Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hizo afirmaciones engañosas durante la presentación de un informe en la conferencia matutina sobre los “Excesos en el Poder Judicial” de la Federación, y acusó a sus integrantes de afectar la justicia y generar impunidad.
Rodríguez habló sobre las personas privadas de la libertad que no han recibido sentencia, nepotismo, salarios y prestaciones, entre otros temas. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum también tuvo una mención discutible.
En El Sabueso verificamos las siguientes frases:
Frase: “(Integrantes del Poder Judicial) Han retrasado la emisión de sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia. Algunos ejemplos son en el caso de personas privadas de la libertad … un total de 6 mil 97 no han recibido sentencia, más de 28%”
Calificación: Engañoso
Rosa Icela Rodríguez criticó la cantidad de personas que están presas sin sentencia en centros federales, a pesar de que este año diputados de Morena aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen para reformar el artículo 19 de la Constitución y, con ello, ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México, además de poner un candado para que ni los jueces ni la SCJN eviten que esta medida cautelar sea aplicada.
El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de septiembre de 2024 muestra que existen 21 mil 94 personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales, de los cuales 5 mil 605 se encuentran sin sentencia, es decir el 26%.
Datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal revelan que, al cierre de 2023, había 233 mil 277 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y centros especializados, 91.1% en el ámbito estatal y 8.9% en el federal. Del total de población privada de la libertad sin sentencia, 44.3% habían sido recluidas con prisión preventiva oficiosa.
Otro punto es que la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena se centra en la elección por voto popular, en reducir cargos y salarios o en sustituir organismos, pero no en acciones dirigidas a investigar y perseguir el delito, atender a víctimas, brindar mejores opciones de defensa gratuita, o estrategias de prevención.
Es decir, no se detallan mecanismos para eficientar la justicia, a favor de personas recluidas sin sentencia.
“Necesitamos la reconstrucción de las fiscalías, por un lado, porque ahí está el primer y más importante motor de la impunidad: la incompetencia para perseguir e investigar los delitos; si las fiscalías no tienen desempeño profesional y rinden cuentas, jamás vamos a tener una reducción de impunidad. Otra cosa diferente es el Poder Judicial, que no investiga delitos, no persigue delincuentes, está para hacer valer la Constitución”, explica Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Frase: “Y qué decir del tema del nepotismo, donde en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir, 49%, equivalente a 24 mil 546 personas del Poder Judicial, tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder”
Calificación: Engañoso
Aunque es cierto que el Poder Judicial de la Federación identificó en 2022 que 49% del personal tenía al menos un familiar trabajando para esa instancia, esta proporción se redujo en 2024 casi 12 puntos porcentuales.
En el documento “Reforma Integral al Sistema de Justicia en México”, presentado por la Ministra Norma Piña, se demuestra que 49% de las y los servidores públicos tenían al menos un familiar en el PJF en 2022. Sin embargo, la cifra bajó a 37% para 2024.
La reforma judicial no considera medidas para impedir el nepotismo dentro del PJF y, por el contrario, abre la posibilidad para que continúe esta práctica, mencionan especialistas.
Además, en su crítica Rosa Icela Rodríguez omitió mencionar las sanciones y acciones realizadas por el Consejo de la Judicatura para atender el nepotismo.
Y está el contexto de que el gobierno del expresidente López Obrador y el partido Morena también han sido señalados por nepotismo. En 2020 se conoció que al menos 18 delegados de programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, habían sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, por lo que eran investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Animal Político documentó en 2022 cómo al menos ocho excompañeros de escuela de Gonzalo López Beltrán, uno de los cuatro hijos del presidente López Obrador, consiguieron su primer empleo en gobierno pese a no cumplir con el perfil requerido para los puestos.
Frase: “En agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marko Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso”
Calificación: Engañoso
Es cierto que la SCJN admitió un recurso del dirigente panista Marko Cortés para que la Corte revisara los criterios de asignación de legisladores plurinominales; sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) era la única autoridad facultada para revisar la asignación de plurinominales.
