Reforma al Infonavit: Gobierno tendrá más peso en el instituto, contrario a dichos de Romero Oropeza
Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aseguró que la reforma a la Ley del Instituto, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, respeta el tripartismo dentro de esa institución. Pero esto es engañoso, pues algunos órganos como la comisión de vigilancia y los comités de auditoría y transparencia tendrán a funcionarios de gobierno como sus integrantes mayoritarios.
Además, durante la conferencia mañanera del miércoles 18 de diciembre sostuvo que con la reforma se permitirá la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) −como actualmente no sucede−, y habrá mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Aunque tras revisar la reforma, no identificamos algún apartado relacionado con estos temas.
El Sabueso solicitó al Infonavit un comentario sobre cómo se mantendría el tripartismo en el Infonavit con la reforma planteada, y de cómo se permitiría la vigilancia de la ASF. Hasta el momento, seguimos a la espera de una respuesta.
“Se respeta el tripartismo paritario en los Órganos de Gobierno del Infonavit”
Calificación: Engañoso
La presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit aseguraron que el modelo tripartita del Instituto se mantiene con la reforma aprobada por el Senado la semana pasada. Pero organizaciones sindicales, empresariales y expertos advirtieron que, por el contrario, se rompe el equilibrio entre las distintas partes.
La iniciativa de reforma enviada por la presidenta mantiene el mismo número de espacios para proponer integrantes de la Asamblea General y el Consejo de Administración del Infonavit para el gobierno, las personas trabajadoras y las personas empleadoras.
Pero por otro lado, en la Comisión de Vigilancia y los Comités de Auditoría y de Transparencia el gobierno tendrá mayoría de integrantes. En contraste con la ley vigente que establece el mismo número de espacios para cada parte.
En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que este cambio en la composición de los órganos del Infonavit tiene como fin “fortalecer la representación del Gobierno de México en la toma de decisiones”.
En términos generales, la Comisión de Vigilancia revisa el cumplimiento de las normas internas del Infonavit y el quehacer de cada órgano, además de emitir opiniones sobre los dictámenes financieros.
Por su parte, el Comité de Auditoría informa sobre los riesgos financieros del Instituto, vigila que se cumpla la normatividad en el manejo de activos y pasivos, y revisa y aprueba los dictámenes financieros del Instituto.
Mientras que el Comité de Transparencia vigila que se cumplan las obligaciones de transparencia y protección de datos dentro del Infonavit, y promueve la transparencia en los procedimientos de compra-venta.
La reforma contempla además que el director general, nombrado directamente por la Presidencia de la República, tenga derecho de veto sobre las decisiones de esta comisión y del Consejo de Administración que no se tomen por unanimidad y suspender su aplicación hasta que la Asamblea General aborde el tema. Algo que no está presente en la ley vigente.
Es importante recordar que el Consejo de Administración decidirá sobre las inversiones y financiamientos del Infonavit; dará su visto bueno para que la Asamblea conozca las proyecciones financieras, el presupuesto de ingresos y egresos, así como los planes de labores, financieros y financiamiento del Instituto.
Igualmente, aprobará las reglas para otorgar créditos, financiamientos y el acceso a programas de vivienda. También, dará a conocer las reglas de negocio de cada opción de financiamiento y la supervisión de la empresa constructora quedará bajo el mandato de este Consejo.
También, permite a la dirección general presidir la Asamblea General, eliminado la presidencia rotatoria de este órgano.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó que la reforma aprobada en el Senado compromete la esencia tripartita del Infonavit.
“El tripartismo en la toma de decisiones debe ser paritario y por ello reiteramos que los cambios aprobados por el Senado, deben revisarse cuidadosamente, ya que estas modificaciones podrían alterar el equilibrio en la toma de decisiones al permitir que un solo sector prevalezca sobre los otros dos”, mencionó la Coparmex en un comunicado.
Por otra parte, organizaciones sindicales advirtieron que reducir el tripartismo pone en riesgo la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de inversiones. Asimismo, estos debilitarían los consensos para la toma de decisiones.
“El tema de cómo se va a disponer los recursos se debe en medida por la composición y al tener mayores integrantes del gobierno, pues eso sí genera dudas de qué tan equilibrada va a estar esta institución”, mencionó Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda.
“Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación”
Calificación: Engañoso
De acuerdo con Romero Oropeza, con la reforma se permitirá la fiscalización por parte de la ASF y habrá mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores.
Sin embargo, esto es engañoso. Pues desde el 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la ASF tiene competencia para fiscalizar el uso de recursos por parte del Infonavit.
