En Tik Tok y Facebook circula una imagen que califica de traidor al excanciller Marcelo Ebrard por “querer regalar nuestra soberanía nacional” al firmar “el Tratado Internacional sobre Pandemias” de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, se trata de desinformación. Su nombre oficial es el acuerdo mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, y en su más actualizado borrador se aclara que los miembros que firmen tienen el derecho soberano de hacer sus propias políticas de salud durante las pandemias.
El acuerdo sólo implica acciones de cooperación internacional con el fin de tener un mejor acceso a la vacunación universal, investigación, diagnóstico y tratamientos durante una pandemia.
“Marcelo Ebrard, canciller/secretario de relaciones exteriores, ¡Traidor a la patria! Este delincuente y traidor a la patria quiere regalar nuestra soberanía nacional, firmando el Tratado Internacional de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Con ello se violaran todos los derechos humanos y se controlara con totalidad la vida de los mexicanos, llegó la esclavitud”, dice la imagen que se difunde en redes.
Esta imagen termina por generar discursos de odio contra el excanciller y es utilizada por promotores del ex secretario de gobernación, Adán Augusto, con fines políticos rumbo a la selección de la coordinación nacional de los comités de Morena.
En marzo de 2021 directivos de la Organización Mundial de la Salud y una veintena de políticos como Angela Merkel, entonces canciller alemana; Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Boris Johnson, entonces primer ministro, establecieron durante una charla que en la pandemia por COVID-19, la comunidad internacional fracasó “en mostrar solidaridad y equidad en la atención”, por lo que plantearon un nuevo acuerdo mundial preventivo a futuras pandemias.
Actualmente este acuerdo mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias incluye a los 194 países integrados a la OMS. El borrador está en su cuarta edición y se contempla que se presente su versión final en mayo de 2024 durante la Asamblea Mundial de la Salud.
Tiene 32 páginas que aquí puedes revisar. El acuerdo se abrevia como “WHO CA+” y en su visión —página ocho— menciona que la intención es que tras el acuerdo “ las pandemias se controlen eficazmente para proteger generaciones presentes y futuras de las pandemias y sus devastadoras consecuencias”.
También menciona que este acuerdo reconoce “la soberanía de los países, reconociendo las diferencias en los niveles de desarrollo entre los países, respetando su contexto nacional y reconociendo los instrumentos internacionales existentes”.
Existe un Reglamento Sanitario Internacional al que están adheridos los 194 países que integran la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de un acuerdo donde se establecen derechos y obligaciones para estos países sobre el manejo de emergencias de salud pública internacional.
Este reglamento exige que los países tengan la posibilidad sanitaria para detectar y responder a emergencias de salud pública, que deban ser notificadas a la OMS por su importancia internacional.
Pero que se pida notificar emergencias de salud pública, no significa que la OMS pueda dictar nuevas políticas de salud pública. En este acuerdo no se menciona alguna cláusula sobre poder intervenir en la soberanía de algún país.
En este Reglamento Sanitario Internacional tampoco se menciona alguna sanción u obligación a seguir lo recomendado por la OMS.
El equipo de verificación de factcheck.org obtuvo respuesta de Lawrence O. Gostin, uno de los integrantes que evalúa el Reglamento Sanitario Internacional, y respondió que la Organización Mundial de la Salud puede brindar recomendaciones y asesoría a los países, pero estos mantienen “todo su derecho soberano”.
En conclusión, al firmar el acuerdo mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, México no perdió su soberanía nacional. La Organización Mundial de la Salud no tiene autoridad para dictar políticas públicas a los países.
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Oficialmente no existe como una entidad jurídica, pero eso no impidió que el Tribunal Supremo de Rusia declarara como una organización extremista al “movimiento público internacional LGTB”.
Además, prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia.
La audiencia se celebró a puerta cerrada sin la presencia de “la parte de demandada”, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal.
Hace tres años la Constitución rusa fue modificada para dejar claro que el matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas en la Carta Magna rusa.
Antes de la sentencia, le pregunté a Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, qué efecto tendría.
“Creo que esto significará que cualquiera que el Estado considere activista LGBT podría recibir una larga pena de prisión por ‘participar en una organización extremista'”, dijo el funcionario que se declaró homosexual el año pasado.
“Para el organizador de un grupo así, la pena de prisión será aún mayor”, agregó.
“Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible”, lamentó Troshin.
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía “la propaganda [dirigida a menores] de relaciones sexuales no tradicionales”.
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia.
Las referencias al colectivo LGBT se han eliminado de libros, películas, anuncios y programas de televisión. A principios de este mes, un canal de televisión ruso decoloró un arco iris en un vídeo de una banda de kpop surcoreana para evitar ser acusado de violar la ley de “propaganda gay”.
En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT “no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas”.
“Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT”, me dijo.
“Tienen sus propias tareas, sus propios objetivos. Actúan como una fuerza política, una estructura política, y los objetivos de esta estructura contravienen la Constitución rusa”, aseguró.
En ese momento le aclaré que “no existe un movimiento llamado ‘Movimiento público internacional LGBT’. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?”.
“Oh, es fácil”, respondió Milonov. “Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.
“Estoy deseando dar el siguiente paso: prohibir la bandera arco iris de seis colores. No necesitamos esta bandera. Es un símbolo de la lucha contra la familia tradicional. Espero que nadie pueda mostrar esta bandera en Rusia”, concluyó.
Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los “valores familiares tradicionales”.
Para las autoridades rusas el activismo LGBT es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país.
Otro aspecto es la popularidad de estas medidas de cara a las elecciones presidenciales del próximo marzo.
“Creo que [la audiencia judicial] está relacionada”, opinó Sergei Troshin. “[Las autoridades] están creando un enemigo artificial”.
“Dicen: ‘Estamos luchando contra Occidente’. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones”, agregó.
Maxim Goldman, quien trabaja para una organización rusa que ofrece apoyo personas transgénero y no binarias, añade que “intentan distraer la atención de problemas más importantes, en los que las autoridades rusas no quieren que la gente piense”.
“En cuanto nos enteramos de la vista en el Tribunal Supremo, las personas que dirigen nuestra organización se dieron cuenta de que tendríamos que abandonar el país urgentemente. Se convirtió en una emergencia”, contó Goldman.
Hablé con Maxim, que se identifica como no binario, en su último día en Rusia. Había hecho una pequeña maleta y estaba a punto de dirigirse al aeropuerto.
“Me siento totalmente rechazado por mi propio país“, lamenta. “Se supone que aquí tenemos una democracia. Se supone que la gente que ponemos en el poder debe cuidar de nosotros”.
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