El ministro Alcántara Carrancá precisó que estudiaría a fondo el recurso pues, en efecto, la SCJN puede conocer del asunto, ya que tiene facultad para definir en última instancia la debida interpretación de las leyes electorales. Sin embargo, aclaró que lo que resolviera la SCJN no sería con fines retroactivos, y no tendría efectos en el proceso electoral de 2024.
“De conformidad con el artículo 99, fracción I de la Constitución y del diverso 62 de la Ley de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda de que yo seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano debe asumir, en este sentido, la responsabilidad que la Constitución le confiere”, señaló González Alcántara.
En este texto, especialistas explicaron que admitir recursos sólo implica que alguien del Pleno de la SCJN decida si procede o no un recurso, pero no se pronuncian sobre el fondo del mismo.
Frase: “El salario de los ministros contempla todo esto que está aquí y alcanza un ministro de la Corte un salario de 792 mil 256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, las precisiones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado”
Calificación: Engañoso
La secretaria de Gobernación presentó una lista de los supuestos conceptos que integran el “salario” de las personas ministras de la Corte:
Sin embargo, cada persona ministra percibe anualmente 3 millones 793 mil 644 pesos, según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación 2024. Esto equivale a 316 mil 137 pesos mensuales, y no los 793 mil que refirió Rodríguez.
Este sueldo incluye salario anual de 2 millones 483 mil 376 pesos, 445 mil 334 pesos por concepto de aguinaldo y prima vacacional, y 416 mil 754 de pago por riesgo.
Un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2022 mostró que en el caso de ministras y ministros su salario mensual neto integrado (incluyendo aguinaldo, prima vacacional, medidas de protección al salario) era de 284 mil 500 pesos, como te contamos en este texto.
A principios de este año, la ministra Lenia Batres difundió la devolución de 82 mil 963 pesos de su salario para que su ingreso no superará al del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Para 2023, el salario mensual del presidente era de 155 mil 583.12 pesos, mientras que según el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año, los ministros tenían un ingreso neto de 311 mil 166.25 pesos al mes.
Y si bien es cierto que las y los ministros reciben un seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado y estímulo de antigüedad, estas prestaciones forman parte de las condiciones generales de trabajo de la SCJN, y también son otorgadas a otras trabajadoras y trabajadores.
No se ubicó un documento oficial reciente donde se establezca un pago mensual por viáticos para restaurantes de lujo, apoyo de gasolina y apoyo para vehículo blindado.
Sin embargo, la SCJN sí tiene un contrato por 95 millones 477 mil pesos para vehículos terrestres con la empresa Integra Arrenda S.A. de C.V. Este contrato incluye el arrendamiento de vehículos para el personal de la SCJN y CJF, pero no es sólo para uso de las y los ministros.
Y aunque las y los ministros sí utilizan automóviles proporcionados por la institución, no hay registro de la cifra de 250 mil pesos mensuales por apoyo de vehículo.
Frase: “Otra, son los procesos viciados en la selección de jueces donde se dan venta de exámenes y se han documentado casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial, donde se han vendido los exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos”
Calificación: Engañoso
Es cierto que se registró la venta de exámenes de oposición para jueces hasta por 186 mil pesos, pero esto sucedió en el 28 Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito en 2018, y sus responsables fueron sancionados.
En 2018, el director de Informática del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), José Alfredo Sánchez López, el magistrado Salvador Mondragón Reyes y 12 funcionarios públicos, así como un particular estuvieron involucrados en la compra-venta de las preguntas y respuestas del examen para jueces de distrito, de acuerdo con Reforma.
Las preguntas fueron ofrecidas entre 25 mil, 50 mil y hasta 186 mil pesos. Sin embargo, el CJF anuló el examen de ese año debido a la venta de preguntas y sancionó con la inhabilitación por 10 años a Mondragón Reyes y aplicó penas equivalentes a su participación para los demás involucrados.
Frase: “No puede haber juicio de amparo —el juicio de amparo es improcedente— con todas sus letras, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
Calificación: Discutible
En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que un juicio de amparo es improcedente contra reformas constitucionales.
Sin embargo, en la conferencia matutina de juezas, jueces, magistradas y magistrados federales que integran el colectivo Artículo 41 refirieron que se deben tomar en cuenta dos puntos.
