Morena, Sheinbaum y CNDH usan dichos falsos contra resolución de Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas
La presidenta Claudia Sheinbaum, Morena, legisladores de dicho partido e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han utilizado dichos falsos y engañosos para rechazar la declaración de un Comité de la ONU sobre que en México se cometen desapariciones forzadas “generalizadas” y “sistemáticas”.
El principal argumento del oficialismo es que no hay una orden desde el gobierno o incluso de parte de la presidenta Sheinbaum para cometer desapariciones forzadas.
“A diferencia del pasado, el gobierno no desaparece personas ni viola derechos fundamentales, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad”, señaló el partido Morena ante la resolución del Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).
“No es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Se mandó una Nota Diplomática para mostrar nuestra inconformidad”, dijo la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, el Comité de la ONU no culpó en específico al gobierno de Sheinbaum de ordenar una política de desapariciones.
Señaló una problemática estructural en que agentes estatales a nivel federal, estatal y municipal han cometido o han permitido que ocurran desapariciones forzadas desde sexenios pasados, sin que hasta ahora el Estado mexicano tenga una respuesta adecuada para prevenir los casos y que se haga justicia en los crímenes ya cometidos.
En esta nota te contamos que en los últimos 9 años se sumaron 66 mil casos al Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL), y en ese lapso sólo se contabilizaron 373 condenas contra responsables. La gran mayoría de los casos siguen impunes.
En la respuesta con folio 330024624001678, en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General de la República informó sobre 697 carpetas de investigación por desaparición forzada, entre 2019 y 2023, años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está respondiendo de manera que me parece de mala fe, diciendo que ellos creen que si no ordenaron la desaparición es que no hay desapariciones forzadas”, refirió Jacobo Dayán, especialista en temas de derechos humanos.
“Y eso es no entender qué es una desaparición forzada. El artículo segundo de la Convención de Desapariciones habla de que hay desaparición forzada cuando lo hace el Estado o lo hacen particulares, es decir, en este caso, el crimen organizado, con el apoyo, la colaboración o la aquiescencia del estado. Y el Estado mexicano, en todos los casos, opera por acción o por omisión en contubernio con el crimen organizado”, agregó.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincidió en que “existen múltiples casos de desaparición, exhaustivamente documentados, en los que participan por activa o por pasiva, incluso mediante su aquiescencia, policías municipales, policías estatales, ministeriales, militares, marinos, siendo por ello desapariciones forzadas”.
Al apuntar que las desapariciones ocurren en condiciones de generalidad y sistematicidad, agregó, el Comité de la ONU no ha afirmado que exista una “Política de Estado” para desaparecer personas.
“Detrás de esta respuesta inicial está, sin duda, la perspectiva de una coalición política que opta por mantener la narrativa de la transformación antes que asumir la realidad de la continuada crisis de desapariciones”, refirió sobre la respuesta de Morena y el gobierno.
En un comunicado, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana apuntó que aunque no todas las desapariciones en el país son directamente atribuibles a agentes estatales, “la inacción o respuesta insuficiente de las autoridades puede constituir una forma de aquiescencia. Esta falta de prevención, investigación y sanción efectiva ha facilitado la persistencia del fenómeno y generado un entorno de tolerancia institucional”.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, subrayó que “el Comité recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”. Por ello, el CED solicitará al gobierno mexicano “información pertinente respecto de esta situación, sin prejuzgar las siguientes etapas del procedimiento”.
La desaparición forzada es un delito grave que implica la privación de la libertad de una persona, cometida por agentes del Estado o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a informar sobre el paradero de la víctima.
Así lo establecen tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que coinciden en señalar que este crimen impide a la persona ejercer recursos legales y garantías procesales, y convierte al Estado en responsable, ya sea por acción directa o por omisión ante hechos perpetrados por el crimen organizado en colusión con autoridades.
