El caso de la elefanta Ely: La Suprema Corte se alista para marcar un precedente en la protección animal en México
El caso de la elefanta Ely podría hacer historia en México, una vez que ministros y ministras de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutan el amparo que se concedió a la ejemplar. Si el fallo resulta a favor, tendrá un nuevo Plan Integral de Cuidados que garantice la protección de sus derechos.
El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel confirma que las autoridades responsables mencionadas en el amparo en revisión 697/2024, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tienen la obligación de garantizar el bienestar de la elefanta, a pesar de haber presentado argumentos en contra.
El abogado Marcos Mario Czacki Halkin promovió el juicio de amparo 1056/2021, en el que asumió la representación de la elefanta africana Ely quien pertenece a la especie loxodonta africana.
Con dicho recurso Czacki Halkin solicitó la posibilidad de analizar si el ejemplar está en condiciones de vivir en un mejor lugar, como un santuario.
El 16 de octubre de 2024, la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña, determinó que se reasumiera la competencia para atraer el caso de la elefanta Ely, registrandolo con el número de expediente 697/2024 y turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Además, ordenó su radicación en la Segunda Sala.
Este 12 de febrero de 2025, en sesión, ministras y ministros discutirán el amparo que se concedió a la elefanta Ely en 2024. De obtener un fallo a favor, la ejemplar marcaría un momento histórico para los animales que viven en cautiverio. Además, de ser reconocidos como sujetos de derechos en México.
¿Qué discutirán en la sesión?
En sesión, la Segunda Sala de la Suprema Corte discutirá un proyecto en el que deberán resolver cuál será la distribución de competencias en materia de protección animal dentro de zoológicos respecto a las autoridades obligadas y facultadas para tales efectos.
En un post en su cuenta de X, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que este miércoles 12 de febrero, en la Segunda Sala, propondrá a sus compañeros confirmar el amparo que se le otorgó a la elefanta Ely.
“(…) se va a establecer cuál es el Plan Integral de Cuidado de los animales que se encuentran en los zoológicos. Es muy importante preservar la naturaleza. Los animales, como muy importante es ver, cómo se les cuida en los zoológicos y cuál es todo este plan que se debe llevar a cabo para que los animales estén en las mejores condiciones”, señaló.
¿Qué argumentaron las autoridades?
A pesar de que se concedió el amparo a la elefanta Ely, reconociéndola además como ser sintiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente expresaron su inconformidad con la sentencia.
Estas autoridades tenían la obligación de elaborar y ejecutar un plan de acción integral para asegurar los cuidados y las condiciones de vida de la elefanta. Además, debían realizar un etograma para identificar su repertorio conductual y practicar una biopsia en la lesión epidérmica de la elefanta, entre otras acciones indicadas en el documento.
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La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México argumentó que el Juzgado de Distrito no analizó en profundidad el caso de la elefanta Ely. Por su parte, la Profepa señaló que la sentencia carece de los principios de congruencia y exhaustividad, ya que no se analizó la inexistencia de los actos que se le reclaman.
Finalmente, la Semarnat indicó que, aunque lidera la materia ambiental en el país, no todo debe ser ejecutado por su titular, ya que cuenta con diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados encargados de asuntos específicos para cumplir con dicho fin, según se lee en el amparo.
A pesar de los señalamientos de las autoridades responsables, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel establece que, para la Segunda Sala, los agravios presentados en la queja por las autoridades son infundados en relación con su responsabilidad sobre los actos reclamados.
En este sentido, la ministra destaca que las autoridades no son competentes para dar cumplimiento a la sentencia protectora, que ordenó la implementación de ciertos lineamientos en favor de la elefanta Ely.
Sin embargo, contrariamente a lo expresado por las autoridades, la ministra afirma que sí existe una responsabilidad legal por parte de las instituciones, dentro de sus respectivas competencias, para garantizar la protección animal, especialmente en lo que concierne a la elefanta Ely.
¿Qué destacar del proyecto de la ministra Esquivel?
Por un lado, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel exhibe el reconocimiento a la protección animal en zoológicos al mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-23/17, del 15 de noviembre de 2017.
Dicha opinión reconoce la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos.
También señala que los zoológicos son lugares que deben actuar como santuarios para toda la fauna silvestre que lo habite, en especial aquella que se encuentra amenazada o en peligro de extinción. Incluso, para los ejemplares cuyos hábitats naturales han sido dañados o destruidos.
El proyecto que discutirá la Corte subraya que las instalaciones de los zoológicos “tienen que ofrecer espacios donde sus cuidados sean prioridad (sic)”.
Otro punto a destacar en el documento es que “[la] Segunda Sala concluye que la protección animal en los zoológicos se encuentra inmersa en el derecho a un medio ambiente sano; por lo cual el Estado -mediante todas sus autoridades- tiene una responsabilidad colectiva de asumir todos los deberes necesarios en velar por el bienestar de estos seres vivos”.
