Contrario a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo existen 14 y no 20 militares detenidos en relación al caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Además, uno de estos 14 militares permanece en prisión domiciliaria desde el mes de agosto de este año.
En el transcurso de la semana, el mandatario insistió durante sus conferencias matutinas —y medios públicos lo han replicado—, que son una veintena de militares los detenidos y dos generales, los que están en espera de ser juzgados por su probable responsabilidad en el caso.
Dio diferentes numeralias que generaron confusión.
Por ejemplo, primero mencionó “hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos”, el 20 de septiembre.
Un día después, cambió la cifra: “Ya hay como 15, 20 militares encarcelados, dos generales, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables, ya están en la cárcel, eso no lo habían hecho antes”.
Sin embargo, su quinto informe de gobierno y las ilustraciones compartidas por el Gobierno de México detallan que se trata de 14 militares, y de estos dos son generales, el resto pertenecen a distintos grados.
Aquí puedes ver la numeralia que han compartido:
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En la página 128 del quinto informe de Gobierno, se destaca la detención entre septiembre de 2022 y junio de 2023 de 28 personas presuntamente implicadas en la desaparición de los 43 jóvenes. De estos, se detalla que dos son generales y 12 son militares de distintos grados, todos pertenecientes al 27 y 41 batallón de infantería.
El mandatario también negó durante dos conferencias matutinas que el ejército ocultara información a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos en relación al caso.
“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información. Entonces estamos haciendo un acopio, no de información, sino de a ver, qué nos piden, qué se ha entregado y qué falta, y si existe, para no seguir ahondando diferencias”, dijo López Obrador durante la conferencia del jueves 21 de septiembre.
Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y las familias de los 43 jóvenes denunciaron públicamente que el Ejército se rehúsa a entregar información del caso interceptada por la Sedena a un grupo criminal, pese a las órdenes de transparencia del presidente como comandante supremo de las fuerzas armadas.
Como te contamos en esta nota, en julio de 2023 se informó que los dos expertos del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, no renovarían su estancia en México por “diversos desencuentros” con la Sedena, entre los que se encuentran, el ocultamiento de una serie de documentos en los que quedaron plasmadas conversaciones interceptadas al grupo criminal que agredió a los estudiantes normalistas.
“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.
También denunciaron que “las pruebas de que existe numerosa documentación que no ha sido proporcionada hasta ahora son abrumadoras”.
El pasado 20 de septiembre, en el encuentro con el presidente López Obrador, según el relato de la organización Tlachinollan, familiares de los 43 insistieron en reclamar que no se ha entregado toda la información y que el presidente respalda más a los militares.
“Las madres y padres insistieron al presidente de la república en que el ejército tiene información oculta importante sobre los estudiantes. ‘Usted está del lado del ejército, pero debería estar del lado de las víctimas’, le dijeron. La tensión creció en el momento en que el presidente defendía a los militares, las familias simplemente no daban crédito. Aun cuando le decían ‘tenemos esperanza en usted, presidente’ su postura fue leal al ejército”, relata la organización Tlachinollan.
Por otro lado, el presidente aseguró que no habrá obstáculos y que no se protegerá a nadie.
Esta es la cronología de las detenciones de militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa.
Todavía quedan 6 militares que cuentan con orden de aprehensión, pero no han sido detenidos:
Hombres jóvenes con jeans y chanclas hacen fila como en un cortejo fúnebre frente al hospital Nasser en Jan Yunis.
Desde que Israel comenzó a bombardear intensamente el sur de Gaza el 1 de diciembre, cientos de personas han muerto.
Es otra noche en la densa penumbra frente a las salas de emergencias.
Afuera hay hombres vestidos con batas, serenos. Se alzan voces y los hombres se agolpan a su alrededor.
Cualquier orden está empezando a desmoronarse: la gente está traumatizada y agotada.
Un auto se detiene, suena la bocina y las luces parpadean, sacan a un joven, lo colocan en una camilla y luego lo llevan al interior.
Llega otro vehículo cubierto con polvo y ayudan a un niño a salir. Sabe caminar y es pequeño, sólo tiene cuatro o cinco años.
Al día siguiente, en el centro de la ciudad, Samah Ilwan, madre de seis hijos, pide ayuda.
“Quiero enviar un mensaje al mundo entero y al árabe”, dice.
“Quiero decirle al mundo que somos inocentes. No hicimos nada malo“, agrega.
La mujer agita en el aire dos botellas de agua vacías y dice que sus hijos, cinco niñas y un niño, tienen sed.
“Nos hemos vuelto como perros y gatos. Quizás los perros y los gatos encuentren refugios. Nosotros no tenemos ninguno. Estamos abandonados en la calle“, afirma.
Desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, la vida ha quedado destrozada.
Hamás, una organización terrorista proscrita en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, mató al menos a 1.200 personas y llevó a más de 240 como rehenes a Gaza.
A estos hechos le siguieron semanas de intensos bombardeos y una invasión terrestre israelí en el norte.
El Ministerio de Salud dirigido por Hamás dice que más de 15.800 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños.
Una tregua de siete días se acordó para permitir el intercambio de algunos rehenes por prisioneros palestinos.
Pero ahora la guerra se reanudado y estoy solo en Jan Yunis, mientras mi familia está en el centro de Gaza.
Este era el lugar más seguro para el camión satélite, con buena señal para transmitir, hasta hace unos días.
Yo siempre he estado orgulloso de ser periodista, pero mis opciones se están acabando. Me siento acorralado.
Pude viajar al centro de Gaza cada pocos días para ver a mi familia. Pero ahora los israelíes han cerrado una carretera y la otra es muy peligrosa.
Soy originario del norte, pero huí al sur con mi familia después de que el ejército israelí me lo ordenara, diciendo que el sur era un “lugar seguro”.
Ahora nos advierten de una “operación terrestre peligrosa” en Jan Yunis y nos dicen que debemos avanzar más al sur, hasta Rafah, justo en la frontera con Egipto.
A pesar de todo lo que nos ha sucedido a mí y a mi familia desde el comienzo de la guerra, esta es la primera vez que me siento completamente perdido.
Me han arrebatado toda la fuerza de voluntad y el control.
Estoy acostumbrado a mantener a mi familia segura y protegida, ideando un plan. Ahora la indecisión se ha apoderado de mi
¿Debería ir a Rafah, seguir trabajando y esperar que mi familia esté bien? ¿O debería intentar volver con ellos, dejar de informar y, si pasa lo peor, al menos moriremos juntos?
Espero que nadie más tenga que enfrentarse nunca a esta terrible elección, que no es una elección en absoluto.
Desde el inicio de las operaciones militares israelíes en Gaza al menos 63 periodistas han muerto y otros 11 han resultado heridos, de acuerdo con los registros del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
“La envergadura, la gravedad y la recurrencia de los crímenes internacionales contra los periodistas en Gaza exigen una investigación prioritaria de la Corte Penal Internacional (CPI)”, reclamó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El pasado 31 de octubre organización que protege a los comunicadores presentó una denuncia contra las autoridades israelíes ante el juzgado con sede en La Haya (Países Bajos).
Las fuerzas israelíes han dicho a las agencias de noticias que no pueden garantizar la seguridad de los periodistas que trabajan en Gaza.
Aunque no son defensores de los derechos humanos, “muchos periodistas actúan como tales cuando, por ejemplo, informan de abusos y actos que han presenciado”. Y, por lo tanto, deberían ser protegidos al momento de realizar sus labores, escribió el relator especial de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos.
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