

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya no requiere de presupuesto por parte de la Federación. Pero datos oficiales muestran que al tercer trimestre de 2024, el aeropuerto recibió aportaciones y transferencias federales por más de mil millones de pesos, mientras que el presupuesto de 2025 también contempla recursos para ese aeropuerto.
“Como se planeó, en el 2024, ya no requiere presupuesto del presupuesto de la Federación para poderse mantener y operar, sino que ya es no solamente sustentable, sino que además tiene ingresos adicionales”, aseguró en su conferencia del viernes 20 de diciembre de 2024.
Por ejemplo, aunque el último informe trimestral de la situación financiera del AIFA muestra que los ingresos por gestión y servicios son mayores a los gastos de funcionamiento del aeropuerto, durante 2022 y 2023, la terminal aérea de Santa Lucía acumuló pérdidas por 1 mil 568 millones de pesos y subsidios y apoyos gubernamentales por 2 mil 456 millones de pesos.
“Tiene que generar recursos propios para ser autosuficiente y ,económicamente, está muy lejos de haber recuperado la inversión que se le hizo. Y, por supuesto, sigue recibiendo Presupuesto de Egresos de la Federación, pues no opera con recursos propios”, señaló Pablo Casas Liás, director Instituto Nacional de Investigación Jurídico-Aeronáuticas en entrevista con El Sabueso de Animal Político.
El Sabueso solicitó a la Presidencia la fuente de la afirmación de la presidenta que compruebe que el AIFA no recibe recursos del gobierno federal. Hasta el momento, seguimos a la espera de una respuesta.
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el AIFA no necesita recursos de la Federación, tanto el último informe trimestral de actividades del aeropuerto Felipe Ángeles como el presupuesto para 2025 muestran que el gobierno federal continúa destinando dinero para las operaciones del aeropuerto.
Hasta el tercer trimestre de 2024, el aeropuerto recibió 1 mil 053 millones de pesos en concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones.
Los subsidios son asignaciones del gobierno para apoyar las operaciones, mantener los niveles de precios, incentivar el consumo o comercialización de bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros o para el fomento de actividades productivas, entre otras acciones.
Se pueden presentar mediante la entrega de recursos, como en el caso del AIFA, o bien, a través de estímulos fiscales, como pasa con los combustibles.
Además, el proyecto de presupuesto de egresos del 2025 consideró 924 millones de pesos para financiar las operaciones del AIFA. Cabe destacar que este apartado no tuvo una ampliación presupuestal después de la aprobación del PEF 2025 por parte de la Cámara de Diputados.

De igual forma, la senadora morenista de Baja California, Julieta Ramírez, en su cuenta oficial de ‘X’ –antes Twitter– afirmó que el AIFA es un aeropuerto “financieramente autosustentable” con un saldo a favor de 350 millones de pesos.
Sin embargo, para Casas Liás la situación financiera del AIFA aún no representa que sea autosuficiente y aseguró que la asignación presupuestal para 2025 confirma que el aeropuerto aún necesita recursos de la Federación para operar.
Por otro lado, es cierto que los ingresos del aeropuerto de Santa Lucía por venta de bienes y prestación de servicios ya superan los gastos de funcionamiento.
En ese sentido, los informes financieros del AIFA muestran que, entre 1 de enero al 30 de septiembre de 2024, se generaron ingresos por mil 860 millones de pesos y se tuvieron gastos de funcionamiento de mil 179 millones de pesos.
Esto representa una ganancia de 680 millones de pesos. No obstante, esta cifra está aún por debajo de las pérdidas reportadas durante 2022 y 2023, los primeros dos años de operación del aeropuerto.
| Concepto | 2022 | 2023 | 3T-2024 |
| Ingresos | 138,820,646 | 1,234,956,858 | 1,860,267,732 |
| Gastos | 1,268,897,769 | 1,681,365,817 | 1,179,778,283 |
| Utilidades | -1,130,077,123 | -446,408,959 | 680,489,449.56 |
| Subsidios | 1,328,085,611 | 1,483,995,896 | 1,053,274,273 |
La presidenta mencionó también en su conferencia que “lo importante aquí es que sigue creciendo el número de pasajeros, siguen creciendo las rutas nacionales e internacionales de diversas aerolíneas. Es el principal aeropuerto de carga ya en el país”.
Y si bien es cierto que entre enero y octubre de 2024, el AIFA tuvo un crecimiento de 137% en el número de pasajeros en comparación con el mismo periodo de 2023, al sumar 5 millones 066 mil pasajeros, esta cifra contrasta con la estimación del expresidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que el AIFA atendería una demanda de 20 millones de pasajeros anuales.
Además, este incremento se vio impulsado por el cierre de slots –espacio de tiempo específico asignado a una aerolínea para que realice operaciones– en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de los decretos presidenciales de 2022 y 2023 que permitieron aumentar los slots en el AIFA.
“El AIFA no descongestionó el espacio aéreo en la zona metropolitana, por lo que se le tuvieron que reducir las operaciones aéreas en el AICM para tratar de llevar tráfico de pasajeros aéreos al AIFA”, cuestionó Casas Liás.
Por otro lado, es cierto que, como afirmó la mandataria, el AIFA figura como el primer aeropuerto en el manejo de carga. Sin embargo, advirtió el especialista consultado por El Sabueso, esto se dio también por un decreto del Gobierno de México que trasladó la carga desde el AICM a la terminal de Santa Lucía, y no por una mejor oferta de ese aeropuerto.

Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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