En 2023, el Infonavit promovió amparos contra los resultados de la auditorías de 2017 y 2018. Aunque reconoció que había cumplido con los requerimientos de la ASF en sus informes de 2020 a 2022.
“Es factible que al Infonavit se le revise; a) el cumplimiento de los programas federales y el debido ejercicio de su patrimonio; y, b) si el numerario que percibe por las aportaciones de seguridad social se integra debidamente a las subcuentas de vivienda, esto es, que se hacen los depósitos que corresponden. Consecuentemente, la existencia de los controles referidos no excluye auditorías de un ente externo, como la Auditoría Superior de la Federación, siempre y cuando cuente con facultades para ello, las que en todo caso serán complementarias, pero de ninguna forma excluyentes”, se lee en la sentencia.
La resolución se difundió luego de que el Instituto interpuso un amparo contra el Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018 de la ASF, que incluía la realización de una auditoría de desempeño al Control Interno y Gobernanza y una auditoría de cumplimiento a la Gestión Financiera del Infonavit.
La sentencia de la Corte también se incluyó en la exposición de motivos del dictamen para asegurar que el Infonavit así como una empresa filial dedicada a la producción vivienda con fines sociales –también impulsada en la reforma– contaran con el mismo marco jurídico.
Pero en los artículos a reformarse no se menciona específicamente nada relacionado con que habrá revisión de la ASF al ejercicio de recursos del Instituto.
Sólo se plantea que el Instituto envíe al Congreso y a la Presidencia un informe dictaminado por una auditoría externa, sobre la situación financiera de sus activos y pasivos, que contenga una evaluación respecto a la suficiencia de los flujos correspondientes para cubrir la operación del Instituto. Aunque la figura de un auditor externo está contemplada en la ley vigente.
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La juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo como presidente, coloca a la oposición en Venezuela en una situación difícil tras no haber sido capaz de concretar una transición en el poder pese a asegurar que derrotó al actual gobernante en las elecciones del 28 de julio.
La trayectoria política de la oposición venezolana es como una suerte de montaña rusa en la que cada ascenso suele estar sucedido por una bajada vertiginosa con fuertes curvas.
En esa ruta probablemente la mayor subida ocurrió durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio cuando, de acuerdo con las actas publicadas por la oposición, su candidato, Edmundo González, obtuvo casi el 70% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro, quien buscaba permanecer en el cargo.
Las actas de la oposición fueron convalidadas por estudios independientes y por el Centro Carter, que envió una misión de observación internacional a Venezuela.
Adicionalmente, decenas de gobiernos optaron por no legitimar la reelección de Maduro, tomando en consideración que el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados pormenorizados de las votaciones ni permitió una auditoría internacional e independiente que permitiera verificar sus cifras.
Si las actas que avalan el triunfo de González son ciertas, la oposición obtuvo una victoria apabullante el 28J que debió haber abierto el camino para una transición política en Venezuela y que debió haberse concretado el pasado 10 de enero.
Pero eso no fue lo que ocurrió.
Ese día, Maduro se juramentó para cumplir un tercer periodo en la presidencia de Venezuela, mientras González permaneció en el extranjero donde se encuentra asilado desde septiembre de 2024 para evadir una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República, organismo afín al gobierno.
Así, las expectativas de cambio político en Venezuela terminaron de entrar en una fuerte caída que ya se había iniciado con la represión de las protestas postelectorales de la oposición -durante las cuales hubo según el gobierno más de 2.000 detenidos, incluyendo menores de edad-, que continuó con el exilio de González y que se ha visto marcada recientemente por la detención por razones políticas de 83 personas en los primeros 12 días de enero, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
Las autoridades venezolanas no han admitido que todas estas personas se encuentren detenidas. Y, cuando lo han hecho, suelen alegar que los arrestados estaban vinculados a algún plan desestabilizador.
Ante este escenario, ¿cuáles son las opciones que le quedan a la oposición en Venezuela?
¿El fin de las grandes manifestaciones?
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que, según la teoría política, los procesos de transición ocurren cuando hay unos niveles de presión que hacen que para el gobierno sea muy costoso permanecer en el poder.
“Si nos vamos a lo teórico, no habrá transición política mientras los niveles de presión no hagan que el gobierno considere que resulta mejor negocio, por decirlo así, negociar su salida del poder y tratar de obtener garantías, amnistía, lo que se pueda obtener, que mantener el poder”, dice Alarcón.
“Normalmente, cuando un gobierno negocia su salida del poder es porque siente de alguna manera que no tiene las condiciones para sostener el poder y eso justamente es lo que no ha ocurrido en Venezuela”, agrega.
