
Nayeli estuvo internada tres años y nueve meses en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16, ubicado en Morelos. Durante ese tiempo se la pasó dopada y deprimida, casi no comía, pues los alimentos estaban descompuestos. Parte del tiempo se la pasaba enferma.
“Ellos mismos te enferman, ellos mismos te dan los medicamentos para que todo el día estés como estúpida y no pidas algo”, dice.
Vivía en un pabellón, junto con otras siete mujeres, con quienes compartía las 24 horas. No tenía actividades recreativas, las pocas consistían en hacer manualidades y dibujos. Fue trasladada de Zacatecas de un penal de fuero común a uno federal en Morelos. Se supone que ahí estaría mejor.
“Yo pedí mi traslado, o sea, hasta eso yo lo pedí porque supuestamente iba a tener una mejor rehabilitación. En la primera semana me quería matar. Ya no aguanté, dije ‘me quiero morir’. Yo gritaba con desesperación sáquenme de aquí me voy a matar”, relata.

Ahora Nayeli forma parte del colectivo Artículo 20 que ayuda a visibilizar las 19 muertes de mujeres que han ocurrido dentro del Centro Federal, así como las condiciones en que viven las internas. Solo en lo que va de noviembre, dos mujeres presuntamente se suicidaron al interior del penal, con lo que suman 19 casos en los últimos tres años.
El martes pasado, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano responsabilizó a las familias de “abandonar” a las mujeres, así como a las “sentencias que dictan los jueces y magistrados del Poder Judicial”.
Un día después de esta audiencia, integrantes del colectivo Artículo 20 realizaron una protesta frente al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ubicado en la Ciudad de México, para exigir que no responsabilicen a las familias de las fallas del sistema penitenciario, en particular las condiciones en las que viven las internas en el Cefereso 16. Además entregaron un oficio en donde exponen la preocupación por las muertes de las mujeres en el Cefereso 16.
Viridiana Molina, representante de la organización Artículo 20, quien también fue interna del Cefereso 16, señala que no sólo son 19 mujeres que fallecieron dentro del penal, sino que desde la apertura del Cefereso en 2016 a la fecha, van 26.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado anualmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revela que los intentos de suicidio son un problema crónico en el Cefereso 16. En 2020, el penal reportó una cifra alarmante: 161 intentos de suicidio entre una población de 812 internas en ese momento.
“Para nosotros es importante hacerles visibles, ya que muchas de las muertes de nuestras compañeras fueron por negligencia médica. A una de ellas le dijeron que tenía colitis, pero realmente tenía cáncer de estómago, o una compañera no tenía un riñón y lo único que le daban eran pastillitas. Hasta el final nunca se le brindó la atención adecuada”.
Nayeli relata que cuando estaba en el Cefereso le dio un preinfarto. Ella padece del corazón. “Me sacaron después de tres horas y cuando me conectaron los aparatos me dijeron que no tenía nada. Yo traigo seguimiento desde el otro penal donde me trasladaron porque por lo mismo, yo estaba súper mala”.
Una de las demandas del colectivo Artículo 20 es que se separe el fuero federal del fuero común. “Las que se quieran ir a sus estados de origen que sean trasladadas, ya que de esa forma están cerca de sus familiares”, expresa Viridiana Molina.
“Estamos en contra de lo que dijeron en la Comisión Interamericana, que las mujeres se suicidan porque ellas están en abandono o porque tienen problemas emocionales y mentales. Sin embargo, no se habla con una perspectiva de género, ya que los contextos de las compañeras son totalmente diferentes. Muchas de ellas tienen hijos con parálisis o tienen papás de la tercera edad”, indica Molina.

Para Jazmín, quien es familiar de una interna en el Cefereso, el abandono no es por parte de los familiares, sino por las autoridades del penal. Debido a que las mujeres son de varios estados del país, para las familias resulta complicado trasladarse a Morelos, sin embargo les realizan llamadas o videoconferencias.
“(En el Cefereso) no las procuran, no les dan atención médica, no le dan buena alimentación. Eso es un abandono de ellos mismos. Eso es abandono, pero le echan culpa a los familiares. Ellos mismos son quienes las tienen así, las están abandonando porque no les dan atención médica y por eso ellas prefieren tomar pastillas para no sentir dolor y pasar la noche”, relata.
Jazmín señala que su familiar tiene un quiste vaginal. Se lo detectaron desde que estaba recluida en Acapulco y ahí tenía tratamiento, pero a raíz de su traslado al Cefereso en Morelos no la han tratado ni le han dado medicamentos.
“No les dan medicamento y las quieren engañar con una pastilla para que ellas supuestamente se controlen, pero las perjudican más, porque se vuelven adictas a esas pastillas y es cuando hacen cosas que no tienen que hacer”.
Señala que dentro de ese penal hay muchas injusticias. “Hasta los mismos custodios golpean a las PPLS (Personas Privadas de su Libertad). Las internas las violan, las golpean, son muchas cosas y por eso estamos exigiendo el traslado de los delitos comunes a sus lugares de origen. Es lo que queremos”.


Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
La administración Trump ha nombrado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como dos de los miembros fundadores de su Consejo de Paz para Gaza.
El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, también formarán parte de la “junta ejecutiva fundadora”, según informó la Casa Blanca en un comunicado emitido el viernes.
Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Se espera que supervise temporalmente la gestión de Gaza y gestione su reconstrucción.
También forman parte de la junta ejecutiva fundadora Marc Rowan, director de una firma de capital privado; el director del Banco Mundial, Ajay Banga; y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Robert Gabriel.
Cada miembro tendrá una cartera “crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Trump había dicho el jueves que se había formado la junta, calificándola de “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”.
La Casa Blanca anunció que se nombrarán más miembros de la junta en las próximas semanas.
Tony fue primer ministro de Reino Unido de 1997 a 2007 y llevó a su país a la guerra de Irak en 2003. Tras dejar el cargo, se desempeñó como enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales (EE.UU., la UE, Rusia y la ONU).
Esto se produce tras el anuncio de un comité tecnocrático palestino independiente de 15 miembros, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar la gobernanza diaria de la Gaza de posguerra.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí, presidirá este nuevo comité.
El comunicado de la Casa Blanca de este viernes también indicó que Nickolay Mladenov, político búlgaro y exenviado de la ONU para Oriente Medio, será el representante de la junta sobre el terreno en Gaza, trabajando con el NCAG.
El plan de Trump establece que también se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas, y el comunicado de la Casa Blanca indicó que el mayor general estadounidense Jasper Jeffers encabezará esta fuerza para “establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo”.
La Casa Blanca indicó que se estaba formando una “junta ejecutiva de Gaza” independiente que contribuiría a la gobernanza e incluye algunos de los mismos nombres que la junta ejecutiva fundadora, así como otras personas designadas.
El plan de paz de Estados Unidos entró en vigor en octubre y desde entonces ha entrado en su segunda fase, pero todavía hay una falta de claridad sobre el futuro de Gaza y de los 2,1 millones de palestinos que viven allí.
En virtud de la primera fase, Hamás e Israel acordaron un alto el fuego en octubre, así como un intercambio de rehenes por prisioneros, una retirada parcial de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria.
A principios de esta semana, Witkoff afirmó que la segunda fase contemplaría la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluyendo el desarme de Hamás y otros grupos palestinos.
“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones”, advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”.
Sin embargo, el alto el fuego es frágil, y ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones.
Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, mientras que el ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos palestinos durante el mismo período.
Las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo graves, según la ONU, que ha insistido en la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros esenciales.
La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Más de 71.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.
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