La tortuga caguama está en peligro y México no la protege: así luchan legalmente por su conservación
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) presentó el ‘Expediente de hechos’, donde informa que México está siendo omiso en la aplicación efectiva de la legislación ambiental para proteger a la tortuga caguama (Caretta caretta), una especie marina que se encuentra en peligro de extinción.
Ante esto, el Expediente de hechos surge luego de que las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda) en México y el Centro para la Diversidad Biológica (Center for Biological Diversity) de Estados Unidos presentaron una petición ante el Secretariado, conforme con lo dispuesto en el artículo 24.27(1) del T-MEC.
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La petición se hizo el 17 de diciembre de 2020, cuando ambas organizaciones, bajo la figura de “Los Peticionarios”, señalan que México incurre en omisiones para la aplicación efectiva de su legislación ambiental sobre la protección y la conservación de la tortugacaguama (Caretta caretta).
¿Qué es un ‘Expediente de hechos’?
Antes de contarte qué omisiones cometió México en la protección de la tortuga caguama, debes saber que un ‘Expediente de hechos’ es un mecanismo donde se investiga a un país que es parte del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con el capítulo 24 de ese tratado internacional, uno de sus objetivos es promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental.
Con la creación de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) establece un mecanismo único para trabajar en el proceso de peticiones relativas a la aplicación efectiva de la legislación ambiental (SEM, por sus siglas en inglés).
La CCA es un organismo intergubernamental entre Canadá, Estados Unidos y México que se estableció desde 1994 para facilitar la cooperación y la participación ciudadana en esfuerzos de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de América del Norte.
Gracias al proceso SEM, cualquier persona u organización no gubernamental de Canadá, Estados Unidos o México puede presentar una petición ante el Secretariado de la CCA aseverando que una Parte está incurriendo en omisiones para la aplicación efectiva de sus leyes ambientales.
De esta manera, el CEMDA y el Centro para la Diversidad Biológica hicieron llegar su petición señalando que México está siendo omiso en los cuidados para la tortuga caguama. En el expediente de hechos las organizaciones señalaron que al tratarse de una especie en peligro de extinción, su preservación es prioritaria.
El Secretariado de la CCA atiende las instrucciones de los miembros del Consejo y prepara un expediente de hechos independiente en relación con el asunto planteado en la petición.
Desde el establecimiento original del mecanismo SEM, la CCA ha recibido 113 peticiones y elaborado 27 expedientes de hechos.
¿Qué instrumentos jurídicos protegen a la tortuga caguama?
Para proteger a una especie que se encuentra en riesgo de extinción, es importante que el gobierno mexicano atienda la falta de presupuesto a instituciones ambientales, la falta de voluntad política y la integración de la comunidad.
Mario Sánchez, abogado especialista en procedimiento de evaluación de impacto ambiental y el litigio estratégico en la oficina regional Noroeste de CEMDA, explica a Animal MX que las regulaciones para atender la mortandad de la tortuga caguama deben ser multifactoriales.
“Se crea un combo de regulaciones amplias para una capacidad extraordinariamente limitada de ejecución”, detalla Mario Sánchez.
En un recuento de las acciones que se han creado para proteger a la tortuga caguama del Pacifico en México, CEMDA señala que desde 2009 tanto el gobierno federal y estatal reconocieron que la mortandad de tortugas se debe a la captura incidental.
Desde ese año se crearon una serie de programas e instrumentos para su conservación, como en el 2011 cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió el Programa de Acción para la conservación de la Especie (PACE) de la tortuga caguama con la misión de recuperar su población.
Para 2012, el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) publicó un estudio en el que se reconoce que la captura incidental de tortugas marinas en la región del Golfo de Ulloa en la península de Baja California Sur.
Ante esto, fue urgente tomar acciones para revisar y modificar el uso de artes de pesca que amenazan la supervivencia de esta tortuga.
En el año 2015, llegó una nueva llamada de atención para México. Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), emitió una certificación negativa al país por captura incidental de tortuga caguama en el Golfo de Ulloa.
Más de 3 mil tortugas muertas
Los años siguieron pasando y el varamiento de tortugas caguama continuaba. Según datos consultados de CEMDA, en el 2022 se registraron 682 ejemplares de tortuga caguama varados sin vida en Playa San Lázaro.
En el 2023, el registro más reciente, muestra que de enero a abril de ese año se han registrado 22 ejemplares de tortuga caguama varados sin vida en la misma playa.
En total, en los últimos 6 años y medio murieron 3 mil 25 tortugas caguama en las costas del Golfo de Ulloa.
Ante el descenso de la población de tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, CEMDA presentó dos recomendaciones urgentes para su aplicación.
