Gobierno desinforma sobre el proceso de Pemex contra María Amparo Casar: estos son los puntos clave del caso
El presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios del Gobierno de México han presentado información falsa y engañosa sobre el caso de la pensión que recibe María Amparo Casar -presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)-, tras el fallecimiento de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García quien trabajó en Pemex hace 20 años. MCCI ha publicado reportajes sobre corrupción que involucran a familiares del mandatario.
Por ejemplo, en la conferencia del pasado 3 mayo Octavio Romero Oropeza, dijo que se abrió una investigación para cancelar la pensión vitalicia de 123 mil pesos mensuales que recibe Casar y recuperar el dinero pagado desde 2004, que supera los 31 millones de pesos. Ello, según Romero Oropeza, por considerar que hubo corrupción para conceder la pensión cuando la muerte se trató de un suicidio.
Sin embargo, en el reglamento de Pemex no se menciona que la causa de muerte sea una condición para la entrega de la pensión.
Además, el presidente López Obrador afirmó que se le había concedido un amparo a Casar, cuando ella sólo inició el trámite, y calificó al Poder Judicial de tendencioso por ordenar que se reanudara el pago a Casar. También difundió datos de los ingresos de la académica alegando que eran públicos, cosa que es falsa, aunque después rectificó que los obtuvo a través del SAT.
Aquí te presentamos las claves para entender el caso y las afirmaciones falsas y engañosas que han presentado los representantes del Gobierno de México.
Buscan cancelar la pensión que recibe Casar
En la conferencia del 3 de mayo de 2024, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó que la muerte de Carlos Márquez se trató de un suicidio, lo que supuestamente era un impedimento para que la familia del fallecido recibiera la pensión vitalicia de Pemex, aunque en el expediente que difundió el gobierno, el reglamento de los trabajadores de Pemex no sustenta esta afirmación.
“Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndole y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar, y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron”, sostuvo el funcionario.
Además, ese mismo día se publicó el expediente del caso y el día 5 de mayo se divulgó el dictamen de la entonces Procuraduría General de Justicia del DF en que se afirma que se trató de un suicidio.
El lunes 6 de mayo, Romero Oropeza agregó que: “Fue un suicido y, por lo tanto, no procede ni la pensión, ni procedía tampoco el pago del seguro”.
Por ello, alegó, se buscará por la vía legal recuperar los montos pagados por esta pensión a la presidenta de MCCI, así como fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Sin embargo, el Reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y su empresas productivas subsidiarias, mostrado en el propio expediente, no menciona cláusula alguna en que la causa de la muerte de la persona sea una condición para entregar el recurso.
“Existe una disposición que establece que la persona que dependía económicamente del difunto tenga derecho a recibir esa pensión siempre y cuando no se contraponga a los lineamientos expresos que existan en las disposiciones internas de la dependencia. La Ley (Federal del Trabajo) no habla específicamente nada de eso y el reglamento es el que en todo caso tiene aplicación directa. En todos los juicios que hemos llevado contra Pemex, siempre tenemos que apegarnos a lo que dicen los reglamentos internos”, explicó el abogado laboral Enrique Otriz a El Sabueso.
Además, el propio expediente refiere que Pemex solicitó para el pago de seguros documentos como el acta de defunción, expedida por el Registro Civil, donde no se precisa si se trató de un homicidio o de un suicidio.
INAI investiga a la Presidencia por difundir datos confidenciales
El sábado 4 de mayo, el INAI informó el inicio de una investigación por la divulgación de datos personales de María Amparo Casar, su hija y su hijo por parte de la Presidencia.
En la exposición de Romero Oropeza y con la posterior difusión del expediente, se dieron a conocer datos personales de María Amparo Casar, su hija y su hijo, como registros escolares, identificaciones oficiales, domicilio y número telefónico, lo que va en contra de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Como te contamos en esta nota, Romero Oropeza hizo una interpretación sesgada de la ley para defender esta acción, pues aseguró que se permitía la difusión de información de casos de corrupción, pero omitió que también se ordena proteger los datos confidenciales.
AMLO afirma que Casar presionó para que se considerara suicidio
Tanto el presidente como el director de Pemex afirmaron que María Amparo Casar se había reunido con el entonces procurador General de Justicia del DF, Bernardo Bátiz, para solicitar cambiar el dictamen pericial para que la muerte de Carlos Márquez se registrara como accidente y no como suicidio; sin embargo, tanto la académica como el propio exprocurador dijeron no conocerse en persona, por lo que esta versión es dudosa.
En su libro “Gracias”, el presidente afirma que Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se reunió en 2004 con Bernardo Bátiz, para pedirle que cambiara el dictamen con el fin de garantizar el pago de la pensión.
