Un par de semanas antes de que desapareciera, Salomé García le regaló unos zapatos a su hijo Juan Carlos Castro, quien estaba por iniciar un nuevo trabajo. La tarde del 29 de septiembre de 2016, cuando se dirigía a Acatlán de Juárez, se perdió su rastro; el celular mandaba directo al buzón. Inició entonces para Salomé un “peregrinar” que la llevó de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde se encuentra la morgue metropolitana.

“Yo estaba ahí siempre, cada semana iba para ver qué noticias tenían. En el instituto me decían que no había ningún cuerpo con las características de mi hijo”, recuerda. Hasta que una tarde, a finales de enero de 2017, llamaron a su esposo para que acudiera al IJCF a dar una muestra de ADN. “En ese momento nos fuimos corriendo, mi corazón estaba muy agitado. Sentía como unos calambres que me recorrían la piel”, cuenta la mujer de 62 años.

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“Hablar de los objetos es un tema complicado, sobre todo en México”, considera Iván —nombre ficticio de un antropólogo forense centroamericano que pide no revelar su identidad porque colabora con gobiernos estatales—. “Mira, recuerda lo que pasó con el caso Jalisco, ahí tenemos un ejemplo que muestra en un nivel profundo lo complejo que es esto”, dice en referencia al hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y a la transmisión que realizó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo de 2025 tras entrar al lugar y encontrar cientos de prendas y numerosos fragmentos de restos óseos calcinados.

En Jalisco, las prendas y los objetos no suelen ser tomados como evidencia importante en las indagaciones para la localización e identificación de personas desaparecidas —que en el estado suman más de 16,000—, debido tanto a la saturación de cadáveres en las instituciones forenses, como a las negligencias que se cometen en el sistema de procuración de justicia.

El impacto de Teuchitlán

El rancho Izaguirre fue identificado como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde los jóvenes, la mayoría atraídos con promesas falsas de trabajo, eran obligados a unirse a sus filas; quienes se negaban eran asesinados. 

Los textos publicados en días pasados de la serie Las Prendas Hablan evidencian los obstáculos que, tanto la fiscalía estatal como la FGR, han puesto a las familias que han creído reconocer alguna pertenencia de sus seres queridos desaparecidos. Las autoridades han esgrimido diversos pretextos para impedirles la revisión de las piezas de ropa u objetos que han identificado entre los más de 1,800 indicios hallados en el rancho, que actualmente se encuentran en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México y en la FGE de Jalisco.

En abril de 2025 hablé con Axel Rivera, titular del IJCF desde febrero de ese año, quien defendió la labor realizada por la institución con los indicios encontrados en el rancho. “Mis peritos hicieron un buen trabajo, siguiendo siempre todos los protocolos. Tenemos más de 5,000 fotografías que ordenamos y entregamos [a la FGR]. Ya estaban inventariadas”.

Le pregunté si las prendas y objetos hallados junto a los cuerpos son realmente tomados en cuenta en los procesos de análisis post mortem realizados por la institución. “Todo lo que se encuentra en las fosas es recuperado y a todo se le debe tomar fotografía”, señaló. 

Nueve madres entrevistadas, que hacen tanto trabajo de búsqueda como rastreo de fosas clandestinas, me cuentan que, en la práctica, las evidencias no siempre son registradas, y la cadena de custodia—el proceso de control que garantiza la autenticidad de una prueba— suele tener deficiencias. 

Por ejemplo, señalan que no se toman fotografías de todos los hallazgos y que los cuerpos y los objetos encontrados en fosas son aventados al interior de las camionetas por los peritos “sin un mínimo de consideración”, subraya Salomé. 

“Si la cadena de custodia no es la adecuada con los restos humanos, menos con otras cosas o pertenencias de los nuestros”, sentencia Lorena Cárdenas, quien busca a su hija Brenda Ortega, desaparecida en Tlajomulco en 2018.

Rivera aseguró que, como titular del IJCF, apuesta por seguir los lineamientos de protocolos y normas como el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos: recabar evidencia, procesarla adecuadamente, y que los peritos forenses recuperen todos los datos posibles que puedan proporcionar las familias de las víctimas. Lo que, según el funcionario, debería estarse haciendo desde 2019, cuando la Cruz Roja Internacional firmó un convenio con la institución para darles capacitación y aplicar los protocolos internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cuerpos. 

