“No hay más violencia”, dice AMLO, pero han aumentado extorsiones, trata y víctimas de delitos contra la libertad personal
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que, aunque su sexenio acumuló más homicidios dolosos que los de gobiernos anteriores, se logró frenar la tendencia creciente de asesinatos y en el país se redujeron otros delitos, por lo que “no hay más violencia”.
Pero su dicho es engañoso, porque si bien los datos oficiales muestran una baja en delitos como robo (-28% entre 2018 y 2023), robo violento de automóvil (44%), rapto (-46%) y secuestro (-48%), como lo destacó el mandatario, por otro lado hay un aumento en víctimas de extorsión, lesiones dolosas, trata de personas y víctimas de delitos contra la libertad personal.
Y aunque también es cierto que logró frenarse la tendencia creciente de asesinatos que dejó el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, e incluso hubo una reducción de 12%, este será el sexenio con más asesinatos acumulados desde que se tiene registro, con 173 mil 378 hasta marzo de 2024, según cifras del Secretariado Ejecutivo.
“No hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores; y delitos del orden federal, menos”, dijo López Obrador en Palacio Nacional.
Baja en feminicidios y secuestros, pero aumento en otros delitos
En cuanto a feminicidios, en 2018 se registraron 919 y en 2023 fueron 850 víctimas en el país, también una reducción, aunque se registró un pico en 2021, con 1,018.
Y sobre secuestro, en 2018 se registraron 1,560 víctimas de secuestro y en 2023 fueron 811. Una reducción del 48%.
Pero como te mencionamos en esta nota, es un indicador engañoso, ya que mientras la cifra de secuestros ha ido a la baja, hubo un aumento de 51% en la categoría general de víctimas de delitos contra la libertad personal, esto al pasar de 22 mil 853 a 34 mil 561 víctimas.
Y además en México el secuestro tiene un subregistro de 86.4%%, según la estimación del Inegi en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022.
La misma muestra que la tasa de víctimas de secuestro en 2018 era de 63 por cada 100 mil habitantes, en 2019, primer año de López Obrador, llegó a 83, y para 2022 se ubicó en 60.
Dentro la categoría de delitos contra la libertad personal, también se observa que mientras en 2018 se registraron 584 víctimas de trata de personas, en 2023 la cifra se ubicó en 934, un alza de 59%.
En el caso de la extorsión, en 2018 se registraron 6 mil 895 víctimas, y en 2023 fueron 10 mil 975. Este gráfico de MUCD muestra la tendencia creciente de carpetas de investigación:
Respecto al delito de lesiones dolosas. En 2018 se registraron 170 mil 572 víctimas, y en 2023 fueron 184 mil 274, un aumento de 8%.
Y MUCD identificó además un aumento en las carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la libertad y la seguridad sexual.
“De 2015 a 2022 se observa una tendencia al alza, teniendo como punto clave un gran aumento en 2019 (con +24% al comparar con el año anterior) y en 2021 con +28%”, refirió la organización. “En 2022 se registraron 82,709, lo que significó un aumento de 19%”.
Un indicador más, el de la “categoría de delitos de violencia familiar y de género” que se registra desde 2015, tuvo un alza este sexenio y “2022 es el año con el máximo de carpetas de investigación, con 276,071”.
El siguiente gráfico que publicó El Sabueso de Animal Político en febrero pasado, también muestra que hubo un aumento de las víctimas de fuero común, ya que en 2018 se reportó una tasa de 253 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2023 la cifra se elevó a 289.
Con información de Frasua Esquerra.
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Irma Hernández desapareció el 18 de julio y seis días después fue encontrada muerta con lesiones en el cuerpo.
Casos como el suyo ocurren casi todos los días en México, pero el de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada convertida en taxista que fue extorsionada y asesinada en Veracruz, conmovió a los mexicanos.
Por su edad de 62 años, por su pasado como profesora, por el video en el que aparece esposada, arrodillada, con una decena de hombres armados y encapuchados pidiendo a sus “compañeros taxistas” que “paguen su cuota o van a terminar como yo”.
Hernández desapareció el 18 de julio y seis días después fue encontrada muerta con lesiones en el cuerpo.
“Terminar” como ella, da a entender en el video, sería acabar muertos por negarse a pagar la extorsión —conocida como “derecho a piso”— que los grupos armados cobran no solo a los taxistas de Álamo, el municipio del norte de Veracruz donde estaba Irma, sino a comerciantes, transportistas y demás trabajadores locales
Quizá, también, la conmoción se dio porque muchos mexicanos se vieron identificados con Irma.
Pero podría haber sido el caso de Abel Hernández Parada, taxista de 44 años que mataron en marzo a balazos en plena calle de Tuxpan, al norte de Veracruz. O también el de Óscar Jiménez, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado decapitado cerca de su taxi en Las Choapas.
Al menos siete taxistas han sido asesinados este año en Veracruz. Pero hay estados, como Guerrero, donde se han registrado 25 casos similares solo este año.
