El ingreso promedio de los hogares de México creció 4.6% entre 2018 y 2022, aunque la desigualdad se mantuvo en niveles elevados y se refleja en que los hogares más ricos ganan 15 veces más que los más pobres, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
La medición elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que en 2022 el ingreso corriente promedio trimestral por hogar fue de 63 mil 695 pesos, un alza respecto de los 60 mil 916 pesos registrados en 2018.
El ingreso corriente promedio trimestral por hogar se compone de cinco elementos: ingreso del trabajo, renta de la propiedad, transferencias (jubilaciones, pensiones, becas, donativos, remesas), estimación del alquiler de la vivienda y otros ingresos.
De esos componentes, el mayor es el ingreso del trabajo, que en promedio fue de 41 mil 860 pesos trimestrales por hogar.
Le siguen las transferencias, con un promedio de 10 mil 928 pesos trimestrales; la estimación del alquiler de la vivienda, con 7 mil 540 pesos trimestrales; la renta de la propiedad, con 3 mil 312 pesos trimestrales, y los otros ingresos, con solo 56 pesos trimestrales.
La ENIGH también indica que la desigualdad prevalece en el país, lo que se observa en la brecha de ingresos entre los hogares más ricos y más pobres.
En 2022, los hogares del decil I, es decir, los más pobres, tuvieron un ingreso corriente promedio trimestral de 13 mil 411 pesos. En contraste, los hogares del decil X, los más ricos, tuvieron uno de 200 mil 696 pesos.
Lo anterior se traduce en que los hogares más ricos tuvieron 15 veces más ingresos que los hogares más pobres.
Con todo, la brecha en 2022 fue menor a la que había en 2018. Ese año, los hogares más pobres tuvieron ingresos trimestrales promedio de 11 mil 183 pesos, mientras que los más ricos los tuvieron de 205 mil 106 pesos, lo que representa 18.3 veces más.
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En cuanto a los gastos, la ENIGH indica que el gasto corriente monetario trimestral promedio fue de 39 mil 965 pesos por hogar en 2022. Esto representa un alza de 2.1% respecto de 2018.
De esa cifra, los principales rubros corresponden al gasto en alimentos, bebidas y tabaco, con 15 mil 059 pesos; a transporte y comunicaciones, con 7 mil 714 pesos, y a educación y esparcimiento, con 3 mil 921 pesos.
Otros rubros son vivienda y servicios, con 3 mil 793 pesos; cuidados personales, con 3 mil 075 pesos; limpieza y cuidados de la casa, con 2 mil 432 pesos; vivienda y calzado, con mil 523 pesos, y salud, con mil 345 pesos.
La anulación de la prórroga del TPS le impone a David el desafío de encontrar otra forma de permanecer legalmente en EE.UU. o marcharse a otro país antes de ser deportado.
David pensaba que su mayor reto aquella noche bajo cero era mantener el calor mientras caminaba sobre la nieve, hasta que se topó con una patrulla policial en Washington.
Un policía le pidió sus papeles en el trayecto que recorría cada noche para volver a casa después del trabajo. Al comprobar que era venezolano y tenía un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el uniformado le dijo en perfecto español: “Disfrútalo mientras lo tengas”.
David no supo qué responder. El policía le hizo un gesto con la mano y lo despachó en inglés: “Go, go, go!”.
A finales de diciembre y a pocos días de abandonar la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden aprobó una extensión del TPS para los venezolanos, una medida que permitía a casi 600.000 personas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, libres del riesgo de ser deportados.
Pero el miércoles 29 de enero, durante su segunda semana de mandato, el gobierno del presidente Donald Trump anuló esa prórroga, una decisión que dejará a sus beneficiarios sin un estatus migratorio legal en Estados Unidos y puede convertirlos en sujetos de deportación.
En el caso de David, su TPS vence el próximo 2 de abril.
“Es muy duro saber que ahora corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”, dijo a BBC Mundo después de pedir que su verdadera identidad se mantuviera anónima.
“Salí huyendo de allá para sobrevivir, hice todo lo que me pidieron aquí y ahora vivo con miedo de que me agarren o me pase algo malo, como me ocurría en Venezuela”.
Su abogado le recomendó la misma alternativa que están considerando los beneficiarios del TPS que no disponen de otro estatus migratorio en Estados Unidos: introducir una petición de asilo ante un tribunal estadounidense.
Mientras tenga un proceso judicial en curso, David no puede ser deportado.
Trump emprendió una política de deportaciones masivas de indocumentados, que podría afectar a 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.
Una de sus primeras medidas fue suspender el parole, un permiso humanitario que el gobierno de Biden concedió a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, que llegaron a territorio estadounidense tras huir de las crisis en sus países.
David tenía una peluquería en el estado Aragua, en el centro norte de Venezuela.
Mientras le pintaba el cabello a una clienta, un muchacho entró al negocio y le preguntó si le faltaba mucho para atenderlo. Él le pidió que se sentara y esperara, pero el hombre se enfureció.