Ante la consulta de BBC Mundo, el experto explica que siguiendo esa perspectiva teórica, quizá la opción que le queda a la oposición sea seguir con lo que ya estaba haciendo: intentar movilizar a la población internamente para generar presión, al mismo tiempo que busca coordinar con la comunidad internacional para que genere también presión desde afuera.
Pero el camino de la teoría a la práctica no está libre de obstáculos y, en este caso concreto, durante los últimos meses muchos analistas han destacado lo difícil que puede resultar ahora para la oposición ejercer presión interna a través de grandes manifestaciones de calle como las que ha realizado en el pasado, entre otros motivos porque -sobre todo tras la represión postelectoral- hay miedo a protestar.
De hecho, durante los últimos meses son muchos los venezolanos, incluso sin ningún tipo de activismo político, que han adoptado la práctica de borrar constantemente sus mensajes en WhatsApp y redes sociales para evitar la posibilidad de que funcionarios de los cuerpos de seguridad los detengan en la calle y terminen arrestándolos tras encontrar en sus celulares algún contenido político que consideren inapropiado.
A esto se suman las detenciones de periodistas y de defensores de derechos humanos como el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Carmen Beatriz Fernández, analista de la consultora DatastrategIA y doctora en comunicación pública de la Universidad de Navarra, piensa que las grandes manifestaciones de calle ya no tienen tanto sentido.
“Creo que el 10 de enero marca una lógica distinta en la acción política para la oposición. Ahora necesitan cuidarse más. Empiezan a tener sentido otras cosas más pequeñas, realizadas por organizaciones menos verticales, menos visibles, a escala micro y semi-independientes, como modelo de organización de acción política”, apunta.
Colette Capriles, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, indica que probablemente en este momento la oposición atenderá, sobre todo, a la preservación de los partidos y de todos los liderazgos.
Reconstruir las capacidades políticas
Luego de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, el desánimo se ha propagado en una parte de la oposición y han circulado mensajes que, en algunos casos, cuestionan incluso los esfuerzos que se hicieron de cara a las elecciones del 28 de julio.
En ese sentido, Capriles indica que ese evento fue muy importante como expresión clara de la voluntad del pueblo.
Considera que quizá a la oposición le convendría hacer recuento de una serie de activos de los que aún dispone.
“El ánimo de la gente para ir a votar y, luego, defender su voto y contribuir por un trabajo colaborativo a tener ese capital político es algo que siempre hay que considerar. Ese es el gran activo para empezar”, señala.
Capriles piensa que en Venezuela los partidos políticos y, en general, los actores políticos están nuevamente frente al dilema de reconstruir sus capacidades, sus relaciones con las bases y con los ciudadanos.
“Ahí también va a ocupar probablemente un lugar importante la capacidad de la propia sociedad civil, de los movimientos sociales”, apunta.
La experta cree que el momento actual demanda nuevas estrategias y mucho liderazgo de parte de la oposición.
“El liderazgo no es poner mensajes en redes sociales. Eso forma parte, pero creo que la gente quiere también ser escuchada y asegurarse de que todo no está perdido. Ahora hay un momento emocional, pero después viene la vida cotidiana y ahí es donde las personas se enfrentan con las cosas que les hicieron votar contra Maduro”, señala.
Explica que a la oposición le convendría entender qué fue lo que movió la gente a votar.
“La gente vota contra el estado actual de cosas, por lo que la oposición tiene la posibilidad de capitalizar el deseo de cambio, valorarlo y fortalecerlo”, indica.
Cohesionar a los descontentos
Desde hace varios años, una visión predominante en la oposición venezolana es que hace falta debilitar la cohesión en torno a los actores que apoyan al gobierno de Maduro.
Ese fue un elemento clave en la política de sanciones aplicada durante el primer gobierno de Donald Trump que con su discurso de “todas las opciones están sobre la mesa” buscaba crear fisuras entre los actores que respaldan a Maduro.
“Creo que la oposición podría apostar a la cohesión de los que son mayoría, en lugar de apostar al quiebre de la coalición dominante. El trabajo es al revés. Conseguir esa cohesión que hace que la gente entienda que no es que hay un plan que nadie conoce, sino que el plan es la propia gente haciendo cosas, organizándose en su comunidad y reclamando sus derechos. Entonces, es un trabajo de otro tipo”, apunta Capriles.