Aunado a ello, el proyecto enfatiza que en los zoológicos “se debe garantizar una vida libre de maltrato a cualquier tipo de especie animal que habite en dichos espacios”.
Finalmente, el proyecto destaca que las autoridades responsables “son competentes para velar por el bienestar de la elefanta Ely”.
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Si se aplican, como ha prometido hacerlo Trump el 1 de febrero, los aranceles tendrán efecto en México y Canadá, pero también perjudicarán el bolsillo de los estadounidenses.
No es raro pensar en los aranceles como una especie de “castigo” a los productos extranjeros y a los países que los fabrican.
Sin embargo, el “efecto lavadora” ayuda a explicar por qué también las empresas nacionales y los consumidores locales terminan pagando los costos de los aranceles.
Antes de llegar ahí, vale la pena revisar en qué está la discusión actual.
En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está considerando imponer el 1 de febrero un 25% de aranceles a todos los productos mexicanos y canadienses, y un 10% a los productos provenientes de China.
La medida está relacionada con la percepción del mandatario estadounidense sobre la mala gestión de los gobiernos de esos países en relación con la migración y el narcotráfico.
Inesperadamente, la amenaza también le cayó a Colombia, cuando el presidente de EE.UU. amenazó a ese país con imponer un 25% de impuesto a sus exportaciones, luego de que el gobierno de Gustavo Petro se negara a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares con ciudadanos colombianos deportados.
Sin embargo, todo quedó en nada, porque Petro terminó aceptando a sus deportados y Trump no le impuso ningún arancel.
La postura de Trump sobre el tema migratorio ha sido bastante clara: “Como todo el mundo sabe, miles de personas están entrando en masa a través de México y Canadá, llevando el crimen y las drogas a niveles nunca vistos”.
Los aranceles permanecerán, advirtió, “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales pongan fin a esta invasión de nuestro país”.
Sobre la imposición de un arancel tan alto como un 25% -y tan amplio que abarcaría todos los productos mexicanos y canadienses-, expertos en comercio y relaciones internacionales entrevistados por BBC Mundo han expresado un cierto nivel de escepticismo.
“El arancel ligado a la migración y al fentanilo es una especie de extorsión”, le dice a BBC Mundo el economista mexicano Luis de la Calle, quien participó en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el anterior tratado de libre comercio, NAFTA.
Otros economistas, como Gerardo Esquivel, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), piensan que una amenaza de esa magnitud “no es creíble”. “Lo que quiere es empezar una negociación con ventaja”.
Así también le comenta a BBC Mundo Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, quien tampoco vislumbra una aplicación generalizada a todos los productos mexicanos.
¿Qué tiene que ver todo esto con las lavadoras?
La retórica de Trump es que los aranceles les quitan dinero a las empresas extranjeras para “enriquecer a los estadounidenses”.
La duda que surge con esa afirmación es que, al mirar las experiencias pasadas, ese no siempre ha sido el caso, dado que los aranceles que Trump aplicó en su primer gobierno, además de afectar a empresas extranjeras, también perjudicaron a compañías locales y a los propios consumidores estadounidenses, según varias investigaciones académicas.
Lejos de enriquecerlas, las familias tuvieron que pagar precios más altos. Y la recaudación tributaria producto de la imposición de los aranceles fue muy baja en comparación a lo que recauda el gobierno a través de impuestos individuales y corporativos.
Un ejemplo que sirve para ilustrar esto es el caso del impuesto a las lavadoras extranjeras que Trump aplicó en 2018 durante su primer mandato.
Una investigación elaborada por tres reconocidos economistas, Aaron Flaaen, Ali Hortacsu y Felix Tintelnot, llegó a la conclusión de que el precio de las lavadoras en Estados Unidos subió 12% como efecto directo de ese arancel.
La idea del arancel, que es un impuesto a los productos importados, era proteger a los productores locales contra el masivo ingreso de lavadoras muy baratas desde el exterior, en lo que se conoce como un caso de competencia desleal o dumping.
“Aunque se crearon algunos empleos, los consumidores pagaron un costo muy alto”, le dice a BBC Mundo Felix Tintelnot, profesor de la Universidad de Duke en EE.UU. y coautor de la investigación.
Los estadounidenses en su conjunto pagaron cerca de US$820.000 más en la compra de lavadoras, por cada empleo creado. “No fue un buen negocio para ellos”.
Eso es precisamente lo que hemos llamado el “efecto lavadora”: el aumento de precios que pagaron las familias estadounidenses.
Así también lo explica Inga Fechner, economista senior de Comercio Global del equipo de investigación del banco ING en Alemania.
En última instancia, “los consumidores cargan el costo del conflicto comercial”.
Una de las lecciones que dejó esa experiencia es que no solo subió el precio de las lavadoras importadas, sino que los productores locales también los aumentaron.
Sí, es cierto que no todos los aranceles son iguales. Y que la amenaza actual de Trump contra México y Canadá no tiene nada que ver con las acusaciones de competencia desleal, dirigidas especialmente contra los productos chinos.
