‘¿Algún pobre fabrica facturas falsas?’: Senadora Andrea Chávez usa dichos engañosos para defender la prisión preventiva oficiosa
La senadora morenista Andrea Chávez usó argumentos engañosos para defender la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al dar por hecho que personas acusadas por algunos de los delitos del artículo 19 constitucional ya son delincuentes, y por lo tanto para prevenir su fuga es necesario que sigan su proceso en la cárcel.
Su discurso deja de lado la presunción de inocencia, ya que cuando se acusa a una persona aún no se prueba que sea “extorsionador”, “narcotraficante” o “facturero”, que son los términos que utilizó.
De ahí que especialistas mencionen que es preferible la prisión preventiva justificada, en la que un juez analiza si hay un riesgo de fuga, o de que la persona acusada esté amedrentando a víctimas o testigos del caso, para entonces sí aplicar esa medida cautelar.
“El problema en la prisión preventiva oficiosa es que se activa desde la vinculación a proceso, cuando la Fiscalía supone que una persona cometió un delito, pero no se ha probado que lo cometió y por la sola suposición se le priva de la libertad. La fiscalía no ha probado que la persona haya cometido el delito”, explicó Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
En la mañana del 28 de noviembre, senadores de Morena y aliados sumaron el uso de facturas falsas, contrabando, extorsión y cometer algún delito relacionado con el fentanilo a la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Este dictamen también fue respaldado por siete senadores del Partido Acción Nacional, además del bloque oficialista.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta en la primera etapa del proceso penal, que implica el encarcelamiento automático para personas señaladas ante el ministerio público de cometer algún delito contenido en el artículo 19 constitucional.
Esta medida fue incluida en la constitución en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, y a partir de ese año las autoridades han ido aumentado el catálogo de delitos para los que se impone su aplicación.
PPO implica encarcelar personas sin que se pruebe su culpabilidad
Chávez mencionó en tribuna que “si no hay elementos probatorios o de investigación que puedan vincular a proceso a esta persona entonces no tendría por qué imponérsele la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa”.
Pero la abogada Leslie Jiménez explicó que con la prisión preventiva oficiosa el juez de control no puede analizar las pruebas de una medida cautelar, porque es una medida automática. “No permite ni debate ni análisis de prueba alguna”, mencionó en su cuenta de X.
“Cuando a una persona se le vincula a proceso no es que se le considere culpable, se considera que hay elementos para seguir investigando. Eso no significa que esa persona es la verdadera responsable. En el caso de la prisión preventiva oficiosa no se presentan pruebas de que la persona representa un peligro para las víctimas, para el proceso o que se puede fugar, simplemente pasará su proceso en la cárcel”, explicó el abogado Eliud Tapia.
En otro punto de su discurso, Chávez mencionó: “Dicen que esto afecta particularmente a los pobres, yo nunca he visto un pobre, yo no sé ustedes, fabricando una factura falsa”.
Pero están documentados casos de corrupción en los que autoridades o funcionarios han utilizado a personas de bajos recursos para ubicarlas como supuestas dueñas de empresas, o han acusado a personas inocentes de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En esta investigación, documentamos que la administración de Morena en Veracruz enlistó como empresarios a personas que viven en zonas marginales del estado. Esta vez no eran promotores del voto, como hacía el PRI, sino que eligieron a beneficiarios de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo al Empleo, Becas y Microcréditos para el Bienestar.
En octubre de 2021, Animal Político en alianza con la organización Intersecta, publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes. En ella se dio cuenta de que el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.
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En dicha investigación, están documentados casos como el de Viridiana, quien pasó 4 años y seis meses en penales federales señalada de tráfico de personas, dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos que ameritan prisión preventiva automática. A la postre, fue declarada inocente.
La postura de la senadora Andrea Chávez
En respuesta a una solicitud de El Sabueso de Animal Político, la senadora Andrea Chávez insistió en que los tres delitos adicionados al artículo 19 constitucional, extorsión, ilícitos relacionados con la producción de drogas sintéticas y el uso de falsos comprobantes fiscales, “generan importantes beneficios económicos” que automáticamente se traducen en mayores herramientas para evadir la acción de la justicia.
“Defendemos que no basta una acusación para aplicar esta medida cautelar, sino la vinculación a proceso de un juez en la Audiencia Inicial. Recordemos que las medidas cautelares, aunque duras, no son penas ni condenas, y tienen un carácter preventivo que busca evitar un mal mayor, por eso no deben suponer un atentado contra la presunción de inocencia”, contestó la senadora.
Chávez resaltó que la prisión preventiva oficiosa no es una pena ni una condena, aunque como ya mencionamos, una persona puede pasar años en la cárcel por ese mecanismo, aún siendo inocente.
Un ejemplo de ello es el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa durante 17 años acusados de homicidios y sin recibir una sentencia. Cabe destacar que ambos fueron puestos en libertad, además de que este fue el caso por el la CoIDH condenó al Estado mexicano por mantener la prisión automática.
En la misma línea, los senadores morenistas Oscar Cantón Zetina y Alejandro Murat insistieron en la idea de que los jueces tienen espacio para analizar en cada caso si se aplica o no la prisión preventiva oficiosa.
“Esta es una medida cautelar por supuesto, pero en donde primero hay que recordar que para que se lleve a cabo esa medida cautelar tiene que haber generado la vinculación a proceso. ¿Y esto qué significa? Que existen elementos objetivos suficientes para considerar que la persona imputada sí participó en los hechos que la ley señala como delito”, dijo Murat.
Pero como mencionamos previamente, incluso cuando se dicta vinculación a proceso esto no implica que la persona participó en un delito, sino que un juez considera que hay indicios para seguir investigando. A diferencia de otras medidas cautelares, la prisión preventiva oficiosa no analiza si existe algún riesgo para el proceso judicial.
Al respecto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han coincidido que la prisión oficiosa vulnera la presunción de inocencia y la libertad personal.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios de 2023, en los ámbitos federal y estatal 38 mil 533 personas permanecían en prisión sin una sentencia, ya que fueron privadas de su libertad por medio de la prisión preventiva oficiosa.
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El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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