En la conferencia del 3 de mayo, Romero Oropeza reiteró esa versión y sostuvo que hubo una omisión por parte de los funcionarios de Pemex, quienes autorizaron entregar la pensión cuando se trató de un suicidio.
Casar respondió con un mensaje divulgado por MCCI el 9 de mayo, en donde negó haber pedido cambios al dictamen de la entonces Procuraduría del DF en relación con la causa de muerte de su esposo.
“No fue el caso. El propio maestro Bátiz ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido -como escribe el presidente- tanto el entonces Jefe de Gobierno del DF como su procurador debieron haberme denunciado o, al menos, haberse negado a cometer tal ilegalidad”, afirmó la académica.
En entrevista con Aristegui Noticias, Bernardo Bátiz se pronunció en un sentido similar y reconoció que no recordaba haberse reunido con Casar y Aguilar Camín, aunque acotó que tampoco negaba dicho encuentro, pues confiaba en la buena memoria del presidente.
No obstante, descartó conocer personalmente a Casar, salvo algunos encuentros en que sólo se saludaron o se vieron de lejos. Pero comentó que tenía presente una petición de cambio en el dictamen oficial relacionado con el caso, pero que no se le realizó a él sino al agente del Ministerio Público.
“A mí directamente no. Sé que los litigantes que representaban a las partes que estaban interesadas en el asunto acudían a la agencia del ministerio público de la alcaldía Miguel Hidalgo y que sí hubo algún intento de eso, sí recuerdo que me lo comentaron. Y sin duda alguna, lo comenté en las mañaneras de entonces, de lo que era el gabinete de Gobierno y Seguridad”, afirmó Batres.
Sin embargo, dijo no recordar qué comentó al respecto del incidente.
AMLO reprocha a jueza por ordenar el pago de la pensión
En la conferencia del martes 14 de mayo, López Obrador reprochó que una jueza ordenara que se reanudara el pago de la pensión a María Amparo Casar, y se pronunció por una supuesta parcialidad del Poder Judicial, lo cual es engañoso, pues dicha resolución se da en la generalidad de los juicios de amparo.
Ello aunado a que aún está en proceso de definirse el juzgado competente para el trámite del amparo, y este no se ha concedido, como afirmó el mandatario.
“Hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casar, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo, primero, de que no había una denuncia, que sí la hay, como lo dio a conocer la fiscalía el día de ayer. Y segundo, de que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento, cuando la pensión se le suspendió creo que en febrero”, afirmó.
El 9 de mayo, la defensa de Casar tramitó un amparo ante un juzgado laboral para reclamar el pago de la pensión post-mortem de su esposo, luego de que se suspendieran los pagos en febrero de 2024.
La jueza que recibió el caso ordenó una suspensión de plano, es decir, una medida para evitar que el daño causado por la suspensión del pago de la pensión, explicó a El Sabueso Abril Jiménez, académica de la UNAM.
En los argumentos, se menciona que esa decisión se tomó porque Pemex dejó de pagar la pensión de manera unilateral.
“A menos que exista ordenamiento firme jurisdiccional o administrativo, en el que se le hubiere respetado a la quejosa el derecho de defensa, que ordenara la cancelación del pago de la pensión, ya que una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del extinto trabajador y no pueden suspenderse unilateralmente por el patrón”, señaló la resolución del pasado 9 de mayo.
En los registros del caso, se detalla que el martes 14 de mayo Pemex interpuso un recurso de queja contra el pago de las pensiones pendientes, aunque informó del cumplimiento de la emisión de un cheque para Casar con el monto adeudado.
En entrevista radiofónica la mañana del 14 de mayo, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sostuvo que hasta la noche anterior, no había recibido el pago correspondiente.
Falso que datos de los ingresos de la académica sean públicos
También en la conferencia del lunes 13 de mayo, López Obrador aseguró que la información respecto de los ingresos de María Amparo Casar era pública en las páginas de transparencia, cosa que es falsa.
“Cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales —porque también ese es la otra cosa, lo del debido pretexto de que ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes— puede encontrar que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250 mil pesos mensuales”, aseguró López Obrador.
Pero dicha información, como reconoció este martes el presidente, se obtuvo a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues los pagos de salarios de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no son públicos.
“Y también yo dije ayer, me equivoqué, que estaba su sueldo en la página de transparencia. No, es en la del SAT, para aclarar”, reconoció este martes 14 de mayo.
Además, el presidente amagó con preguntarle al encargado del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Jenaro Villamil, sobre lo que percibe Casar por sus colaboraciones con el programa Primer Plano de Canal Once.
Ello también viola la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, donde se establece que los datos personales son confidenciales.
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La violencia con armas de fuego es un fenómeno particularmente estadounidense que se no se presenta con similar magnitud en ningún otro país desarrollado. Para hacer frente a ese problema, el cirujano general de EU. ha decidido declararlo como una “crisis de salud pública”. Acá te explicamos por qué.
