Morena, Sheinbaum y CNDH usan dichos falsos contra resolución de Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas
La presidenta Claudia Sheinbaum, Morena, legisladores de dicho partido e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han utilizado dichos falsos y engañosos para rechazar la declaración de un Comité de la ONU sobre que en México se cometen desapariciones forzadas “generalizadas” y “sistemáticas”.
El principal argumento del oficialismo es que no hay una orden desde el gobierno o incluso de parte de la presidenta Sheinbaum para cometer desapariciones forzadas.
“A diferencia del pasado, el gobierno no desaparece personas ni viola derechos fundamentales, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad”, señaló el partido Morena ante la resolución del Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).
“No es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Se mandó una Nota Diplomática para mostrar nuestra inconformidad”, dijo la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, el Comité de la ONU no culpó en específico al gobierno de Sheinbaum de ordenar una política de desapariciones.
Señaló una problemática estructural en que agentes estatales a nivel federal, estatal y municipal han cometido o han permitido que ocurran desapariciones forzadas desde sexenios pasados, sin que hasta ahora el Estado mexicano tenga una respuesta adecuada para prevenir los casos y que se haga justicia en los crímenes ya cometidos.
En esta nota te contamos que en los últimos 9 años se sumaron 66 mil casos al Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL), y en ese lapso sólo se contabilizaron 373 condenas contra responsables. La gran mayoría de los casos siguen impunes.
En la respuesta con folio 330024624001678, en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General de la República informó sobre 697 carpetas de investigación por desaparición forzada, entre 2019 y 2023, años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está respondiendo de manera que me parece de mala fe, diciendo que ellos creen que si no ordenaron la desaparición es que no hay desapariciones forzadas”, refirió Jacobo Dayán, especialista en temas de derechos humanos.
“Y eso es no entender qué es una desaparición forzada. El artículo segundo de la Convención de Desapariciones habla de que hay desaparición forzada cuando lo hace el Estado o lo hacen particulares, es decir, en este caso, el crimen organizado, con el apoyo, la colaboración o la aquiescencia del estado. Y el Estado mexicano, en todos los casos, opera por acción o por omisión en contubernio con el crimen organizado”, agregó.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincidió en que “existen múltiples casos de desaparición, exhaustivamente documentados, en los que participan por activa o por pasiva, incluso mediante su aquiescencia, policías municipales, policías estatales, ministeriales, militares, marinos, siendo por ello desapariciones forzadas”.
Al apuntar que las desapariciones ocurren en condiciones de generalidad y sistematicidad, agregó, el Comité de la ONU no ha afirmado que exista una “Política de Estado” para desaparecer personas.
“Detrás de esta respuesta inicial está, sin duda, la perspectiva de una coalición política que opta por mantener la narrativa de la transformación antes que asumir la realidad de la continuada crisis de desapariciones”, refirió sobre la respuesta de Morena y el gobierno.
En un comunicado, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana apuntó que aunque no todas las desapariciones en el país son directamente atribuibles a agentes estatales, “la inacción o respuesta insuficiente de las autoridades puede constituir una forma de aquiescencia. Esta falta de prevención, investigación y sanción efectiva ha facilitado la persistencia del fenómeno y generado un entorno de tolerancia institucional”.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, subrayó que “el Comité recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”. Por ello, el CED solicitará al gobierno mexicano “información pertinente respecto de esta situación, sin prejuzgar las siguientes etapas del procedimiento”.
La desaparición forzada es un delito grave que implica la privación de la libertad de una persona, cometida por agentes del Estado o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a informar sobre el paradero de la víctima.
Así lo establecen tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que coinciden en señalar que este crimen impide a la persona ejercer recursos legales y garantías procesales, y convierte al Estado en responsable, ya sea por acción directa o por omisión ante hechos perpetrados por el crimen organizado en colusión con autoridades.
Observaciones sobre la crisis de desaparecidos vienen desde sexenios atrás
El Centro Prodh recordó que desde sexenios pasados el Comité CED de la ONU señaló la crisis de desapariciones en el país, pero gobiernos de diferentes partidos han ignorado las recomendaciones.
“Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades”, apuntó el Centro.