Por un lado, advirtió que ante el constante descenso en la población de tortuga caguama del Pacífico, los instrumentos que se crearon para proteger su hábitat y reducir las amenazas que enfrenta “no están cumpliendo el objetivo”.
Por ello, urge la aplicación de regulaciones, mantener en vigilancia permanente la zona y proporcionar alternativas económicas y de desarrollo para las comunidades que dependen de la pesca en la región.
Ante la limitada capacidad de ejecución a las regulaciones para proteger a la tortuga caguama, Mario Sánchez señala que esto se debe a que la autoridad no tiene los recursos suficientes para su implementación.
“No tienen recursos, no tienen personal, no tienen en algunos casos la voluntad de parte de la administración -tanto federal como estatal- de ejecutar esta acción y eso tiene una razón más atrás porque, no están entendiendo el problema y queriendo solucionarlo porque no le habían visto esta magnitud”, explica el abogado.
¿Cuáles son las omisiones que ha tenido México?
Los Peticionarios en el Expediente de hechos señalaron que las omisiones en las que ha incurrido México para proteger a la tortuga caguama se encuentran en los siguientes instrumentos:
- La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
- La Ley General de Vida Silvestre (LGVS); la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA).
- El Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (RI-Semarnat).
- La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas.
- El Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”).
Además de esos instrumentos internacionales de los que México es parte, está el Acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del golfo de México y mar Caribe, así como en las del océano Pacífico, y que incluye al Golfo de California, conocido también como “Acuerdo de Veda”.
También hay Acuerdo en el que incurre, que es en el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur, conocido como “Acuerdo de Área de Refugio”.
A esta lista se suma el Acuerdo de Especies y Poblaciones Prioritarias y el Acuerdo de Refugio Pesquero, por el que se establece la zona de refugio pesquero y nuevas medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la costa occidental de Baja California Sur.
Además, ambas organizaciones sumaron a esta lista de omisiones las Normas Oficiales Mexicanas y programas de protección que tienen el objetivo de preservar a las especies que se encuentran con algún grado de amenaza a su supervivencia, como:
- La Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, Protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna silvestres.
- El Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer).
- El Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas (PNCTM).
- El Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte (“POEMR-Pacífico Norte”).
- El Programa de Acción para la Conservación de la Especie Tortuga Caguama (Caretta caretta) (“PACE-C. caretta”).
Mario Sánchez detalla que organismos como Conanp, Profepa, Marina y Conapesca no entienden el problema porque hacen muy poca investigación desde el Estado mexicano. En cambio, desde el campo de la ciencia, tanto académicos como centros de estudio son quienes realizan estos hallazgos.
“Hay investigaciones separadas por diferentes académicos e investigadores pero del Estado mexicano para resolver este problema hay una y esa investigación dijo que no saben qué pasa y así se queda, es multifactorial”, denuncia.
Un caso más de impacto por pesca incidental
En el Expediente de hechos relativo a la petición SEM-20-001 (Tortuga caguama) hacen mención a la pesca en el Golfo de Ulloa, donde el 25%, aproximadamente de la producción pesquera ribereña de todo el estado de Baja California Sur proviene del Golfo de Ulloa.
Esta pesca se realiza, principalmente, por comunidades pesqueras de los municipios de Comondú y Mulegé donde atrapan especies como: langosta, almejas, abulón, tiburón, calamar, jaiba, camarón, caracol y pulpo, entre otras.
Sin embargo, en un caso similar al de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, las personas pescadoras en el Golfo de Ulloa se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica, la cual aumentó en las últimas dos décadas.
Entre las principales consecuencias a este aumento se debe a las restricciones impuestas a la actividad pesquera por la implementación de instrumentos de conservación de las tortugas marinas, como el Acuerdo de Veda, el Acuerdo de Refugio Pesquero y el Acuerdo de Área de Refugio.
Para este expediente, citan datos de la Conapesca donde, según resultados de su censo de 2022, en el Golfo de Ulloa existen 22 grupos pesqueros objetivo. De estos, se utilizan 16 tipos de artes de pesca diferentes en las que se incluyen las trampas de captura y redes agalleras, tiburoneras y de enmalle.
Los Peticionarios denunciaron en el documento que las pesquerías señaladas son las que utilizan un mayor número mayor de redes de enmalle y agalleras asociadas a la captura incidental de tortuga caguama y prohibidas en el área protegida, poniendo en riesgo lo que se pactó en el Acuerdo de Refugio Pesquero.
En respuesta a este señalamiento, el Estado mexicano dijo que las actividades pesqueras no son la principal causa de muerte de tortugas marinas y sostuvo que existen otros factores que derivan en la mortalidad de las tortugas marinas.
