4 dichos falsos o engañosos de AMLO sobre los órganos autónomos
Desde que comenzó su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho críticas a los organismos autónomos, los cuales propone desaparecer porque a su parecer representan un gasto excesivo y sus funciones podrían ser reemplazadas.
Sin embargo, tan solo en los primeros 11 días de lo que va del 2021 ya pronunció varias frases que son falsas o engañosas sobre estos organismos. Aquí te mencionamos algunas:
El INAI no reservó información
Frase: “Yo les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas; esa fue la primera decisión del Instituto de la transparencia. Otra decisión así, significativa, es que el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó y esta fue una decisión, aunque sea paradójico, contradictorio, del instituto de la transparencia”.
Fecha: 8 de enero de 2021
Calificación: Falso
El INAI no reservó información sobre la condonación de impuestos y el caso Odebrecht; carece de facultades para hacerlo. Su labor consiste en garantizar que autoridades del gobierno y otras entidades entreguen información pública y proteger la información personal.
Este Instituto, a diferencia de lo que sugiere López Obrador, no administra información de las autoridades e interviene únicamente cuando los sujetos obligados no otorgan respuesta o declaran información reservada a las solicitudes que hacen los ciudadanos.
Sobre el caso de la condonación de impuestos, es cierto que este organismo autónomo se creó cuando Vicente Fox era presidente. Sin embargo, quien se ha negado a entregar información sobre estas prácticas, que iniciaron con el gobierno panista, es el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Joel Salas, comisionado del instituto del 2014 al 2020, señaló en un artículo publicado el 2 de mayo en Animal Político que el INAI determinó apertura de la información relacionada con condonaciones, cancelaciones y devoluciones de créditos fiscales desde 2010.
“El SAT ha negado en reiteradas ocasiones la información, particularmente aquella anterior al año 2014, fecha en que cambió el Código Fiscal de la Federación y se estableció que estos datos deben ser públicos”, señaló.
Al respecto de Odebrecht, fue la PGR -hoy Fiscalía General de la República- la instancia que se negó a entregar nombres de los funcionarios mexicanos que declararon como testigos en el caso y los contratos que se firmaron con la filial de la empresa brasileña, e incluso litigó en tribunales contra las resoluciones del INAI.
Es cierto que en 2017 el INAI respaldó la decisión de la PGR sobre reservar información sobre el caso al considerar que podría afectar las investigaciones, pero después cambió de criterio e insistió en abrir la información. De hecho, en julio del 2020, emitió un comunicado en el que afirma que “ya hizo su trabajo, ahora está en manos de la FGR entregar información sobre Odebrecht”.
Los consejeros del INAI no ganan entre 200 y 300 mil pesos mensuales
Frase: “Consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias el instituto de la transparencia. Si sumamos todo lo que se ha invertido con este propósito son miles de millones de pesos, los consejeros de este instituto se dan la gran vida, 200, 300 mil pesos mensuales de sueldo, asesores”.
Calificación: Falso
Es falso que los comisionados del INAI ganen entre 200 y 300 mil pesos mensuales, como dijo el presidente López Obrador para justificar su propuesta de sustituir al organismo autónomo.
Una consulta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta que administra el propio INAI, muestra que cada comisionado percibió un sueldo mensual neto de 105 mil 720 pesos durante 2020.
Los organismos autónomos no hacen lo mismo que el Gobierno Federal
Frase: “Es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial”.
Fecha: 11 enero 2021
Calificación: Engañoso
El presidente insiste en que los organismos autónomos “no son imprescindibles” pues en el gobierno federal hay otras instancias que desempeñan las mismas funciones. Lo que el presidente no ha aclarado es que cada organismo autónomo tiene atribuciones específicas asignadas en diferentes legislaciones, y para que otra dependencia las desempeñe es necesario modificarlas. Además, justo se les asignan funciones de regulación por tener el carácter de autónomos, considerando que así pueden pronunciarse de forma más imparcial y sin conflicto de interés.
El 4 enero señaló que la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública y la Cámara de Diputados pueden hacer lo mismo que el instituto de transparencia.
Tal como te explicamos en este artículo, el INAI se encarga de garantizar el acceso a la información pública, un derecho constitucional. Mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) es un órgano subordinado al poder ejecutivo. Su labor es la fiscalización, evaluación, control interno, auditoría y vigilancia únicamente de administración pública federal. Especialistas nos han mencionado que dar a su propio gobierno la función del INAI, por medio de la SFP, lo convertiría en juez y parte al momento de decidir qué información se le da a los ciudadanos.