Según cifras oficiales, la extorsión ha aumentado 6 % este año, con un registro de casi 6 mil denuncias de un delito que, en general, la gente teme comunicar a las autoridades por el riesgo que eso implica.
El caso de Hernández Cruz es uno entre miles. Uno que llegó a las altas esferas de la política y la prensa. Uno que revela la delicada situación de seguridad que vive México.
Autoridades no pueden con la extorsión
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que la extorsión es uno de los delitos —junto con las desapariciones— que su ambiciosa estrategia de Seguridad no ha logrado contener.
“Es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando”, dijo en julio, cuando lanzó una estrategia antiextorsión: crearon unidades especializadas, aumentaron recursos para la línea de denuncia y lanzaron una campaña de prevención, entre otras medidas.
Sobre el caso de Hernández, la mandataria lamentó los hechos, prometió cero impunidad, destacó los tres arrestos relacionados realizados por la fiscalía local y apoyó a la gobernadora, Rocío Nahle García, compañera en la coalición de Morena.
García generó polémica cuando destacó que Hernández Cruz había muerto por un infarto, dando a entender que no había sido asesinada.
Luego clarificó: “Es de miserables (con) una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley, aquí está, la maestra Irma Hernández fue violentada y después de ser violentada, después de ser violentada desgraciadamente sufrió un infarto”.
El médico, en efecto, confirmó que el cuerpo tenía múltiples lesiones externas que posiblemente comprometieron su corazón.
Sheinbaum, aunque no desmintió la versión del infarto, calificó el caso de “homicidio”.
Para muchos mexicanos, en todo caso, la declaración de García sirvió como prueba de la supuesta negligencia de las autoridades. En México, el 90 % de los homicidios no se revuelve y solo el 2 % de las denuncias de extorsión —según cifras de México Evalúa, un centro de estudios— se traducen en condenas.
El poder estructural de los grupos
David Saucedo, uno de los expertos en seguridad más citados del país, explica que el caso no solo revela la incapacidad de las autoridades, sino “un círculo vicioso que les resulta funcional, de lanzar grandes campañas, anunciar arrestos, pero al final seguir en la incapacidad de resolver el tema de fondo”.
El también consultor asegura que la policía estatal veracruzana es “muy endeble” y las policías municipales del norte están “cooptadas por el crimen organizado, que además controla la zona, financia campañas políticas y actúa a voluntad porque no tiene oposición”.
Veracruz es un estado clave para las bandas criminales, porque tiene una larga costa en el Golfo de México que funciona como corredor de tráfico de narcóticos, combustibles y personas migrantes.
Aunque las tasas de homicidios bajaron este año, la extorsión ha aumentado y las tasas de desapariciones —más de 6 mil a mayo de 2025, según Red Lupa— están entre las más altas del país.
La prensa local ha reportado que las autoridades nacionales y locales manejan la versión de que en el norte de Veracruz el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más grandes del país, está en guerra contra el Grupo Sombra, una facción del Cártel del Golfo, por el control de las redes de cobro de extorsiones.
Y este último, bajo la bandera de un conjunto emergente llamado Mafia Veracruzana, es el señalado en el caso de Hernández.
“Al norte de Veracruz los taxistas son obligados a comerciar drogas, hacer halconeo (vigilancia), y es un negocio estable que cuenta con mercenarios contratados. Para eliminar resistencias, seleccionan a alguien que se oponga al derecho de piso y lo matan, y con ese mensaje de muerte logran los pagos”, explica Saucedo.
Un país conmovido
Aunque existen estudios que han reportado cierta normalización de la violencia en México, cada tanto, cada semana tal vez, surgen casos como el de Hernández que conmueven al país.
“Hablar de lo ocurrido es hablar de la deuda estructural que existe hacia las mujeres mayores, con las trabajadoras pensionadas, quienes no tienen un lugar seguro para envejecer”, escribió la abogada Melissa Ayala en El Universal.
El analista Ricardo Raphael publicó en Milenio una carta dirigida a Irma: “Maestra, ruego porque la vida que nos resta a los demás alcance un día para darle vuelta a la página de una época dolorida por la cobardía de unos cuantos y el espanto paralizante de la mayoría”.
Y el periodista Salvador Camarena escribió en El País: “Ahí donde la falla del Estado es sistémica, la extorsión se entroniza como crimen perfecto. Es un delito de delitos y, en el caso de México, la palmaria constatación de que en este país resulta más creíble la amenaza de los criminales que la promesa de las instituciones”.
Detrás del caso, entonces, no solo están los encapuchados armados que forzaron a Irma a grabar ese crudo mensaje.
Detrás, también, está un mundo hostil que limita al tránsito libre, que violenta a las mujeres en cifras alarmantes y que exige a los jubilados trabajar, porque el 60 % recibe un subsidio —no una pensión— de solo US$150 al mes.
Detrás de Irma hay una sociedad harta del crimen y de la incapacidad del Estado. Un país, pues, que pide el fin de la violencia.
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