Prisión preventiva oficiosa sí implica encarcelar gente sin probar que sea culpable, contrario a lo dicho por Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la prisión preventiva oficiosa no implica que se encarcele a una persona sin pruebas. Pero es justo lo que ocurre con ese esquema, que viola el principio de presunción de inocencia.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta en la primera etapa del proceso penal, que implica el encarcelamiento automático para personas señaladas ante el ministerio público de cometer algún delito contenido en el artículo 19 constitucional.
Una persona a la que se le aplique esta medida no ha sido declarada culpable, aún no hay pruebas contundentes contra ella ni se confirma que representa un riesgo. Sin embargo, tendrá que continuar todo su proceso en prisión.
“El problema en la prisión preventiva oficiosa es que se activa desde la vinculación a proceso, cuando la fiscalía supone que una persona cometió un delito, pero no se ha probado que lo cometió y por la sola suposición se le priva de la libertad. La fiscalía no ha probado que la persona haya cometido el delito”, explicó Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) a El Sabueso de Animal Político.
Para el especialista en derechos humanos, Eliud Tapia, esta visión de la mandataria confirma que se trata a la prisión preventiva oficiosa como una pena adelantada, y a la vinculación a proceso como un “mini juicio”. Asimismo, destacó que para imponer la prisión preventiva oficiosa no se presentan pruebas de la necesidad de esta medida, en contraste con otros mecanismos, como la prisión preventiva justificada.
Estefanía Vela, directora de Intersecta, coincidió en mencionar en X que la prisión preventiva oficiosa encarcela gente solo con la “probabilidad” de que hayan cometido un delito, sin probar que se aplica esa medida porque hay un riesgo de fuga, o de que la persona acusada esté amedrentando a víctimas o testigos del caso.
“Lo que se le pide a México es que quite la prisión preventiva oficiosa y deje la prisión preventiva justificada. Esto implica que, más allá de si existe la probabilidad de que la persona cometió un delito, se evalúe si efectivamente pone en riesgo el proceso o no”, publicó.
La abogada Leslie Jiménez, en tanto, explicó en X que con la prisión preventiva oficiosa el juez de control no puede analizar las pruebas de una medida cautelar porque es una medida automática. “No permite ni debate ni análisis de prueba alguna”, mencionó.
El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal mostró que 38 mil 533 personas permanecían en prisión sin una sentencia, ya que fueron privadas de su libertad por medio de la prisión preventiva oficiosa.
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En 2023, México fue sentenciado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa durante 17 años, sin que se les comprobara algún delito ni que fueran sentenciados.
Prisión preventiva oficiosa encarcela a los más pobres
Actualmente, los delitos que implican prisión preventiva oficiosa, según el artículo 19 constitucional, son abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas, entre otros.
Aunque por iniciativa de Morena se discute en el Congreso ampliar la lista de delitos, considerando también la extorsión y todas las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo, drogas sintéticas y los precursores químicos que sirvan para producirlas.
La organización Intersecta explicó que el procedimiento penal acusatorio consta de tres etapas: investigación, intermedia y juicio. La prisión preventiva oficiosa se impone desde la etapa de investigación, cuando se vincula a proceso a una persona, lo que significa que existen razones para seguir investigando el caso.
Cuando una persona es acusada de un delito contenido en el artículo 19 constitucional, la persona imputada va a prisión sin un análisis previo sobre si pone en riesgo el procedimiento o a las víctimas.
Esto significa que a una persona con prisión preventiva oficiosa no se le ha comprobado que participó en un delito. Sin embargo, tendrá que continuar en la cárcel durante las siguientes etapas del proceso penal.
“Cuando a una persona se le vincula a proceso no es que se le considere culpable, se considera que hay elementos para seguir investigando. Eso no significa que esa persona es la verdadera responsable. En el caso de la prisión preventiva oficiosa no se presentan pruebas de que la persona representa un peligro para las víctimas, para el proceso o que se puede fugar, simplemente pasará su proceso en la cárcel”, dijo Eliud Tapia.
En octubre de 2021, Animal Político en alianza con la organización Intersecta publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes, donde se dio cuenta que en efecto el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.
Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusadas de delitos menores como pequeños robos, son las principales víctimas de esta medida, situación que incluso evidencia el por qué no han bajado los niveles de violencia en el país, pese a que hay más detenidos.
Esta investigación documentó que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021 la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir que son inocentes, pasó de ser de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.
“Las personas más afectadas siempre son las personas más pobres que acumulan mayores situaciones de vulnerabilidad, personas racializadas, escasos recursos y de poca educación formal. Que no pueden tener una buena defensa y terminan en prisión preventiva oficiosa sin saber que tenían derecho a apelar esa medida”, dijo Lisa Sánchez.