Primero, que el artículo 61 es parte de una ley secundaria, no de la Constitución. Segundo, que como viene de la reforma a la Ley de Amparo en 2013, no existe una jurisprudencia definitiva. Y tercero, que en los juicios de amparo se está debatiendo la constitucionalidad del artículo 61.
Martha Magaña López, jueza del Quinto Distrito en Morelos, sostuvo en su cuenta de X que ese artículo puede inaplicarse por una jueza federal, como la jueza Nancy Juárez Salas, por considerarlo inconstitucional, o porque ese argumento de que es inconstitucional sea parte de los planteamientos de los propios quejosos. Esto implica que será hasta la sentencia que se analice el tema.
Frase: “Con todas las personas que cumplan con requisitos y consideren idóneas para ocupar el cargo, se realizará una insaculación para fin de definir a diez por cargo a ocupar”
Calificación: Engañoso
En una columna este lunes 21 de octubre en El Universal, Lenia Batres publicó el texto La reforma va, en el que afirmó que la insaculación será usada por los Comités de Evaluación como método para definir las listas de 10 candidatos por cada cargo.
En cambio, con la reforma judicial, el artículo 96 constitucional establece que los Comités de Evaluación revisarán los perfiles y elegirán los más idóneos para integrar listados con las personas mejor evaluadas y, posteriormente, harán una insaculación para ajustar de 10 a tres personas para cada cargo a elegirse para la SCJN, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral; y de seis personas a dos en el caso de magistraturas y juzgados.
Una vez realizado lo anterior, los Comités de Evaluación entregarán los listados a los representantes de cada Poder de la Unión.
Además, en sus redes sociales, los abogados Luis Eliud Tapia y Melissa Ayala cuestionaron que si el proceso se realiza como lo describe la ministra, los Comités de Evaluación simplemente se limitarían a ingresar los currículos a una tómbola para que el azar decidiera y, entonces, quienes tomarían la verdadera decisión de a quién postular serían los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cosa que no se establece en la ley.
En estas elecciones que él mismo tildó de “las más importantes de la historia del país”, los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Este martes Donald Trump no solo competía por la presidencia de Estados Unidos. Los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Ahora que Trump logró un contundente triunfo ante Kamala Harris que le permite un épico regreso a la presidencia de Estados Unidos, los analistas adelantan que esto probablemente resultará en la desestimación de los dos casos penales federales que enfrenta, el congelamiento de los casos penales estatales hasta que deje el cargo y retrasos adicionales en sus diversos procesos civiles pendientes.
A continuación te explicamos cuál es el panorama de las cuatro causas penales que enfrenta y cuál es su evolución más probable.
Es un caso estatal y el más urgente.
En mayo un jurado popular declaró a Trump culpable de los 34 delitos que se le imputaban por falsificar registros contables para encubrir el pago de un soborno por US$130.000 a la actriz de cine porno Stephanie Cliffords, conocida como Stormy Daniels, con fines electorales, ante la campaña para las presidenciales de 2016.
Fue por unanimidad, como se requería para alcanzar el veredicto. Y así, Trump se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. condenado en un juicio penal.
La sentencia estaba inicialmente prevista para el 11 de julio, pero tras el fallo con el que Tribunal Supremo concedió una amplia inmunidad penal a los presidentes por sus actos oficiales, el juez Juan Merchán, del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, les dio plazo a las partes para presentar alegaciones y fijó una nueva fecha: 18 de septiembre.
Pero Trump pidió que la sentencia se retrasase, alegando que un fallo tan cercano a la cita en las urnas sería una forma de interferencia electoral. Merchán se lo concedió, estableciendo como fecha última el 26 de noviembre.
La falsificación de registros comerciales puede castigarse con hasta cuatro años de cárcel, aunque en el caso de Trump los expertos en leyes no se ponen de acuerdo sobre el desenlace más probable.
Algunos apuntan a que el juez Merchán podría dictar una pena de prisión por las especificidades de su caso, como que Trump fue hallado en desacato 10 veces y el objetivo del pago fue influir en unas elecciones.
