En el municipio de Chicomuselo, al menos 3,780 personas han sido desplazadas por la violencia e inseguridad que padecen algunas comunidades rurales en Chiapas. La cifra podría llegar a los 5 mil si se suman Socoltenango y la Concordia, zonas sur y sierra de Chiapas.
Sin embargo, el presidente López Obrador consideró que la cifra “no era significativa” y los calificó de “muy pocos”.
El número de 3,780, además, fue proporcionado por el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, en una entrevista con N+, de Televisa, transmitida este 8 de febrero.
Y consultado por el Sabueso, el coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, Luis Alonso Abarca González, es quien cifró en más de 5 mil los desplazados de los municipios Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, zonas sur y sierra de Chiapas.
Las cifras oficiales, dijo, se quedan cortas, porque hay población que se desplaza silenciosamente, huyendo de la violencia por enfrentamientos armados entre grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de conflictos por territorio agrario dentro de las comunidades.
En esta nota de Animal Político se narra cómo la explotación ilegal de una mina está detrás de los enfrentamientos en Chicomuselo, Chiapas, según las denuncias de pobladores.
Familias tuvieron que dejar sus comunidades en dicho municipio a causa de los enfrentamientos e incluso la confrontación entre el ejército y los mismos pobladores, que habían construido barricadas para impedir la entrada de los cárteles, y rechazaron el ingreso de los soldados. Esto, al considerar que podían estar coludidos con criminales.
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“¿Cuánta gente ha sido desplazada?”, le preguntaron al presidente López Obrador este 8 de febrero, en su conferencia matutina.
“Muy pocos y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación, y tenemos presencia”, respondió.
“¿Cómo cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir?”, le insistieron.
“No tengo el dato, pero no es significativo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido en los últimos años al menos dos medidas cautelares a comunidades tzotziles, en Chiapas, ambas por desplazamiento generado por conflictos armados y violencia.
La primera medida cautelar No. 882-17 del 2018, refiere que en las comunidades indígenas tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, cerca de 55 grupos armados provocaron el desplazamiento de 5 mil personas indígenas de 10 comunidades, por un conflicto agrario.
La segunda medida cautelar No. 284-18 se emitió en 2021. En ella, la Comisión instó a reforzar las acciones de seguridad por parte del Estado Mexicano, pues los factores de riesgo prevalecían, como los conflictos territoriales y políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados a través de procesos de investigación, sanción, reparación y justicia.
La medida detalla que, en septiembre de 2020, la cantidad ascendería aproximadamente a 3 mil 499 personas indígenas desplazadas de 10 comunidades de la misma región chiapaneca.
El Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR definió el problema de desplazamiento forzado en Chiapas como una “violación múltiple y continua a los Derechos Humanos, especialmente relacionado con un recrudecimiento de la violencia sociopolítica y con situaciones de grave conflictividad armada”.
Desde 1994 y hasta junio del 2020, dicha organización registró que más de 115 mil personas fueron desplazadas en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Las Margaritas y Chenalhó.
Además, a mediados del 2021, 3 mil 205 indígenas tzotziles abandonaron sus hogares y buscaron refugios en otros municipios debido a la violencia generalizada en la región. De este mismo suceso, el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró que fueron 2 mil las personas desplazadas.
“La magnitud del fenómeno es mayor a lo que el gobierno reconoce, hay una política gubernamental del gobierno de López Obrador y Rutilio (Escandón) de minimizar e invisibilizar el tema, de aparentar que en Chiapas no pasa nada”, concluyó el Coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa.
Despuntó como destino turístico internacional de primer nivel por más de una década hasta que el conflicto entre Grecia y Turquía la cambió para siempre.
De un lujoso destino turístico a una ciudad con un futuro incierto tras cinco décadas de abandono.
Varosha, suburbio de la localidad de Famagusta en el noreste de Chipre, tuvo su auge en la década de 1960 y la primera mitad de los años 1970.
Con sus hoteles de cinco estrellas, discotecas de primer nivel y más de dos kilómetros de playa bañada por el Mediterráneo, atraía a turistas y celebridades de todo el mundo, desde Elizabeth Taylor hasta Brigitte Bardot o Richard Burton.
Pero su destino cambió drásticamente en 1974, cuando la invasión turca de Chipre forzó a sus habitantes griegos-chipriotas a huir, dejando este territorio desierto y enjaulado en vallas militares.
Varosha quedó bajo el control del ejército turco como parte de un conflicto más amplio que dividió la isla en dos: al sur, la República de Chipre, reconocida internacionalmente y habitada en su mayoría por griegos-chipriotas; al norte, la República Turca del Norte de Chipre, un estado autoproclamado que solo reconoce Turquía.
Desde entonces, este enclave ha sido utilizado por ambas partes como una moneda de cambio en las complejas negociaciones que han intentado, sin éxito, reunificar el país.
La invasión de Chipre por las tropas turcas en julio de 1974 obligó a sus 39.000 residentes, la amplia mayoría mayoría griegos-chipriotas, a huir en cuestión de horas.
Cuando esto ocurrió, Avghi Frangopoulou tenía 15 años y sus padres acababan de comprar dos apartamentos en la playa de Varosha, pero la guerra lo cambió todo de la noche a la mañana.
“Recuerdo que corría porque veía los aviones justo encima de mí”, comenta sobre los bombardeos turcos en una entrevista para el programa de radio Assignment, de la BBC.
Su familia, como otras miles, tuvo que dejar atrás todas sus pertenencias y huir para salvar sus vidas.
Tras tomar el control, el ejército turco cercó Varosha con una valla y la convirtió en una zona militar restringida, vacía e inaccesible para civiles, es decir, una “ciudad fantasma”.
