Las violencias en Chiapas se han incrementado en el estado durante los últimos años, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que es una de las entidades menos violentas y con mayores beneficios en su gobierno.
Secuestros, amenazas, extorsiones y reclutamiento forzado son algunas de las violencias que enfrentan pobladores en Chiapas, lo que ha provocado desplazamiento de familias, suspensión de clases e incluso falta de acceso a alimentos y servicios básicos.
Estos incrementos han sido denunciados por distintos sectores de la población, desde organizaciones civiles y religiosas, hasta por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien cumplió 30 años del levantamiento armado.
Los datos en Chiapas que contradicen a AMLO
Ante las críticas en seguridad que ha lanzado este movimiento, López Obrador dijo este jueves en conferencia de prensa que él conoce mejor el estado que quienes hacen estas denuncias y mostró una gráfica con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Chiapas (41 casos en 2023) para asegurar que es uno de los menos violentos de México.
Sin embargo la tendencia en los homicidios desde 2020 se mantiene, la percepción de inseguridad se ha incrementado y los conflictos armados no han parado.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un incremento en los homicidios dolosos en Chiapas desde 2020, donde registró 419; en 2021 hubo 429; y una baja en 2022 con 377.
Sin embargo, hasta noviembre de 2023 habían ocurrido al menos 457 homicidios dolosos en Chiapas, un incremento del 17% respecto a 2022, sin que aún se contemplen los asesinatos de diciembre pasado.
De enero a noviembre de 2023 también hubo 34 feminicidios, 12 secuestros y mil 85 casos de lesiones dolosas. Además de 365 casos relacionados con el narcomenudeo y 2 mil 320 denuncias por amenazas.
Los municipios con el mayor número de delitos son: Tuxtla Gutiérrez con mil 840, Tapachula alcanza los mil 452, Palenque lleva 747 casos y San Cristóbal de las Casas sumó 693.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 también evidenció que la percepción de inseguridad en Chiapas se disparó en 2013, desde entonces el porcentaje de personas de 18 años y más que se sienten inseguras en la entidad superó el 50% y el nivel más alto fue en 2022 con el 72.6% de la población.
De acuerdo con el ejercicio, al menos el 15.1% de los hogares de Chiapas tuvieron al menos una víctima de delito. Los asaltos, extorsiones, fraudes, amenazas y lesiones son los principales delitos.
Las consecuencias de la violencia en Chiapas
No solo los datos contradicen al presidente, pues organizaciones sociales han denunciado que la población chiapaneca enfrenta distintos tipos de violencia, tal es el caso de homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones, irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento y desplazamiento forzado. Además de despojo, saqueo y extracción ilegal minera y agrícola.
El pasado 29 de septiembre, más de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) encabezadas por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., emitieron un comunicado en el que condenaron la violencia en Chiapas y acusaron permisividad y complicidad de las autoridades con grupos de la delincuencia organizada como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las organizaciones detallaron que desde hace dos años se agudizó una disputa territorial que ha afectado a la población y en la que presuntos grupos delictivos han sido forzados a participar en bloqueos y enfrentamientos, además de que ha sido violentada y desplazada.
Dicha violencia también ha provocado el corte de servicios básicos como la gasolina, gas LP, luz eléctrica, servicio telefónico y de internet e incluso servicios de salud; además de afectar su alimentación con la falta de pollo, carne y tortillas.
También se interrumpió el ciclo escolar, por ejemplo, a mediados de septiembre la región de la Sierra Madre de Chiapas, la Región Costa Grande y la Región Fronteriza cancelaron las clases debido a que el personal educativo y los niños y niñas no podían movilizarse a las escuelas debido a la violencia, la decisión fue tomada por el SNTE luego de que una maestra fuera sacada de su centro de trabajo escolar de forma violenta por grupos criminales.
Entre las zonas más afectadas con la interrupción de clases están los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Siltepec, Chicomuselo, Motozintla, El Porvenir, Bella Vista, La Grandeza, Honduras de la Sierra, informaron organizaciones magisteriales.
La iglesia también se ha pronunciado contra la violencia en Chiapas. El pasado 23 de septiembre la Diócesis de San Cristóbal de las Casas publicó un comunicado en el que aseguró que la entidad está “desgarrada” por el crimen organizado.
Denunciaron que se encuentran en un estado de sitio con narcobloqueos que “usan como barrera humana a la sociedad, obligándola a poner en riesgo su vida y la de su familia”, que viven amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación, además de que son obligados a tomar partido en favor de grupos criminales.