Siete de las nueve madres buscadoras entrevistadas afirman que las prendas y los objetos son rápidamente desechados, casi en cuanto llegan a las instalaciones. Esto lo saben por la experiencia de otras compañeras de búsqueda, que han encontrado sin vida a sus hijos, y por testimonios de trabajadores de la fiscalía y del IJCF compartidos con ellas en administraciones pasadas. 

“Nosotras hemos visto cuando encontramos fosas cómo maltratan a los cuerpos y avientan los objetos, sin respeto y sin procesar. A una le queda la duda de qué pasa con todo eso”, dice Violeta Flores, madre de Jazmín Ojeda, desaparecida en Zapopan en 2020. 

Señala CNDH omisiones en el caso; FGR continúa peritaje

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer la recomendación 11/2026, en la que establece que, después del ingreso de la Guardia Nacional al rancho Izaguirre el 18 de septiembre de 2024, el personal de la FGE y del IJCF cometió en las semanas posteriores una serie de omisiones al no realizar el procesamiento técnico de todas las evidencias localizadas —que incluían lotes de restos óseos, prendas y objetos—, en particular su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que afectó la eficacia de la investigación. El hecho de que tres de los siete vehículos asegurados en el rancho fueran robados el 25 de noviembre de 2024 significa para la CNDH que la FGE incumplió con su obligación de asegurar el inmueble, lo que fue advertido el 4 de febrero de 2025 por personal de la fiscalía —casi un mes antes del ingreso de Guerreros Buscadores de Jalisco—, sin que se tomaran medidas. 

La CNDH menciona también el recorrido por el rancho organizado por las fiscalías estatal y federal el 20 de marzo de 2025, “pese a que permanecía en proceso de intervención pericial”. El gran número de personas que asistieron —madres buscadoras, influencers y periodistas— derivó, según el organismo, en la alteración del lugar y de los indicios que pudieran encontrarse. Agrega que de las 1,842 evidencias halladas en el lugar, que pueden ser consultadas en la página del IJCF, tampoco se aseguró la cadena de custodia. 

Finalmente, el organismo solicita a los titulares de la FGE y del IJCF realizar, en un plazo de seis meses, “un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos” cometidas en el caso, así como elaborar o actualizar “un protocolo de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de indicios, el adecuado manejo de la cadena de custodia y la generación de periciales confiables”. 

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Para Guerreros Buscadores de Jalisco, la recomendación de la CNDH confirma las deficiencias en la investigación y en el procesamiento de las evidencias denunciadas por las familias, pero insiste en que no debe olvidarse que fueron retirados del lugar numerosos fragmentos óseos calcinados, “incluso en cubetas”, que confirmaron la existencia de crematorios en el lugar —algo que rechaza la FGR—. “Lo ocurrido en el rancho Izaguirre”, publican en su cuenta de X, “no fue únicamente una serie de irregularidades administrativas en una investigación. Fue un lugar donde hubo muerte, donde hubo asesinatos, y donde se encontraron restos humanos calcinados. Esa realidad debe ser reconocida con toda claridad”.

Ayer, en un comunicado, la FGR informó que el análisis de los fragmentos de restos óseos hallados en el rancho permitió obtener únicamente el perfil genético de un hombre, pero hasta ahora, las confrontas con muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas no han permitido identificarlo. Informaron también que han detenido 47 personas por el caso, y que existen otras órdenes de aprehensión vigentes.

La FGR insistió en que su investigación ha confirmado que el rancho era un sitio de adiestramiento de víctimas de reclutamiento forzado, donde se realizaban “prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”, y se les despojaba de la ropa para obligarlos a portar otra vestimenta. Las evidencias halladas están siendo procesadas en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense en la Ciudad de México, y en el sector Regional con sede en la FGE de Jalisco. “A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención”, precisa la institución.