Otros aseguran que lo más probable es que imponga una condena leve o vuelva a retrasar la fecha de la sentencia hasta después de que Trump dejase la Casa Blanca.
“Si gana las elecciones, no habrá una sentencia significativa”, le dijo hace unas semanas Karen Friedman Agnifilo, quien fue jefa de la división de juicios del fiscal de distrito de Manhattan, a la cadena estadounidense ABC.
“Un presidente en ejercicio no se vería obligado a ingresar en la cárcel, por lo que en teoría, si es condenado a prisión, podría cumplirlo una vez dejado el cargo”, le dijo a ese mismo medio Jeffrey Cohen, profesor de Derecho del Boston College.
Es un caso federal. Lo está llevando el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Washington.
Desde 2020 Trump sostiene que le robaron aquellas elecciones ganadas por Joe Biden, pero el fiscal especial Jack Smith, nombrado específicamente por el Departamento de Justicia, no lo acusa por esa afirmación que se ha probado sin fundamento.
La acusación se centra en sus presuntos esfuerzos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Biden.
Según el acta judicial que se hizo público en octubre, Smith acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
Si bien la “conspiración de Trump para permanecer en el cargo” comenzó el 13 de noviembre de 2020, dice el documento, él ya la venía preparando desde antes.
De acuerdo a la acusación, los esfuerzos de Trump para revertir el desenlace electoral de hace cuatro años incluyeron mentir a funcionarios estatales para inducirlos a ignorar los recuentos de votos y fabricar votos en siete estados en los que quiso cambiar el resultado: Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin y Nuevo México.
También lo señalan de intentar reclutar al entonces vicepresidente, Mike Pence, en su papel de presidente del Senado, para obstruir la certificación de la elección.
Además, la acusación responsabiliza al entonces presidente del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
“El acusado también sabía que solo le quedaba una última esperanza para impedir la certificación de Biden como presidente: la gran multitud enfurecida que tenía delante. Así que durante más de una hora, el acusado pronunció un discurso diseñado para enardecer a sus partidarios y motivarlos a marchar hacia el Capitolio”, se lee en el acta publicada en octubre.
Trump se declaró inocente de los cargos.
Han pasado 15 meses de ello y, tras múltiples retrasos por las maniobras dilatorias de la defensa, no hay una fecha fijada para el juicio.
La jueza de distrito Tanya Chutkan está considerando cómo debe proceder el caso a la luz del fallo de julio del Supremo sobre la inmunidad de Trump. Mientras, ha establecido fechas clave del procedimiento que van más allá de las elecciones. La siguiente es el 19 de diciembre.
El republicano prometió quitar del cargo al fiscal Smith si se alzaba con la victoria, aunque podría no tener que echar mano de esa carta, logrando que el Departamento de Justicia retire los cargos.
Y es que una antigua política de este departamento impide el procesamiento de un presidente en ejercicio, con lo que los casos federales en su contra podrían quedar en nada una vez asuma el cargo.
Si bien el fiscal Smith podría tratar de avanzar con el procesamiento en los dos meses que hay de las elecciones a la toma de posesión, los expertos creen que tiene pocas probabilidades de revivir el caso.
Los expertos concuerdan, pues, en que el caso terminaría diluyéndose. Lo que no está tan claro es la forma exacta en la que eso ocurriría.
Es el segundo caso penal federal que enfrenta Trump.
Trump está imputado por los documentos confidenciales que se llevó a Mar-a-Lago, su mansión de Palm Beach (Florida), y que retuvo allí tras dejar la presidencia, en enero de 2021.
El 8 de agosto de 2022 agentes del FBI recolectaron en la residencia más de 20 cajas que incluían más de un centenar de documentos marcados con distintos grados de clasificación: desde “confidencial” hasta “top secret“.
En total son más de 10.000 documentos que por ley pertenecen al gobierno de EE.UU., así como unas 90 carpetas vacías con marcas que indicaban que contenían material clasificado o que debían ser devueltas al personal de secretaría de la Casa Blanca o a un asistente militar.
Por ello, el republicano enfrenta siete cargos: uno en virtud de la Ley de Espionaje, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.
