Claudia Sheinbaum dio sus primeros discursos como presidenta de México y en ellos detectamos frases falsas y engañosas que usó para negar la militarización, enaltecer logros de la administración de Andrés Manuel López Obrador y defender la reforma judicial con la que se renovarán los cargos de personas juzgadoras por medio del voto popular.
También hubo omisiones. Sobre seguridad, por ejemplo, más allá del caso Ayotzinapa, Sheinbaum no dijo nada de las víctimas de la violencia en general o ofrecer alguna forma de ayuda en un país donde hay más de 115 mil personas desaparecidas.
Además, aun cuando diferentes economistas han insistido que será un gobierno con pocos recursos económicos, en sus dos discursos reiteró su promesa de nuevos programas sociales, tales como apoyos bimestrales para todas las mujeres de entre 60 y 64 años; becas a todos los estudiantes de nivel básico en escuelas públicas; y dar atención a la salud casa por casa a los adultos mayores, contratando 20 mil enfermeras y médicos.
A eso sumó la promesa de implementar el programa La Escuela Es Nuestra a nivel medio superior; hacer más preparatorias y universidades para sumar 300 mil espacios educativos; nuevas líneas de trenes; construir un millón de viviendas; quitar los baches a cuatro mil kilómetros de carreteras federales; remodelar el AICM; nuevos apoyos a todas las mujeres indígenas artesanas; colocar Farmacias para el Bienestar junto a los Bancos del Bienestar, e incluso producir drones a bajo costo, o lanzar un nuevo satélite mexicano.
Sheinbaum encabezará un gobierno que enfrentará presiones sobre las finanzas públicas, como han insistido especialistas, particularmente por el nivel récord de deuda que deja López Obrador y el bajo crecimiento económico que hubo en su sexenio. Sheinbaum, por cierto, aseguró que no buscará una reforma fiscal para que el gobierno obtenga mayores ingresos.
El Sabueso buscó al equipo de comunicación de Sheinbaum para pedir una postura sobre este texto, pero no hubo respuesta.
A diferencia de la reforma constitucional que extendió sólo hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en las calles, la del “Plan C” que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza armada y militar de carácter permanente, bajo el mando Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para labores de seguridad pública. Es decir, sin carácter civil.
“La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”, se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF) respecto a la reforma aprobada.
Sheinbaum insistió en negar que hay militarización con el argumento de que ella como comandante de las Fuerzas Armadas y un gobierno civil son quienes guían la política de seguridad. Sin embargo, de acuerdo con especialistas como Lisa Sánchez, la militarización es un proceso que también implica dar más presupuesto y funciones a las Fuerzas Armadas, tal como ocurrió con el gobierno de López Obrador, desplazando a instituciones o actores civiles.
El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Sedena tiene como funciones principales la organización y entrenamiento de las fuerzas armadas. Es decir, por ley es una secretaría militar.
Además, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 33 personas titulares de la comandancia y de las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional, 87.9% eran provenientes del Ejército. Sobre el 12.1% restante, los puestos son ocupados por elementos de la Marina, por lo que la totalidad de estos cargos se encuentra en manos de militares.
La Guardia Nacional, corporación que será militar y no civil, registró mil 772 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde julio de 2019, al poco tiempo de su creación, hasta julio de 2024, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución.
Las principales quejas fueron por detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; tortura; privación de la vida y desaparición forzada, en ese orden. Hay registros de uso indebido de la fuerza que resultó en la muerte de personas, incluyendo una persona migrante de Cuba en 2021 y una mujer embarazada que viajaba con su pareja en Jalisco en 2022.
Puedes leer: En cinco años, la Guardia Nacional recibió 1,772 quejas por tortura, detención arbitraria y desaparición forzada
Además, en 2022, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH registró 428 quejas contra la Sedena por posibles casos de violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y desaparición forzada.
Incluso, en septiembre de 2024, expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación por el hecho de que trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena pueda aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos.
“México debe garantizar el alcance restrictivo y excepcional de la jurisdicción militar para prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”, mencionó la ONU en un comunicado.
Si bien es cierto que la reforma al Poder Judicial permitirá que la población vote para designar a las personas juzgadoras, las candidaturas las definirán comités de evaluación elegidos por los Poderes de la Unión, de los cuales, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están bajo control de Morena, partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, en los procesos de designación no hay precisión en los criterios que deberán tomar en cuenta los comités para elegir a quienes ocuparán las candidaturas más allá de los requisitos que marca la Constitución, como el título en Derecho, un promedio mínimo en la universidad, tener cinco años de experiencia jurídica, escribir un ensayo y cartas de recomendación de conocidos.