Observaciones sobre la crisis de desaparecidos vienen desde sexenios atrás
El Centro Prodh recordó que desde sexenios pasados el Comité CED de la ONU señaló la crisis de desapariciones en el país, pero gobiernos de diferentes partidos han ignorado las recomendaciones.
“Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades”, apuntó el Centro.
“Pero el Estado mexicano ignoró estas recomendaciones. Durante la administración peñanietista, se respondió agresivamente a las observaciones del Comité. Después, durante el gobierno obradorista, tras un diálogo constructivo inicial, el sexenio culminó con un claro desdén al Comité y sus recomendaciones”, agregó.
En el presente sexenio, refirió también el Centro Prodh, “estas visiones se han perpetuado, pues el gobierno actual apostó por dar una inmerecida continuidad al equipo y a las visiones que con un lamentable desempeño predominaron los últimos dos años del pasado sexenio, caracterizadas por negar la existencia de una crisis de desapariciones y por reducir esta tragedia a un problema de percepción y cifras”.
Aunque la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que el gobierno de México “no desaparece personas ni viola derechos humanos”, y el senador Gerardo Fernández Noroña retó a encontrar un sólo caso de desaparición forzada ordenada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, corporaciones bajo el mando de gobiernos morenistas sí han sido señaladas por desapariciones forzadas, y otras violaciones graves a derechos humanos.
En agosto de 2023, por ejemplo, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves cometidas por la Guardia Nacional, la SSC-CDMX y la FGJCDMX “por detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo”.
Del mismo modo, emitió una recomendación por un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presuntamente a manos del Ejército en agosto de 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero.
En el siguiente gráfico, se observa cómo también la CNDH ha seguido documentando en años recientes casos de desapariciones con la presunta participación de agentes del Estado:
Además la investigación Permiso para matar documentó un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, federales y estatales, contra 1,524 víctimas inocentes o indefensas durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Estas personas no tenían vínculos con el crimen organizado ni eran objeto de investigaciones, pero fueron atacadas por mostrar actitudes consideradas “sospechosas”, como parecer nerviosas, usar cierta ropa o no detenerse ante un retén.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes, personas marginadas o estigmatizadas, fueron asesinadas o desaparecidas de manera arbitraria. La investigación revela que estos no son casos aislados o errores de “manzanas podridas”, sino una violencia sistemática e impune ejercida por el Estado como parte de su política de seguridad.
“Que la CNDH diga que no hay una crisis de desapariciones en México es vergonzoso. Hay 125 mil desaparecidos, ¿a partir de qué número sería una crisis para la CNDH? Si 125 mil desaparecidos no es una crisis de desaparecidos, si 72 mil cuerpos en espera de ser identificados no es una crisis, si el 99% de impunidad en desaparición no es una crisis, ¿qué es una crisis?”, criticó Dayán.
Con información de Frasua Esquerra
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una campaña para promover temas diferentes al narco en la música mexicana, hoy dominada por los corridos norteños. Te explicamos qué hay detrás y qué puede pasar.
“Soy el dueño del Palenque, cuatro letras van al frente”, dice la canción. “Soy el señor de los gallos, el del cartel jalisciense”, entona.
Los autores son Los Alegres del Barranco, un grupo mexicano originario de Sinaloa. El señor del palenque es Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, máximo jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. Y las cuatro letras que menciona el verso son las iniciales de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
El mes pasado, en un concierto en Jalisco, la banda cantó la canción, que data de 2021, y puso imágenes del Mencho en las pantallas, cuando las fibras en México estaban aún sensibles tras el descubrimiento de un centro de reclutamiento, tortura y cremación del mismo cartel en ese estado.
Con eso resurgió el viejo debate sobre si este tipo de manifestaciones culturales deben ser censuradas bajo el pretexto de que son apologías del delito.
Un total de diez estados han prohibido contenidos semejantes.
Y aunque dice que “no se trata de censurar”, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha lanzado una campaña llamada “México canta y encanta” para promover otras temáticas en la música popular mexicana.