La mayoría de los estadounidenses o sus familiares han vivido incidentes relacionados con la violencia por uso de armas de fuego.
Ese es uno de los datos contenidos en un informe sin precedentes presentado por el cirujano general de EE.UU., Vivek Murthy, y en el cual se ha basado para declarar la violencia armada como una crisis de salud pública en ese país.
En el texto, Murthy explica que el objetivo de esta declaración es reducir el número de víctimas en ese país que lidera mundialmente las estadísticas de muertes por disparos.
Sugiere que un enfoque de salud pública podría ser efectivo y lo compara con la implementación de cinturones de seguridad en los automóviles y las advertencias sobre los riesgos de fumar cigarrillos.
Según expertos, el informe es simbólico y no obliga a cambiar las políticas sobre este tema en EE.UU., pero es un paso para frenar las muertes y cambiar el debate en torno a las armas en el país.
La crisis está impulsada, según el informe, por el aumento de homicidios relacionados con armas de fuego en la última década y de suicidios relacionados con armas de fuego en las dos últimas décadas.
A continuación, te mostramos la grave crisis de los últimos años a través de cinco cifras clave:
1. Primera causa de muerte en niños y jóvenes
Las muertes por armas de fuego en Estados Unidos han aumentado, alcanzando un máximo histórico en las últimas tres décadas en 2021.
Desde 2020, este tipo de violencia es la principal causa de muerte en niños y adolescentes de entre 1 y 19 años, superando las muertes por accidentes de tránsito, cáncer y sobredosis por drogas o envenenamiento.
En comparación con otros países, por cada millón de personas de entre 1 y 19 años, hay 36,4 muertes por armas en EE.UU.
En Japón hay 0,3 muertes y en el Reino Unido 0,5 muertes en el mismo rango de edad.
Según el informe, desde 2022, un total de 48.204 personas han muerto por heridas relacionadas con armas de fuego, incluyendo suicidios, homicidios y muertes accidentales. Esto representa 8.000 muertes más que en 2019 y casi 16.000 más que en 2010.
Dentro de estas cifras, se estima que los suicidios han aumentado en un 20% en la población joven.
2. La mitad de la población ha experimentado violencia armada
En Estados Unidos, la violencia armada ha afectado de forma indirecta o directa a más de la mitad de sus habitantes.
El 54% de los adultos, o sus familias, han experimentado algún incidente relacionado con un arma de fuego, según datos de una encuesta nacional mencionada en el informe.
De este porcentaje, el 21% ha sido amenazado con un arma, el 19% tiene familiares que han muerto por un arma (incluyendo suicidio), el 17% ha sido testigo de un tiroteo, y el 4% ha disparado un arma en defensa propia o ha sido herido por un arma.
“Por cada vida que se pierde, hay dos personas que reciben disparos y resultan heridas y sufren consecuencias para su salud mental y física, familiares que lloran la pérdida de un ser querido, testigos de estos incidentes y millones de personas que leen y oyen hablar de la violencia armada todos los días en los periódicos”, dijo Murthy en una entrevista con la BBC el martes.
La crisis afecta entonces no solo a las víctimas, sino también a la comunidad alrededor. Una de las principales consecuencias es un declive en la salud mental.
La exposición a violencia armada puede contribuir a niveles más elevados de estrés y amenazar el sentido de seguridad en las personas. En comunidades donde hay un tiroteo o múltiples tiroteos, el uso de la sala de emergencia aumenta en un 50% por razones de salud mental después de los 30 días posteriores al incidente.
La preocupación constante por ser víctima de violencia armada es algo con lo que los estadounidenses deben convivir diariamente.
Seis de cada diez adultos en Estados Unidos dicen que se preocupan porque alguien de su familia o seres queridos sea víctima de la violencia armada. Más de un tercio de los adultos en el país experimenta estrés por la posibilidad de un tiroteo masivo y uno en tres adultos dice que el miedo les impedir ir a ciertos lugares o eventos.
La crisis, sin embargo, no afecta a todos de la misma forma. Las comunidades negras fueron las más afectadas en 2022 con el mayor número de homicidios por armas en todas las edades.
Entre los jóvenes que viven en las grandes ciudades de EE.UU., los jóvenes negros y latinos tienen hasta 7 veces más probabilidades de sufrir o ser testigos de violencia por armas.
3. El país rico con más muertes por armas de fuego
La tasa de mortalidad por armas de fuego es 11,4 veces mayor en Estados Unidos que en otros 28 países de ingresos altos, lo que convierte esta cuestión en un problema particularmente estadounidense.
A pesar de que Estados Unidos representa solo el 31% de la población total de los 29 países estudiados, el país acumula el 83,7% de todas las muertes relacionadas con armas de fuego en estos países.
