Agentes del Estado mexicano sí participan en la desaparición de personas; el dicho de Sheinbaum es engañoso
Para entender mejor
En su conferencia de prensa del 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las desapariciones en México “están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos” y negó que el Estado mexicano participe en este delito. Sin embargo, su afirmación es engañosa.
Aunque existe la desaparición cometida por particulares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), medios de comunicación y organizaciones civiles han documentado casos en los que servidores públicos participan en la desaparición forzada de personas en los últimos años.
La declaración de la presidenta Sheinbaum ocurrió después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la activación del artículo 34 a México, mediante el cual inicia un proceso para determinar si las desapariciones que ocurren en México pueden considerarse generalizadas o sistemáticas.
Permiso para matar
La investigación Permiso para matar, una investigación de Animal Político dirigida por Daniel Moreno en colaboración con Paris Martinez y Jacobo Dayán; documentó un patrón de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, federales y estatales, contra 1,524 víctimas inocentes o indefensas durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Estas personas no tenían vínculos con el crimen organizado ni eran objeto de investigaciones, pero fueron atacadas por mostrar actitudes consideradas “sospechosas”, como parecer nerviosas, usar cierta ropa o no detenerse ante un retén.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes, personas marginadas o estigmatizadas, fueron asesinadas o desaparecidas de manera arbitraria. La investigación revela que estos no son casos aislados o errores de “manzanas podridas”, sino una violencia sistemática e impune ejercida por el Estado como parte de su política de seguridad.
“Los últimos tres gobiernos -que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México- tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas”, escribe Daniel Moreno.
La investigación completa está disponible en este micrositio, donde podrás acceder a los testimonios y descargar la base de datos utilizada para su elaboración.
Gobierno niega desapariciones por parte del Estado
Desde abril de este año, tanto Morena como legisladores del partido, incluso la CNDH, rechazaron la declaración de un comité de la ONU. Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impugnó las afirmaciones del Comité de Naciones Unidas.
El principal argumento del gobierno es que no existe una orden desde el Estado, ni de parte de la presidenta Sheinbaum, para cometer desapariciones forzadas.
La desaparición forzada es un delito que implica la privación de la libertad de una persona, cometida por agentes del Estado o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a informar sobre el paradero de la víctima.
Así lo establecen tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que coinciden en que este crimen impide a la persona ejercer recursos legales y garantías procesales, y convierte al Estado en responsable, ya sea por acción directa o por omisión.
Mientras, la Ley General también considera que el delito de desaparición por particulares es cometida por civiles con el fin de privar de la libertad a una persona y ocultar su paradero.
De acuerdo con Red Lupa, es necesario un análisis sobre si las desapariciones cometidas por particulares son consecuencia de la participación o desprotección de las autoridades.
“Se desconoce cuántas personas fueron desaparecidas por autoridades o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia, ni si fueron desaparecidas por integrantes de organizaciones criminales o por personas particulares, sin dicha autorización, apoyo o aquiescencia”, destaca Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Crisis de desapariciones en distintos gobiernos
El Comité de la ONU se ha referido a una problemática en la que agentes estatales a nivel federal, estatal y municipal han cometido o permitido que ocurran desapariciones forzadas desde sexenios pasados, sin que hasta ahora el Estado mexicano tenga una respuesta adecuada para prevenir los casos y que se haga justicia en los crímenes ya cometidos.
En este texto te contamos que en los últimos nueve años se sumaron 66,000 casos al Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL), y en ese lapso solo se contabilizaron 373 condenas contra responsables. La gran mayoría de los casos sigue impune.
En la respuesta con folio 330024624001678 de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre 697 carpetas de investigación por desaparición forzada, entre 2019 y 2023, años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está respondiendo de manera que me parece de mala fe, diciendo que ellos creen que si no ordenaron la desaparición es que no hay desapariciones forzadas”, refiere Jacobo Dayán, especialista en temas de derechos humanos, en entrevista con El Sabueso.
“Y eso es no entender qué es una desaparición forzada. El artículo segundo de la Convención de Desapariciones habla de que hay desaparición forzada cuando lo hace el Estado o lo hacen particulares, es decir, en este caso, el crimen organizado, con el apoyo, la colaboración o la aquiescencia del Estado. Y el Estado mexicano, en todos los casos, opera por acción o por omisión en contubernio con el crimen organizado”, agrega.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincide en que “existen múltiples casos de desaparición, exhaustivamente documentados, en los que participan por activa o por pasiva, incluso mediante su aquiescencia, policías municipales, policías estatales, ministeriales, militares, marinos, siendo por ello desapariciones forzadas”.