La carta firmada por el Obispo Rodrigo Aguilar también acusa la omisión del Estado pese a las denuncias.
Desplazados y marcha por la paz
Frente a los hechos violentos y la presencia del crimen organizado, el pasado 9 de octubre cientos de personas salieron a las calles en la zona fronteriza de Chiapas y Guatemala, para exigir el apoyo de autoridades ante la violencia presuntamente generada por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se disputan la zona.
Durante la llamada Marcha por la Paz los pobladores denunciaron que en la región hay cobro de piso y constantes agresiones a quienes no pueden cubrir los pagos pues incluso los obligan a sumarse a los grupos para evitar consecuencias hacia ellos y sus familias.
Además de Motozintla, la protesta fue por la violencia en Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Bellavista, La Grandeza y El Porvenir. En estos municipios también se han documentado balaceras y enfrentamientos que han dejado decenas de muertos.
Días después de la marcha, el 21 de octubre, uno de los coordinadores de la movilización José Artemio López Aguilar fue asesinado por hombres armados en su casa en Chicomuselo, Chiapas. Tanto a él como a su esposa los amarraron y al profesor lo golpearon con palos y después lo asesinaron con un balazo.
La violencia en esta zona fronteriza de Chiapas, derivada de enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco, ha hecho que miles deban abandonar sus casas.
La Iglesia católica y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa estiman que hay más de 3 mil personas desplazadas.
Las tensiones entre las dos organizaciones criminales estallaron en julio de 2021, cuando en Tuxtla Gutiérrez fue asesinado Ramón Gilberto Rivera Beltrán, ‘El Junior’, hijo del ‘Tío Gil’, exlugarteniente del Cártel de Sinaloa.
Desde entonces los enfrentamientos se volvieron frecuentes e incrementaron los asesinatos y las desapariciones. “Nos salimos de las viviendas porque están entrando y sacando a jóvenes para reclutarlos”, narran pobladores desplazados.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó que entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022, el desplazamiento forzado de al menos 16 mil 755 personas.
Del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2 mil personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada por la disputa por el control territorial de grupos criminales.
Previo al 30 aniversario del EZLN, el movimiento anunció que desaparecerían sus municipios autónomos y sus juntas de gobierno y los reemplazaría con una nueva forma de organización ante la crisis que enfrenta la región.
Señalaron que en las comunidades donde viven sus integrantes, formaron Gobiernos Autónomos Locales (GAL) que podrán relacionarse con pobladores no zapatistas para defender su territorio, luego de que denunciaran que municipios de Chiapas “están en manos de uno de los cárteles del crimen ‘desorganizado’ y en disputa con otro mientras que las fuerzas militares y policíacas federales, estatales y locales no están en Chiapas para proteger a la población civil”.
Por todo esto, mencionaron que se reorganizaron “para combatir” las agresiones, ocupaciones militares, invasiones de empresas depredadoras de la naturaleza e incluso catástrofes naturales y epidemias.
Crisis migrante afecta a Chiapas
Además de la violencia, organizaciones aseguran que Chiapas se ha convertido en un “tapón” para los miles de migrantes que buscan obtener permisos para transitar por México rumbo a Estados Unidos.
Esta situación ha causado una crisis humanitaria y que se presenten diversos problemas que han causado pérdidas de vidas. El Centro de Dignificación Humana A.C. calcula que en la frontera sur hay unas 60 mil personas que buscan transitar y que actualmente están varados en Tapachula, Ciudad Hidalgo, Metapa, Cacahoatán, Tapachula, Huahuetán, Huixtla y mapastepec, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.
La cantidad de personas que buscan que las autoridades de migración les entreguen sus tarjetas para que puedan circular por el país sin el riesgo de ser detenidos ha provocado bloqueos, protestas, una estampida e incluso la muerte de migrantes que deciden continuar su camino en camiones de carga que se han accidentado o que aparecen abandonados en carreteras con las personas al interior.
Sin contar que los migrantes también se han convertido en objetivos del crimen organizado tanto para su reclutamiento como para la extorsión.
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Raisi, un clérigo de 63 años, era considerado como alguien de línea dura con opiniones políticas ultraconservadoras, muy cercano al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, falleció este domingo después de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente cuando se dirigía hacia la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país, según informaron medios locales.
