Un juez federal ordenó a la Secretaría de Salud elaborar, en un plazo de seis meses, una política de Estado en materia de salud mental, con planes a corto, mediano y largo plazo, para atender a todas las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, mejor conocido como CPS Femenil de Morelos. 

“Dicha política de Estado deberá ser presentada en un acto público dentro del citado Centro, en el que, además, se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en las carencias de las condiciones de detención, específicamente en cuanto a salud mental”, ordenó en su sentencia Horacio Hernández Sotelo, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos en función de juez. 

Por este motivo, en su sentencia el juez Hernández Sotelo también ordenó a la directora del Cefereso 16 realizar todas las gestiones necesarias para que una vez cada 15 días, durante los siguientes seis meses, acudan psiquiatras a dar atención y seguimiento médico a favor de 14 mujeres privadas de su libertad en el centro penitenciario, cuyo estado de salud mental es crítico, asegurándose que les sean entregados de forma gratuita los medicamentos que en su caso requieran.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que, lamentablemente, una de las mujeres que buscaba el amparo y la protección de la justicia falleció durante el proceso (en condiciones de aparente suicidio), “muestra de que las medidas tomadas por la autoridad penitenciaria en cumplimiento de la suspensión de plano otorgada no fueron suficientes”. 

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Violaciones a derechos humanos dentro del Cefereso 16

El fallo del juez deriva de un amparo promovido en diciembre de 2023 por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, liderada por Sofía de Robina Castro, y la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en el que se reconoció la obligación de las autoridades de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la vida libre de violencia de las mujeres privadas de la libertad. 

“Así las cosas, se puede afirmar que la falta de una atención psiquiátrica de calidad, así como la entrega de medicamentos recetados, constituyen una forma de violencia en contra de las quejosas quienes [al estar privadas de su libertad] no tienen mayores elementos para alcanzar un óptimo estado de salud mental, y es esa misma condición las que está llevando a tomar decisiones en contra de su propio cuerpo, como autolesiones y el suicidio”, señaló. 

En octubre de 2023, Animal Político -en alianza con la organización CEA Justicia Social– publicó el reportaje El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos en el que se documentó cómo una intoxicación masiva de 404 mujeres privadas de la libertad en este penal exhibió graves violaciones a los derechos humanos de las internas. 

La intoxicación ocurrió apenas dos días después de que el Gobierno Federal decidió trasladar, sin previo aviso y de manera irregular, a un grupo de mujeres que estaban en diversos centros penitenciarios estatales de Sonora para llevarlas al “CPS Femenil de Morelos”, separándolas más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados. 

Meses después, la SSPC informó sobre 8 supuestos suicidios de mujeres privadas de la libertad, ocurridos entre julio y noviembre de 2023; mientras que la CNDH -en una recomendación posterior- concluyó que fueron 13 las mujeres que cometieron suicidio en el Cefereso 16 de Morelos, entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023, mismas que no recibieron una oportuna atención psicológica. 

Por esta y más situaciones acontecidas dentro CPS Femenil de Morelos, el juez Hernández Sotelo también ordenó al titular del área jurídica del Cefereso 16 de Morelos acreditar la entrega del expediente clínico de las 14 mujeres como parte de su derecho a la información en materia de salud.

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Insisten en creación de mesa interinstitucional con ONU 

Por su parte, el Instituto Federal de Defensoría Pública insistió en la necesidad de instalar una mesa interinstitucional para atender el cumplimiento de esta sentencia y garantizar el acceso a la salud mental de todas las mujeres recluidas en el Cefereso 16 de Morelos. 

“Reiteramos que la instalación de una mesa interinstitucional, con participación de la sociedad civil y con la observación de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (tal y como fue recomendado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reiterado por este Instituto y organizaciones de la sociedad civil ante la CIDH), resulta urgente y fundamental para atender de forma estructural, las condiciones actuales de las mujeres privadas de libertad”.