CNDH emite recomendación tras omisiones en detenciones arbitrarias en 2013 a Comisión de CDMX; ésta no las acepta “por falta a la verdad”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCMX) por omisiones en seguimiento a dos recomendaciones en el caso de detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza, tratos crueles inhumanos, entre otros, tras las manifestaciones del “El Halconazo” ocurridas en junio de 2013.
La CNDH señaló a la Comisión de la CDMX que no cumplió con el proceso que fue examinado y se recabaron en el expediente CNDH/1/2024/211/RI, relacionado con el recurso de impugnación que interpuso la víctima en contra del incumplimiento de las Recomendaciones 9/2015 y 11/2016.
“Derivado de los hechos que la víctima denunció como presuntas violaciones a sus derechos humanos y el de otras personas cometidas por personas servidoras públicas”, señaló el documento.
En ese sentido, la víctima presentó dos quejas —una el 10 de junio de 2013 y otra el 18 de diciembre de 2015— por diversas violaciones a sus derechos humanos, en el contexto de manifestaciones públicas y protesta social, que derivaron en las Recomendaciones 9/2015, del 15 de diciembre de 2015, y 11/2016, del 19 de agosto de 2016, las cuales fueron aceptadas por la PGJDF.
“No obstante, debido a que la autoridad responsable no cumplió con los puntos recomendatorios de ambas resoluciones, en las que se determina indemnizar a la víctima, ésta presentó Recurso de Impugnación ante la CNDH el 16 de noviembre de 2023”, destacó la dependencia.
Retrasa CDHCM calificación de incumplimiento
Añadió que, con base en el análisis de las evidencias, la Comisión Nacional verificó que personal de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHCDM retrasó la calificación de incumplimiento de las recomendaciones y no le indicó a la víctima que podía inconformarse de ello ante la CNDH, a través del recurso de impugnación, con lo cual no se garantizó que la víctima estuviera en posibilidad de acceder a los recursos legales a que tiene derecho, dejándola en estado de indefensión.
“Esta área omitió informar a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos local —a fin de que se informara sobre dicha situación a la entonces Asamblea Legislativa— para que la PGJDF explicara las causas por las cuales no aceptó de manera completa las recomendaciones, la CNDH recomendó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México colaborar en la inmediata reparación integral del daño causado a la víctima, que incluya la medida de compensación, con el objetivo de garantizar su no revictimización”, indicó la CNDH.
No acepta recomendación por “falta a la verdad”
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no aceptó la recomendación 287/2024 ya que dijo “falta a la verdad y carece de congruencia”, además que el asunto se refiere a la actuación de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHCM, pero al momento de atribuir responsabilidades, se centra en dos personas servidoras públicas solamente.
Argumentó que la dicha acusación contra el organismo contraviene la Ley de la CNDH y su reglamento interno, los cuales no le otorgan facultades para conocer y pronunciarse mediante un recurso de impugnación sobre presuntas omisiones en seguimiento a un organismo local de derechos humanos.
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“Con la misma convicción de poner el centro de actuación de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a RVD del presente caso, la ‘No Aceptación de la Recomendación 387/2024’. No significa que esta Comisión omitirá proporcionarle los servicios integrales que requiera, por el contrario, como se ha hecho hasta el momento; se continuará desarrollando un seguimiento exhaustivo que lleve a culminar debidamente las Recomendaciones 9/2015 y 11/2016 en los puntos aceptados y que estén vinculados a la esfera de RVD, indicó.
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La anulación de la prórroga del TPS le impone a David el desafío de encontrar otra forma de permanecer legalmente en EE.UU. o marcharse a otro país antes de ser deportado.
David pensaba que su mayor reto aquella noche bajo cero era mantener el calor mientras caminaba sobre la nieve, hasta que se topó con una patrulla policial en Washington.
Un policía le pidió sus papeles en el trayecto que recorría cada noche para volver a casa después del trabajo. Al comprobar que era venezolano y tenía un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el uniformado le dijo en perfecto español: “Disfrútalo mientras lo tengas”.
David no supo qué responder. El policía le hizo un gesto con la mano y lo despachó en inglés: “Go, go, go!”.
A finales de diciembre y a pocos días de abandonar la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden aprobó una extensión del TPS para los venezolanos, una medida que permitía a casi 600.000 personas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, libres del riesgo de ser deportados.
Pero el miércoles 29 de enero, durante su segunda semana de mandato, el gobierno del presidente Donald Trump anuló esa prórroga, una decisión que dejará a sus beneficiarios sin un estatus migratorio legal en Estados Unidos y puede convertirlos en sujetos de deportación.
En el caso de David, su TPS vence el próximo 2 de abril.
“Es muy duro saber que ahora corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”, dijo a BBC Mundo después de pedir que su verdadera identidad se mantuviera anónima.
“Salí huyendo de allá para sobrevivir, hice todo lo que me pidieron aquí y ahora vivo con miedo de que me agarren o me pase algo malo, como me ocurría en Venezuela”.
Su abogado le recomendó la misma alternativa que están considerando los beneficiarios del TPS que no disponen de otro estatus migratorio en Estados Unidos: introducir una petición de asilo ante un tribunal estadounidense.
Mientras tenga un proceso judicial en curso, David no puede ser deportado.
Trump emprendió una política de deportaciones masivas de indocumentados, que podría afectar a 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.