El mandatario regresaba de la frontera con Azerbaiyán, donde inauguró las represas de Qiz Qalasi y Khodaafarin.
Raisi, un clérigo de 63 años, era considerado como alguien de línea dura con opiniones políticas ultraconservadoras, muy cercano al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
En 2021 asumió la presidencia de Irán en unas cuestionadas elecciones, y en momentos en que el país enfrentaba múltiples desafíos, incluidos graves problemas económicos, crecientes tensiones regionales y conversaciones estancadas sobre la reactivación de un acuerdo nuclear con potencias mundiales.
Sin embargo, su mandato estuvo dominado por las protestas antigubernamentales que se extendieron por todo Irán en 2022, así como por la actual guerra en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás, respaldado por Irán, durante la cual volvió a resurgir la guerra en la sombra entre Irán e Israel
Raisi estaba sometido a sanciones de Estados Unidos y se lo había vinculado con ejecuciones de presos políticos en el pasado.
Era el segundo funcionario de mayor rango en el país, después de Jamenei.
De fiscal a presidente
Ebrahim Raisi nació en 1960 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán y sede del santuario musulmán chiita más sagrado del país. Su padre, que era clérigo, murió cuando él tenía 5 años.
Raisi continuó los pasos de su padre y empezó a asistir a un seminario en la ciudad santa de Qom a los 15 años.
Durante su época de estudiante participó en protestas contra el Sha, apoyado por Occidente, quien fue derrocado en 1979 en una revolución islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini.
Tras la revolución, se incorporó a la judicatura y ejerció de fiscal en varias ciudades mientras recibía formación del ayatolá Jamenei, que se convirtió en presidente de Irán en 1981.
Con tan solo 25 años se convirtió en el fiscal adjunto de Teherán.
Posteriormente fue fiscal de Teherán, jefe de la Organización de Inspección del Estado y primer jefe adjunto del poder judicial, antes de ser nombrado fiscal general de Irán en 2014.
En 2017 sorprendió a los observadores al presentarse a la presidencia de Irán. Perdió de modo contundente frente a Hasán Rouhani.
En 2019, el ayatolá Jamenei lo nombró para el poderoso cargo de jefe del poder judicial, cargo que desempeñó hasta que, en su segundo intento presidencial, ganó los comicios en junio de 2021.
Raisi solía vestir siempre un turbante negro que lo identificaba, en la tradición chiita, como descendiente del profeta Mahoma. Los chiitas son la vertiente del Islam mayoritaria en Irán.
Era considerado como un agente muy leal al grupo de clérigos que gobierna Irán y, de hecho, era visto como un posible sucesor de Jamenei.
Acusaciones de ejecuciones masivas
Durante la campaña de 2021 se presentó como el mejor candidato para luchar contra la corrupción y resolver los problemas económicos de Irán sufridos bajo el mandato del presidente saliente, Hasán Rouhaní.
Sin embargo, muchos iraníes y activistas de derechos humanos expresaron su preocupación por su papel en las ejecuciones masivas de presos políticos en la década de 1980.
A Raisi se le señala como miembro del llamado “Comité de la Muerte”, un grupo de cuatro jueces que en 1988 emitió secretamente sentencias de muerte contra unos 5.000 presos encarcelados, según Amnistía Internacional.
Estos tribunales “volvieron a juzgar” a miles de presos que ya cumplían condenas de cárcel por sus actividades políticas. La mayoría eran miembros del grupo de oposición izquierdista Mujahedin-e Khalq (MEK), también conocido como Organización Mujahedin del Pueblo de Irán (PMOI).
Se desconoce el número exacto de condenados a muerte por los tribunales, pero grupos de derechos humanos han afirmado que unos 5.000 hombres y mujeres fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes sin nombre, en lo que organismos internacionales consideraron como crimen contra la humanidad.
Irán nunca ha reconocido las ejecuciones masivas.
Raisi nunca abordó las acusaciones sobre su papel en ellas. Incluso negó reiteradamente su participación en las condenas a muerte. Pero también llegó a decir que estaban justificadas por una fatua, o sentencia religiosa, del antiguo líder supremo, el ayatolá Jomeini.
Se sabe muy poco sobre la vida privada de Raisi, excepto que su esposa, Jamileh, enseñaba en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán y que tenían dos hijas adultas. Su suegro era el ayatolá Ahmad Alamolhoda, el líder de línea dura de la oración del viernes en Mashhad, en el noreste de Irán.
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