Iniciativa de Ley General de Economía Circular no es ambiental y solo beneficia al sector económico, advierten organizaciones
Activistas y organizaciones advierten que la iniciativa de Ley General de Economía Circular “no es ambiental” y solo beneficia a la industria, ya que no se enfoca en prevenir y reducir los residuos, pero sí aprovecharlos y quemarlos después de que ya se generaron.
En conjunto, señalaron que eso “no resuelve el problema de fondo” y podría generar greenwashing.
La propuesta presentada por los diputados Ricardo Monreal, de Morena, y Raúl Bolaños Cacho Cue, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se discute en la Cámara de Diputados, no considera los impactos sociales y de salud que los productos pueden ocasionar.
Las organizaciones advierten también que esta iniciativa de ley “abre la puerta a que las auditorías ambientales sean voluntarias y realizadas por la misma industria”.
Además, denuncian que la realización de la Ley de Economía Circular se elaboró con una amplia participación del sector empresarial y no involucró a la sociedad civil, incumpliendo estándares de participación pública y compromisos internacionales.
La propuesta de la Ley General de Economía Circular y la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se presentó el 20 de noviembre ante la Cámara de Diputados.
En la exposición de motivos y la problemática, los diputados señalan que la generación de basura supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente.
Además, indican que el problema de la generación de residuos en México también acrecienta la generación de tiraderos a cielo abierto, no regulados e incumplen con la Norma Mexicana NOM-083 SEMARNAT-2003. Todo lo anterior, consecuencia de una economía lineal.
Organizaciones señalan que se mantiene el modelo de “usar y tirar”
Organizaciones de la sociedad civil y activistas subrayan que esta iniciativa de ley solo privilegiará el aprovechamiento económico de los residuos y mantiene el modelo de producción masiva y de usar y tirar.
Además, mediante termovalorización (quema de basura), antes que impulsar el diseño de productos más duraderos, reutilizables o reparables.
En la propuesta señalan que para estimular la transición a la Economía Circular, la iniciativa de ley se regulará con instrumentos económicos. Además, prevé que la persona titular del Ejecutivo Federal, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum pueda conceder estímulos fiscales en términos del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
Con lo anterior, buscan fomentar actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la propia ley.
Aunque en esta iniciativa incorporan la Responsabilidad Extendida del Productor con la que se promueve la valorización y aprovechamiento de materiales; también impulsará la innovación tecnológica, la eficiencia productiva y la creación de cadenas de valor más sostenibles.
Sobre esto las organizaciones y activistas antiplásticos advierten que este apartado solo “se plantea de forma gradual y flexible, lo que podría permitir a las empresas retrasar su cumplimiento”.
Otro de los puntos preocupantes para las organizaciones es la termovalorización.
Dentro del apartado de “Gestión Circular” incorpora de manera integral los aspectos ambientales, funcionales, económicos y sociales de materiales, productos y residuos.
Lo anterior incluye el diseño circular, el análisis de ciclo de vida y la huella ambiental a lo largo del ciclo de vida de estos, desde que se generan hasta su aprovechamiento por termovalorización o, en su caso, disposición final.
La Termovalorización integrada en la iniciativa de la Ley General de Economía Circular, describe a esta práctica como el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos para la generación de energía eléctrica.
Las organizaciones enfatizaron que la ley privilegia el aprovechamiento económico de los residuos, incluso mediante termovalorización, es decir, quema de basura, antes que impulsar el diseño de productos más duraderos, reutilizables o reparables.
Previo al inicio de la discusión de la Ley General de Economía Circular en la Cámara de Diputados, activistas y organizaciones de Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura, se manifestaron en contra de esta iniciativa.
Denunciaron que la iniciativa presentada carece de la obligación de la participación, según mandata el Acuerdo de Escazú del que México es parte y promueve la generación de plásticos.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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