Quinto informe: Datos contradicen las frases de AMLO sobre jóvenes, deuda y empleo
El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió spots sobre su quinto informe en los que se verificaron datos falsos o sin sustento sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o en cuanto a que “prácticamente no hay desempleo” en el país, aunque por otro lado también destacó el dato verdadero de que su gobierno logró una reducción de la pobreza y de la desigualdad.
No hay 2 millones 600 mil jóvenes trabajando ahora mismo como aprendices
En uno de los mensajes señaló que “2 millones 600 mil jóvenes trabajan como aprendices” en México. Esto en referencia al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), que según mencionó en una conferencia mañanera reciente ha permitido que 60% de los beneficiarios sean contratados en los centros de trabajo donde recibieron capacitación.
Pero los datos oficiales disponibles y las evaluaciones de Coneval contradicen al mandatario.
Para empezar la cifra de 2 millones 600 mil jóvenes solo coincide con la de los beneficiarios del programa desde el inicio de su operación hace cuatro años, en 2019. No es que ahora mismo haya esa cantidad de jóvenes inscritos que “trabajan como aprendices”, como menciona López Obrador.
Según esta base de datos de beneficiarios, en junio pasado fueron 246 mil 808 Jóvenes Construyendo el Futuro de entre 18 y 29 años los que recibieron un apoyo económico, en un programa que implica una capacitación de un año.
Esta evaluación al programa, disponible en la página del gobierno federal y asignada a la empresa Idea Consultores, muestra la cifra anual de beneficiarios hasta septiembre de 2022. Destaca la de población atendida en 2019, primer año de JCF, y que el gobierno ya superó su meta inicial del sexenio de beneficiar a 2.3 millones de jóvenes:
No hay datos que sustenten el dicho de AMLO sobre jóvenes contratados
La cifra del presidente sobre que 60% de las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro son contratados en el lugar donde los capacitaron no tiene sustento.
En el informe de gobierno previo, se indicó que entre septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022 habían sido beneficiados 776 mil 656 jóvenes. Y en ese mismo periodo, 32 mil 061 jóvenes al concluir su año de capacitación habían obtenido un empleo, según refirió la Secretaría del Trabajo.
Por los cambios en los objetivos e indicadores del programa, el Coneval sólo tiene datos desde 2021 para el rubro de beneficiarios que al terminar su año de capacitación reportaron haber adquirido “su primera experiencia en una actividad productiva” (sin que se detalle si esto fue una contratación y de qué tipo).
En 2021, fue el 35% y en 2022 subió hasta el 46% de beneficiarios que reportaron tener una primera “actividad productiva”. Para el 2023 aún no se incluyen datos en el Módulo de indicadores de programas sociales de Coneval, que a su vez cita al Portal Aplicativo de Hacienda (Pash).
Y si bien se registró un aumento en 2022, faltaría tener las cifras de 2019, 2020 y 2023 para tener un promedio general de aprendices que se unieron a una actividad productiva luego de participar en Jóvenes Construyendo el Futuro.
Distintos análisis han señalado como carencia de este programa su falta de seguimiento a los jóvenes egresados para saber si esta política pública les ayudó a obtener un empleo, y de qué calidad y duración.
La evaluación de Idea Consultores en la página del gobierno federal concluyó que al menos hasta diciembre de 2022 el programa JCF “no mide adecuadamente sus resultados finales e impacto”.
A cuatro años de su operación, en aquel entonces, “la inexistencia de evaluaciones que midan rigurosamente los efectos e impactos no permite conocer sus resultados y beneficios más relevantes, lo que puede poner en riesgo su rediseño y continuidad hacia la próxima administración”.
Además la consultora observó que existía “un desequilibrio entre los recursos monetarios destinados al pago de becas a los jóvenes, y los recursos dirigidos a la operación del Programa”, con carencias en el número de mentores de los jóvenes y su condiciones laborales.
En 2021 y este año, la Secretaría del Trabajo ha referido que su fuente para afirmar que más del 50% y hasta 60% de jóvenes beneficiarios han sido contratados son datos de la encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI.
Pero en 2021 la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acotó en su análisis del tema que la medición de impacto en el empleo tenía varias limitaciones al utilizar los datos de la ENIGH.
“La encuesta sólo tiene información para seis meses durante 2020, es decir, se les pregunta a los hogares si recibieron ingresos por participar en el programa, si reciben ingresos laborales, entre otros tipos de ingresos. Sólo si se observa que en este periodo un joven beneficiario salió del programa (dejó de recibir el ingreso), se puede medir el impacto que pudo tener su participación”, indicó.