El grupo más afectado siguen siendo los niños y jóvenes.
Las cifras son más dramáticas si se comparan los datos de esos países sobre muertes de jóvenes y niños de entre 0 y 14 años. En 2015, 9 de cada 10 niños que murieron por violencia armada vivían en EE.UU.
El número de tiroteos también va en aumento en EE.UU., aunque solo representan el 1% de las muertes relacionadas con armas. Según el Archivo de Violencia Armada (Gun Violence Archive), más de 600 tiroteos masivos ocurrieron cada año entre 2020 y 2023, en comparación con el promedio de menos de 400 de entre 2015 y 2018.
4. La mitad de las muertes no intencionadas ocurren en casa
Si bien tener un arma en casa es sinónimo de seguridad para muchos, las estadísticas prueban lo contrario.
Tener un arma en casa está asociado con un mayor riesgo de ser víctima de homicidio o suicidio para las personas que viven allí.
Según el reporte, en una situación tensa es más probable que se use un arma y esto puede llevar a consecuencias mortales. El suicidio, por ejemplo, puede ocurrir en cuestión de minutos u horas después de que se ha tomado esta decisión. El acceso a un arma puede transformar un episodio de crisis en un momento fatal.
El fácil acceso a las armas en casa y el mal almacenamiento, conllevan a muertes accidentales.
El 56% de las muertes no intencionadas por arma de fuego entre niños y adolescentes de entre 0 y 17 años ocurrieron en su propia casa entre 2003 y 2021. Esto se agrava cuando la mayoría de las armas se guardan cargadas o sin medidas de seguridad.
Aproximadamente dos tercios de los tiradores estaban jugando con el arma o enseñándosela a otros cuando se disparó.
Un arma desbloqueada en casa está relacionada con un riesgo más alto de suicidio o un disparo intencional entre niños y adolescentes. Las armas guardadas sin llave se encontraron más comúnmente bajo la almohada, en la cama, debajo del colchón o encima de la mesa de noche, lugares de fácil acceso para niños.
5. Alta preocupación por tiroteos escolares
El miedo y la preocupación por la violencia armada son constantes en los adolescentes, sobre todo cuando se trata de tiroteos escolares.
El 51% de los adolescentes entre 14 y 17 años están preocupados por la posibilidad de un tiroteo escolar y la mayoría de ellos han reportado que piensan en qué pasaría si una persona armada entra a su escuela o una escuela cercana.
Este miedo trae consecuencias.
El ausentismo escolar es una de las principales. Los adolescentes evitan asistir a clases porque no se sienten seguros. Un ejemplo son las secuelas tras la tragedia en la escuela de Columbine. Después de este tiroteo, se dobló el número de estudiantes que se ausentaron de clase porque temían por su seguridad.
La salud mental y el desarrollo de los niños también se ven afectados. Según el informe, la exposición en la infancia a ser testigo de incidentes relacionados con armas de fuego se ha asociado con mayores probabilidades de portar armas de fuego en la adolescencia. Además, la exposición acumulativa a violencia armada puede afectar el desarrollo y contribuir a la aparición de problemas mentales y de comportamiento.
“No tenemos por qué seguir por este camino y no tenemos por qué someter a nuestros hijos al horror continuo de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos”, afirmó Murthy.
Haciendo frente a la violencia armada
Murthy confía en que se pueda eliminar la politización de un tema que ha dividido a los legisladores y que, en su lugar, se logre concientizar a los estadounidenses sobre las consecuencias y las cifras.
Los defensores de que se avance en un uso más seguro de las armas se mostraron optimistas sobre el anuncio del cirujano general y lo consideran un paso hacia un cambio en la opinión pública sobre este asunto.
“No se trata de una cuestión política”, declaró a la BBC el Dr. Chethan Sathya, director del Centro de Prevención de la Violencia Armada de Northwell Health. “Se trata de comunidades más seguras, seguridad en el manejo de armas de fuego y prevención de la violencia”.
Sathya considera que el informe “legitima” un debate sobre el uso de recursos de investigación y salud pública para abordar el problema con soluciones de salud pública.
“Necesitamos una política y una estrategia con muchos matices diferentes para poder abordar esto de una manera que tenga sentido para todos los estadounidenses”.
Un gran paso tiene que ver con reconocer la magnitud del problema, según dice el reporte.
Aunque diez de las principales asociaciones médicas nacionales han respaldado el informe de Murthy, la reacción de los conservadores no ha sido positiva.
En sus redes sociales, la Asociación Nacional del Rifle, el grupo de presión armamentística más importante del país, respondió a lo que calificó de “extensión de la guerra de la Administración Biden contra los propietarios de armas respetuosos con la ley”.
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