Para entender mejor
Infodemia, la plataforma de verificación de información del Gobierno de México, divulgó datos falsos y engañosos para negar la reducción del presupuesto en sectores como Salud y Medio Ambiente, en línea con las afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En su cuenta de X –antes Twitter–, Infodemia replicó las declaraciones del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la conferencia matutina del viernes 22 de noviembre en la que afirmó que el presupuesto para Salud en 2025 será de 2.2 billones de pesos, lo que representa el 34% del paquete económico.
Sin embargo, esto es falso. En el análisis de gasto programable en clasificación funcional se advierte que el gobierno reconoce que el gasto para el rubro de salud será de 881 mil 083 millones de pesos. Esto representa una reducción de 12.2% en términos reales del gasto en Salud, con respecto al 1 billón 003 mil 289 millones aprobados en 2024.
Como te contamos en esta nota, en el cálculo de 2.2 billones de pesos, los funcionarios federales contemplan la totalidad de los recursos asignados al IMSS y el ISSSTE, aunque estas instituciones cumplen otras funciones de seguridad social como el pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores en retiro.
Por ejemplo, de los 1.4 billones de pesos que se prevén para el IMSS en 2025, sólo 33.19% se destinarán a servicios de salud. Mientras que en el caso del ISSSTE, la salud representa 15.54% de los 525 mil mdp solicitados para el año siguiente.
El canal de verificación también reprodujo las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del jueves 21 de noviembre. La cuenta de X de Infodemia repitió la respuesta de la presidenta tras ser cuestionada sobre la reducción de recursos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La presidenta afirmó: “la Semarnat, como Secretaría, no reduce su presupuesto”. Sin embargo, esto es falso.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025 se solicitaron 44 mil 370 millones de pesos para esa dependencia, mientras que el presupuesto para 2024 contempló 70 mil 245 millones de pesos. Esto representa una reducción en términos reales de 39.36%, como te contamos en esta nota.
Por otro lado, Infodemia también difundió información engañosa en relación con la reducción de presupuesto para el rubro de “Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior”, que se prevé de 10.5% en términos reales.
El canal reprodujo la declaración de Claudia Sheinbaum el viernes 22 de noviembre en el sentido de que el ajuste en el presupuesto de esta área no afectaría la atención a los connacionales, especialmente en el contexto del nuevo gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, que ha amenazado con implementar políticas contra personas migrantes.
Sheinbaum defendió que este recorte está relacionado con la reducción de altos salarios a funcionarios.
”Los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos van a tener toda la atención, va a haber todavía más atención y va a haber, incluso, muchos de los trámites con muchos menores requisitos, pero sí hay un ajuste que tiene que ver con los altos salarios”, dijo Sheinbaum.
Y si bien es cierto que el recorte al presupuesto de esa área se da en el rubro de servicios personales, que contiene los salarios, en términos reales, los recursos para los gastos de operación se reducen 1.44% en términos reales.
El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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