Advierte que ese enfoque implica mucho esfuerzo, mucho liderazgo y una relación distinta incluso con la opinión pública, pues tal vez el trabajo no tenga que venir dado simplemente por declaraciones públicas, sino más bien de la vinculación cotidiana con la gente.
“Todo esto implica el abandono de una promesa de cambio inmediato y eso es quizás el precio más caro que la oposición tendría que pagar. Parte del entusiasmo tal vez de la gente era ver la victoria como muy cerca y ahora esto se ha alejado”, indica.
Retos inmediatos
Más allá de decepcionar a quienes buscaban un cambio político en Venezuela, la juramentación de Maduro trajo consigo nuevos e inmediatos retos para la oposición, pues el gobernante venezolano anunció una reforma constitucional, así como la convocatoria a tres elecciones en 2025: alcaldes, gobernadores y Asamblea Nacional.
De esta forma, Maduro ha tomado la iniciativa política y ha puesto a la oposición en un difícil dilema.
“La intención del gobierno llamando a elecciones es generar incentivos para dividir a la oposición. Cuando tú llamas a una elección de gobernadores y de alcaldes, empieza el gran debate entre los partidos, entre los que quieren ir a la elección y los que no”, señala Benigno Alarcón.
“El problema que tienen los partidos de la oposición es que después de lo sucedido con las elecciones del 28J, la gente no tiene ningún incentivo para votar. Ir a una elección cuando ya fuiste a una, la ganaste por mucho y no se respetó el resultado, hace muy poco probable que en la próxima elección la gente salga a votar y a apoyarte”, agrega.
Carmen Beatriz Fernández, por su parte, advierte sobre la posibilidad de que en Venezuela no se sigan haciendo elecciones como las que se hicieron hasta el 28 de julio, con un sistema electoral automatizado y con muchos puntos de auditoría del proceso, vistas las irregularidades denunciadas por la oposición en los últimos comicios.
“Es probable que estas nuevas elecciones sean más parecidas a las que se hicieron para escoger jueces de paz, que fueron manuales y muy arbitrarias. No digo que la oposición tenga o no que participar. Hay que evaluar cada situación y cada convocatoria por separado”, dice.
Para Fernández, es posible que las elecciones del futuro en su país “se parezcan más al sistema cubano, donde la gente vota permanentemente pero no elige”.
La mirada desde el exterior
Una de las fortalezas de la oposición, según Carmen Beatriz Fernández, reside en el hecho de que hasta ahora ha habido sintonía entre los venezolanos que están en el país y los que están en la diáspora.
De acuerdo con datos de la ONU, unos 7,89 millones de venezolanos emigraron en la última década.
“Una cosa que la oposición podría seguir haciendo es la integración entre la Venezuela de afuera y la Venezuela de adentro. Hay sociedades que han sufrido diásporas importantes, donde se genera una animadversión entre el país de adentro y el país de afuera. En el caso venezolano, no ha pasado así y eso favorece a la oposición, porque su lucha se consolida y se fortalece cuando trabajan unidas la Venezuela de adentro y la Venezuela de afuera como un solo país”, apunta.
Otro elemento destacable fronteras afuera es el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha generado una cierta incertidumbre dada la fuerza con la que el político estadounidense se implicó durante su primer mandato en la crisis política venezolana.
Abundan las especulaciones sobre si Trump buscará una negociación pragmática con Maduro o si retomará el camino de las sanciones duras.
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en señalar que el hecho de que una parte importante de la comunidad internacional ponga en duda la legitimidad de Maduro es algo que puede ayudar a la oposición en su búsqueda de un cambio político.
Esto, no obstante, no es garantía de cambio, pues ya en 2019 unos 60 gobiernos del mundo respaldaron al opositor Juan Guaidó cuando se juramentó como presidente interino de Venezuela, mientras Maduro siguió gobernando el país.
Colette Capriles cree que el hecho de que haya una lectura internacional sobre la crisis venezolana puede ayudar a encausar el conflicto político.
“Eso pudiera ayudar a que se presione para volver a construir un espacio de negociación. Habrá que volver a construir un espacio donde pueda haber unos consensos mínimos que funcionaron en el pasado, porque eso fue lo que permitió que hubiera primarias opositoras y elecciones el 28 de julio”, afirma.
“Eso es importante destacarlo cuando dicen que la negociación no sirvió. La negociación sirvió para lo que estaba diseñada: lograr una elección que mostró inequívocamente la voluntad de cambio de la población. Más temprano que tarde será necesario algún tipo de negociación que reconozca esa voluntad de cambio y plantee una ruta para la transición política”, agrega.
La montaña rusa de la oposición venezolana prosigue su recorrido.
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