“Diversos factores y condiciones pueden provocar la muerte de tortugas marinas, incluidos: factores ambientales; la presencia de depredadores; los accidentes con embarcaciones; la ingestión de restos de origen antropogénico y contaminantes tóxicos; las condiciones nutricionales de ejemplares y poblaciones, y diversas enfermedades de tipo metabólicas e infecciosas”, señala el Estado mexicano.
Mario Sánchez añade que mucho del problema en el litoral mexicano tiene que ver con la pesca ilegal porque, aunque se tengan a pescadores registrados observados, localizados y supervisados, mientras no se vigile lo que pasa por la noche en el mar, no se ve el problema completo.
¿México cuida su biodiversidad?
Además de la pesca ilegal, el abogado expone como otra de las afectaciones de la mortandad de la tortuga caguama a las actividades de exploración minera de fondos marinos con el proyecto conocido como ‘Don Diego’ en el Golfo de Ulloa.
“Tampoco se estableció el impacto que pudo tener eso. Los pescadores dicen que pudo tener un alto nivel de mortandad y el gobierno no hizo nada porque no tiene la capacidad de supervisar una mina que está haciendo exploración”, agrega.
Acerca de si México está preocupado por cuidar de su biodiversidad, Mario Sánchez responde que las deficiencias en la capacidad, presupuestal, visión y voluntad política que tiene actualmente el gobierno mexicano es una muestra de que no está haciendo lo suficiente o calificado para proteger su biodiversidad.
Dentro de estos riesgos, Sánchez señala que México debe reconocer que está teniendo un problema para proteger la biodiversidad que le caracteriza, de no hacerlo solo se condena a repetir las mismas intenciones y los mismos programas como lo han hecho en los últimos años.
El caso de la vaquita marina, la tortuga caguama y los jaguares víctimas de megaproyectos como el Tren Maya son una muestra de como “hacer lo mismo y esperar a que tenga un resultado diferente”, explica Mario Sánchez, y pone en riesgo la capacidad del país para la conservación de su biodiversidad.
“La manera de verificar si el tema ambiental tiene o no voluntad de parte de una administración pública va a ser con su presupuesto y los recursos asignados al tópico en específico (…) que recibe cada una de las actividades y sobre todo entender que México, al igual que Baja California Sur, no vive del turismo o la pesca, México vive de sus recursos naturales”, finaliza.
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El sistema de Salud de Ecuador está en crisis y los analistas estiman que tuvo mucho que ver en la derrota electoral del presidente Daniel Noboa en su consulta popular.
A Yawa Sumpa Puar Alexandra, de la comunidad indígena achuar, le entregaron el 29 de noviembre el cuerpo de su bebé en una caja de cartón. La niña de solo un mes había ingresado por un problema respiratorio la noche anterior en el Hospital General de Macas, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, y en unas pocas horas falleció.
La plantilla médica recomendó a la mamá buscar un ataúd, pero sola, a cientos de kilómetros de su comunidad y sin hablar bien español, su situación era de total desamparo. Aunque salió en busca de ayuda, como no llevaba dinero, tuvo que volver al hospital.
Ahí se encontró con el improvisado féretro que tuvo que cargar primero al parque principal de Macas donde salen las camionetas y los autobuses a Taisha, y luego las tres horas de viaje hasta esa ciudad de donde despegan las avionetas hacia la zona donde vive su comunidad, en plena Amazonía ecuatoriana.
“¿Cómo es posible que le dejen marchar así, con un bebé muerto en un cartón? Es doloroso ver cómo la manera en que nos tratan los médicos. Es indignante y muy triste porque somos humanos”, dice a BBC News Mundo el miembro comunidad achuar de Kaiptach que auxilió a la madre en un primer momento y tomó la fotografía.
Fue la municipalidad de Taisha la que finalmente la ayudó con un ataúd y con el vuelo de regreso a su comunidad.
“Es la familia la que tiene que traer el ataúd. El hospital no te la da. Eso es así en todo el país. Pero es verdad que sí son los encargados de hacer la gestión para pedir una donación a los municipios o a las prefecturas. Y para eso los hospitales tienen un área de trabajo social”, le cuenta a BBC Mundo Christian Sánchez Mendieta, periodista del diario El Mercurio.
El equipo de este diario había viajado en abril pasado a Morona Santiago después de que 10 niños murieran por leptospirosis, una enfermedad que se transmite por medio de las heces y orinas de roedores, pero con pronóstico favorable para el paciente si se le administran antibióticos.
