Las lesiones derivadas de accidentes de motociclistas en México han aumentado un 184% en los últimos seis años, lo cual requiere cada vez más recursos para su atención hospitalaria y se ha convertido en un problema de salud pública. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Seguridad Vial (ANASEVI), este problema representa un costo aproximado de 350 millones de pesos anuales.

De acuerdo con la ANASEVI, el incremento en los percances viales va de la mano con el creciente número de motocicletas que circulan en las calles y de la falta de acciones por parte de las autoridades para regular este medio de transporte, así como de sanciones para quienes infringen el reglamento de tránsito.

Por qué hay más motos en México y cuántas circulan

La Ciudad de México y el Estado de México tuvieron un aumento de 1111% y 1864% en el parque vehicular de motocicletas, siendo las entidades con mayor incremento, lo que se ha reflejado en un mayor número de accidentes y fallecimientos de estos conductores.

En el caso de la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la ANASEVI atribuyen este incremento de motocicletas y accidentes al hecho de que se venden vehículos baratos de baja calidad y ello resulta en percances viales, algunos de ellos en los que sólo se ven involucradas las motos.

Pese a los riesgos que implica el circular en motocicleta, conductores entrevistados señalaron que esta modalidad de transporte resulta más eficiente en términos de ahorro de dinero –por el costo del vehículo y su mantenimiento–, de disminución en los tiempos de traslado, e incluso porque resulta una herramienta con la que pueden autoemplearse a través de plataformas de mensajería o reparto de comida.

Además, aseguran que más allá del estigma que hay contra las motocicletas y los motociclistas, es necesario que las autoridades tomen medidas para que las calles y avenidas se conviertan en espacios seguros para toda persona que circule en ellas.

Accidentes en moto demandan cada vez más recursos de hospitales

Isaac B. tiene 35 años y maneja motocicleta en la Ciudad de México desde los 22, “más que nada por una necesidad de disminuir los tiempos de traslado de un lugar a otro, en aquel entonces estudiaba la universidad por las mañanas y trabajaba por las tardes, entonces no me daba tiempo si utilizaba el transporte público”.

Al principio –recuerda Isaac– tuvo que platicar con su familia para que aceptaran que se comprara una motocicleta, ante el temor de que pudiera accidentarse, pero finalmente aceptaron, y desde entonces, señala que ha constatado que, sin importar el medio de transporte, lo que provoca siniestros es que las personas no respeten el reglamento de tránsito, o que cometan un descuido.

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“La situación más reciente me ocurrió en septiembre pasado, yo estaba saliendo de un estacionamiento y el automóvil frente a mí se detuvo y abrió la puerta cuando intentaba pasarlo, lo que me rompió un dedo de la mano, o sea, son situaciones que pueden pasar incluso cuando no vas rápido en alguna avenida”, agrega.

“Pero la realidad es que hay muchas situaciones que pueden provocar un accidente: desde personas que van en el celular, o haciendo otras cosas al mismo tiempo, los que no usan las direccionales o quienes ya van desesperados por llegar a cualquier lado, y eso no es exclusivo de las motos, aunque a mucha gente no le gustan porque les parecen inseguras, incluso a las empresas aseguradoras, ya que los seguros son más caros”, señala.

Entre enero de 2018 y septiembre de 2024, el número de personas atendidas en hospitales públicos a causa de accidentes en motocicleta se incrementó 184%, al pasar de 22 mil 706 a 64 mil 483, según datos de la Secretaría de Salud federal.

Esta situación ha generado que en algunos hospitales del país, el número de personas accidentadas en motocicleta requiera cada vez de más recursos para su atención.

En 2018 hubo siete hospitales públicos en los que por cada 10 casos de lesiones atendidas, al menos tres fueron de motociclistas. Los centros en los que se brindaron más atenciones de este tipo fueron el Hospital General de Tierra Blanca, Veracruz (37%), seguido del Hospital Comunitario Cihuatlán (35%) y el Hospital Regional de la Barca (33%), estos dos últimos ubicados en el estado de Jalisco, de acuerdo con las estadísticas de Salud.

Para el periodo de enero a septiembre de 2024, en once hospitales públicos se registró que por cada diez casos de lesiones atendidas, cuatro fueron de motociclistas. En el caso del Hospital Integral Comunitario de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, estas atenciones representaron el 78%; en el Hospital General de Tierra Blanca, Veracruz, fueron el 61%.

“Son situaciones que necesitan atención de la autoridad”, reclaman motociclistas

Saúl Gómez, integrante del colectivo Ni Un Repartidor Menos, reconoce que “el boom” de las aplicaciones de reparto de comida y los trabajos en mensajería han estado relacionados con el aumento de motocicletas, principalmente en la Ciudad de México.

“Ha habido un gran boom de la motocicleta, porque es una alternativa para evitar el tráfico, y el trabajo que facilita no se limita a llevar comida, se puede hacer paquetería y hasta una mudanza. Es una opción más para generar ingresos en un país que carece de oferta de trabajo digno, porque si la hubiera no tendríamos tantos repartidores en las calles”, agrega.

“Entre 2018 y 2023, el colectivo ha registrado más de 400 muertos en la Ciudad de México, la mayoría de ellos durante la pandemia, y han fallecido más repartidores en motocicleta que en bicicleta“, comenta en entrevista.

En la capital del país, en 2023 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) registró 31 mil 709 incidentes viales, de los cuales 14 mil 901 fueron de motociclistas, es decir el 47%. De estas personas, 202 fallecieron a causa del percance.