Al apuntar que las desapariciones ocurren en condiciones de generalidad y sistematicidad, agrega, el Comité de la ONU no ha afirmado que exista una “política de Estado” para desaparecer personas.
“Detrás de esta respuesta inicial está, sin duda, la perspectiva de una coalición política que opta por mantener la narrativa de la transformación antes que asumir la realidad de la continuada crisis de desapariciones”, explica.
En un comunicado, la organización México Unido Contra la Delincuencia condenó la postura de negación y minimización expresada por el Estado mexicano sobre la crisis de desaparición forzada en México frente a la activación del artículo 34 e hizo un llamado a que el “Estado mexicano tome en serio las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada”.
“Esta medida, impulsada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) es crucial para avanzar en la atención y esclarecimiento de más de 133,000 casos de desaparición y no localización en territorio nacional.
“Se trata de una respuesta objetiva y necesaria ante la gravedad sobredocumentada, que se refleja en que México concentra 35 % del total mundial de solicitudes de acción urgente ante el Comité, derivado de la falta de acción y fallas estructurales de las autoridades estatales y federales”, señaló la organización.
Observaciones sobre la crisis de desaparecidos
El Centro Prodh recordó que desde sexenios pasados el Comité CED de la ONU señaló la crisis de desapariciones en el país, pero gobiernos de diferentes partidos han ignorado las recomendaciones.
“Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y, tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa ‘Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones’, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades”, apuntó.
“Pero el Estado mexicano ignoró estas recomendaciones. Durante la administración peñanietista se respondió agresivamente a las observaciones del Comité. Después, durante el gobierno obradorista, tras un diálogo constructivo inicial, el sexenio culminó con un claro desdén al Comité y sus recomendaciones”, agregó.
En el presente sexenio, refirió también el Centro Prodh, “estas visiones se han perpetuado, pues el gobierno actual apostó por dar una inmerecida continuidad al equipo y a las visiones que con un lamentable desempeño predominaron los últimos dos años del pasado sexenio, caracterizadas por negar la existencia de una crisis de desapariciones y por reducir esta tragedia a un problema de percepción y cifras”.
La CNDH también ha documentado estos casos
En agosto de 2023, por ejemplo, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves cometidas por la Guardia Nacional, la SSC-CDMX y la FGJCDMX “por detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo”.
Del mismo modo, emitió una recomendación por un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presuntamente a manos del Ejército en agosto de 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero.
Este gráfico demuestra que la CNDH ha seguido documentando casos de desapariciones con la presunta participación de agentes del Estado:
“Que la CNDH diga que no hay una crisis de desapariciones en México es vergonzoso. Hay 125,000 desaparecidos, ¿a partir de qué número sería una crisis para la CNDH? Si 125,000 desaparecidos no es una crisis de desaparecidos, si 72,000 cuerpos en espera de ser identificados no es una crisis, si 99 % de impunidad en desaparición no es una crisis, ¿qué es una crisis?”, dijo Jacobo Dayán a Animal Político.
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Autoridades federales dijeron que los disparos del agente del ICE fueron en defensa propia, mientras que las locales consideron los hechos commo una acción injustificada.
La mujer que murió este miércoles en la ciudad de Minneapolis por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años.
Good, madre de tres hijos, murió durante un operativo de ICE contra la migración irregular.
La mujer era ciudadana estadounidense, según le dijeron dos fuentes federales a la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos.
De momento se desconoce la identidad del agente que la mató.
El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.
Las autoridades federales aseguran que los disparos del agente contra Good fueron en defensa propia, mientras que las de Minneapolis y el estado de Minnesota consideran que el agente disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida.
“Un ser humano increíble”
La madre de Good, Donna Granger, identificó públicamente a su hija unas horas después del tiroteo mortal, describiéndola como “una de las personas más amables” que ha conocido.
“Era extremadamente compasiva. Durante toda su vida se preocupó por la gente. Era amorosa, tolerante y afectuosa. Era un ser humano increíble”, le dijo Granger al diario The Minnesota Star Tribune.
Granger expresó incredulidad ante las circunstancias de la muerte de su hija. “Fue algo tan estúpido”, le declaró al medio local. “Probablemente estaba aterrorizada”.