La controversia vuelve en un momento particular: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere presionar a México a través de aranceles comerciales para que luche en contra del crimen organizado, ha declarado a los carteles organizaciones terroristas y sostiene que “el gobierno está en manos del narcotráfico”.
Sheinbaum, una progresista de enorme popularidad, rechaza las acusaciones, pero, obligada a entenderse con el republicano, ha escogido emprender esta campaña para dejar claro que en México no hay tolerancia hacia el narco.
¿Qué son, pues, los corridos, de dónde vienen y por qué su relación con el crimen organizado? Estas son algunas claves para entender el debate.
¿Qué son?
Los corridos son un género musical del norte de México. Es primo lejano de la ranchera, también del norte, y primo hermano de la banda sinaloense, un género alegre con vientos estruendosos.
El corrido usa instrumentos traídos de España durante la colonia, como guitarras en varios formatos, el bandolón y el bajo quinto.
Se inspira en géneros como la polka alemana y el vals checo, que llegaron a México, acordeón en mano, en el siglo XIX.
Y su elemento distintivo —además de una guitarra alta y tensionada y un contrabajo con cuerdas de nylon— son las letras, que no solo narran la realidad en una región fronteriza turbulenta, sino que sirven de manifiesto rebelde en una sociedad ávida de llevar la contraria.
¿Cuál es su historia?
El corrido tiene varios subgéneros contemporáneos: el tumbado, de corte urbano y con adopciones del rap y el trap; el verde, en alusión al consumo de marihuana; el alterado, directamente asociado al crimen, el lujo, el ocio.
De este último surge la expresión narcocorrido, que en realidad es una manera más explícita de decir “alterado”.
Pero antes de todo esto hubo otros corridos, como los “villistas”, en referencia a Pancho Villa, el líder bandolero del norte en la Revolución Mexicana, o los “zapatistas”, en alusión al líder campesino revolucionario.
Los corridos existen al menos desde el siglo XIX, cuando las baladas románticas traídas de España durante la Colonia fueron reinterpretadas bajo los parámetros de una sociedad que buscaba la independencia y estaba estrechamente conectada con el sur de Estados Unidos, otro caldero de géneros musicales de relevancia.
Sus primeras temáticas giran en torno a la Independencia, a principios de siglo; pero su gran auge se da durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1917, cuando la información en un país con altas tasas de analfabetismo se daba a conocer a través de la música y las historias de los revolucionarios eran admiradas por el público.
Luego, en las décadas de 1920 y 1930, el corrido empezó a contar las historias del contrabando en medio de la prohibición del alcohol decretada en Estados Unidos. Así nació el “corrido tequilero”, una forma de narcocorrido.
El primer narcocorrido en México documentado es “El Pablote”, de 1931, sobre un narcotraficante conocido como “El rey de la morfina”.
En los 40 y 50, cuando la marca mexicana se popularizó en un mundo afligido por la Segunda Guerra Mundial, el mariachi y la ranchera sobrepasaron al corrido en las emergentes estaciones de radio.
Los públicos no estaban interesados en historias de violencia, por lo que el corrido existente acentuó su connotación de prohibido y trasgresor.
Luego, en los años 70, surgen Los Tigres del Norte, unos de los padres de este fenómeno, que vuelven a las historias de la frontera, del contrabando, de la guerra contra las drogas, del intervencionismo estadounidense a través de la Operación Cóndor.
¿Cuál es la relación con el narcotráfico?
De los años 70 en adelante, es decir, desde que nació el narcotráfico contemporáneo, la historia de los corridos cambió, no solo porque en ellos se narra lo que pasa en la vida criminal, sino porque parte de su financiación vino de esa economía.
Algunos cantantes de corridos, como el famoso Gerardo Ortiz, han admitido ante las autoridades que lavaron dinero de los narcos a través de sus conciertos.
Algunas disqueras, como DEL Records, han sido investigadas por lavar dinero a través de proyectos discográficos.