Además de mencionar que: “analizar sólo seis meses es una restricción muy fuerte. Puede ocurrir que un beneficiario salga del programa en el mes tres y no encuentre trabajo en los próximos tres meses; si encuentra trabajo en el cuarto mes, no se refleja en el análisis. También existe la otra posibilidad, que un joven encuentra trabajo inmediatamente saliendo del programa y que en meses después sea despedido, esto tampoco se refleja en el análisis. No es posible corregir este sesgo, pero la medición de impacto nos da un panorama indicativo de los efectos del programa”.
Otro instrumento indicador en la página del INEGI, el de datos de la Encuesta Anual del Comercio (EAC), tampoco muestra que en 2021 el porcentaje de personal contratado al término de la capacitación de Jóvenes Construyendo el Futuro haya alcanzado un promedio arriba de 60%, de hecho en las diferentes categorías tanto para hombres como para mujeres la mayoría no superó el 30%.
“Prácticamente no hay desempleo”
Ese fue el dicho del presidente en este spot del quinto informe. Sin embargo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI correspondiente al segundo trimestre de 2023 mostró que la población desocupada (personas en edad de trabajar y que buscaron encontrar un empleo) o sin trabajo en el país fue de 1.7 millones de personas.
Esto representó el 2.8% de la Población Económicamente Activa, y es cierto que esta tasa es una de las más bajas entre los países de la OCDE.
Pero especialistas también han señalado el problema de la informalidad en México. En el segundo trimestre del año, el 55.2% de la población ocupada tenía un empleo informal, sin seguridad social. Esto equivale a 32.3 millones de personas.
“La pobreza y desigualdad disminuyen”
En este caso el dicho del presidente sí se ajusta a lo reportado por el Coneval en su estudio más reciente sobre pobreza multidimensional.
Ahí se indicó que la población en México que vive en situación de pobreza disminuyó en 5.1 millones de personas, entre 2018 y 2022. Aunque, por otro lado, el porcentaje de la población en esta situación de pobreza extrema pasó de 7.0% en 2018 a 7.1% en 2022.
En cuanto a la desigualdad, Coneval concluyó que sí se redujo. Con la evolución del Coeficiente de Gini con base en el ingreso corriente total per cápita, refirió, se observó que la desigualdad presentó una disminución a nivel nacional al pasar de 0.457 a 0.431 entre 2018 y 2022.
“Entre 2018 y 2020, el coeficiente de Gini para los ocupados formales tuvo una variación negativa de 7.8%, es decir, existió una reducción de la desigualdad al interior de este grupo; mientras que para el grupo de los ocupados informales, que es donde se tuvo una variación positiva del ingreso, tuvo una variación negativa del coeficiente de Gini de 3.5%, lo cual también indica una reducción de la desigualdad de este grupo, pero en menor medida que en el de los ocupados formales donde su ingreso se mantuvo en niveles similares”, detalló el Consejo.
“¿Por qué nos alcanza el presupuesto sin endeudar al país?”
De nueva cuenta el presidente menciona que su gobierno no ha recurrido a la deuda. Pero como lo mencionamos en esta verificación, la verdad es que su administración sí ha utilizado este instrumento.
La organización México Evalúa indicó el 10 de agosto pasado que hasta junio el endeudamiento neto –Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)– ascendió a 496.8 mmdp, lo cual representó un crecimiento real de 38.4% (137.9 mmdp) con respecto al mismo periodo del año anterior.
De ese modo, refirió, “se alcanzó así el valor más alto de endeudamiento para el mismo periodo desde que se tiene registro de este indicador (2008). Este nivel es mayor que incluso el de la pandemia”.
Y entre los componentes del sector público, fue “el Gobierno federal el que ha incurrido en la mayor deuda: ésta asciende a 573.6 mmdp a junio del presente año, lo que representa un crecimiento real de 102.9% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Se trata del endeudamiento más alto para el mismo periodo en lo que va del sexenio, y el más alto desde el año 2000. Es decir, en los últimos 23 años el Gobierno federal no se había endeudado tanto como lo hizo al primer semestre de este año”.
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Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
“Una crisis de gestión”
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
Resiliencia en medio del caos
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Impacto más allá del bolsillo
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
Estrés en el tráfico
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
“Volver al siglo 18”
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Voz de aliento
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
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