Por lo que el resto de los criterios para determinar quiénes llegarán a la boleta para la elección de personas juzgadoras será discrecional, además de que no hay controles para la injerencia de la presidenta o de la mayoría legislativa de Morena en el Congreso.
Como te contamos en este texto, los derechos laborales de personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación sí resultarían afectados.
En la reforma se estipula el pago con recursos del presupuesto para pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones con los trabajadores del Poder Judicial.
Pero en el caso de jueces y magistrados de circuito, así como las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perderán su estabilidad laboral y su antigüedad.
Antes de la reforma, las personas juzgadoras y magistraturas tenían una posición permanente si eran ratificados después de seis años en el cargo; mientras que los ministros de la Corte tenían permanencia por 15 años y no dependían de la votación para mantenerse en el puesto.
Además, las magistraturas al frente de las Salas Regionales del TEPJF también estarán sometidas a cambiar en la primera elección, prevista para 2025, y con la desaparición de la Sala Regional Especializada sus titulares no tendrán opción de mantenerse en el cargo.
Por otro lado, el sistema de carrera judicial permitía que personal de los juzgados de distrito y tribunales de circuito pudieran ascender y ocupar la posición de un juez o un magistrado mediante una evaluación de conocimientos; sin embargo, ahora esa posibilidad se tendrá que disputar en una elección con candidaturas a propuesta de los tres Poderes de la Unión.
Finalmente, la reforma también eliminó el haber de retiro de las y los ministros de la SCJN, lo que supone una pérdida de un derecho laboral adquirido para quienes contiendan en la elección. Mientras que las ministras y ministros que opten por no participar en la elección sólo recibirán parte del haber proporcional al tiempo que hayan ocupado el cargo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró entre 2018 y 2022 que 5.1 millones de personas salieran de la pobreza, según los datos de la medición multidimensional realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es presentada cada dos años.
Sin embargo, en sus últimos meses la administración obradorista destacó la cifra de 9.5 millones, citando un reporte del Banco Mundial. Y como te contamos en este texto, el Banco en realidad no presentó esa cifra, sino que el gobierno mexicano realizó su propio cálculo con cifras de un estudio elaborado por ese organismo.
Un estudio que, a diferencia del Coneval, sólo se enfoca en ingresos monetarios, sin considerar una evaluación de las carencias en salud o educación.
“Esa cifra específica de 9.5 millones no puede ser verificable. La diferencia de personas en pobreza entre 2018 y 2022 (según el Coneval) es de 5.1 millones de personas. Y en todo caso, la reducción de 2020 a 2022 no alcanza, se queda en 8.9 millones”, explicó a El Sabueso Axel González, coordinador de Datos de México Cómo Vamos.
El reporte del Banco Mundial refiere como la tasa oficial de pobreza multidimensional a la presentada por Coneval, destacando que 8.9 millones salieron de la pobreza, pero entre 2020 y 2022, es decir, después de la crisis por la pandemia de COVID-19. No entre el inicio y el fin del gobierno de López Obrador.
Otro punto sobre el tema es que si bien se logró la reducción de pobreza, la población en pobreza extrema tuvo un incremento, al pasar de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones de personas en esa condición en 2022, según los datos de Coneval.
Datos del Banco de México contradicen su dicho. De acuerdo con cifras actualizados sobre la IED, el récord de inversión extranjera fue en 2013 con 48 mil 354 millones de dólares, por encima de lo captado en el sexenio de López Obrador.
Y si comparamos la IED recibida durante los primeros cinco años de los últimos tres sexenios, el gobierno de López Obrador registró 168 mil 895 millones de dólares, menos que lo registrado en los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto (179 mil 854 millones de dólares), aunque superó lo captado con Felipe Calderón (132 mil 567 millones).
Además, otro indicador para medir la IED es su proporción como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Esta también disminuyó durante la gestión de López Obrador, al pasar de 2.7% en 2018 a 2% en 2023, según datos de la Secretaría de Economía. Esto demuestra que no hubo récord de inversión durante el sexenio que recién terminó.
Aunque México se ubicó por debajo del promedio de deuda nacional como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) entre los países miembros de la OCDE, el nivel de deuda creció durante el sexenio.