“Pero el Estado mexicano ignoró estas recomendaciones. Durante la administración peñanietista, se respondió agresivamente a las observaciones del Comité. Después, durante el gobierno obradorista, tras un diálogo constructivo inicial, el sexenio culminó con un claro desdén al Comité y sus recomendaciones”, agregó.
En el presente sexenio, refirió también el Centro Prodh, “estas visiones se han perpetuado, pues el gobierno actual apostó por dar una inmerecida continuidad al equipo y a las visiones que con un lamentable desempeño predominaron los últimos dos años del pasado sexenio, caracterizadas por negar la existencia de una crisis de desapariciones y por reducir esta tragedia a un problema de percepción y cifras”.
Aunque la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que el gobierno de México “no desaparece personas ni viola derechos humanos”, y el senador Gerardo Fernández Noroña retó a encontrar un sólo caso de desaparición forzada ordenada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, corporaciones bajo el mando de gobiernos morenistas sí han sido señaladas por desapariciones forzadas, y otras violaciones graves a derechos humanos.
En agosto de 2023, por ejemplo, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves cometidas por la Guardia Nacional, la SSC-CDMX y la FGJCDMX “por detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo”.
Del mismo modo, emitió una recomendación por un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presuntamente a manos del Ejército en agosto de 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero.
En el siguiente gráfico, se observa cómo también la CNDH ha seguido documentando en años recientes casos de desapariciones con la presunta participación de agentes del Estado:
Además la investigación Permiso para matar documentó un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, federales y estatales, contra 1,524 víctimas inocentes o indefensas durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Estas personas no tenían vínculos con el crimen organizado ni eran objeto de investigaciones, pero fueron atacadas por mostrar actitudes consideradas “sospechosas”, como parecer nerviosas, usar cierta ropa o no detenerse ante un retén.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes, personas marginadas o estigmatizadas, fueron asesinadas o desaparecidas de manera arbitraria. La investigación revela que estos no son casos aislados o errores de “manzanas podridas”, sino una violencia sistemática e impune ejercida por el Estado como parte de su política de seguridad.
“Que la CNDH diga que no hay una crisis de desapariciones en México es vergonzoso. Hay 125 mil desaparecidos, ¿a partir de qué número sería una crisis para la CNDH? Si 125 mil desaparecidos no es una crisis de desaparecidos, si 72 mil cuerpos en espera de ser identificados no es una crisis, si el 99% de impunidad en desaparición no es una crisis, ¿qué es una crisis?”, criticó Dayán.
Con información de Frasua Esquerra
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Mientras las manifestaciones contra medidas migratorias de Donald Trump crecen, en Paramount, donde el 36% de los vecinos nació en otro país, reivindican el rol de estos en la comunidad.
“¿Van para la guerra, con todas esas armas?”, interpela un hombre a los miembros de la Guardia Nacional que lo observan impasibles, fusiles en mano, desde el otro lado de la verja.
Estamos en Paramount, una localidad del sur de los Ángeles en la que el sábado se registraron enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y un grupo de manifestantes que habían llegado tras correrse la voz de que se estaban llevando a cabo redadas de deportación en la zona.
Disturbios como aquel llevaron al presidente Donald Trump a intervenir, tras dos días de protestas aisladas por las operaciones migratorias, ordenando el envío de 2.000 uniformados como los que tenemos enfrente para ayudar a “restaurar la ley y el orden” en la metrópolis californiana.
“Es una maniobra que solo escalará la tensión”, advirtió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, adelantándose a lo que un día después se registraría en el centro de Los Ángeles, con cientos de manifestantes bloqueando accesos, agentes tratando de dispersarlos con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, y quema de vehículos.
“Ustedes están haciendo su trabajo, pero nosotros no somos el enemigo”, grita el hombre apostado en la valla ante los soldados a horas de que se den esas escenas de caos.
Puede que su voz destaque entre la decena de personas que se ha congregado este domingo para hacerle saber a la Guardia Nacional que su presencia no es bienvenida.
Pero su sentir es ampliamente compartido en este municipio de unos 51.000 habitantes en los que uno de cada ocho es de origen latino y el 36% nació en otro país, según datos del censo.
“Aquí solo hay gente trabajadora, porque este barrio lo levantaron los inmigrantes”, reivindica, mientras otro vecino ondea la bandera mexicana, dos jóvenes alzan unas pancartas en repudio a ICE y varios coches tocan la bocina al pasar.
