falsos
Frase: “En una década el Poder Judicial aumentó su personal y presupuesto pero disminuyó en resultados. El gasto del Poder Judicial se triplicó en 10 años (de 46 mil mdp en 2013 a 127 mil mdp en 2023) y aumentó su personal 32.5%. En 2023 de 332 mil procesados, 85.7% siguen sin sentencia”.
Calificación: Falso
El coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez, desinformó al mezclar distintos indicadores y omitir datos clave de la edición más reciente del censo nacional de impartición de justicia del INEGI.
Al acusar con gráficos el aumento de personal y de recursos presupuestales del Poder Judicial federal entre 2013 y 2024, y una supuesta baja en la productividad, Ramírez colocó el mensaje en su cuenta de X de que “en 2023 de 332 mil procesados, 85.7% siguen sin sentencia”.
Pero de entrada, la cifra de 332 mil 306 procesados corresponde al total de personas imputadas tanto por el poder judicial federal como por los poderes judiciales estatales en 2023, y de hecho del total de casos, 307 mil 389 correspondieron a la justicia local. Es decir, el 92%.
Ramírez incluyó un gráfico sobre las sentencias emitidas publicadas en la web, destacando una baja en el indicador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El censo del INEGI muestra que en 2019 la SCJN publicó 6 mil 590 sentencias, y en 2023 bajó a 2 mil 707. Sí hubo un descenso.
Pero lo que no mencionó el coordinador de asesores de la Presidencia es que hubo un aumento de 28.3% en las sentencias publicadas de jueces federales, entre 2022 y 2023, al pasar de 550 mil 207 a 706 mil 185. También aumentaron las de tribunales colegiadas de circuito, pasando de 385 mil 866 a 438 mil 931.
De hecho el propio gráfico que publicó Ramírez Cuevas muestra una cifra récord del total de sentencias del Consejo de la Judicatura (CJF) en 2023, superando el millón 193 mil. Mientras que el PJF publicó, en total, 1 millón 205 mil 154 sentencias en 2023, de acuerdo con el Censo.
En cuanto a sentencias por causas penales concluidas, en el censo del INEGI se menciona que tanto el PJF como los poderes judiciales locales sentenciaron a 47 mil 746 personas, sin precisar en qué años se dieron las detenciones e imputaciones.
De esa cantidad, 13 mil 890 fueron sentencias por el Poder Judicial Federal, y el resto por poderes judiciales locales. En el censo previo, se indicó que en 2022 fueron sentenciadas 7 mil 038 personas por la justicia federal, y en 2021 la cifra había sido de 4 mil 866.
Hay una tendencia al alza, luego de la pandemia, aunque como referencia, en 2018 la cifra fue de 10 mil 761 sentenciados, y en 2017 de 12 mil 958.
Otro punto engañoso del discurso del funcionario de Presidencia es que achaca al Poder Judicial Federal el aumento en la cantidad de personas sin sentencia, siendo que el partido que respalda, Morena, ha impulsado aumentar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Dicha medida cautelar avala que las personas permanezcan en prisión desde el inicio del proceso aun sin contar con una sentencia en su contra.
“La falta de sentencias también responde a la ineficacia de las fiscalías, que en muchos casos no aportan pruebas sólidas para sustentar sus acusaciones. Esto genera procesos judiciales largos, perjudicando a personas que enfrentan extensos períodos de prisión sin resolución”, publicó la organización Elementa.
“El éxito del Poder Judicial, local o federal, no debería evaluarse únicamente por el número de sentencias dictadas, sino por la calidad y satisfacción que las personas obtienen en el acceso a la justicia”.
Comparación engañosa sobre el presupuesto ejercido
Respecto a los recursos presupuestales, Ramírez Cuevas mencionó que “el gasto del Poder Judicial se triplicó en 10 años (de 46 mil mdp en 2013 a 127 mil mdp en 2023)”.
En su gráfico el título es “Presupuesto Ejercido en el Poder Judicial Federal”, pero la cifra de 127 mil millones de pesos para 2023 resulta de la suma del presupuesto ejercido por el Poder Judicial Federal (78 mil 159 millones de pesos) y de los poderes judiciales estatales (49 mil 327 millones de pesos).
Mientras que en el caso de 2013, la cifra de Ramírez Cuevas se aproxima a los 43 mil 100 millones de pesos gastados sólo por el Judicial Federal, según el censo del INEGI.
Entonces, el funcionario comparó engañosamente el gasto del Poder Judicial Federal de 2013 con la suma de los montos ejercidos por el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales en 2023.
A precios constantes, de acuerdo con el censo del INEGI, el presupuesto ejercido por el poder judicial federal disminuyó en 2023 respecto a 2022, y 7.6% respecto a 2018.
Por último, en cuanto a su dicho de que el personal del Poder Judicial federal aumentó 32.5%, la cifra es verdadera. Pasó de 41 mil 327 en 2013 a 54 mil 780 servidoras y servidores públicos en 2023.
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El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
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El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
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El anuncio
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La presión social
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
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Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
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“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Trabajadores y estudiantes
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
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