Sin embargo, el caso de las lavadoras no es un ejemplo aislado.
No es un caso aislado
Si miramos lo que pasó en el primer gobierno de Donald Trump, abundan los análisis de datos que muestran cómo la imposición de aranceles también tuvo efectos negativos sobre la economía y los consumidores estadounidenses.
“Un estudio tras otro han demostrado que los aranceles estadounidenses aplicados desde 2017 han sido transferidos en su totalidad a los compradores estadounidenses”, argumentan Kimberly Clausing y Mary Lovely, economistas del Peterson Institute for International Economics (PIIE), un centro de investigación independiente con sede en Washington D.C.
Otros centros de estudio, como el conservador Tax Foundation, llevan años publicando investigaciones sobre los perjuicios económicos ocasionados por los aranceles dentro de EE.UU.
“Han tenido un impacto negativo neto en la economía del país”, asegura un reciente análisis de Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la organización.
“Los aranceles han elevado los precios y reducido la producción y el empleo”, agrega.
Esas conclusiones son refutadas por aliados del presidente Trump como Peter Navarro, actual asesor comercial del gobierno.
Su planteamiento es que los aranceles no subieron ningún precio durante el primer gobierno del mandatario.
“Tuvimos cero inflación debido a los aranceles”, dijo en declaraciones a la prensa local, sin entregar más detalles.
Romper un acuerdo comercial
Aunque sin duda el arancel le provoca daño al país afectado, el primero que tiene que pagar ese impuesto es el importador estadounidense en la aduana cuando ingresa los productos extranjeros.
Si se aplica un arancel de 25%, por ejemplo, el importador estadounidense que ingresa aguacates, tomates, partes de automóviles, cerveza, acero, o cualquier otro producto mexicano, tiene que pagar ese valor extra.
Como al importador le resulta más caro ingresar el producto, una parte del sobreprecio o todo el costo extra, suele ser traspasado al consumidor final, en este caso el estadounidense, generando un aumento de la inflación.
En el caso de los productos mexicanos y canadienses, la situación es más compleja porque los tres países de América del Norte han mantenido acuerdos de libre comercio desde hace tres décadas. El primero fue el NAFTA y el segundo, que continúa vigente, es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.
Aplicar aranceles “sería romper con la idea de un acuerdo comercial”, explica Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública, IMCO. “Es como decir ‘no me interesa'”.
Pero los tres países se necesitan mutuamente porque han construido cadenas de producción que a través de los años se han enlazado estrechamente, con empresas binacionales o fábricas que dependen de las exportaciones y las importaciones.
El principal socio comercial de Estados Unidos es México, país que destina más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense.
Muchas de las empresas estadounidenses dependen de la manufactura que hacen en México y, si ya no pueden ingresar los productos a un precio competitivo, estarán en serios problemas.
“No creo que el presidente Trump no tenga ganas de hacerlo, pero no creo que un arancel universal sea viable”, dice Moy.
Para ella, sí es más viable un arancel específico sobre determinados bienes.
¿Qué pasó en el primer gobierno de Trump?
“Esto ya ocurrió antes”, le dice a BBC Mundo Xóchitl Pimienta, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México.
Durante su primer gobierno, en 2018, Trump impuso temporalmente aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio, una medida que provocó alarma en empresas mexicanas y estadounidenses, pero que además terminó encareciendo los productos que compran las familias estadounidenses.
Pimienta explica que se hicieron muchas investigaciones sobre el efecto en los precios que terminó pagando el consumidor final en EE.UU.
Una de ellas arrojó que algunos productos como autos, lavadoras, licuadoras y muchos otros, subieron de precio entre 8% y 20% en EE.UU., tras la imposición de los aranceles a esos productos metálicos.
Otro estudio determinó que el aumento arancelario les costó a las familias estadounidenses alrededor de US$1.200 al año en sus compras.
En el pasado también hubo amenazas. Trump le advirtió a México que aplicaría un arancel de 5% a todos los productos mexicanos, si el gobierno no tomaba medidas para frenar la migración.
Pero a final de cuentas, ese arancel no se concretó. Sin embargo, el solo anuncio generó incertidumbre y cierto nivel de especulación de precios, comenta la experta.
Si esta vez el gobierno aplica aranceles a México, como lo ha prometido, los más afectados serán el sector automotriz, el agrícola, los productos alimentarios (como el aguacate, los tomates, las fresas, los pimientos), la cerveza y el tequila, el sector de electrónica (como las pantallas para celulares) y el manufacturero, además del petrolero.
Una vez más, dice Pimienta, “el consumidor final en Estados Unidos se verá afectado”.
Ante un escenario como ese, Trump tendría que lidiar con presiones inflacionarias que él prometió bajar durante su campaña, una promesa electoral que le ayudó a regresar a la Casa Blanca en medio de un clima de insatisfacción por el alto costo de la vida.
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