En 2018 la deuda representaba 48% del PIB mientras que para 2022 —último año con datos disponibles para consulta— su porcentaje subió a 54%. En ambos casos, México se ubicó en el lugar 24 de 37 países de la OCDE.
Para el cierre del 2024, según estima Hacienda, México tendrá una deuda interna total récord equivalente a 50.2% del PIB. Un nivel que solo se había alcanzado en lo que va de este siglo en 2020, año en el que la deuda aumentó debido a las condiciones económicas generadas por la pandemia del Covid-19.
Hacienda también prevé un endeudamiento de 1 billón de pesos para 2025, lo que hará que la deuda total llegue a 18.1 billones de pesos (50.2% del PIB).
Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar que empezó a funcionar en julio pasado, se ofrecieron complementos solidarios para las personas pensionadas del IMSS o el ISSSTE cuyo último salario fue menor a los 16 mil 777 pesos mensuales, correspondiente al salario promedio del IMSS para 2023 y actualizando año con año.
Sin embargo, como te contamos en este texto, la promesa del expresidente López Obrador de dar a los trabajadores una pensión equivalente a 100% de su último sueldo no se cumplió y se limita a aquellos extrabajadores que tenían un salario menor al promedio del IMSS.
Además, como explicaron especialistas consultados por El Sabueso, el Fondo de Pensiones para el Bienestar no cuenta con fuentes de financiamiento constante, pues depende de la recaudación, cuyo monto es variable, que hagan distintas dependencias –como los ingresos por incautaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep)– y empresas administradas por las secretarías de la Defensa y Marina –como el Tren Maya y el Ferrocarril Interoceánico–.
En su primer mes de operaciones, el Fondo de Pensiones del Bienestar sumó 280 personas beneficiarias, 249 del IMSS y 31 del ISSSTE. Al 12 de agosto de 2024, el ISSSTE respondió a una solicitud de información de El Sabueso que había 42 personas que recibían el complemento de su pensión. Mientras que el IMSS informó por esa misma vía que sumaba 523 personas al 1 de agosto pasado.
Tanto la administración federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador como el partido Morena que llevó a la Presidencia a Sheinbaum han registrado denuncias en su contra por presunto nepotismo.
En 2020 se conoció que al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, habían sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, por lo que eran investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Animal Político documentó en 2022 cómo al menos ocho excompañeros de escuela de Gonzalo López Beltrán, uno de los cuatro hijos del presidente López Obrador, consiguieron su primer empleo en gobierno pese a no cumplir con el perfil requerido para los puestos.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también documentó que familiares y amigos de los hijos del presidente López Obrador ocuparon diferentes puestos en el gobierno federal, entre ellos primos y familiares de la primera esposa del presidente, Rocío Beltrán, en instancias como la SEP, el IMSS, la Semarnat y la CFE.
Legisladores de oposición también denunciaron que familiares de Octavio Romero Oropeza ocuparon cargos en Pemex, y la petrolera respondió que las personas tenían antigüedad superior a la llegada de Romero al cargo de dirección.
Del mismo modo, la oposición ha criticado que funcionarios de gobierno o de la Suprema Corte como Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal y Lenia Batres tienen familiares con distintos puestos públicos en el país, de la mano de Morena. De hecho, recientemente se conoció que uno de los hijos del presidente López Obrador, Andrés López Beltrán, será secretario de organización de Morena, mientras que un hermano del expresidente, José Ramiro, fungirá como secretario de Gobierno en Tabasco.
La diáspora libanesa en América Latina echó raíces en la región desde hace casi 150 años. Desde entonces se convirtió en una de las comunidades más prósperas.
“Ser libanés no es una nacionalidad, es un oficio”, dice un poema del escritor libanés Roda Fawaz.
Su verso transmite un sentimiento que comparten millones de personas originarias de esa nación de Medio Oriente, o descendientes de migrantes que lo hicieron a lo largo de los últimos 150 años, y que se establecieron en muchos países del mundo.
América Latina fue un destino de una buena parte de ellos. Notablemente en Brasil, con entre 8 y 10 millones de brasileños-libaneses. Pero también en el resto de los países, desde México hasta Argentina, se calcula que hay unos cuatro millones más repartidos en la región.
Entre ellos hay nombres que han logrado un lugar destacado en el mundo de los negocios, la política o la cultura. Los empresarios son tal vez los más conocidos, con apellidos como Slim (México), Jafet y Ghosh (Brasil), Char (Colombia), Menem (Argentina) o Saieh (Chile).