Sin embargo, desde que la jueza de distrito Aileen Cannon asumió el control del caso en junio de 2023, muchas de sus decisiones se han salido tanto de la norma que han avivado las preguntas sobre su favoritismo hacia Trump.
“Tenemos una jueza excelente en Florida. Es una jueza brillante. No la conozco. Nunca hablé con ella. Pero es valiente y brillante”, ha dicho de ella el propio acusado.
El 15 de julio la jueza Cannon dictaminó que el fiscal Smith fue nombrado de forma inconstitucional para el cargo y, tras desestimar los cargos, decidió archivar y dar por cerrado el procedimiento.
Ante ello, el fiscal Smith presentó un recurso ante un tribunal de apelaciones, argumentando que la jueza “pone en peligro la forma en la que el Departamento de Justicia funciona desde hace tiempo y pone en duda cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo”.
Sin embargo, los expertos adelantan que con Trump en la Casa Blanca, lo más probable es que el fiscal no tenga más remedio que retirar la apelación.
En caso de que decidiera proseguir, Smith tendría que lograr convencer al tribunal de Apelaciones de que revoque la decisión de la jueza Cannon y el equipo de Trump ya ha planteado una defensa construida sobre la inmunidad presidencial, que podría convertirse en la base de una futura apelación.
Como en el otro caso federal ya mencionado, Trump también podría conseguir que el Departamento de Justicia retire los cargos.
En este caso estatal Trump enfrenta —junto con otros acusados— cargos por conspirar para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, como parte de una trama mayor para mantenerse en la Casa Blanca.
Los fiscales presentaron originalmente 41 cargos contra 19 acusados en agosto de 2023.
Desde entonces, cuatro acusados se declararon culpables y el juez que está al frente del caso, Scott McAfee, del Tribunal Superior del condado de Fulton, anuló nueve de los cargos, aunque la mayor parte del auto de procesamiento sigue intacto.
La evidencia clave es la conversación telefónica de Trump con el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el republicano le pidió que “encontrara” los votos que necesitaba para imponerse en el estado.
El caso está en suspenso hasta diciembre, cuando un tribunal de apelaciones sopesará si se debe permitir a la fiscal de distrito Fani Willis y su equipo sigan liderando el caso.
Y es que Trump y otros acusados alegan que la relación personal de Willis con el fiscal especial Nathan Wade, a quien ella contrató para ayudar a llevar el caso, crea un conflicto de intereses. El juez McAfee optó por no descalificarla, pero el equipo de Trump apeló la decisión.
Los argumentos orales está programados para el 6 de diciembre.
Si el tribunal de apelaciones desestima la impugnación, esto podría allanar el camino para que el juez McAfee fije una fecha para el juicio. Aunque los expertos apuntan a que lo más probable es que el equipo de defensa lo apele en otras instancias, generando más retrasos.
Si, por el contrario, el tribunal decide que hay que retirar a la fiscal y su oficina del caso, eso también traería retrasos. Es que, para empezar, habría que buscar otro fiscal.
Los expertos aseguran que, a diferencia de los cargos de subversión electoral presentados por el fiscal especial Jack Smith, el caso de Willis estará aislado de cualquier posible intromisión de Trump.
Así, no podría perdonarse a sí mismo ni a sus aliados ante una condena a nivel estatal, ni quitar del cargo a los fiscales del condado de Fulton que presentaron los cargos.
En cualquier caso, los expertos prevén que el caso quedaría congelado mientras Trump sea presidente.
Durante una audiencia en diciembre del año pasado, cuando el juez McAfee le preguntó al abogado de Trump, Steve Sadow, cuándo podría enfrentar un juicio su cliente, este le respondió: “La respuesta a eso es que creo que bajo la cláusula de la supremacía y sus deberes como presidente de Estados Unidos, el juicio no podría tener lugar hasta después del fin de su mandato”.
“Lo más probable es que ambos casos penales estatales (el de Georgia y el de Stormy) se suspendan y se reanuden cuando expire su mandato”, le dijo Barbara McQuade, ex fiscal federal, al medio NBC News.
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