Según su madre, Good residía junto a su pareja en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, algo que confirmaron en una declaración conjunta varios miembros del Concejo Municipal.
En lo que parece ser la cuenta de Instagram de Good, que ahora es privada, los medios estadounidenses afirman que ella se describía a sí misma como una “poeta, escritora, esposa y madre” que estaba “disfrutando de Minneapolis”.
Oriunda de Colorado Springs, se había mudado a Minneapolis el año pasado desde Kansas City.
El Minnesota Star Tribune informa que solía presentar un podcast con su segundo marido, Tim Macklin, pero que él falleció en 2023. Tuvieron un hijo juntos, que ahora tiene 6 años, según declaró el padre de Macklin al periódico.
Good tuvo otros dos hijos con su primer esposo, que habló con los medios estadounidenses con la condición de que no revelaran su nombre. Él afirmó que Good no era activista, sino una cristiana devota que había viajado a Irlanda del Norte en misiones juveniles cuando era más joven.
Según la agencia de noticias AP, anteriormente había trabajado como asistente dental y en una cooperativa de crédito, pero en los últimos años era ama de casa.
Good estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, y en 2020 ganó un premio para estudiantes universitarios de la Academia de Poetas Estadounidenses.
“Cuando no está escribiendo, leyendo o hablando sobre escritura, ve maratones de películas y hace arte con su hija y sus dos hijos”, reza la biografía del premio, según citan los medios estadounidenses. Ahora, aparentemente, el texto ha sido eliminado de la página web.
Good se graduó ese mismo año en la Facultad de Artes y Letras de la universidad con una licenciatura en inglés.
En un comunicado, su presidente afirmó que su repentina muerte “es otro claro ejemplo de que, lamentablemente, el miedo y la violencia se han convertido en algo habitual en nuestro país”.
“Ojalá la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: la libertad, el amor y la paz”, escribió Brian Hemphill, presidente de la Universidad Old Dominion.
Videos del momento
Videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales muestran desde varios ángulos el vehículo en el que viajaba la mujer bloqueando parcialmente una calle en el momento en que se aproximan los agentes migratorios.
Estos tratan de abrir la puerta de la conductora, que aparentemente trata de huir acelerando a la derecha.
Uno de los agentes, que intentaba bloquear el paso del vehículo, respondió con varios disparos hacia el asiento de la conductora, cuyo auto acabó fuera de control y empotrado contra otro que se encontraba estacionado.
Los videos no dejan claro hasta qué punto el vehículo en marcha llegó a tocar al agente.
Tras el incidente se concentraron cientos de manifestantes en el lugar, ubicado cerca de algunos de los negocios de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a menos de 2 kilómetros del lugar donde George Floyd murió a manos de la policía en 2020.
“Algo horrible de ver”
El presidente Donald Trump declaró que las imágenes son “algo horrible de ver” y alegó que la conductora se comportaba de forma “muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba de visita en Texas, describió el incidente como un “acto de terrorismo doméstico” contra el servicio migratorio.
Según su versión, la conductora intentó atropellar a los agentes y los embistió con su vehículo, lo que llevó a uno de ellos a disparar “para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban”.
Esa caracterización fue duramente rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien calificó la versión del gobierno federal de “basura”.
Frey condenó el despliegue de más de 2.000 agentes federales en las áreas metropolitanas de Minneapolis y St. Paul como parte de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.
“Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza”, afirmó el alcalde, quien pidió a los agentes migratorios abandonar la ciudad usando un lenguaje explícito.
Tras asegurar que había visto los videos del incidente, Frey subrayó que no se trata de un caso de defensa propia.
“Asesinato público”
La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez también condenó el incidente, tachándolo de “asesinato público”.
Se ha iniciado una investigación sobre el tiroteo, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, acusó a los agentes federales que estaban tocando el vehículo de haber podido afectar la escena.
La muerte de la mujer de 37 años es, según los datos disponibles, el quinto fallecimiento vinculado a operativos migratorios recientes en grandes ciudades del país.
El área de las Twin Cities (Minneapolis y St. Paul) se encontraba en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el martes el inicio del operativo, relacionado en parte con presuntas irregularidades y fraudes que implicarían a residentes somalíes.
Kristi Noem confirmó que se han realizado “cientos y cientos” de arrestos en el marco de esta campaña.
*Con reportería e información adicional de Tiffany Wertheimer, periodista de BBC News.
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