Sacó una pistola, amenazó a David y a sus clientas, les robó las carteras y varias máquinas de afeitar. Antes de marcharse, disparó contra la fachada de la peluquería, mientras todos se tiraron al suelo, escondiéndose detrás de las sillas dispuestas frente a los espejos.
“Traté de poner la denuncia en la policía y me dijeron que no lo hiciera, nadie podía meterse con el Tren de Aragua”, recordó David en referencia a la banda de crimen organizado venezolana que acaba de ser catalogada como una organización terrorista por el gobierno de Trump.
“Al día siguiente, me dejaron una nota en la puerta del negocio que decía: ‘Si no te vas del estado, ya sabes lo que les va a pasar a ti y a tu familia'”.
Aquel día de 2018 comenzaron siete años de historia migratoria para David. Se marchó de Aragua con su ropa y US$600, mientras su esposa y sus tres hijos esperaban a que él se instalara en Colombia.
Pero en el trayecto lo asaltaron y cruzó la frontera sin dinero ni pertenencias. Logró conservar el pasaporte porque lo escondió entre sus piernas cuando unos hombres armados asaltaron el autobús en el que viajaba dentro de Venezuela.
Una vez que llegó a Colombia, durmió en plazas donde se refugiaban otros migrantes y pasó tres días seguidos sin comer, hasta que un hombre le regaló una bolsa de caramelos que comenzó a vender por unidad, su primera oportunidad de generar ingresos fuera de Venezuela.
Con el tiempo logró trabajos más estables y pudo llevar a su esposa y sus hijos a Colombia. Pero su madre se quedó en Aragua. En medio de la pandemia, David logró ahorrar lo suficiente para visitarla.
Cuando llegó a casa de su madre, le dejó un poco de dinero para que comprara comida y preparara un almuerzo para la familia, mientras él salía a visitar a un amigo. Pero minutos después, ella lo llamó para decirle que unos hombres lo buscaban.
David volvió a huir a Colombia, esta vez sin despedirse de su madre.
“No sé cómo se enteraron de que había llegado”, lamenta. “Ahí fue cuando me di cuenta del nivel de control que el Tren de Aragua tenía en esa área y sobre todos nosotros”.
Después del confinamiento por el coronavirus, los salarios de David y su esposa en Colombia no alcanzaban para mantener a los niños, así que decidió marcharse a Estados Unidos.
Cruzó Centroamérica y México por tierra, sobrevivió a dos secuestros y entregó los US$1.800 que había ahorrado a hombres armados que lo golpearon hasta sacarle un diente.
Cuando llegó al norte de México, una madrugada de mediados de 2023, sintió miedo de lanzarse al río Bravo para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero a lo lejos, en el horizonte del desierto, se avistaban camionetas negras con fusiles que sobresalían por las ventanas.
“El agua estaba fría y la corriente era tan fuerte que me arrastró unos 60 metros. Sentía que me ahogaba pero logré cruzar agarrándome del monte que crecía en la orilla”.
David estuvo detenido durante semanas en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta que las autoridades migratorias le hicieron entrevistas en las que contó que había escapado por el Tren de Aragua y logró demostrar que tenía un “miedo creíble” de volver a Venezuela.
“Apenas pude, me acogí al TPS para poder trabajar y me mudé a casa de un amigo en Washington. Llevo un año y medio viviendo aquí, dedicado exclusivamente a hacer dinero para mantener a mi familia”.
En 1990, el Congreso de Estados Unidos creó la figura del TPS para migrantes que enfrentaban dificultades extremas si se veían obligados a regresar a sus países de origen, debido a conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la prórroga del TPS había sido anulada el miércoles 29 de enero, durante una entrevista con la cadena de noticias Fox News.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo Noem usando las siglas del Tren de Aragua.
“Ayer estuve en Nueva York y la gente de este país quiere esta basura fuera”, aseguró Noem. “Quieren que sus comunidades estén seguras. Fue increíble ver a la gente caminar junto a nosotros en la calle temprano en la mañana y darnos las gracias”.
David encuentra paradójico que sea la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos lo que ahora le hace sentirse señalado como un criminal que merece ser deportado.
“Que seamos venezolanos no significa que todos seamos Tren de Aragua”. “Nos están estigmatizando porque venimos del mismo lugar, pero muchos hemos sido víctimas de ellos y estamos escapando de eso”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado a presuntos miembros del Tren de Aragua en 16 estados, con un centenar de investigaciones federales relacionadas con la organización y al menos 50 detenciones y condenas judiciales.
“Ahora no solo me da miedo que me pare un policía en la calle, también me da miedo saber que el Tren está en Estados Unidos”.
La esposa y los hijos de David forman parte de un programa de ACNUR para ingresar a Estados Unidos como refugiados. Desde la investidura de Trump, el 20 de enero, el viaje de la familia fue postergado hasta confirmar si efectivamente el país estará dispuesto a recibirlos.
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