Falso: Suspender la prisión preventiva oficiosa no deja en libertad a 68 mil personas
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió en la conferencia mañanera y en una carta a las ministras y ministros que 68 mil personas podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida la prisión preventiva oficiosa (PPO), pero especialistas consultados por El Sabueso aclaran que no habría una liberación automática de todas las personas detenidas.
La prisión preventiva oficiosa consiste en la privación de la libertad de personas al ser acusadas por la comisión de una serie de delitos contemplados en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que son encarceladas sin tener aún una sentencia en su contra.
Si se invalidara -ya que la SCJN tiene previsto discutir en los próximos días su aplicación en el país-, jueces o tribunales tendrían que revisar cada caso que se solicite, para determinar si las personas siguen presas o se aplica otra medida cautelar.
Quedaría la opción de aplicar prisión preventiva justificada y otras 13 medidas cautelares. Eso mientras se resuelve su situación jurídica y a partir de que las autoridades que las acusen sustenten qué nivel de riesgo hay en el caso.
“Es falso que si se declara la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, esas personas automáticamente serán puestas en libertad. El único efecto de este tipo de decisiones es que se discuta en una audiencia ante un juzgado de control qué medida cautelar es la adecuada para esa persona que está siendo imputada por un delito”, comentó Eliud Tapia, abogado especializado en Derechos Humanos.
Incluso, es inexacto el dato que presentó Alcalde de que hay 68 mil personas en prisión preventiva oficiosa. Según los datos de los Censos Nacionales del Sistema Penitenciario Federal y Estatales del INEGI de 2023, esos casi 68 mil casos se refieren a delitos relacionados con las personas en prisión preventiva oficiosa, mientras que el número de personas en esa situación es de 44 mil 212.
“Eso es un mal manejo de los datos. Y eso te habla de que ni siquiera saben manejar la evidencia en temas tan delicados como este. También es el uso irresponsable de los datos, de no otorgar una fuente”, dijo Adriana Ortega, coordinadora del Área de Datos de Intersecta.
El Sabueso consultó con el equipo de Luisa María Alcalde sobre este uso impreciso de los datos, y se mantiene en espera de una respuesta.
Como te contamos en este reportaje, la mayoría de las personas a las que se ha aplicado esta medida son de bajos recursos, y tienen que recurrir a abogados de oficio.
La SCJN tiene previsto discutir en las próximas semanas un proyecto basado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en que se ordena a México adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa.
Esto, ya que la CoIDH considera que dicha medida va contra distintos derechos, como a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación.
Te sugerimos: Eliminación de prisión preventiva dejaría en libertad a 68 mil presuntos delincuentes, dice Segob a Corte
Estefanía Vela, directora de Intersecta, reprochó que la prisión preventiva oficiosa no ha contribuido a reducir la incidencia delictiva, además de que favorece la inacción por parte de la autoridad.
“Si se quita la prisión preventiva oficiosa, persistiría la prisión preventiva justificada. Lo que pasa es que no quieren demostrar por qué alguien merece estar en la cárcel. Quieren operar con base en prejuicios, apelando a los miedos de las personas”, refirió Vela en su cuenta de Twitter sobre la carta enviada por Alcalde a la SCJN.
“Cada vez que las autoridades defienden la prisión preventiva oficiosa, lo que están defendiendo es la posibilidad de enviar a personas en prisión sin tener que hacer su trabajo, que es investigar y demostrar lo que pasó”, agregó.
Según un análisis del Instituto Belisario Domínguez, delitos como el feminicidio, el abuso sexual, la desaparición forzada y los delitos electorales aumentaron entre 2021 y 2022, a pesar de la aplicación de la PPO para más delitos desde la reforma de 2019 impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Riesgo a la seguridad nacional?
En su carta y en sus redes, Alcalde planteó incluso riesgos a la seguridad nacional por la posible liberación de personas relacionadas con el crimen organizado, si se invalida la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, según Isaías Pablo, esto tampoco es real. Pues según un estudio de Elementa DDHH, en el caso particular del narcotráfico la mayor parte de las personas detenidas, más del 90%, son detenidas por narcomenudeo.
“La categoría de narcomenudeo hay que entenderla como estos delitos menores que no son graves, que no necesariamente están vinculados a la generación de violencia, contrario al al narcotráfico que sí podemos decir que son parte de redes de criminalidad”, acotó Isaías Pablo, investigador en Elementa DDHH.
Inaplicar la prisión preventiva oficiosa no afecta la soberanía, como dice Alcalde
La secretaria Alcalde también dijo que acatar esta decisión por orden de la CoIDH implica una renuncia de parte de México a su soberanía y a su derecho a autodeterminarse.
Sobre este tema, Eliud Tapia precisó que no hay tal al acatar una sentencia de la CoIDH.
Ello porque México eligió soberanamente someterse a la competencia de dicha instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) al aceptar la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1981, donde se establece la obligación de cumplir las decisiones de la Corte.
Relacionado
La cifra de personas asesinadas durante el fin de semana podría alcanzar hasta 184, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
Algunos recibieron disparos, otros puñaladas o machetazos. Todos eran señalados de brujería.
