Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hizo afirmaciones engañosas durante la presentación de un informe en la conferencia matutina sobre los “Excesos en el Poder Judicial” de la Federación, y acusó a sus integrantes de afectar la justicia y generar impunidad.

Rodríguez habló sobre las personas privadas de la libertad que no han recibido sentencia, nepotismo, salarios y prestaciones, entre otros temas. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum también tuvo una mención discutible.

Sentencias, nepotismo y salarios altos, los dichos engañosos de Rosa Icela Rodríguez

Frase: “(Integrantes del Poder Judicial) Han retrasado la emisión de sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia. Algunos ejemplos son en el caso de personas privadas de la libertad … un total de 6 mil 97 no han recibido sentencia, más de 28%”

Rosa Icela Rodríguez criticó la cantidad de personas que están presas sin sentencia en centros federales, a pesar de que este año diputados de Morena aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen para reformar el artículo 19 de la Constitución y, con ello, ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México, además de poner un candado para que ni los jueces ni la SCJN eviten que esta medida cautelar sea aplicada.

El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de septiembre de 2024 muestra que existen 21 mil 94 personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales, de los cuales 5 mil 605 se encuentran sin sentencia, es decir el 26%. 

Otro punto es que la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena se centra en la elección por voto popular, en reducir cargos y salarios o en sustituir organismos, pero no en acciones dirigidas a investigar y perseguir el delito, atender a víctimas, brindar mejores opciones de defensa gratuita, o  estrategias de prevención. 

Es decir, no se detallan mecanismos para eficientar la justicia, a favor de personas recluidas sin sentencia.

Frase: “Y qué decir del tema del nepotismo, donde en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir, 49%, equivalente a 24 mil 546 personas del Poder Judicial, tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder”

Calificación: Engañoso

Aunque es cierto que el Poder Judicial de la Federación identificó en 2022 que 49% del personal tenía al menos un familiar trabajando para esa instancia, esta proporción se redujo en 2024 casi 12 puntos porcentuales.

En el documento “Reforma Integral al Sistema de Justicia en México”, presentado por la Ministra Norma Piña, se demuestra que 49% de las y los servidores públicos tenían al menos un familiar en el PJF en 2022. Sin embargo, la cifra bajó a 37% para 2024. 

La reforma judicial no considera medidas para impedir el nepotismo dentro del PJF y, por el contrario, abre la posibilidad para que continúe esta práctica, mencionan especialistas.

Además, en su crítica Rosa Icela Rodríguez omitió mencionar las sanciones y acciones realizadas por el Consejo de la Judicatura para atender el nepotismo.

Y está el contexto de que el gobierno del expresidente López Obrador y el partido Morena también han sido señalados por nepotismo. En 2020 se conoció que al menos 18 delegados de programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, habían sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, por lo que eran investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Animal Político documentó en 2022 cómo al menos ocho excompañeros de escuela de Gonzalo López Beltrán, uno de los cuatro hijos del presidente López Obrador, consiguieron su primer empleo en gobierno pese a no cumplir con el perfil requerido para los puestos.

Frase: “En agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marko Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso”

Calificación: Engañoso

Es cierto que la SCJN admitió un recurso del dirigente panista Marko Cortés para que la Corte revisara los criterios de asignación de legisladores plurinominales; sin embargo, el ministro  Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) era la única autoridad facultada para revisar la asignación de plurinominales.

El ministro Alcántara Carrancá precisó que estudiaría a fondo el recurso pues, en efecto, la SCJN puede conocer del asunto, ya que tiene facultad para definir en última instancia la debida interpretación de las leyes electorales. Sin embargo, aclaró que lo que resolviera la SCJN no sería con fines retroactivos, y no tendría efectos en el proceso electoral de 2024.

“De conformidad con el artículo 99, fracción I de la Constitución y del diverso 62 de la Ley de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda de que yo seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano debe asumir, en este sentido, la responsabilidad que la Constitución le confiere”, señaló González Alcántara.

En este texto, especialistas explicaron que admitir recursos sólo implica que alguien del Pleno de la SCJN decida si procede o no un recurso, pero no se pronuncian sobre el fondo del mismo. 

Frase: “El salario de los ministros contempla todo esto que está aquí y alcanza un ministro de la Corte un salario de 792 mil 256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, las precisiones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado”

Calificación: Engañoso

La secretaria de Gobernación presentó una lista de los supuestos conceptos que integran el “salario” de las personas ministras de la Corte:

Sin embargo, cada persona ministra percibe anualmente 3 millones 793 mil 644  pesos, según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación 2024. Esto equivale a 316 mil 137 pesos mensuales, y no los 793 mil que refirió Rodríguez.

Este sueldo incluye salario anual de 2 millones 483 mil 376 pesos, 445 mil 334 pesos por concepto de aguinaldo y prima vacacional, y 416 mil 754 de pago por riesgo.  