El pretexto de las fiscalías

Rivera reconoció, en la entrevista realizada el pasado abril, que no hay suficiente espacio para almacenar la ropa y los objetos, y la instrucción de que sean desechados proviene directamente de la FGE, que tiene la facultad legal para el manejo y resguardo tanto de los cuerpos como de las evidencias encontradas en un sitio de inhumación clandestina. 

“De ahí la importancia de tomarles fotos y subirlas a nuestra plataforma [Sistema para el Archivo Básico de Personas Fallecidas (Siaba)], porque pronto pueden ser catalogados como tóxico-biológicos”.

De acuerdo con el funcionario, si un objeto o prenda es considerado tóxico-biológico, la FGE gira una orden para destruirlo. El ministerio público encargado del caso debe dictaminar lo que se resguarda o desecha, acorde con lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda y el artículo 128 de la Ley General en Materia de Desapariciones. 

Lo que se suele conservar es lo etiquetado como valioso: una computadora, un reloj de marca, un celular. “Eso se almacena en la fiscalía”, dijo Rivera. El resto de las pertenencias encontradas en fosas clandestinas, si no se consideran relevantes, son desechadas por cuestiones de higiene, o por representar fuentes de infección. 

Para Luis Fondebrider, miembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el argumento de la higiene es ambiguo. “En ese caso, los cuerpos también son tóxicos y representan una exposición para quien trabaja con ellos. Aquí se trata más bien de omisiones”. 

“Los objetos deben ser guardados para estudiar si son relevantes en un caso, [o] para contribuir a una identificación, y si contribuyen, deben regresarse junto con el cuerpo a la familia. Es su derecho”, sostiene el antropólogo forense. 

“Shock emocional”

Los objetos son únicamente complementarios y deben formar parte de un todo, considera Iván, el antropólogo forense centroamericano, “pero no pueden ser las familias quienes marquen el ritmo del trabajo, no deberían serlo”. 

Para el titular del IJCF, después del caso de los “tráileres de la muerte” —cuando en 2018 dos de estos vehículos, cargados con 322 cadáveres, circularon por Guadalajara como morgues itinerantes—, se hizo sistemático que las familias tuvieran acceso a la galería de imágenes de los cuerpos sin vida, “casi que venían cada ocho días al instituto”. Hace unos años solo mostraban fotos de cuerpos cuyas características coincidían con los datos proporcionados por los parientes de las víctimas, y se omitían las imágenes de los objetos hallados. 

Aunque los catálogos con fotografías de cuerpos son para uso interno de los peritos en sus investigaciones, se muestran también a las familias que lo solicitan cuando acuden al instituto. En la información pública disponible, como la plataforma de Personas Fallecidas sin Identificar, alimentada por el Siaba, solo se incluyen descripciones, que incluyen la indumentaria. Para los expertos, que se agreguen imágenes puede generar una esperanza en las personas que creen encontrar similitudes entre el cuerpo retratado y el de su ser querido desaparecido, sin que resulte cierta. Pero para Martha Morales, quien busca a su hijo Marco Fregoso, desaparecido en Mazamitla en 2015, que existan fotos junto con la descripción es importante, “ya que no todas las personas tenemos el presupuesto para andar viajando y revisando Semefos [Servicios Médicos Forenses] en el país para ver los rasgos físicos o la ropa”.

El caso de Salomé, cuando insistió en que los zapatos de la fotografía eran de su hijo Juan Carlos, es un ejemplo de la importancia que pueden adquirir los objetos, y de que se incluyan sus imágenes, junto con las del cuerpo, en la información pública. 

“Cada perito forense debe recabar los detalles del caso, hacer preguntas minuciosas a los familiares, recabar todo, incluso aquello que parece no ser relevante”, explica Iván. “Y el perito tiene que hacer su labor investigativa, no las familias. Si llega un cuerpo con unos zapatos, el perito debe acudir a sus registros para ver si hay algún caso en el que zapatos [de ese tipo] son relevantes. Claro, todo depende del estado de la materia ósea. Eso puede plantear otro gran reto. Ya entonces se recaba toda la información post mortem y se hace el cruce con el grupo familiar, con los datos genéticos”. 