Una de sus primeras medidas fue suspender el parole, un permiso humanitario que el gobierno de Biden concedió a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, que llegaron a territorio estadounidense tras huir de las crisis en sus países.
“Ya sabes lo que les va a pasar”
David tenía una peluquería en el estado Aragua, en el centro norte de Venezuela.
Mientras le pintaba el cabello a una clienta, un muchacho entró al negocio y le preguntó si le faltaba mucho para atenderlo. Él le pidió que se sentara y esperara, pero el hombre se enfureció.
Sacó una pistola, amenazó a David y a sus clientas, les robó las carteras y varias máquinas de afeitar. Antes de marcharse, disparó contra la fachada de la peluquería, mientras todos se tiraron al suelo, escondiéndose detrás de las sillas dispuestas frente a los espejos.
“Traté de poner la denuncia en la policía y me dijeron que no lo hiciera, nadie podía meterse con el Tren de Aragua”, recordó David en referencia a la banda de crimen organizado venezolana que acaba de ser catalogada como una organización terrorista por el gobierno de Trump.
“Al día siguiente, me dejaron una nota en la puerta del negocio que decía: ‘Si no te vas del estado, ya sabes lo que les va a pasar a ti y a tu familia'”.
Aquel día de 2018 comenzaron siete años de historia migratoria para David. Se marchó de Aragua con su ropa y US$600, mientras su esposa y sus tres hijos esperaban a que él se instalara en Colombia.
Pero en el trayecto lo asaltaron y cruzó la frontera sin dinero ni pertenencias. Logró conservar el pasaporte porque lo escondió entre sus piernas cuando unos hombres armados asaltaron el autobús en el que viajaba dentro de Venezuela.
Una vez que llegó a Colombia, durmió en plazas donde se refugiaban otros migrantes y pasó tres días seguidos sin comer, hasta que un hombre le regaló una bolsa de caramelos que comenzó a vender por unidad, su primera oportunidad de generar ingresos fuera de Venezuela.
Con el tiempo logró trabajos más estables y pudo llevar a su esposa y sus hijos a Colombia. Pero su madre se quedó en Aragua. En medio de la pandemia, David logró ahorrar lo suficiente para visitarla.
Cuando llegó a casa de su madre, le dejó un poco de dinero para que comprara comida y preparara un almuerzo para la familia, mientras él salía a visitar a un amigo. Pero minutos después, ella lo llamó para decirle que unos hombres lo buscaban.
David volvió a huir a Colombia, esta vez sin despedirse de su madre.
“No sé cómo se enteraron de que había llegado”, lamenta. “Ahí fue cuando me di cuenta del nivel de control que el Tren de Aragua tenía en esa área y sobre todos nosotros”.
El miedo creíble
Después del confinamiento por el coronavirus, los salarios de David y su esposa en Colombia no alcanzaban para mantener a los niños, así que decidió marcharse a Estados Unidos.
Cruzó Centroamérica y México por tierra, sobrevivió a dos secuestros y entregó los US$1.800 que había ahorrado a hombres armados que lo golpearon hasta sacarle un diente.
Cuando llegó al norte de México, una madrugada de mediados de 2023, sintió miedo de lanzarse al río Bravo para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero a lo lejos, en el horizonte del desierto, se avistaban camionetas negras con fusiles que sobresalían por las ventanas.
“El agua estaba fría y la corriente era tan fuerte que me arrastró unos 60 metros. Sentía que me ahogaba pero logré cruzar agarrándome del monte que crecía en la orilla”.
David estuvo detenido durante semanas en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta que las autoridades migratorias le hicieron entrevistas en las que contó que había escapado por el Tren de Aragua y logró demostrar que tenía un “miedo creíble” de volver a Venezuela.
“Apenas pude, me acogí al TPS para poder trabajar y me mudé a casa de un amigo en Washington. Llevo un año y medio viviendo aquí, dedicado exclusivamente a hacer dinero para mantener a mi familia”.
En 1990, el Congreso de Estados Unidos creó la figura del TPS para migrantes que enfrentaban dificultades extremas si se veían obligados a regresar a sus países de origen, debido a conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales.
La basura fuera
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la prórroga del TPS había sido anulada el miércoles 29 de enero, durante una entrevista con la cadena de noticias Fox News.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo Noem usando las siglas del Tren de Aragua.
“Ayer estuve en Nueva York y la gente de este país quiere esta basura fuera”, aseguró Noem. “Quieren que sus comunidades estén seguras. Fue increíble ver a la gente caminar junto a nosotros en la calle temprano en la mañana y darnos las gracias”.
David encuentra paradójico que sea la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos lo que ahora le hace sentirse señalado como un criminal que merece ser deportado.
“Que seamos venezolanos no significa que todos seamos Tren de Aragua”. “Nos están estigmatizando porque venimos del mismo lugar, pero muchos hemos sido víctimas de ellos y estamos escapando de eso”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado a presuntos miembros del Tren de Aragua en 16 estados, con un centenar de investigaciones federales relacionadas con la organización y al menos 50 detenciones y condenas judiciales.
“Ahora no solo me da miedo que me pare un policía en la calle, también me da miedo saber que el Tren está en Estados Unidos”.
La esposa y los hijos de David forman parte de un programa de ACNUR para ingresar a Estados Unidos como refugiados. Desde la investidura de Trump, el 20 de enero, el viaje de la familia fue postergado hasta confirmar si efectivamente el país estará dispuesto a recibirlos.
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