¿En CDMX se logró cero impunidad en feminicidios? Dichos falsos y engañosos de Sheinbaum en debate 2024
Primera parte de las verificaciones del debate presidencial del 7 de abril
La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, usó en el primer debate presidencial rumbo a la elección de 2024 datos falsos y engañosos sobre reducción de feminicidios, impunidad, observaciones de la Auditoría y salud.
También recurrió a datos que no se pueden probar, como el de los “buenos resultados” de las dos universidades que creó en la Ciudad de México.
Frase: “Los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40 por ciento”
Calificación: Falso.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, se registraron 919 víctimas de feminicidio en el país.
Mientras que en 2023, último año del que se tienen cifras completas, se contabilizaron 850. Eso arroja una reducción de 7.5%, no del 40% que mencionó la aspirante presidencial.
El equipo de la candidata respondió que su fuente del dato de 40% era una gráfica de la Secretaría de Seguridad, pero en ella se hace una comparación engañosa de diciembre 2018 con febrero de 2024. Solo compararon dos meses, no años.
Esa forma de comparación oculta, entre otros aspectos, que en 2021 se dio un pico de 1,018 feminicidios, la cifra anual más alta de la que se tiene registro desde 2015.
En el caso de la Ciudad de México, en 2018 el dato del Secretariado fue de 47 feminicidios, y en 2023 de 61. Eso arroja un aumento de 29% solo en la CDMX.
Frase: “Durante mi gestión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es autónoma, creó la Fiscalía Antifeminicidios. Gracias a eso, en la Ciudad de México feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado. Es decir, cero impunidad en feminicidios, gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados”
Calificación: Falso
Como te contamos en esta nota, no hay datos oficiales que respalden ese dicho de Sheinbaum.
De 2019 a septiembre de 2023 se contabilizaron 349 feminicidios en la capital, y en el mismo lapso -según la respuesta de transparencia más reciente que se halló del Tribunal Superior de Justicia capitalino- se dieron 144 sentencias.
En noviembre pasado, aún como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, la ahora candidata al Senado Ernestina Godoy mostró un gráfico en el que destacó el incremento de detenciones y vinculaciones a proceso, es decir, agresores presentados ante los jueces.
Presumió que entre enero y octubre de 2022 habían sido vinculadas a proceso 57 personas que presuntamente cometieron feminicidio, mientras que en 2023 en el mismo periodo habían sido 103.
Esto aunque en Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes, Animal Político documentó cómo el solo hecho de encarcelar personas o vincularlas a proceso no garantiza justicia.
Además Godoy mostró el dato de que en los periodos enero-octubre entre 2019 y 2023 se habían contabilizado 133 sentencias por feminicidio, sin especificar en qué fecha ocurrieron los crímenes.
Y en el mismo lapso que refirió se habían registrado 303 feminicidios. No se había logrado “cero impunidad”. Fueron más los asesinatos que las sentencias.
De hecho este año el estudio Hallazgos, Evaluación de la justicia penal en Ciudad de México, de la organización México Evalúa, concluyó que ningún feminicidio cometido en 2022 había sido resuelto con sentencia, por lo que el nivel de impunidad ese año fue del 100%.
Frase: “Esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad en la República que tuviera esta calificación”
Calificación: Engañoso
En 2022, en efecto, el Gobierno de la Ciudad de México no tuvo observaciones por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y ese año fue el único gobierno estatal en lograrlo y fue el único estado que tuvo este logro.
Sin embargo, había que agregar que esto solo ocurrió en 2022. El Gobierno de la Ciudad de México aún no ha aclarado en qué gastó 7 mil 771 millones de pesos de 2019 a 2021, durante la gestión de la candidata, como arrojan los datos del Sistema Público de Auditorías de la ASF.
En contraste, Sheinbaum criticó la gestión de su predecesor, Miguel Ángel Mancera, pero éste tampoco tuvo montos por aclarar durante cuatro años de su gestión. En 2013 y de 2015 a 2017, como indican los datos concentrados por la ASF.
El 2019 fue el año con mayor monto por aclarar: 7 mil 692 millones de pesos. Una de las auditorías correspondió a “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”. Sólo de ésta, el gobierno no pudo comprobar en qué gastó 2 mil 695 millones de pesos, lo que corresponde a 91% del universo total.
Entre las irregularidades que menciona la Auditoría está que el Gobierno de la Ciudad de México “se identificó que no se remitieron los auxiliares y pólizas contables de ingresos con su documentación soporte; de igual forma se detectó la remisión parcial de los estados de cuenta bancarios; de los recibos oficiales; de la relación de intereses ganados y transferidos; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma completa”.
La otra auditoría corresponde a la “Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México”. La Auditoría determinó, incluso, un “probable daño al erario” por 31 millones de pesos debido a “trabajos que no cumplieron con la calidad establecida en el proyecto ejecutivo y sus especificaciones” en el sistema de captación pluvial en obras subterráneas”.
Frase: “Quiero darles una gráfica que es bastante reveladora del llamado Seguro Popular, que se implementó durante varios años en nuestro país. Ésta es una gráfica de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, tomada en 2015 y en 2023. La pregunta es, a la ciudadanía: “¿qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud?”. En el caso del Seguro Popular, solamente el 47 por ciento se sentía satisfecho. En el caso del IMSS Bienestar, el 57.9 por ciento se siente satisfecho. Es decir, vamos por buen camino”.
Calificación: Engañoso
Los números coinciden con los datos de la encuesta del INEGI que mencionó la candidata, de satisfacción con dichos servicios de salud en 2015 y 2023.