Y con fama internacional, Shakira o Salma Hayek o el actor Ricardo Darín dan muestra de lo lejos que han llegado las artistas de origen libanés.
La diáspora en América Latina casi triplica los 5 millones de habitantes de Líbano, país que actualmente atraviesa una crisis por la guerra entre el grupo armado Hezbolá asentado en territorio libanés y las fuerzas de Israel.
Pero el éxito de esta comunidad en América Latina no fue automático. Fue a base de lo que el historiador mexicano de origen libanés Carlos Martínez Assad llama “una migración solidaria” que los llevó a establecerse en diversos países de la región.
“Algunos estuvieron primero en Venezuela o Colombia y luego se vinieron a México. Y al revés, gente que estuvo en México terminó en otro país de América Latina. O a Estados Unidos y viceversa, primero llegaron allá y se vienen a México. Es un fenómeno de establecimiento de redes”, explica el investigador, autor de una basta colección de libros y publicaciones sobre la migración libanesa.
Pero lo que caracterizó a esta comunidad, y que los llevó a fijarse en el imaginario social, fue el comercio. Encontraron las formas y los medios para llevar productos a muchos puntos de los países que adoptaron y así establecer sus bases en la industrialización y modernización de América Latina.
El país que hoy es Líbano fue durante tres siglos (1516-1918) parte del Imperio Otomano, que dominó extensas porciones de Medio Oriente, el norte de África y la península de los Balcanes en el este de Europa.
Fue en el siglo XIX cuando la región del Monte Líbano comenzó a experimentar una época convulsa, en buena medida por la disputa por el poder político, económico y religioso entre los cristianos maronitas y los musulmanes drusos.
Los maronitas vieron cómo a partir de la década de 1840 empezó a haber escasez de alimentos y oportunidades, dice Martínez Assad. Y con el estallido de una guerra con los drusos, vinieron las primeras oleadas de emigración a partir de 1860.
“Hubo 60 años de gran inestabilidad en la región”, explica el historiador. Muchos de los maronitas se dirigieron a Europa, Asia, Oceanía y África. Pero otros también apuntaron al pujante continente americano.
La Primera Guerra Mundial, en la que el Imperio Otomano hizo alianza con las Potencias Centrales, generó una nueva oleada de emigrantes. “Los turcos reclutan a jóvenes, sin importar su religión, los agarran de la calle. Por eso mucha gente, para proteger a los hijos, los sigue enviando a otros países, como los de América”,
Eso explica en buena medida por qué la migración libanesa a América se caracterizó por la llegada de gente joven.
Se sabe que en un inicio muchos libaneses fueron llevados desde Europa a los países de la región latinoamericana con intermedio de agentes. Muchos tenían intención de llegar a EE.UU., pero fueron engañados y llevados a países como Brasil, Venezuela, Cuba o México.
Otros vieron en los países de América Latina un lugar con oportunidades.
El hecho de que los libaneses que emigraban de su país fueran cristianos, de la rama de los maronitas que practican un ritual cercano al católico, facilitó en buena medida su adaptación y aceptación cultural en los países de la región, explica Martínez Assad.
“Va a permitir el contacto mucho más amplio, incluso favorece los matrimonios, algo que no sucedió con otras comunidades, como los judíos o los asiáticos”, señala.
El territorio libanés otomano también tuvo una fuerte relación con Francia. Durante la conflictiva década de 1860, las fuerzas francesas defendieron a los maronitas y tras la Primera Guerra Mundial el territorio libanés fue un protectorado francés. Eso explica que culturalmente hubo mucho intercambio entre ambas partes.
Por ello, considera Martínez Assad, la francofilia de los libaneses les ayudó a la adaptación a otras lenguas romances, como el español y el portugués de los países de América Latina.
Ya desembarcados en América, se produjo un “fenómeno de establecimiento de redes” de libaneses que les permitió extenderse más allá de los principales puertos y ciudades.
“En Líbano hay algo que se le da mucha importancia al pasado fenicio, que aunque fue hace miles de años, queda en el inconsciente la idea de ser mercaderes. De tirarse al mar para la aventura y vivir de lo que se produce”, dice el historiador.
Los libaneses se dedicaban, en general, al comercio y la agricultura en Líbano.
Pero es esa primera actividad la que empiezan a desarrollar en América Latina. Quienes no eran comerciantes en el pasado, entienden que en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México o Venezuela hay necesidad de establecer cadenas de distribución.