Y casi todos los famosos capos han encargado a los músicos que escriban corridos en su nombre, no solo para legitimarse ante la sociedad, sino para contribuir en los procesos de reclutamiento de jóvenes.
La relación entre corrido y narcotráfico tiene muchos hitos históricos, pero uno de los más recordados es el asesinato de Chalino Sánchez, conocido como el “rey del corrido”: se salvó de un atentado, lo amenazaron varias veces y al final lo mataron en 1992. Aunque no se sabe el motivo, está claro que tenía que ver con su vínculo con el narcotráfico.
Los ajustes de cuentas, las riñas entre carteles, los símbolos del mundo del narco suelen ser la razón por las que los músicos de corridos son amenazados. A Peso Pluma, el más famoso hoy, lo amenazaron públicamente si cantaba en Tijuana. A Valentín Elizalde, otro importante del género, lo mataron en 2006 por cantar un narcocorrido con mensajes entre carteles.
“Nosotros contamos historias populares que existen en nuestra cultura”, declararon los miembros de los Alegres del Barranco, a quienes les quitaron la visa estadounidense, luego de disculparse por “causar ofensa”.
El grupo existe desde 2005 y en realidad, como todos los exponentes de los corridos, sus temas van mucho más allá del narco: hablan de la separación familiar, la cárcel y la migración.
Relatos de la frontera a ambos lados de esta. Porque hoy muchos de los grandes del rubro nacieron en Estados Unidos. El fenómeno es binacional.
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¿Por qué es tan difícil prohibir los narcocorridos en México?
Más que defenderlos, hay un puñado de mexicanos que entienden los narcocorridos como una manifestación natural de una sociedad en un tiempo histórico determinado.
Durante las últimas décadas, con el aumento de la desigualdad y la persecución policial suscitada por el anticomunismo y la guerra contra las drogas, “el narcomundo apareció como opción disponible, conformada por personajes que lograron transitar los senderos disponibles de movilidad social desde los ámbitos de la ilegalidad y paralegalidad”, escribe el sociólogo José Manual Valenzuela.
“Así surgieron —añade— nuevos héroes o antihéroes, en un mundo que no corresponde a la lógica del dinero fácil, pues el camino es sinuoso, violento, sangriento, pero para algunos puede llegar a ser rápido o transitable”.
El sociólogo, que tiene tres libros sobre el tema, celebra las iniciativas de pedagogía para promover otras temáticas en la música mexicana, pero sostiene que, mientras exista la violencia, los corridos van a narrarla y hacerla parte de su codificación cultural y emocional.
“La conformación de nuevos héroes y referentes de vida exitosos para las y los jóvenes —escribió en 2023— requiere canales solventes, creíbles y disponibles que garanticen la conformación de proyectos de vida viables y vivibles. Desmontar el culto a los narcos solo se logrará cuando desaparezca la profunda desigualdad social”.
No es la primera vez que se intenta censurar los narcocorridos en México: desde los años 50 ha habido voces oficiales que alertan sobre su celebración del crimen. Cuando no sonaban en la radio mexicana, incluso, los norteños sintonizaban emisoras estadounidenses.
En varios estados mexicanos, en especial en Sinaloa, la prohibición ha ido y venido varias veces.
Pero los corridos no solo se mantienen, sino que, tras la introducción de sonidos urbanos como el rap y el trap, están en auge: Peso Pluma, su mayor exponente actual, ha sido varias veces número uno de listas internacionales; el 77% de la música que se escucha en México es un corrido, según Spotify, y 8 de cada 10 canciones mexicanas escuchadas en la plataforma son un corrido.
Bad Bunny, Becky G y Shakira han escrito corridos. Esta última, de hecho, lo hizo narrando otra historia de la compleja realidad latinoamericana: aquella de los trabajadores migrantes en países desarrollados.
No todo corrido, pues, es un narcocorrido. Y todo corrido, en todo caso, cuenta una historia basada en la realidad.
Mientras haya narcos, entonces habrá narcocorridos.
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