Tras lo ocurrido en Teuchitlán, tanto Tracy Rogers, investigadora forense de la Universidad de Toronto, como Iván subrayan la expectativa que generan los objetos hallados en las familias de personas desaparecidas, por lo que deben tratarse con sumo cuidado cuando se considera que podrían ser relevantes para un caso. 

“Como familiar, quieres encontrar cualquier indicio, y puedes llegar a confundir algo debido al shock emocional en el que estás”, puntualiza Rogers. Para ella, cuando alguien insiste en que un objeto pertenece a su ser querido, debe movilizarse todo el aparato forense para dar una respuesta en menos de dos semanas, como dictan lineamientos éticos de enfoque humanitario como los establecidos por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Los casos presentados en esta serie muestran que, a un año del hallazgo del rancho Izaguirre, las familias que han solicitado tener acceso a prendas u objetos que han creído reconocer, solo han recibido demoras o negativas de las autoridades.

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Un aparato que en México es deficiente, reconoce Iván, como muestra el rezago forense, los más de 72,000 cuerpos sin identificar que se acumulaban en fosas comunes y morgues del país hasta 2023, y que en Jalisco sumaban más de 8,000. “Deja de momento la corrupción, o la infiltración del crimen en las instituciones. Sencillamente, no hay país en el mundo que esté preparado para enfrentar lo que hoy atraviesa México, en esas dimensiones. Ningún país tiene la capacidad”. 

El gran reto a nivel nacional, consideran Iván y Tracy Rogers, es adoptar el sistema masivo: recopilar la mayor cantidad de muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas en el país, enviarlas a los laboratorios, y tener sistemas de comparación científica cuyos resultados sean compartidos entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda. 

Para hacer frente a este reto en el estado, Rivera proyecta transformar la manera en que trabaja el Centro de Identificación Humana de Jalisco (CIHJ), enfocado hasta ahora en los casos de larga data —los restos no reclamados que, desde hace años, permanecen inhumados en panteones ministeriales—, y priorizar los cuerpos que llegan a la morgue provenientes de fosas clandestinas, los de personas sin identificar hallados en la vía pública y los de víctimas de accidentes, considerados “frescos” por los técnicos. 

Para algunas madres con casos de larga data, esta decisión les hace preguntarse qué área se enfocará en atender el rezago de cadáveres sin identificar que se remonta a los primeros años de la llamada “guerra contra las drogas”. “Tenemos que saber qué pasará, porque de lo contrario nos quedamos sin nada, como estábamos hace unos años”, dice Martha.

Optar por un enfoque centrado en la toma de muestras genéticas es cuestionado por Fondebrider, quien considera importante romper en México con la narrativa que ha puesto al ADN como la gran respuesta a la llamada crisis forense. Incluso, “es importante rastrear la cuestión de los contratos otorgados a laboratorios o [a] determinados contratistas, ya que representa un importante negocio bajo el contexto que vive el país”.

Huellas materiales de vida

Un día de 2016, Valeria Castañeda terminaba de desayunar en su casa del municipio de Valle de Guadalupe, en Altos Sur, cuando Amalia, su vecina, llamó a la puerta para contarle que unos sujetos se habían llevado a su hijo Víctor Antonio Gómez, un joven de 24 años recién egresado de la carrera de administración de empresas. Todo ocurrió unas cuadras más arriba, cerca del mercado, mientras conducía su camioneta. Valeria salió corriendo rumbo al punto que Amalia le indicó. Al llegar, identificó el vehículo; las llaves seguían pegadas y la radio estaba encendida. 

“Y pensar que una hora antes habíamos platicado. Le di la bendición. Ese día traía puesta su playera favorita, la de su equipo de fútbol”. Valeria recuerda que quienes “se lo llevaron le quitaron la playera y los zapatos. También arrojaron la cartera al piso”. Ella volvió a ver esa playera meses después, envuelta en una bolsa de plástico transparente en las instalaciones de la FGE, luego de que los peritos la recogieran en la escena del delito.

