
Es falso que la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un nuevo programa llamado “Regreso con dignidad” que supuestamente otorgará 1,000 dólares mensuales —aproximadamente 17,996 pesos— a los migrantes mexicanos que decidan regresar a trabajar a México a partir de enero de 2026.
El Centro de Atención Migratoria (CAM) del Instituto Nacional de Migración (INM) le confirmó a El Sabueso que es falso que en enero de 2026 se lanzará dicho programa, con lo que desmiente la información difundida a través de un video viral en TikTok.
Lo que confirmó el CAM es que existe un programa llamado “México te abraza”, el cual da 2,000 pesos mexicanos a los migrantes que regresen al país para costear sus gastos de traslado desde el punto de ingreso hasta su comunidad de origen. También, da afiliación inmediata al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tanto para la persona como para su familia.
En tanto, la presidenta Sheimbaun no ha realizado ningún anuncio sobre el supuesto programa para apoyar a los migrantes. El clip que contiene el supuesto anuncio es un deepfake, donde se manipuló la voz e imagen de la mandataria para simular la declaración sobre el falso apoyo económico.
“En México lo que se necesita es seguridad” y “¿Cuándo nos va a tocar a los que estamos en el país?”, son algunos de los comentarios que usuarios han realizado en la publicación desinformante, la cual ya suma más de 1,500 “me gusta” y supera las 176,000 reproducciones en TikTok.
¿Cómo saber si una noticia es falsa? El Sabueso pone en tus manos este documento contra la desinformación
El Sabueso revisó la página y redes sociales del Instituto Nacional de Migración (INM), del gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De igual manera, en la página oficial de los programas del Bienestar está el listado de los apoyos vigentes. Sin embargo, ninguno se refiere a brindar un apoyo económico de 1,000 dólares a los migrantes mexicanos que decidan regresar a trabajar al país.
La lista de los programas sociales contempla 17 que son considerados como prioritarios, entre los que se encuentran: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y Salud Casa por Casa.
También consultamos las últimas conferencias de prensa de la presidenta Sheinbaum hasta la fecha de publicación de esta nota y en ninguna de ellas informó sobre el programa “Regreso con dignidad”.
Al mismo tiempo, en el video desinformante percibimos que la voz y gestos faciales de la mandataria no tienen movimientos naturales, el video suena robotizado y el audio no coincide con el movimiento de los labios.
Al analizar los primeros fotogramas del video con la herramienta Decopy AI, los resultados arrojaron que existe un 99 % de probabilidad de que se haya generado con inteligencia artificial (IA).
Los detalles revelan que se trata de un contenido creado con IA porque la expresión en el rostro se percibe rígida y el tono de la piel luce uniforme.

En cuanto a la voz de la presidenta, analizamos el audio con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, la cual reveló que se trata de un deepfake, pues su puntuación de autenticidad solamente es de 2/100.
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En conclusión, es falso que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa social que dará 1,000 dólares a los migrantes mexicanos que decidan regresar a trabajar al país.Dicho apoyo económico no fue anunciado por el gobierno federal y las declaraciones de la presidenta fueron creadas con IA.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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