El caso de la elefanta Ely: La Suprema Corte se alista para marcar un precedente en la protección animal en México
El caso de la elefanta Ely podría hacer historia en México, una vez que ministros y ministras de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutan el amparo que se concedió a la ejemplar. Si el fallo resulta a favor, tendrá un nuevo Plan Integral de Cuidados que garantice la protección de sus derechos.
El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel confirma que las autoridades responsables mencionadas en el amparo en revisión 697/2024, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tienen la obligación de garantizar el bienestar de la elefanta, a pesar de haber presentado argumentos en contra.
El abogado Marcos Mario Czacki Halkin promovió el juicio de amparo 1056/2021, en el que asumió la representación de la elefanta africana Ely quien pertenece a la especie loxodonta africana.
Con dicho recurso Czacki Halkin solicitó la posibilidad de analizar si el ejemplar está en condiciones de vivir en un mejor lugar, como un santuario.
El 16 de octubre de 2024, la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña, determinó que se reasumiera la competencia para atraer el caso de la elefanta Ely, registrandolo con el número de expediente 697/2024 y turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Además, ordenó su radicación en la Segunda Sala.
Este 12 de febrero de 2025, en sesión, ministras y ministros discutirán el amparo que se concedió a la elefanta Ely en 2024. De obtener un fallo a favor, la ejemplar marcaría un momento histórico para los animales que viven en cautiverio. Además, de ser reconocidos como sujetos de derechos en México.
¿Qué discutirán en la sesión?
En sesión, la Segunda Sala de la Suprema Corte discutirá un proyecto en el que deberán resolver cuál será la distribución de competencias en materia de protección animal dentro de zoológicos respecto a las autoridades obligadas y facultadas para tales efectos.
En un post en su cuenta de X, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que este miércoles 12 de febrero, en la Segunda Sala, propondrá a sus compañeros confirmar el amparo que se le otorgó a la elefanta Ely.
“(…) se va a establecer cuál es el Plan Integral de Cuidado de los animales que se encuentran en los zoológicos. Es muy importante preservar la naturaleza. Los animales, como muy importante es ver, cómo se les cuida en los zoológicos y cuál es todo este plan que se debe llevar a cabo para que los animales estén en las mejores condiciones”, señaló.
¿Qué argumentaron las autoridades?
A pesar de que se concedió el amparo a la elefanta Ely, reconociéndola además como ser sintiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente expresaron su inconformidad con la sentencia.
Estas autoridades tenían la obligación de elaborar y ejecutar un plan de acción integral para asegurar los cuidados y las condiciones de vida de la elefanta. Además, debían realizar un etograma para identificar su repertorio conductual y practicar una biopsia en la lesión epidérmica de la elefanta, entre otras acciones indicadas en el documento.
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La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México argumentó que el Juzgado de Distrito no analizó en profundidad el caso de la elefanta Ely. Por su parte, la Profepa señaló que la sentencia carece de los principios de congruencia y exhaustividad, ya que no se analizó la inexistencia de los actos que se le reclaman.
Finalmente, la Semarnat indicó que, aunque lidera la materia ambiental en el país, no todo debe ser ejecutado por su titular, ya que cuenta con diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados encargados de asuntos específicos para cumplir con dicho fin, según se lee en el amparo.
A pesar de los señalamientos de las autoridades responsables, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel establece que, para la Segunda Sala, los agravios presentados en la queja por las autoridades son infundados en relación con su responsabilidad sobre los actos reclamados.
En este sentido, la ministra destaca que las autoridades no son competentes para dar cumplimiento a la sentencia protectora, que ordenó la implementación de ciertos lineamientos en favor de la elefanta Ely.
Sin embargo, contrariamente a lo expresado por las autoridades, la ministra afirma que sí existe una responsabilidad legal por parte de las instituciones, dentro de sus respectivas competencias, para garantizar la protección animal, especialmente en lo que concierne a la elefanta Ely.
¿Qué destacar del proyecto de la ministra Esquivel?
Por un lado, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel exhibe el reconocimiento a la protección animal en zoológicos al mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-23/17, del 15 de noviembre de 2017.
Dicha opinión reconoce la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos.
También señala que los zoológicos son lugares que deben actuar como santuarios para toda la fauna silvestre que lo habite, en especial aquella que se encuentra amenazada o en peligro de extinción. Incluso, para los ejemplares cuyos hábitats naturales han sido dañados o destruidos.
El proyecto que discutirá la Corte subraya que las instalaciones de los zoológicos “tienen que ofrecer espacios donde sus cuidados sean prioridad (sic)”.
Otro punto a destacar en el documento es que “[la] Segunda Sala concluye que la protección animal en los zoológicos se encuentra inmersa en el derecho a un medio ambiente sano; por lo cual el Estado -mediante todas sus autoridades- tiene una responsabilidad colectiva de asumir todos los deberes necesarios en velar por el bienestar de estos seres vivos”.
Aunado a ello, el proyecto enfatiza que en los zoológicos “se debe garantizar una vida libre de maltrato a cualquier tipo de especie animal que habite en dichos espacios”.
Finalmente, el proyecto destaca que las autoridades responsables “son competentes para velar por el bienestar de la elefanta Ely”.
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Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
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