“Son poblaciones que tienen costumbres completamente diferentes y viven en condiciones insalubres, pero siento que hay una especie de racismo contra ellos”, añade Sánchez Mendieta.
“Dada la gravedad de este hecho se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, informó el Ministerio Público de Salud luego de que se difundiera públicamente la foto de la madre y la caja con el cuerpo de su hija.
Pero la imagen tomada en Taisha, que levantó una oleada de indignación en todo Ecuador, se convirtió en un ejemplo dramático de una situación que supera las fronteras de la provincia de Morona Santiago: la crisis en la salud pública ecuatoriana.
Un tema político
El 16 de noviembre, 13 días antes de la muerte de esta niña en Macas, hubo una consulta popular en la que el presidente Daniel Noboa planteó cuatro preguntas a los ecuatorianos. En los cuatro interrogantes -que iban desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente hasta el regreso de bases militares extranjeras al país- la gente dijo “No”.
El revés de Noboa sorprendió porque el mandatario gozaba de un nivel de popularidad del 52,7%, según una encuesta realizada por la empresa Cedatos en octubre, y porque ocho meses antes había logrado su reelección en una segunda vuelta con más del 55% de los votos.
Otra de las sorpresas fue una de las causas mencionadas al interior de Ecuador para explicar esta derrota: en un país acostumbrado casi exclusivamente a hablar de las crisis de inseguridad y de las muertes violentas, se mencionó la crisis de salud.
El desabastecimiento de medicinas y todo tipo de materiales médicos había llegado a niveles críticos a finales de septiembre, afectando incluso a medicamentos considerados básicos como la insulina, la morfina, la amoxicilina y fármacos contra el cáncer.
La situación obligó al gobierno de Noboa a declarar el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) -el que utilizan los trabajadores que contribuyen con su salario al sistema público- y en el Ministerio de Salud.
Solo en los últimos 20 meses, el país ha tenido cinco ministros de Salud, y tras esta inusual rotación, la cartera recae ahora en la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
Una de las principal quejas del presidente de la Federación de Nacional de Médicos del Ecuador, Santiago Carrasco, es precisamente la falta de liderazgo técnico y la mala gestión derivada de la falta de conocimiento del sector de los dirigentes.
BBC Mundo se puso en contacto la presidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Ecuador, Diana Blacio, de partido gobernante, pero no obtuvo respuesta.
“El presupuesto para salud ha sufrido recortes significativos: de US$3.219 millones en 2023 bajó a US$2.959 millones en 2024 y a US$2.798 millones en 2025”, explica a BBC Mundo María Verónica Iñiguez Gallardo, asambleísta por la provincia de Loja.
Según datos del Banco Mundial, en 2021 y 2022 también se redujo el monto destinado a los recursos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema sanitario. Esto incluye salarios de personal, compra de medicamentos e insumos, servicios básicos (luz, agua), mantenimiento de instalaciones, y administración.
Es decir, los costos para que los hospitales, clínicas y programas de salud funcionen día a día, sin incluir grandes inversiones en infraestructuras nuevas
Pero para Iñiguez Gallardo, lo más alarmante es la ejecución de esos fondos: “Hasta julio de 2025, solo se había utilizado el 34,6% del presupuesto de inversión, lo que significa que hospitales y centros de salud operan con recursos mínimos”.
Estantes casi vacíos
La asambleísta de Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición liderado por el expresidente Rafael Correa, indica que “el desabastecimiento de insumos y medicamentos es generalizado en todo el país. En septiembre, los hospitales públicos reportaban apenas un 45% de abastecimiento de medicamentos”.
Iñiguez Gallardo indica que, por ejemplo, en los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo, los dos centros de salud más grandes de Guayaquil, la capital económica del país, la falta de insumos esenciales alcanzó el 80%.
“En otro hospital de Guayaquil, el Hospital Universitario, 18 recién nacidos murieron tras contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, producto de la reutilización de cánulas contaminadas, insumos cuyo costo es mínimo (US$1 aproximadamente)”, recuerda la asambleísta.
Juan, nombre ficticio de un especialista del Hospital General Monte Sinaí que no quiere ser identificado, describe la precariedad con la que trabajan desde hace un año:
“Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón o sábanas en las camas. Tenemos guardias de 24 horas pero ya no hay donde comer en el hospital porque a la gente de la cantina hace meses que no le pagan”.
“Ni siquiera podemos hacer exámenes de laboratorio, análisis de sangre, son servicios que prácticamente no funcionan por falta de pago”, le cuenta a BBC Mundo y añade:
“Como faltan muchas medicinas, las familias se ven obligadas a acudir a chulquero (prestamista) y tomar dinero con tasas de interés extremadamente altas y abusivas. O hacen eso o se les muere el familiar. La crisis de salud se extiende a todo el tejido social. Va más allá de la sanidad”.