Y así es que muchos “se dan a la tarea de irse a muchos poblados”.
En Brasil se dio uno de los primeros fenómenos de los llamados “mascates” que caracterizarían a los libaneses en el continente: eran vendedores ambulantes que cargaban a cuestas una enorme caja con productos novedosos, muchos traídos del exterior, que iban vendiendo por las calles y las plazas.
Una figura que se replicó en otros países rápidamente y que llevó a los libaneses a adquirir ese perfil social de comerciantes de todo tipo de productos y novedades.
Si bien ser cristianos y adaptarse al idioma les permitió ir echando raíces en los países de la región. también enfrentaron algunas resistencias. En Sudamérica, en particular, los empezaron a llamar “turcos”, en ocasiones con un dejo despectivo, por su acento al hablar español y el hecho mismo de que vinieran del imperio dominado por Turquía.
Pero de hecho, la migración libanesa también se fundió con la de los sirios (vecinos de Líbano) que llegaron a América para probar suerte, lo que los llevó a ser puestos socialmente en el mismo grupo migrante aunque en estricto sentido fueran de origen diferente.
Aunque Martínez Assad destaca que no todas las familias de origen libanés que hoy viven en América Latina son adineradas, fueron un grupo social que tuvo cierta prosperidad a lo largo del siglo XX.
Muchos comerciantes pasaron de ser vendedores ambulantes a establecer locales comerciales. Las redes para mover mercancías ya no solo se limitaron a un nivel local o regional, sino que comenzaron a establecer agencias de importación.
Las segundas y terceras generaciones de libaneses en América Latina también tuvieron mayor acceso a la educación universitaria, lo que fue clave para las familias.
Los Slim en México, los Char en Colombia, o la Jafet en Brasil, pero también otras cuantas familias en otros países de la región, pusieron las bases de lo que hoy son grandes empresas e industrias desde la década de 1920.
Y con los negocios también abrieron la puerta de la política, desde su acceso a puestos locales hasta los nacionales. En Brasil, el país con la mayor población de origen libanés, Michel Temer es un político de origen libanés que llegó a ser presidente (2016-2018). Pero también cientos de políticos de esa comunidad han pasado por el Congreso.
Ecuador también tuvo al presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), México a Plutarco Elías Calles (1924-1928) y Argentina a Carlos Menem (1989-1999). Dos altos funcionarios venezolanos son Tarek William Saab y Tareck El Aissami, que tienen origen sirio-libanés.
Shakira y Salma Hayek son dos de las artistas latinoamericanas que más lejos han llegado en la música y el cine, respectivamente.
También crearon fundaciones, hospitales y su comida se empezó a conocer mediante restaurantes en las principales ciudades de América Latina.
El poder político y económico, sin embargo, también ha atraído escándalos de corrupción. En México, dos miembros de la comunidad, de las familias Nacif y Kuri, estuvieron involucrados en casos de pederastia. Situaciones individuales que terminan por salpicar a toda la comunidad.
Para Martínez Assad, la prosperidad de la comunidad vino a consecuencia de la dedicación al trabajo de las primeras generaciones.
“Algo que se exalta mucho es el trabajo y yo creo que es cierto. Yo procedo de una familia que mis tíos se levantaban a las 5 am para arreglar su negocio. Pasaban todo el día la tienda. Y en la noche seguían arreglando los negocios del día siguiente”, señala.
En la actualidad, los constantes conflictos sociales y militares en Líbano en las últimas dos décadas -en especial la lucha del grupo armado chiita Hezbolá con Israel- ha sido vista con preocupación por la comunidad libanesa.
Sin embargo, Martínez Assad percibe cierta distancia, cuando menos en la comunidad mexicana cristiana maronita.
“No hay migración de vuelta ni mucho conocimiento de lo que ocurre en Líbano. La política es muy compleja de entenderla. El gobierno está conformado por grupos religiosos, de 18 religiones que hay en Líbano”, señala
Situaciones como el conflicto actual con Israel, que ha emprendido incursiones contra Hezbolá en el sur de Líbano, sin embargo, no dejan de ser “muy lamentables” para los libaneses que tienen que ver desde lejos el conflicto en el país que para sus ancestros fue su hogar y que les da identidad a miles de kilómetros de distancia.
Como escribía Fawaz: “Ser libanés es dejar Líbano pero Líbano no te abandona jamás. Ser libanés es tener un país que nunca he vivido pero es el mío”.
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