La magnitud de la tragedia por las inundaciones y riadas que dejaron decenas de muertos en el sureste de España ha generado dudas sobre la preparación y la respuesta de las autoridades ante la emergencia.

La provincia de Valencia, la más afectada, y las de Albacete y Cuenca sufrieron lluvias torrenciales que desbordaron los cauces de los ríos, inundaron calles y campos, arrastraron autos, derribaron puentes y dejaron la mayor cifra de muertos y desaparecidos por un desastre natural en la historia reciente de España.

Residentes de las zonas impactadas denunciaron en los medios de comunicación locales y en las redes sociales que las autoridades no les avisaron para que se prepararan adecuadamente.

Exponen que recibieron en sus teléfonos la alerta de Protección Civil llamando a evitar los desplazamientos cuando ya llevaba varias horas lloviendo y muchos habían quedado atrapados en edificios y en vehículos arrastrados por la fuerza incontenible del agua.

A esas alturas, el agua ya había bloqueado muchas carreteras y cientos de conductores estaban atrapados en ellas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) venía desde el jueves 24 alertando de la llegada a la Península Ibérica de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), el fenómeno atmosférico que ha ocasionado el desastre.

El martes 29 a las 07:30 de la mañana, la Aemet elevó una alerta roja por lluvias, lo que implica la previsión de “fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto”.

Alrededor de las 13:00 h, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, el gobierno regional de la Comunidad Valenciana, pedía en las redes sociales “prudencia en las carreteras y mucha atención a las indicaciones de las autoridades”.

Pero Mazón dijo también: “según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que hacia las 18.00 disminuya su intensidad” en la Comunidad Valenciana.

En lugar de eso, se desplazó por la región sembrando el caos.

Según el recuento de la agencia Efe, a las 19:17, la Generalitat elevaba la alerta a Nivel 2 en las comarcas de Utiel, Requena y la Plana.

Y finalmente, a las 20:00, enviaba el mensaje de alerta a los teléfonos móviles de toda la población.

Para entonces, la mayoría de los valencianos ya sabían que la situación era excepcional y peligrosa porque lo estaban viendo con sus propios ojos.

A las 20:36, el gobierno español ordenaba el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a petición del gobierno autonómico valenciano para colaborar con los servicios de emergencia locales.

Finalmente, pasado el mediodía de este miércoles, cuando ya se sabía que había decenas de muertos y desaparecidos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dirigía un mensaje televisado a la población ofreciendo el apoyo y la solidaridad del país a las zonas afectadas.

El gobierno español anunció también la declaración de Zona Catastrófica en las áreas afectadas.

Qué falló

La gestión de la emergencia ha suscitado críticas de ciudadanos y autoridades locales.

Andreu Salom, alcalde de L’Alcúdia, una de las poblaciones afectadas, dijo sentirse en el “abandono y una absoluta impotencia”. Señaló: “como alcalde, nadie me informó de que el río Magro podía desbordarse”. Contó que la población “se ha llenado de agua, barro y escombros”.

El gobierno regional de Carlos Mazón ha sido criticado porque una de las primeras decisiones que tomó al llegar al poder fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, a lo que ha respondido que no era más que “otra organización ficticia, con cero bomberos, cero materiales y cero eficiencia”.

Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante, le dijo a BBC Mundo que “aunque la cantidad exacta de agua que terminó por caer era imposible de prever, hubo un aviso meteorológico con tiempo suficiente, y lo que falló fue la transmisión de ese aviso a la población”.

Por eso, según dice, “la gente siguió haciendo vida normal pese a la alerta”.

Para Olcina, “la información a la sociedad no se dio con la celeridad necesaria”.

Olcina recuerda que “España lleva tiempo tratando de implantar el sistema europeo de avisos de emergencia por teléfono, pero el proceso se delegó a las comunidades autónomas y se está tardando mucho”.

Pero el experto detecta otros problemas.

“En España no hay una educación de la población para la prevención de riesgos en desastres como la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos con los huracanes y deberíamos empezar a trabajar en eso”, señala.

“En una situación así, deberían haberse suspendido las clases y la gente no debería haber ido a trabajar si no era indispensable. Obviamente, eso tiene un costo, pero el precio que vamos a pagar va a ser ahora más alto”, añade.

Para Olcina, episodios como el de Filomena, la borrasca que sembró el caos en Madrid y otros puntos de España en 2021, deberían llevar a una reflexión en su país sobre cómo se afrontan estas emergencias.

Olcina apunta también al “problema estructural provocado porque en muchas zonas del Mediterráneo español ha habido un crecimiento urbano descontrolado desde mediados del siglo XX y se ha construido en zonas inundables, que, como hemos visto ahora, son las primeras afectadas”.

Los científicos alertan de que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos potencialmente catastróficos como la Depresión Aislada en Niveles Altos, una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y desciende sobre otra de aire caliente produciendo grandes perturbaciones atmosféricas y precipitaciones muy intensas.

Es una situación típica de las regiones del litoral mediterráneo español en los meses de septiembre y octubre, y los lugareños están habituados a ella.

Pero, “con las aguas del Mediterráneo cada vez más calientes, se están formando nubes cada vez más potentes y que producen más precipitaciones”, explica Olcina, que recuerda que “España está recibiendo ahora los fondos Next Generation de la Unión Europea y uno de sus objetivos es financiar proyectos de adaptación al cambio climático”.

“Estamos ante una oportunidad de utilizarlos bien en las zonas más vulnerables, como la Comunidad Valenciana”, afirma.

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