BBC Mundo trató de contactar el Ministerio de Salud Pública porlos canales oficiales pero tampoco logró que alguien respondiera a estas acusaciones.
Otros pacientes que sufren estos días la escasez de medicamentos son los que necesitan diálisis o quienes padecen diabetes y necesitan una dosis diaria de insulina.
En Guayaquil, el 28 de noviembre, hubo una movilización para denunciar el desabastecimiento de insulina, que según diversas asociaciones se ha agudizado desde 2023 y que afecta tanto a farmacias privadas como públicas.
“Si me preguntas cómo hemos llegado a esta situación, creo que se debe tal vez a una mala gestión desde el Estado al hacer la provisión de las compras”, explica Lucía Mantilla, presidenta de la Fundación Diabetes Juvenil de Ecuador.
“Los diabéticos necesitan insulina todos los días. No es algo que puedas ponerte un día sí y otro no. Y ahora mismo, los miembros de la asociación nos cuentan que tienen que recorrer varias farmacias para encontrar un vial, que a veces lo reparten en dos días o tres”.
“Cuando un paciente diabético no se inyecta insulina esto puede derivar en valores altos de glucosa, que se puede transformar en una cetoacidosis. La cetoacidosis necesita una intervención hospitalaria y si no son atendidos, en el caso extremo pueden caer en un coma diabético”, agrega.
Desde la pandemia
Para varios expertos consultados, la pandemia de COVID-19 -que se ensañó especialmente con Guayaquil- aceleró el colapso del sistema.
“Hubo despidos de miles de profesionales de la salud y salieron a la luz varios casos de corrupción en la compra de insumos médicos”, cuenta Iñiguez Gallardo.
“La pandemia tuvo un gran impacto en Ecuador. Solo hay que recordar los ataúdes en las calles. El país implementó un sistema en el que reservó los hospitales públicos para atender el Covid y derivó al sector privado la atención del resto de patologías”, afirma Marcelo Bortman, ex especialista en Salud del Banco Mundial.
La fórmula suponía transferencias de fondos de los servicios públicos a las clínicas privadas para pagar la factura.
“Para que un sistema de salud sea fuerte, tiene que tener recursos humanos adecuados, estructura y el financiamiento suficiente. Obviamente los hospitales tienen que tener equipamiento y eso es cada vez más caro por la tecnología”, plantea Bortman y añade:
“La mayor parte de los de los presupuestos que tienen los sectores de salud en el mundo son en general para funcionamiento, pero no hay para mantenimiento ni para mejoras. Y con los años, si esas inversiones faltan, los servicios se van deteriorando y las capacidades también”.
Alta sin operación
El diario El Mercurio reportó estos días la historia de un paciente de 22 años ingresado en el Hospital José Carrasco Arteaga desde hace más de 20 días en la ciudad de Cuenca. Féliz Aurelio Suqui se cayó de un montacargas a 15 metros de altura mientras trabajaba.
Según el informe médico tiene entre otras cosas politraumatismo, es decir, muchos huesos rotos -incluidas tres vértebras-, y neumotórax (un colapso en los pulmones). Está en estado grave.
Cómo no hay materiales para la cirugía que necesita, el hospital sugiere darle el alta y que espere en casa los insumos para la operación que necesita.
Pero si la situación es mala en las ciudades, es peor en las zonas rurales.
“Los puestos de auxilio y los puestos de medicina general son muy poquitos en las zonas rurales. Hay que caminar cuatro horas por la selva. Son construcciones de madera que casi no tienen los elementos básicos”, describe el periodista Sánchez Mendieta.
A esto hay que añadir que los médicos en las áreas remotas “son casi siempre recién egresados de la universidad que están haciendo un año de medicina comunitaria”, expone Pablo Ponce, director del colectivo Violín Rojo, una asociación que trabaja con comunidades indígenas en Ecuador. En concreto, Ponce vive desde hace 5 años con los Achuar.
“Pero lo que se necesita es tener médicos contratados, especialistas, un médico general, un pediatra. En los puestos de salud de la zona no existe la forma de hacer un examen de sangre. No hay una garantía de electricidad”, argumenta.
Ese sistema, que deja las zonas rurales lejos de la zona de reparto de insumos o aleja a los especialistas fue la razón por la que Yawa Sumpa tuviera que llevar a su bebé al Hospital de Macas.
Y cuando creyó que la atención médica salvaría a su hija, se encontró con una crisis del sistema que solo le dejó una caja de cartón en las manos.
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