“Recientemente un automóvil atropelló a un compañero, se lo llevó en el cofre en la colonia Narvarte, y ese tipo de situaciones nos preocupan, por eso es que hemos salido a manifestarnos en las calles, porque como ciudadanos tenemos que marcarle a la autoridad lo que tiene que hacer, evidenciar sus fallas, porque no sólo somos vulnerables a los percances, sino que en casi todos los casos las muertes quedan impunes”, reclama Saúl.

Ante los aumentos de accidentes y muertes viales de motociclistas, pero también de peatones, automovilistas y ciclistas, Saúl señala que “es obvio que algo se hizo mal, al aumentar las velocidades permitidas en las calles, en dar licencias a quien las pidiera sin tener que hacer un examen… al final de cuentas eso no ha funcionado para nada”.

Por ello, considera que “la autoridad no puede quedarse de brazos cruzados ante estas situaciones que necesitan atención, porque para atender la seguridad vial no sólo se necesita hacer valer el reglamento de tránsito, sino que se pavimenten las calles que están llenas de baches y que se trabaje de la mano con la sociedad para construir mejores condiciones para quienes optamos por esta opción de trabajo”.

Al respecto, Beatriz Valdéz Vázquez, directora general de Aplicación de Normatividad de la Subsecretaría de Tránsito de la SSC, explicó que, hasta hace unos años, la motocicleta era un vehículo de actividades deportivas y recreativas, pero con la pandemia muchas personas quedaron sin empleo y vieron en las motos un área de oportunidad para generar ingresos económicos.

Por ello, indicó que desde la Secretaría de Seguridad están “reeducando al ciudadano, porque muchos toman las motocicletas muy fácil, desde el hecho de que se compran en tiendas que dan pagos con muchas facilidades, hasta el mal uso que se da por irresponsabilidad del manejo de personas menores de edad o que no han tomado un curso para su uso”.

Las acciones emprendidas desde la SSC para la movilidad segura en CDMX

Valdéz Velázquez señaló que en la Ciudad de México se han emprendido acciones para atender los accidentes en motocicleta, reconocidos por la autoridad como un problema de salud pública, como la reforma al reglamento de tránsito para que se prohíba que menores de edad puedan manejar estos vehículos, la obligación de los motociclistas de utilizar casco, los operativos policiacos en puntos de mayor incidencia de percances viales y las multas del programa fotocívicas.

Otras acciones son la difusión de campañas para concientizar a los conductores para no manejar alcoholizados a través de medios de comunicación y en las calles, así como en visitas a escuelas primarias, donde hablan con las niñas y niños sobre la importancia del uso de casco y medidas de seguridad en caso de que sus padres sean motociclistas.

“Eso es lo que hacemos para la reducción de lesiones graves, porque no podemos prohibir que las personas conduzcan una moto, pero tomamos estas medidas para salvarles la vida, y hoy podemos ver un cambio en las calles, ya sea porque los motociclistas se preocupan por su salud o porque saben que los llevamos al corralón”, agregó.

Valdéz también destacó que la Secretaría de Movilidad ha implementado exámenes teóricos y prácticos para emitir licencias de motocicleta, así como una escuela para personas interesadas en aprender a conducirlas.

“Desafortunadamente, nosotros, como institución, no le podemos decir a los ciudadanos que no compren una motocicleta porque no es segura para su movilidad, pero mínimo, si están conduciendo, deben aprender a hacerlo para que todos los ciudadanos estemos seguros”, expresó.

¿Qué falta mejorar en materia de seguridad vial?

Arturo Cervantes, presidente de la ANASEVI, subraya que a nivel internacional las lesiones y muertes viales son un problema de salud pública, y que en caso de nuestro país estas tuvieron un repunte en 2019.

“Tristemente cada día mueren alrededor de 47 mexicanos y más de 120 resultan con lesiones graves en incidentes viales. En el tema de las muertes habíamos logrado bajar el número a 13 mil 970 en 2020, pero para 2022 se alcanzaron las 16 mil 345, esto es una tasa de 130 fallecidos por cada millón de habitantes, con una vulnerabilidad particular de peatones y motociclistas“, apunta Cervantes.

A pesar de este panorama, el especialista señala que a nivel nacional se han dado cambios positivos para atender esta problemática, como la reforma constitucional de 2020, que cambió el artículo 4° para que se reconozca que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad, así como la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

A día de hoy van 16 estados del país que han homologado las normas locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo que ha generado cambios en los requisitos para la emisión de licencias, la elaboración de bases de datos de accidentalidad y siniestros, construcción de ciclovías, así como ajustes en la velocidad permitida.

“Aunque los números de lesionados y fallecidos van en aumento, esto se puede corregir, y creo que vamos por el camino correcto, porque seguimos trabajando porque el enfoque del sistema se centre en la salud pública”, destaca el presidente de la ANASEVI.

Sin embargo, reconoce que “falta mucho para que las políticas públicas en marcha den mejores resultados, porque no se destinan recursos financieros suficientes, o porque los gobiernos aún no implementan sistemas inteligentes de transporte; hay que usar más tecnología para multar a los infractores, porque difícilmente una pequeña fuerza policial va a poder controlar a millones de vehículos que circulan en el país”.

“Necesitamos que las autoridades tomen nota de esta situación y que hagan valer las leyes y reglamentos que ya tenemos. A lo largo de la república la seguridad vial debe ser una prioridad, porque todo mundo merece moverse con seguridad”.