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, a quien entrega información. Se encarga de fiscalizar cualquier entidad, persona física o moral, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
El 8 de enero, López Obrador también sugirió que la Secretaría de Energía (SE) realice las labores de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Ambos organismos están contemplados en el artículo 28 de la Constitución Mexicana y entre sus funciones están las de regular la exploración y extracción de hidrocarburos y energía eléctrica en México, además de su transporte, almacenamiento y distribución.
El mandatario también se refirió al sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). En este caso, se trata de un ente coordinado por una Secretaría Ejecutiva, en la cual participan autoridades de todos los gobiernos estatales del país y 8 dependencias federales. De hecho, también participa el presidente. A diferencia de los autónomos, su presupuesto está vinculado al ramo de la Secretaría de Gobernación.
López Obrador mencionó que SIPINNA podría realizar las mismas funciones que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) atribuye 6 acciones al DIF, entre ellas: Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes; Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades; así como celebrar los convenios de colaboración. Mientras que la misma LGDNNA le confiere al SIPINNA 15 atribuciones, tales como conformar un sistema de información a nivel nacional; promover políticas públicas y asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
La Cofece no defendió a las Afores
Frase: La responsable de la comisión de competencia, de competencia, fue a defender a las Afores, alegando que no se podía poner un tope en el cobro de las comisiones, que se tenía que dejar libre.
Calificación: Engañoso
El presidente también acusó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de haber “defendido a las Afores” al oponerse a que se estableciera un tope máximo al cobro de comisiones, pero como ya te explicamos en esta otra nota, eso es engañoso.
Aunque es verdad que la Cofece dio argumentos para rechazar que se fijaran “topes máximos predefinidos” a las comisiones, también se pronunció a favor de regularlas y establecer “claramente un procedimiento transparente” para su autorización. Incluso criticó que hasta ahora ha existido opacidad en el mecanismo para fijarlas.
Sí hay funcionarios que ganan más que el presidente
Frase: “Para empezar, no sé si ellos, pero todos estos consejeros se ampararon, ganan más que el presidente, que ese es otro asunto que está pendiente, que no se me ha olvidado, porque con chicanadas consiguieron amparos para seguir ganando más que el presidente, esto es lo que hicieron en el INE y en otras partes, en el Poder Judicial”.
Fecha: 07 de enero de 2021
Calificación: Verdadero
Es verdad, aunque la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se expidió el 5 de noviembre de 2018, dice que ningún servidor público recibirá una remuneración mayor a la del Presidente, sí hay funcionarios que ganan más.
Por ejemplo, de acuerdo con el anexo 23 del Presupuesto Anual de la Federación, se estableció que durante el 2021 el presidente ganará 112 mil 122 pesos mensualmente.
Pero hay otros funcionarios con un sueldo superior como el Consejero de la Judicatura Federal con un salario de 204 mil 683 pesos; magistrado de sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación con 202,885 y el consejero presidente y los demás consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), que registran una percepción mínima de 128 mil 919 de pesos.
También es verdad que el INE ha interpuesto diversos mecanismos legales para que esto sea posible, por ejemplo el el 23 de enero de 2020 impulsó una controversia constitucional.
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Negar la ciudadanía por derecho de nacimiento requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea poner fin a la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que aborda la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque los detalles hasta ahora no están claros.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas” en EE.UU. “son ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque Trump prometió poner fin a esta práctica, tratar de hacerlo supondría enfrentarse a importantes obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.
¿Qué es la “ciudadanía por derecho de nacimiento”?
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de “ciudadanía por derecho de nacimiento”:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
¿Cómo surgió la enmienda?
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China. Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.
“El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”, escribe Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.
“El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces”.
¿Puede Trump revocarla?
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”.
Prakash dijo que, aunque el presidente puede ordenar a los empleados de las agencias federales que interpreten la ciudadanía de forma más restrictiva -los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por ejemplo-, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía.
Esto podría dar lugar a una larga batalla judicial que acabaría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
¿A cuántas personas afectaría?
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007. En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC, Trump dijo que pensaba que los hijos de inmigrantes no autorizados debían ser deportados junto a sus padres, aunque hubieran nacido en EE.UU.
“No quiero estar rompiendo familias”, dijo Trump el pasado diciembre. “Así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países -entre ellos Canadá y México- practican el “Ius soli” automático o “derecho de suelo” sin restricciones.
Otros países, como Reino Unido y Australia, permiten una versión modificada en la que la nacionalidad se concede automáticamente si uno de los progenitores es ciudadano o residente permanente.
*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.
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