Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aseguró que la reforma a la Ley del Instituto, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, respeta el tripartismo dentro de esa institución. Pero esto es engañoso, pues algunos órganos como la comisión de vigilancia y los comités de auditoría y transparencia tendrán a funcionarios de gobierno como sus integrantes mayoritarios. 

Además, durante la conferencia mañanera del miércoles 18 de diciembre sostuvo que con la reforma se permitirá la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) −como actualmente no sucede−, y habrá mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Aunque tras revisar la reforma, no identificamos algún apartado relacionado con estos temas.

“Se respeta el tripartismo paritario en los Órganos de Gobierno del Infonavit”

Calificación: Engañoso

La iniciativa de reforma enviada por la presidenta mantiene el mismo número de espacios para proponer integrantes de la Asamblea General y el Consejo de Administración del Infonavit para el gobierno, las personas trabajadoras y las personas empleadoras.

Pero por otro lado, en la Comisión de Vigilancia y los Comités de Auditoría y de Transparencia el gobierno tendrá mayoría de integrantes. En contraste con la ley vigente que establece el mismo número de espacios para cada parte. 

En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que este cambio en la composición de los órganos del Infonavit tiene como fin “fortalecer la representación del Gobierno de México en la toma de decisiones”.

Por su parte, el Comité de Auditoría informa sobre los riesgos financieros del Instituto, vigila que se cumpla la normatividad en el manejo de activos y pasivos, y revisa y aprueba los dictámenes financieros del Instituto.

Mientras que el Comité de Transparencia vigila que se cumplan las obligaciones de transparencia y protección de datos dentro del Infonavit, y promueve la transparencia en los procedimientos de compra-venta.

La reforma contempla además que el director general, nombrado directamente por la Presidencia de la República, tenga derecho de veto sobre las decisiones de esta comisión y del Consejo de Administración que no se tomen por unanimidad y suspender su aplicación hasta que la Asamblea General aborde el tema. Algo que no está presente en la ley vigente.

Es importante recordar que el Consejo de Administración decidirá sobre las inversiones y financiamientos del Infonavit;  dará su visto bueno para que la Asamblea conozca las proyecciones financieras, el presupuesto de ingresos y egresos, así como los planes de labores, financieros y financiamiento del Instituto.

Igualmente, aprobará las reglas para otorgar créditos, financiamientos y el acceso a programas de vivienda. También, dará a conocer las reglas de negocio de cada opción de financiamiento y la supervisión de la empresa constructora quedará bajo el mandato de este Consejo.  

También, permite a la dirección general presidir la Asamblea General, eliminado la presidencia rotatoria de este órgano. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó que la reforma aprobada en el Senado compromete la esencia tripartita del Infonavit.

“El tripartismo en la toma de decisiones debe ser paritario y por ello reiteramos que los cambios aprobados por el Senado, deben revisarse cuidadosamente, ya que estas modificaciones podrían alterar el equilibrio en la toma de decisiones al permitir que un solo sector prevalezca sobre los otros dos”, mencionó la Coparmex en un comunicado. 

Por otra parte, organizaciones sindicales advirtieron que reducir el tripartismo pone en riesgo la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de inversiones. Asimismo, estos debilitarían los consensos para la toma de decisiones. 

“El tema de cómo se va a disponer los recursos se debe en medida por la composición y al tener mayores integrantes del gobierno, pues eso sí genera dudas de qué tan equilibrada va a estar esta institución”, mencionó Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda. 

“Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación”

Calificación: Engañoso

De acuerdo con Romero Oropeza, con la reforma se permitirá la fiscalización por parte de la ASF y habrá mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores.

Sin embargo, esto es engañoso. Pues desde el 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la ASF tiene competencia para fiscalizar el uso de recursos por parte del Infonavit. 

En 2023, el Infonavit promovió amparos contra los resultados de la auditorías de 2017 y 2018. Aunque reconoció que había cumplido con los requerimientos de la ASF en sus informes de 2020 a 2022. 

“Es factible que al Infonavit se le revise; a) el cumplimiento de los programas federales y el debido ejercicio de su patrimonio; y, b) si el numerario que percibe por las aportaciones de seguridad social se integra debidamente a las subcuentas de vivienda, esto es, que se hacen los depósitos que corresponden. Consecuentemente, la existencia de los controles referidos no excluye auditorías de un ente externo, como la Auditoría Superior de la Federación, siempre y cuando cuente con facultades para ello, las que en todo caso serán complementarias, pero de ninguna forma excluyentes”, se lee en la sentencia. 

La resolución se difundió luego de que el Instituto interpuso un amparo contra el Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018 de la ASF, que incluía la realización de una auditoría de desempeño al Control Interno y Gobernanza y una auditoría de cumplimiento a la Gestión Financiera del Infonavit.

La sentencia de la Corte también se incluyó en la exposición de motivos del dictamen para asegurar que el Infonavit así como una empresa filial dedicada a la producción vivienda con fines sociales –también impulsada en la reforma– contaran con el mismo marco jurídico. 

Pero en los artículos a reformarse no se menciona específicamente nada relacionado con que habrá revisión de la ASF al ejercicio de recursos del Instituto.

Sólo se plantea que el Instituto envíe al Congreso y a la Presidencia un  informe dictaminado por una auditoría externa, sobre la situación financiera de sus activos y pasivos, que contenga una evaluación respecto a la suficiencia de los flujos correspondientes para cubrir la operación del Instituto. Aunque la figura de un auditor externo está contemplada en la ley vigente.