
Tras el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó a una revisión urgente de los protocolos de seguridad del plantel para que sea un espacio seguro y libre de violencia.
En un mensaje, el rector Leonardo Lomelí dijo que “la pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo”.
El rector de la UNAM condenó la violencia e informó que instruyó a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, a fin de que sesione de inmediato y se revisen los protocolos de seguridad del plantel.
“Estoy convencido que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia. Tengo la certeza de que es posible, desde la autonomía, con la participación de toda la comunidad universitaria, en coordinación con los distintos ámbitos de gobierno”, sostuvo.

A las y los jóvenes les pidió no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y a recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar. Indicó que la Universidad ha puesto a disposición de su comunidad programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género.
“Invito a las y los estudiantes, personal académico y administrativo a hacer uso de ellos, así como a los padres y madres de nuestro alumnado a conocerlos y estimular a sus hijas e hijos a utilizarlos en beneficio de su formación integral, como un paso indispensable para contar con una comunidad empática y resiliente en todos los sentidos”.
“Como rector condeno la violencia y también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas. Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar, si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia. Por eso, pido la colaboración de todas y todos quienes integramos la comunidad universitaria para que, juntos, construyamos los espacios seguros a los que tienen derecho nuestra juventud, el personal académico y administrativo”, dijo Leonardo Lomelí.
Este martes, alumnos del CCH Sur, marcharon del plantel a la Torre de Rectoría de la UNAM, para exigir justicia por el asesinato de su compañero, y mayor seguridad en los planteles.
“¿Cómo quieren que hable mi espíritu si están matando a mi raza?” “Justicia para Jesús”, “La indiferencia mata”, “¡Seguridad, seguridad!, se lee en las pancartas que portan.
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Este lunes 22 de septiembre un alumno ingresó al plantel y agredió con un arma blanca a otro estudiante y a un trabajador. El joven estudiante falleció, mientras que el trabajador fue trasladado a un hospital tras recibir atención médica.
Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas.
Las autoridades del CCH entregaron al estudiante a la custodia policial, y se encuentra hospitalizado, pendiente de ser puesto a disposición del Ministerio Público.

La agencia está bajo escrutinio tras el letal tiroteo de una mujer en Mineápolis llamada Renee Nicole Good.
El letal tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis provocó protestas y aumentó el escrutinio sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El ICE ha realizado miles de arrestos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, por lo general en espacios públicos.
Estas acciones están llevando a sus agentes con cada vez más frecuencia a comunidades de todo el país, lo que ha generado resistencia por parte de algunos residentes locales que se oponen a sus operaciones.
El ICE está liderando la implementación de la iniciativa de deportación masiva de la administración Trump, una promesa central de su campaña electoral.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias.
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus facultades son diferentes a las de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal.
Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto, agrede a un oficial o si el ICE sospecha que la persona está en Estados Unidos sin documentos.
A pesar de esto, según ProPublica, una agencia de noticias independiente sin ánimo de lucro, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se produjeron más de 170 incidentes en los que agentes federales retuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluían a estadounidenses que los agentes sospecharon eran inmigrantes indocumentados.
Las acciones de uso de la fuerza por parte del ICE se rigen por una combinación de la Constitución de los Estados Unidos, la legislación estadounidense y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden “solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”, declaró Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Sin embargo, históricamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los agentes federales “solo pueden usar fuerza letal cuando sea necesario” cuando tengan “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para sí misma o para otra persona.
Normalmente, el ICE opera dentro de Estados Unidos, con algún personal en el extranjero. Su agencia hermana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., técnicamente patrulla las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, estas funciones se han desdibujado cada vez más, a medida que la administración Trump retiró agentes de diversas agencias federales del orden público para participar en la aplicación de la ley migratoria.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan cada vez más dentro de EE.UU., participando en redadas con el ICE.
El ICE y otras agencias han desplegado cientos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y ahora Mineápolis, en colaboración con otras agencias federales del orden público.
Hasta 2.000 agentes federales se desplegarán en Mineápolis como parte de la última operación, según informó Associated Press.
La magnitud de las deportaciones durante la era Trump ha sido significativa.
La administración afirmó haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025.
También indicó que 1,9 millones de inmigrantes se habían “autodeportado voluntariamente”, tras una agresiva campaña de concienciación pública que animaba a las personas a abandonar el país por su cuenta para evitar ser arrestados o detenidos.
Un inmigrante que se encuentra con el ICE puede enfrentar diversas consecuencias.
En ocasiones, una persona es retenida temporalmente y luego liberada tras un interrogatorio. En otras circunstancias, el ICE la detiene y la traslada a un centro de detención más grande, de los cuales existen varios en todo Estados Unidos.
Aunque muchos inmigrantes continúan luchando por su estatus legal mientras están detenidos, si no lo logran podrían ser deportados.
Alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE a 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, un compendio de datos gubernamentales de la Universidad de Syracuse.
Abogados de inmigración dijeron a la BBC que, una vez que el ICE detiene a una persona, a veces puede llevar días para que las familias o los abogados averigüen dónde se encuentra.
Muchas comunidades han respondido cuando el ICE y agencias asociadas, como la Patrulla Fronteriza, realizan operativos.
Ahora es común que los residentes filmen a los agentes del ICE mientras realizan arrestos. Algunos encuentros entre los agentes y el público se han tornado agresivos o violentos.
Durante operativos del ICE en Chicago, Illinois, un colectivo de organizaciones de medios de comunicación demandó a la Patrulla Fronteriza. Alegaron que los agentes usaron fuerza indebida contra periodistas, líderes religiosos y manifestantes.
Un juez federal falló a favor del grupo, antes de que un tribunal de apelaciones revocara la decisión.
El tiroteo en Mineápolis no es el primero en que una persona resulta herida por disparos durante un operativo de control migratorio.
En octubre hubo dos incidentes en Los Ángeles en los que los agentes dispararon a conductores, según informó Los Angeles Times. El DHS afirmó en ambos casos que los conductores habían amenazado a los oficiales con sus vehículos.
Los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos.
Funcionarios del DHS defienden esta práctica, argumentando que protege a los agentes de la divulgación de información personal o el acoso.
Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una visión compleja de los planes de Trump para controlar la inmigración.
Poco más de la mitad cree que es necesario algún nivel de deportación, según una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro de Investigación Pew, una entidad no partidista.
Esta cifra es aproximadamente la misma que Pew encontró en marzo del año anterior.
Sin embargo, la misma encuesta sugiere que a los estadounidenses les preocupan los métodos de Trump.
Se encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses (53%) creía que la administración Trump estaba yendo “demasiado lejos” para deportar a inmigrantes indocumentados. Alrededor del 36% apoyó este enfoque.
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