Sin disminución de violencia y aumenta sobrepoblación en cárceles
Los especialistas coincidieron en que la prisión preventiva oficiosa no es una medida que permita disminuir la violencia y, por el contrario, lleva al aumento de personas privadas de la libertad sin una sentencia.
Un ejemplo de ello es el caso del delito de violación. Aunque este ilícito está dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa, los delitos de violación simple y equiparada, cuyas víctimas son principalmente mujeres, presentaron un aumento durante el gobierno de López Obrador, al pasar de 11 mil 613 en 2018 a 16 mil 398 en el presente año. Es decir, crecieron 41%.
“Lo que hace esta medida es incrementar la ineficiencia y arbitrariedad con que actúan las policías y la fiscalía. No sirve para disminuir el delito, pero sí sirve para que la autoridad no tenga que comprobar la comisión de un delito y sólo suponer que la persona estuvo involucrada y meterla a prisión. La prisión preventiva oficiosa sirve para detener y luego investigar”, dijo la directora de MUCD.
Como te contamos en esta nota, incluir el delito de narcomenudeo en el catálogo de los que implican prisión preventiva oficiosa, como busca la iniciativa de reforma constitucional impulsada por Morena, criminalizaría aún más el consumo de drogas, y aumentaría el riesgo de extorsiones y detenciones arbitrarias pero sin afectar a las grandes estructuras de criminalidad.
Luis Tapia refiere que es importante hacer énfasis en que antes del 2019, cuando el presidente López Obrador aprobó la primera de sus modificaciones al artículo 19 constitucional, en las que sumó delitos como el huachicol o el uso de programas sociales con fines electorales, habían alrededor de 127 mil personas en las cárceles, pero que al finalizar el 2023 esta cifra ya alcanzaba las 233 mil personas.
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Despuntó como destino turístico internacional de primer nivel por más de una década hasta que el conflicto entre Grecia y Turquía la cambió para siempre.
De un lujoso destino turístico a una ciudad con un futuro incierto tras cinco décadas de abandono.
Varosha, suburbio de la localidad de Famagusta en el noreste de Chipre, tuvo su auge en la década de 1960 y la primera mitad de los años 1970.
Con sus hoteles de cinco estrellas, discotecas de primer nivel y más de dos kilómetros de playa bañada por el Mediterráneo, atraía a turistas y celebridades de todo el mundo, desde Elizabeth Taylor hasta Brigitte Bardot o Richard Burton.
Pero su destino cambió drásticamente en 1974, cuando la invasión turca de Chipre forzó a sus habitantes griegos-chipriotas a huir, dejando este territorio desierto y enjaulado en vallas militares.
Varosha quedó bajo el control del ejército turco como parte de un conflicto más amplio que dividió la isla en dos: al sur, la República de Chipre, reconocida internacionalmente y habitada en su mayoría por griegos-chipriotas; al norte, la República Turca del Norte de Chipre, un estado autoproclamado que solo reconoce Turquía.
Desde entonces, este enclave ha sido utilizado por ambas partes como una moneda de cambio en las complejas negociaciones que han intentado, sin éxito, reunificar el país.
Un paraíso cerrado por medio siglo
La invasión de Chipre por las tropas turcas en julio de 1974 obligó a sus 39.000 residentes, la amplia mayoría mayoría griegos-chipriotas, a huir en cuestión de horas.
Cuando esto ocurrió, Avghi Frangopoulou tenía 15 años y sus padres acababan de comprar dos apartamentos en la playa de Varosha, pero la guerra lo cambió todo de la noche a la mañana.
“Recuerdo que corría porque veía los aviones justo encima de mí”, comenta sobre los bombardeos turcos en una entrevista para el programa de radio Assignment, de la BBC.
Su familia, como otras miles, tuvo que dejar atrás todas sus pertenencias y huir para salvar sus vidas.
Tras tomar el control, el ejército turco cercó Varosha con una valla y la convirtió en una zona militar restringida, vacía e inaccesible para civiles, es decir, una “ciudad fantasma”.
Durante décadas, el destino de Varosha fue un asunto de negociación clave en los fallidos intentos de reunificar Chipre.
En 1984, la ONU adoptó la resolución 550, que declaraba que debía ser devuelta a sus legítimos propietarios, pero el gobierno turco-chipriota de facto no aceptó y la ciudad permaneció intacta, con sus casas, hoteles y tiendas vacías.
“No somos fantasmas, y nuestra ciudad no es una ciudad fantasma”, protesta Frangopoulou, quien, como muchos otros exresidentes, ha visitado Varosha en los últimos años tras su reapertura parcial en 2020.
El estado de abandono del lugar hace aún más dolorosos sus recuerdos. “No me gusta ver esto”, afirma sobre el deterioro de su barrio natal y el “turismo oscuro” que ha surgido en torno de él.
El “turismo oscuro” y la reapertura parcial
En 2020 Turquía decidió reabrir parcialmente al público este espacio.