“Hay miedo”
Como cada fin de semana, tres de esos inmigrantes que contribuyeron a que Paramount sea el municipio que es se reúnen al otro lado de la calle para charlar de las novedades familiares y de la actualidad.
Apostados en sus vehículos de trabajo, la conversación de Juan, Rogelio y Héctor se centra este domingo en cómo en ese mismo lugar, en el parqueo de la tienda Home Depot, fue donde la víspera se encendieron las tensiones entre manifestantes y agentes federales.
“Se ve que se habían surgido informaciones de que estaban haciendo redadas justo aquí”, explica Juan, mexicano de 63 años que llegó desde Jalisco a Estados Unidos cuando tenía 17.
“Y eso trajo a gente que, en la confusión, terminó armando disturbios”, explica.
En un mensaje enviado a la BBC, el Departamento de Seguridad Nacional negó que ICE hubiera realizado operaciones en la zona el sábado.
Aunque informó que en las llevadas a cabo en Los Ángeles en la última semana detuvieron a 118 indocumentados, el golpe migratorio más duro contra esta ciudad considerada “santuario” desde que Trump llegara al poder con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Sea como fuere, los tres amigos dicen estar tranquilos — “no tenemos ningún problema, tenemos todos los papeles en regla”–, aunque reconocen que son muchos los vecinos indocumentados que viven el contexto con miedo.
“Es por eso que hoy no ves a nadie aquí”, sigue Juan, quien aun así prefirió no dar su apellido. “Generalmente, aunque más entre semana, puedes ver aquí 20 o 30 camionetas de jornaleros a la espera de que los contraten”, explica.
Uno de los pocos que este domingo llegó a ofrecerse para trabajar es Pedro, quien pidió ser identificado con seudónimo.
“Techos, reparación, pintura”, se lee en el cartel que ha pegado en el parabrisas de su vieja pick-up azul, aparcada discretamente en una esquina.
“La vida aquí es muy cara y mi pensión no alcanza”, dice este salvadoreño que lleva cinco décadas en EE.UU. y que con sus 70 años bien cumplidos está en edad de jubilarse.
“Por eso tengo que venir a rebuscarme cada día”, cuenta.
Lo hace con la tranquilidad que le da el haber regularizado su situación migratoria en el año 2000, pero sin poder evitar la angustia que le genera ver a sus vecinos sufrir.
“Esto no va a acabar aquí. Las redadas van a seguir. Se está volviendo invivible con este presidente”, dice, y añade que está valorando volverse a El Salvador.
“Una comunidad vibrante”
Algunos de los vecinos buscaron consuelo y acompañamiento ante la adversidad en la iglesia cristiana a la que acuden cada domingo, Chapel of Change, situado a apenas unos metros del Home Depot y del escenario de los enfrentamientos.
Unas 200 personas, la mayoría familias de origen hispano, escuchan con atención el sermón en el que los llaman a abrazarse a la fe.
“Aquí buscamos unidad y rezamos por todos”, le dice a BBC Mundo Irene Ramírez, una de las pastoras de la iglesia, que describe a la comunidad como “vibrante, unida y orientada a la familia”.
El pastor principal de la iglesia, Bryan Worth, lo suscribe.
“Con los años Paramount se ha vuelto un municipio muy vibrante”, le explica a la BBC.
“En los 80 Paramount solía ser una de las peores ciudades pequeñas de la nación, pero los líderes cívicos, del sector educativo y los que estamos al frente de las iglesias se aliaron para transformar la comunidad, para que estuviera más unida, fuera más pacífica en general”, subraya.
“Nunca pensé que las escenas que echaban en la tele íbamos a tenerlas aquí”, se lamenta Dora Sanchez, quien ayuda en las labores de la iglesia.
“Todo es muy impactante”, añade, sin imaginarse lo que aún estaba por llegar.
A medida que las horas avanzan, la tensión este domingo sigue escalando, las escenas volviéndose más caóticas en las calles del centro de Los Ángeles y la fricción entre el gobierno federal y el estatal profundizándose.
Ante el llamado de Newsom para que retire a la Guardia Nacional de las calles y las duras críticas de gobernadores demócratas que subrayan que la medida es “un alarmante abuso de poder”, Trump se mantiene firme en su postura.
“Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, la explicó en su red social TruthSocial.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre”.
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