Al menos 110 personas, en su mayoría de edad avanzada, fueron brutalmente asesinadas por miembros de pandillas en la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un grupo de derechos humanos.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) dijo que un líder de una pandilla local los había atacado después de que su hijo enfermara y posteriormente muriera.
Según se informa, el líder de la pandilla consultó a un sacerdote vudú que culpó de la misteriosa enfermedad del niño a los ancianos locales que practicaban “brujería”
Naciones Unidas afirmó que el número de personas asesinadas en Haití en lo que va del año a causa de la creciente violencia de las pandillas había alcanzado “una asombrosa cifra de 5,000”.
Aunque todavía se están conociendo los detalles de la masacre, el alto responsable para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, elevó el lunes a 184 el número de personas asesinadas durante el fin de semana “en actos de violencia orquestados por el líder de una poderosa banda”.
Prácticas vudú
Los asesinatos ocurrieron en el barrio Cité Soleil de la capital.
Según los informes, los miembros de la banda secuestraron a decenas de residentes mayores de 60 años de sus casas en la zona de Muelle Jérémie, los acorralaron y luego los mataron a tiros o a puñaladas, con cuchillos y machetes.
Los residentes informaron haber visto cuerpos mutilados quemados en las calles.
La RNDDH estimó que el viernes murieron 60 personas, mientras que el sábado se detuvo y asesinó a otras 50, después de que el hijo del líder de la banda muriera a causa de su enfermedad.
Si bien la RNDDH dijo que todas las víctimas tenían más de 60 años, otro grupo de derechos humanos dijo que también habían sido asesinadas algunas personas más jóvenes que habían tratado de proteger a los ancianos.
Los medios locales informaron que las pandillas habían buscado a personas mayores que se cree que practican el vudú porque al líder de la banda le habían dicho que la enfermedad de su hijo había sido causada por ellos.
Los grupos de derechos humanos dijeron que el hombre que había ordenado los asesinatos era Monel Felix, también conocido como Mikano.
Se sabe que Mikano controla Muelle Jérémie, una zona estratégica en el puerto de la capital.
Según Romain Le Cour Grandmaison, un experto en Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), la zona es pequeña pero difícil de penetrar para las fuerzas de seguridad.
Los medios locales dijeron que la banda de Mikano había impedido a los residentes salir de Muelle Jérémie, por lo que la noticia de los asesinatos tardó en difundirse.
El grupo forma parte de la alianza de pandillas Viv Ansanm, que controla gran parte de la capital haitiana.
Repunte de la violencia
Haití se ha visto envuelto en una ola de violencia de pandillas desde el asesinato en 2021 del entonces presidente, Jovenel Moïse.
Los datos recopilados por GI-TOC muestran que hubo un descenso en la tasa de asesinatos entre mayo y septiembre de este año, después de que las bandas rivales alcanzaran una tregua incómoda.
Sin embargo, los intentos de las bandas de expandir su territorio más allá de sus bastiones en la capital han dado lugar a incidentes particularmente sangrientos en los últimos dos meses, en los que los residentes comunes son cada vez más los blancos de los ataques, en lugar de los miembros de bandas rivales.
El 3 de octubre, 115 habitantes locales fueron asesinados en la pequeña ciudad de Pont-Sondé, en el departamento de Artibonite.
Al parecer, la banda Gran Grif llevó a cabo esa masacre en represalia por el hecho de que algunos residentes se unieran a un grupo de vigilantes para resistir los intentos de Gran Grif de extorsionar a los lugareños.
Si se confirma la cifra de muertos que ha dado la ONU por los asesinatos de este fin de semana en Cité Soleil, se trataría del incidente más mortífero de lo que va de año.
Dado que las bandas controlan aproximadamente el 85% de Puerto Príncipe y zonas cada vez más extensas del interior, cientos de miles de haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 700.000 personas (la mitad de ellas niños) están desplazadas internamente en todo el país.
Los miembros de las bandas suelen recurrir al abuso sexual, incluida la violación en grupo, para sembrar el terror entre la población local.
En un informe publicado hace dos semanas, la investigadora de Human Rights Watch Nathalye Cotrino escribió que “el estado de derecho en Haití está tan quebrado que los miembros de los grupos criminales violan a niñas o mujeres sin temer ninguna consecuencia”.
Los intentos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, dirigida por Kenia, de sofocar la violencia han fracasado hasta ahora.
La fuerza policial internacional llegó a Haití en junio para reforzar a la Policía Nacional Haitiana, pero no cuenta con los fondos necesarios ni con el equipo necesario para enfrentarse a las bandas fuertemente armadas.
Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición (TPC, por sus siglas en inglés), el organismo creado para organizar las elecciones y restablecer el orden democrático, parece estar en crisis.
El TPC reemplazó al primer ministro interino el mes pasado y parece haber hecho pocos progresos en la organización de las elecciones.
“Reinan sobre una montaña de cenizas”, escribe Romain Le Cour Grandmaison, de GI-TOC, sobre el consejo en su informe.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