“El MP [ministerio público] me dice que no puede regresarme nada porque la investigación sigue abierta, pero me pregunto si la playera les sirve de algo. Me gustaría tenerla conmigo. Me recuerda mucho a Diego. Aunque seguro ya la tiraron, eso hacen con todo. Me dijeron también que iban a mandar la playera al IJCF”. 

Para Rogers, es necesario entender “a los objetos como huellas materiales de las personas”. Huellas que son importantes no solo para los procesos de investigación, sino por el vínculo afectivo que representan para las familias en relación con su desaparecido. 

Luego de un taller sobre mapeo de zonas de riesgo con madres buscadoras de Jalisco, hablé con algunas sobre la importancia de las pertenencias de sus seres queridos. Tres aseguraron que, en sus casos, son piezas centrales de evidencia. Al preguntarles si tenían una fotografía de las prendas u objetos, coincidieron en que no tenían imágenes en casa o en sus celulares, pero me compartieron dibujos de un pantalón, una cartera y una pulsera. Representaciones de cómo recuerdan esas huellas materiales que almacenan fragmentos biográficos relacionados con sus hijas e hijos. Huellas que intentan hallar en la galería del instituto forense. 

“El día en que desaparecieron a mi hija, ella traía un pantalón con unos parches muy particulares, porque ella se los había puesto de uno por uno. Ese pantalón es muy importante para ella y para mí también. Siempre le digo a mi MP y [a] los de forense que pongan atención en eso”, explica Fabiola Madrigal, madre de Carolina Flores, desaparecida en El Salto en octubre de 2020. 

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Otra madre, que ha pedido omitir su identidad, cuenta que su hijo desaparecido en 2022, en el municipio de Casimiro Castillo, “siempre traía consigo una cartera con una estrella bordada en el centro. Sé que carteras hay muchas, pero supongo que no muchas con una estrella, con un diseño así. Cada que voy al forense les pregunto si llegó un cuerpo con una cartera como la que te digo. Creo que eso puede ayudar a dar más pistas, más posibilidades, aunque una ya no sabe”.

Estas mujeres consideran que las pertenencias de sus seres queridos, debido a su originalidad, pueden jugar un rol importante en las investigaciones. Aunque reconocen que el contexto es complicado, como señala Carmen Ortiz, madre de Sebastián López, desaparecido en Tlajomulco en 2022.

“Sabemos que los criminales luego les cambian la ropa, o la tiran, o la queman. Escuchamos muchas historias. Pero siempre tengo en cuenta la pulsera que le regalé a Sebas cuando cumplió dieciocho años. Me fijo a ver si en las fotos hay una pulsera como esa”. 

“Nos queda esperar”

Semanas después de nuestra primera conversación, hablo de nuevo con Valeria, la madre de Víctor Antonio. Me cuenta que encontró una caja con pertenencias de su hijo en la pequeña bodega de su casa. Fotografías de graduaciones, una gorra y más playeras de equipos de fútbol a los que perteneció. “Siento que todo esto de los objetos son pequeñas posibilidades que pueden en ocasiones ayudar. Servir para saber quién es la persona”.

En el lenguaje técnico de los expertos entrevistados, las prendas y objetos localizados en escenas del crimen, en fosas clandestinas o en un área aledaña, son indicios que no pueden ser rápidamente descartados. Por el contrario, deben atravesar un proceso de evaluación y análisis a cargo de los peritos y policías investigadores asignados al caso tanto en las fiscalías como en las instituciones forenses. 

Si un indicio es desechado por considerarse tóxico-biológico, debe haber una justificación, un oficio que lo compruebe. Las pertenencias pueden ser desestimadas cuando se cierra un caso, o después de que una víctima es identificada. En ese momento, deben ser regresadas a las familias. 

“Nos queda esperar a que las cosas cambien, es una de nuestras pocas esperanzas”, dice Valeria, quien ha mandado enmarcar una foto en la que Diego viste la misma playera que hallaron en el lugar donde lo desaparecieron.  

**Ilustración de portada e interiores: Sara Hernández Alcántar, Mickey, Adán Vega y Andrea Paredes.

Este texto forma parte de la serie Las Prendas Hablan, un proyecto periodístico realizado por A dónde van los desaparecidos, ZonaDocs, Animal Político y Tejer.Red.