Durante décadas, el destino de Varosha fue un asunto de negociación clave en los fallidos intentos de reunificar Chipre.
En 1984, la ONU adoptó la resolución 550, que declaraba que debía ser devuelta a sus legítimos propietarios, pero el gobierno turco-chipriota de facto no aceptó y la ciudad permaneció intacta, con sus casas, hoteles y tiendas vacías.
“No somos fantasmas, y nuestra ciudad no es una ciudad fantasma”, protesta Frangopoulou, quien, como muchos otros exresidentes, ha visitado Varosha en los últimos años tras su reapertura parcial en 2020.
El estado de abandono del lugar hace aún más dolorosos sus recuerdos. “No me gusta ver esto”, afirma sobre el deterioro de su barrio natal y el “turismo oscuro” que ha surgido en torno de él.
En 2020 Turquía decidió reabrir parcialmente al público este espacio.
El anuncio de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, atrajo de inmediato a visitantes curiosos, convirtiendo al otrora destino de lujo en uno del llamado “turismo oscuro” que invita a lugares marcados por la tragedia, el abandono o el conflicto.
Los turistas que llegan a Varosha se enfrentan a una extraña combinación de belleza y decadencia.
La playa está de nuevo abierta al público y en ella se observan bañistas disfrutando del mar y el sol rodeados de apartamentos en ruinas y hoteles destruidos, con ventanas rotas y fachadas corroídas por el paso del tiempo.
Muchos de los antiguos residentes no ven con buenos ojos esta transformación de su barrio en una especie de atracción turística.
“Conozco a la gente que vivió aquí. No pueden vender esto como un producto, como un pueblo fantasma”, comenta Avghi Frangopoulou, quien considera la reapertura como una forma de trivializar la tragedia de la invasión.
Parte de la comunidad internacional también ha condenado la decisión de Turquía de abrir Varosha sin un acuerdo previo con los grecochipriotas, lo que supone un paso más en la violación de la resolución 550 de la ONU.
Pero el barrio sigue recibiendo turistas y las autoridades turcochipriotas no parecen dispuestas a cambiar su postura.
Para los antiguos residentes de Varosha, regresar a la ciudad tras casi 50 años de exilio es un intenso golpe emocional, ya que sus edificios ahora en ruinas les evocan recuerdos de una vida interrumpida de forma abrupta en 1974.
Avghi Frangopoulou ha vuelto varias veces desde que se abrió parcialmente en 2020.
“Mi casa está aquí”, dice, señalando la calle donde vivía, ahora cubierta de escombros.
Pese a la autorización de visitas turísticas, el barrio sigue bajo estricto control militar y muchas zonas permanecen inaccesibles para los antiguos residentes.
“Solo quieres pasar por esa puerta y subir las escaleras, pero hay policías que te detienen, así que no te arriesgas”, asegura Frangopoulou.
El caso de Andreas Lordos es similar. Su familia construyó uno de los primeros hoteles en Varosha, el Golden Marianna, aún en pie aunque abandonado y cubierto de enredaderas.
“Mi padre construyó este hotel en 1967 cuando tenía 27 años. Era un hotel con piscina, algo nuevo en esa época. Estaba frente a mi colegio, así que durante el recreo íbamos a curiosear qué hacían los turistas”, relata, mientras observa lo que queda del edificio.
Confiesa que su sueño es restaurarlo y abrirlo de nuevo algún día.
Sin embargo, es difícil que los antiguos propietarios huidos hace 50 años puedan recuperar sus inmuebles.
Las autoridades turcochipriotas han instado a los antiguos dueños a que reclamen sus tierras, pero estos aseguran que en la práctica es casi imposible debido a que el proceso legal está plagado de obstáculos.
El gobierno chipriota, además, ve con desconfianza esta oferta al temer que ayude a legitimar la ocupación turca.
El futuro de Varosha está en el aire.
Muchos locales tienen la esperanza de que el barrio pueda ser restaurado y convertirse en un símbolo de la futura reunificación de Chipre, donde griegos y turcos chipriotas coexistan en paz.
“Nos volvimos como familias con algunos de los grecochipriotas, porque pensamos y actuamos de la misma manera: que todos somos los perdedores en este conflicto”, afirma Serdar Atai, un activista turcochipriota comprometido con la preservación del patrimonio cultural de la zona.
Sin embargo, las tensiones políticas siguen siendo un gran obstáculo.
Atai lamenta que tanto las autoridades turcochipriotas como las grecochipriotas han torpedeado continuamente los intentos de un acuerdo de paz.
“Siempre acuerdan estar en desacuerdo desde el principio”, ironiza, en referencia a las últimas cinco décadas plagadas de intentos fallidos.
Por otro lado, figuras políticas como Oguzhan Hasipoglu, miembro del parlamento turcochipriota, ven en Varosha un modo de reclamar la soberanía del norte de Chipre que la comunidad internacional rechaza.
“Perdimos la confianza en los grecochipriotas (…) Sus palabras son amables pero, a la hora de la verdad, no están dispuestos a compartir el gobierno ni la riqueza de esta isla con nosotros. Nos ven como una minoría”, sentencia.
Hasipoglu, quien cree inevitable la división de la isla en dos Estados, ansía ver renacer Varosha como un destino turístico de lujo bajo control turco.
Así, la incertidumbre sobre el futuro de Varosha persiste: ¿seguirá siendo un destino de “turismo oscuro” en ruinas, se convertirá en un nuevo y lujoso balneario del no reconocido Estado de Chipre del Norte, o será un puente hacia la reconciliación de una isla dividida?
Lo que es seguro es que el tiempo se agota poco a poco para los antiguos residentes que sueñan con regresar al barrio donde crecieron.
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