Un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2022 mostró que en el caso de ministras y ministros su salario mensual neto integrado (incluyendo aguinaldo, prima vacacional, medidas de protección al salario) era de 284 mil 500 pesos, como te contamos en este texto. 

A principios de este año, la ministra Lenia Batres difundió la devolución de 82 mil 963 pesos de su salario para que su ingreso no superará al del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Para 2023, el salario mensual del presidente era de 155 mil 583.12 pesos, mientras que según el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año, los ministros tenían un ingreso neto de 311 mil 166.25 pesos al mes.

Y si bien es cierto que las y los ministros reciben un seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado y estímulo de antigüedad, estas prestaciones forman parte de las condiciones generales de trabajo de la SCJN, y también son otorgadas a otras trabajadoras y trabajadores.

No se ubicó un documento oficial reciente donde se establezca un pago mensual por viáticos para restaurantes de lujo, apoyo de gasolina y apoyo para vehículo blindado. 

Sin embargo, la SCJN sí tiene un contrato por 95 millones 477 mil pesos para vehículos terrestres con la empresa Integra Arrenda S.A. de C.V. Este contrato incluye el arrendamiento de vehículos para el personal de la SCJN y CJF, pero no es sólo para uso de las y los ministros.

Y aunque las y los ministros sí utilizan automóviles proporcionados por la institución, no hay registro de la cifra de 250 mil pesos mensuales por apoyo de vehículo.

Frase: “Otra, son los procesos viciados en la selección de jueces donde se dan venta de exámenes y se han documentado casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial, donde se han vendido los exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos”

Calificación: Engañoso

Es cierto que se registró la venta de exámenes de oposición para jueces hasta por 186 mil pesos, pero esto sucedió en el 28 Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito en 2018, y sus responsables fueron sancionados. 

En 2018, el director de Informática del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), José Alfredo Sánchez López, el magistrado Salvador Mondragón Reyes y 12 funcionarios públicos, así como un particular estuvieron involucrados en la compra-venta de las preguntas y respuestas del examen para jueces de distrito, de acuerdo con Reforma. 

Las preguntas fueron ofrecidas entre 25 mil, 50 mil y hasta 186 mil pesos. Sin embargo, el CJF anuló el examen de ese año debido a la venta de preguntas y sancionó con la inhabilitación por 10 años a Mondragón Reyes y aplicó penas equivalentes a su participación para los demás involucrados. 

Claudia Sheinbaum usa frase discutible sobre juicios de amparo

Frase: “No puede haber juicio de amparo —el juicio de amparo es improcedente— con todas sus letras, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Calificación: Discutible

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que un juicio de amparo es improcedente contra reformas constitucionales. 

Sin embargo, en la conferencia matutina de juezas, jueces, magistradas y magistrados federales que integran el colectivo Artículo 41 refirieron que se deben tomar en cuenta dos puntos.

Primero, que el artículo 61 es parte de una ley secundaria, no de la Constitución. Segundo, que como viene de la reforma a la Ley de Amparo en 2013, no existe una jurisprudencia definitiva. Y tercero, que en los juicios de amparo se está debatiendo la constitucionalidad del artículo 61.

Martha Magaña López, jueza del Quinto Distrito en Morelos, sostuvo en su cuenta de X que ese artículo puede inaplicarse por una jueza federal, como la jueza Nancy Juárez Salas, por considerarlo inconstitucional, o porque ese argumento de que es inconstitucional sea parte de los planteamientos de los propios quejosos. Esto implica que será hasta la sentencia que se analice el tema. 

Lenia Batres usa frase engañosa en una columna

Frase: “Con todas las personas que cumplan con requisitos y consideren idóneas para ocupar el cargo, se realizará una insaculación para fin de definir a diez por cargo a ocupar”

Calificación: Engañoso 

En una columna este lunes 21 de octubre en El Universal, Lenia Batres publicó el texto La reforma va, en el que afirmó que la insaculación será usada por los Comités de Evaluación como método para definir las listas de 10 candidatos por cada cargo.

En cambio, con la reforma judicial, el artículo 96 constitucional establece que los Comités de Evaluación revisarán los perfiles y elegirán los más idóneos para integrar listados con las personas mejor evaluadas y, posteriormente, harán una insaculación para ajustar de 10 a tres personas para cada cargo a elegirse para la SCJN, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral; y de seis personas a dos en el caso de magistraturas y juzgados. 

Una vez realizado lo anterior, los Comités de Evaluación entregarán los listados a los representantes de cada Poder de la Unión.

Además, en sus redes sociales, los abogados Luis Eliud Tapia y Melissa Ayala cuestionaron que si el proceso se realiza como lo describe la ministra, los Comités de Evaluación simplemente se limitarían a ingresar los currículos a una tómbola para que el azar decidiera y, entonces, quienes tomarían la verdadera decisión de a quién postular serían los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cosa que no se establece en la ley.