El anuncio de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, atrajo de inmediato a visitantes curiosos, convirtiendo al otrora destino de lujo en uno del llamado “turismo oscuro” que invita a lugares marcados por la tragedia, el abandono o el conflicto.
Los turistas que llegan a Varosha se enfrentan a una extraña combinación de belleza y decadencia.
La playa está de nuevo abierta al público y en ella se observan bañistas disfrutando del mar y el sol rodeados de apartamentos en ruinas y hoteles destruidos, con ventanas rotas y fachadas corroídas por el paso del tiempo.
Muchos de los antiguos residentes no ven con buenos ojos esta transformación de su barrio en una especie de atracción turística.
“Conozco a la gente que vivió aquí. No pueden vender esto como un producto, como un pueblo fantasma”, comenta Avghi Frangopoulou, quien considera la reapertura como una forma de trivializar la tragedia de la invasión.
Parte de la comunidad internacional también ha condenado la decisión de Turquía de abrir Varosha sin un acuerdo previo con los grecochipriotas, lo que supone un paso más en la violación de la resolución 550 de la ONU.
Pero el barrio sigue recibiendo turistas y las autoridades turcochipriotas no parecen dispuestas a cambiar su postura.
La nostalgia de los antiguos habitantes
Para los antiguos residentes de Varosha, regresar a la ciudad tras casi 50 años de exilio es un intenso golpe emocional, ya que sus edificios ahora en ruinas les evocan recuerdos de una vida interrumpida de forma abrupta en 1974.
Avghi Frangopoulou ha vuelto varias veces desde que se abrió parcialmente en 2020.
“Mi casa está aquí”, dice, señalando la calle donde vivía, ahora cubierta de escombros.
Pese a la autorización de visitas turísticas, el barrio sigue bajo estricto control militar y muchas zonas permanecen inaccesibles para los antiguos residentes.
“Solo quieres pasar por esa puerta y subir las escaleras, pero hay policías que te detienen, así que no te arriesgas”, asegura Frangopoulou.
El caso de Andreas Lordos es similar. Su familia construyó uno de los primeros hoteles en Varosha, el Golden Marianna, aún en pie aunque abandonado y cubierto de enredaderas.
“Mi padre construyó este hotel en 1967 cuando tenía 27 años. Era un hotel con piscina, algo nuevo en esa época. Estaba frente a mi colegio, así que durante el recreo íbamos a curiosear qué hacían los turistas”, relata, mientras observa lo que queda del edificio.
Confiesa que su sueño es restaurarlo y abrirlo de nuevo algún día.
Sin embargo, es difícil que los antiguos propietarios huidos hace 50 años puedan recuperar sus inmuebles.
Las autoridades turcochipriotas han instado a los antiguos dueños a que reclamen sus tierras, pero estos aseguran que en la práctica es casi imposible debido a que el proceso legal está plagado de obstáculos.
El gobierno chipriota, además, ve con desconfianza esta oferta al temer que ayude a legitimar la ocupación turca.
¿Un futuro compartido?
El futuro de Varosha está en el aire.
Muchos locales tienen la esperanza de que el barrio pueda ser restaurado y convertirse en un símbolo de la futura reunificación de Chipre, donde griegos y turcos chipriotas coexistan en paz.
“Nos volvimos como familias con algunos de los grecochipriotas, porque pensamos y actuamos de la misma manera: que todos somos los perdedores en este conflicto”, afirma Serdar Atai, un activista turcochipriota comprometido con la preservación del patrimonio cultural de la zona.
Sin embargo, las tensiones políticas siguen siendo un gran obstáculo.
Atai lamenta que tanto las autoridades turcochipriotas como las grecochipriotas han torpedeado continuamente los intentos de un acuerdo de paz.
“Siempre acuerdan estar en desacuerdo desde el principio”, ironiza, en referencia a las últimas cinco décadas plagadas de intentos fallidos.
Por otro lado, figuras políticas como Oguzhan Hasipoglu, miembro del parlamento turcochipriota, ven en Varosha un modo de reclamar la soberanía del norte de Chipre que la comunidad internacional rechaza.
“Perdimos la confianza en los grecochipriotas (…) Sus palabras son amables pero, a la hora de la verdad, no están dispuestos a compartir el gobierno ni la riqueza de esta isla con nosotros. Nos ven como una minoría”, sentencia.
Hasipoglu, quien cree inevitable la división de la isla en dos Estados, ansía ver renacer Varosha como un destino turístico de lujo bajo control turco.
Así, la incertidumbre sobre el futuro de Varosha persiste: ¿seguirá siendo un destino de “turismo oscuro” en ruinas, se convertirá en un nuevo y lujoso balneario del no reconocido Estado de Chipre del Norte, o será un puente hacia la reconciliación de una isla dividida?
Lo que es seguro es que el tiempo se agota poco a poco para los antiguos residentes que sueñan con regresar al barrio donde crecieron.
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