Aunque omitió señalar que se trata de servicios distintos.
El IMSS-Bienestar evaluado era antes IMSS Prospera y atendía en 2023 a unas 11.5 millones de personas sin seguridad social.
Mientras que entre el 2014 y el 2016 el Seguro Popular alcanzó entre 57.3 millones y 54.9 millones de beneficiarios, respectivamente.
Actualmente IMSS-Bienestar, tras la desaparición del INSABI, se convirtió en la principal estrategia del gobierno federal para atender a la población sin seguridad social, que se calcula en más de 50 millones de personas, aunque inicialmente solo lo estados gobernados por Morena aceptaron este sistema.
Y finalmente, como te explicamos en esta nota, más allá de la encuesta de satisfacción que mostró la candidata está el dato de que la falta de acceso a los servicios aumentó en más de 30 millones de personas.
Esto al pasar de 20.1 a 50.4 millones con esa situación entre 2018 y 2022, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Coneval.
Frase: “Cuando fui Jefa de Gobierno, hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y con excelentes resultados”
Calificación: No se puede probar
La Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud fueron efectivamente creadas por el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México, pero aún es muy pronto para hablar de “excelentes resultados”. La segunda, por ejemplo, no tiene todavía estudiantes egresados.
De la Universidad Rosario Castellanos suman 3 mil 52 estudiantes egresados y 130 titulados de la primera generación, es decir, de 2019 y otros años.
Mientras que “la Universidad de la Salud aún no tiene estudiantes egresados ya que es una institución de nueva creación y aún no se cumple el tiempo establecido para reportar la primera generación de egresados”, respondió la institución en la solicitud de información con folio 092728323000340.
Además, el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2020 reportó observaciones a ambas instituciones de educación superior.
Ni la Universidad de la Salud, ni el entonces Instituto Rosario Castellanos establecieron “controles para supervisar las actividades susceptibles de corrupción”, se lee en la auditoría.
Sheinbaum ha dicho que estas universidades son para que no haya estudiantes rechazados. Pero Plan General de Trabajo 2023-2027 de la Universidad de la Salud reconoce que para el Ciclo Escolar 2023-2024 se registraron 15 mil 893 aspirantes al Programa Autogestivo de Apoyo al Ingreso (PAAI), de los cuales 32% lo concluyeron y equivalen a 5 mil 113 personas, así que no todas ingresaron a las licenciaturas.
“3,850 de los aplicantes solicitó su ingreso a la Licenciatura de Medicina y 1,263 a Enfermería. De los aplicantes a la Licenciatura de Medicina, únicamente ingresó el 12% (202 hombres y 298 mujeres); a la Licenciatura de Enfermería ingresó solo el 39% de quienes concluyeron el PAAI (98 hombres y 402 mujeres)”, dice el informe.
Otra de las afirmaciones de Sheinbaum al hablar de ambas universidades es que 50 mil jóvenes van a la universidad gratuitamente, que antes no iban. Al respecto, El Sabueso solicitó la fuente al equipo de la candidata y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei), de la que dependen estas instituciones, pero al momento de la publicación no obtuvo respuesta.
Frase: “En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública”
Calificación: Verdadero
El Sabueso analizó datos del Padrón de beneficiarios de Mi Beca para Empezar desde 2019 al 2023 y en cada uno de ellos el número de beneficiarios superó la matrícula que registra la Secretaría de Educación Pública (SEP) de educación básica a nivel preescolar, primaria y secundaria, en la capital del país.
La razón por la cual el padrón de beneficiarios supera a la matrícula registrada por la SEP es que “hay muchos alumnos que si bien están matriculados en escuelas del Edomex viven en la Ciudad de México”, dijo a El Sabueso el Dr. Cristian Solórzano, Coordinador de la Oficina de Apoyo a Proyectos Institucionales de El Colegio de México.
En el ciclo escolar del 2019-2020 los beneficiarios de acuerdo con el Padrón de beneficiarios del apoyo fueron 1.3 millones; mientras que los matriculados de la SEP fueron 1.2 millones; para el ciclo escolar 2021-2022 fueron 1.2 millones de beneficiarios y 1.1 alumnos matriculados por la SEP.
Por tanto, el dicho de Sheinbaum es verdadero.
Frase: “La Ciudad de México es de las pocas entidades que se ha aprobado la Ley Vicaria”
Calificación: Verdadero
En noviembre de 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia vicaria.
La violencia vicaria es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato u otro tipo que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza.
Esto ocurrió siete meses después de que Zacatecas se convirtió en el primer estado del país en aprobar la tipificación de la violencia vicaria como parte de su Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de sus códigos locales familiar y penal.
También puedes leer: Zacatecas, el primer estado que tipifica la violencia vicaria en México; la CNDH analiza 150 casos
Frase: “El mayor nivel de empleo formal en la historia de México”
Calificación: Verdadero
Cifras reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) demuestran que el país sí ha alcanzado el mayor nivel de empleo formal, como mencionó Claudia Sheinbaum.
Los empleos formales totales registrados en diciembre de 2018 fueron de 20 millones 79 mil 365.
En octubre de 2023, con 22 millones 302 mil 690 puestos de trabajo, se tuvo la cifra máxima desde que se tenía registro.
Mientras que en noviembre del mismo año, el IMSS señaló que rompió otro récord con 22 millones 409 mil 268 empleos.
Al 31 de marzo de 2024, se tienen registrados 22 millones 289 mil 345 puestos de trabajo.
Aunque, por otro lado, un 54.8% de la población ocupada en el país se encontraba en la informalidad, es decir, 32.5 millones de personas, según el INEGI.
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Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
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