En su conferencia de prensa del 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las desapariciones en México “están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos” y negó que el Estado mexicano participe en este delito. Sin embargo, su afirmación es engañosa.

Aunque existe la desaparición cometida por particulares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), medios de comunicación y organizaciones civiles han documentado casos en los que servidores públicos participan en la desaparición forzada de personas en los últimos años. 

Permiso para matar

La investigación Permiso para matar, una investigación de Animal Político dirigida por Daniel Moreno en colaboración con Paris Martinez y Jacobo Dayán; documentó un patrón de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, federales y estatales, contra 1,524 víctimas inocentes o indefensas durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Estas personas no tenían vínculos con el crimen organizado ni eran objeto de investigaciones, pero fueron atacadas por mostrar actitudes consideradas “sospechosas”, como parecer nerviosas, usar cierta ropa o no detenerse ante un retén.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes, personas marginadas o estigmatizadas, fueron asesinadas o desaparecidas de manera arbitraria. La investigación revela que estos no son casos aislados o errores de “manzanas podridas”, sino una violencia sistemática e impune ejercida por el Estado como parte de su política de seguridad.

La investigación completa está disponible en este micrositio, donde podrás acceder a los testimonios y descargar la base de datos utilizada para su elaboración.

Desde abril de este año, tanto Morena como legisladores del partido, incluso la CNDH, rechazaron la declaración de un comité de la ONU. Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impugnó las afirmaciones del Comité de Naciones Unidas. 

El principal argumento del gobierno es que no existe una orden desde el Estado, ni de parte de la presidenta Sheinbaum, para cometer desapariciones forzadas.

La desaparición forzada es un delito que implica la privación de la libertad de una persona, cometida por agentes del Estado o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a informar sobre el paradero de la víctima. 

Así lo establecen tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que coinciden en que este crimen impide a la persona ejercer recursos legales y garantías procesales, y convierte al Estado en responsable, ya sea por acción directa o por omisión.

Mientras, la Ley General también considera que el delito de desaparición por particulares es cometida por civiles con el fin de privar de la libertad a una persona y ocultar su paradero. 

De acuerdo con Red Lupa, es necesario un análisis sobre si las desapariciones cometidas por particulares son consecuencia de la participación o desprotección de las autoridades. 

“Se desconoce cuántas personas fueron desaparecidas por autoridades o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia, ni si fueron desaparecidas por integrantes de organizaciones criminales o por personas particulares, sin dicha autorización, apoyo o aquiescencia”, destaca Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. 

Crisis de desapariciones en distintos gobiernos 

El Comité de la ONU se ha referido a una problemática en la que agentes estatales a nivel federal, estatal y municipal han cometido o permitido que ocurran desapariciones forzadas desde sexenios pasados, sin que hasta ahora el Estado mexicano tenga una respuesta adecuada para prevenir los casos y que se haga justicia en los crímenes ya cometidos. 

En este texto te contamos que en los últimos nueve años se sumaron 66,000 casos al Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL), y en ese lapso solo se contabilizaron 373 condenas contra responsables. La gran mayoría de los casos sigue impune.

En la respuesta con folio 330024624001678 de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre 697 carpetas de investigación por desaparición forzada, entre 2019 y 2023, años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“El gobierno está respondiendo de manera que me parece de mala fe, diciendo que ellos creen que si no ordenaron la desaparición es que no hay desapariciones forzadas”, refiere Jacobo Dayán, especialista en temas de derechos humanos, en entrevista con El Sabueso.

“Y eso es no entender qué es una desaparición forzada. El artículo segundo de la Convención de Desapariciones habla de que hay desaparición forzada cuando lo hace el Estado o lo hacen particulares, es decir, en este caso, el crimen organizado, con el apoyo, la colaboración o la aquiescencia del Estado. Y el Estado mexicano, en todos los casos, opera por acción o por omisión en contubernio con el crimen organizado”, agrega. 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincide en que “existen múltiples casos de desaparición, exhaustivamente documentados, en los que participan por activa o por pasiva, incluso mediante su aquiescencia, policías municipales, policías estatales, ministeriales, militares, marinos, siendo por ello desapariciones forzadas”.

Al apuntar que las desapariciones ocurren en condiciones de generalidad y sistematicidad, agrega, el Comité de la ONU no ha afirmado que exista una “política de Estado” para desaparecer personas.

“Detrás de esta respuesta inicial está, sin duda, la perspectiva de una coalición política que opta por mantener la narrativa de la transformación antes que asumir la realidad de la continuada crisis de desapariciones”, explica. 

En un comunicado, la organización México Unido Contra la Delincuencia condenó la postura de negación y minimización expresada por el Estado mexicano sobre la crisis de desaparición forzada en México frente a la activación del artículo 34 e hizo un llamado a que el “Estado mexicano tome en serio las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada”.

“Esta medida, impulsada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) es crucial para avanzar en la atención y esclarecimiento de más de 133,000 casos de desaparición y no localización en territorio nacional.

“Se trata de una respuesta objetiva y necesaria ante la gravedad sobredocumentada, que se refleja en que México concentra 35 % del total mundial de solicitudes de acción urgente ante el Comité, derivado de la falta de acción y fallas estructurales de las autoridades estatales y federales”, señaló la organización.

Observaciones sobre la crisis de desaparecidos

El Centro Prodh recordó que desde sexenios pasados el Comité CED de la ONU señaló la crisis de desapariciones en el país, pero gobiernos de diferentes partidos han ignorado las recomendaciones. 

“Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y, tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa ‘Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones’, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades”, apuntó.

“Pero el Estado mexicano ignoró estas recomendaciones. Durante la administración peñanietista se respondió agresivamente a las observaciones del Comité. Después, durante el gobierno obradorista, tras un diálogo constructivo inicial, el sexenio culminó con un claro desdén al Comité y sus recomendaciones”, agregó.

En el presente sexenio, refirió también el Centro Prodh, “estas visiones se han perpetuado, pues el gobierno actual apostó por dar una inmerecida continuidad al equipo y a las visiones que con un lamentable desempeño predominaron los últimos dos años del pasado sexenio, caracterizadas por negar la existencia de una crisis de desapariciones y por reducir esta tragedia a un problema de percepción y cifras”.

La CNDH también ha documentado estos casos

En agosto de 2023, por ejemplo, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves cometidas por la Guardia Nacional, la SSC-CDMX y la FGJCDMX “por detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo”.

Del mismo modo, emitió una recomendación por un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presuntamente a manos del Ejército en agosto de 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero.

Este gráfico demuestra que la CNDH ha seguido documentando casos de desapariciones con la presunta participación de agentes del Estado:

“Que la CNDH diga que no hay una crisis de desapariciones en México es vergonzoso. Hay 125,000 desaparecidos, ¿a partir de qué número sería una crisis para la CNDH? Si 125,000 desaparecidos no es una crisis de desaparecidos, si 72,000 cuerpos en espera de ser identificados no es una crisis, si 99 % de impunidad en desaparición no es una crisis, ¿qué es una crisis?”, dijo Jacobo Dayán a Animal Político.