Dominga busca a su nieto ‘desaparecido’ de 5 años, tras el suicidio de su hija en el Cefereso 16 de Morelos
Hace un mes, Dominga Reyes recibió una llamada de las autoridades del Centro de Reinserción Social No. 16 (Cefereso 16), en Morelos, para informarle que su hija, Consuelo Gutiérrez, se había quitado la vida.
Hasta ahora, las autoridades del Cefereso 16 no han aclarado las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, que se convirtió en el caso número 19 en los últimos tres años en ese penal federal de mujeres.
En medio del dolor y el desconcierto, para Dominga la principal preocupación es recuperar a su nieto, quien vivía dentro de la prisión con Consuelo hasta hace dos años, cuando se lo llevaron a un hospital para una supuesta revisión médica y ya no lo devolvieron con su madre. Nunca les explicaron que las infancias pueden estar con sus madres en los centros de reclusión hasta los 3 años de edad, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Desde entonces, los familiares de Emmanuel Salvador no saben de él. Lo único que les dijeron es que está en una casa hogar.
Animal Político buscó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sobre el caso, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta. El Cefereso 16 depende del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), que es parte de la SSPC.
Por su parte, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dijo que se pondrían en contacto “a la brevedad” con Dominga para darle informes sobre su nieto, pero ello no ha ocurrido.
La búsqueda de su nieto, tras el suicidio de Consuelo
“Desde que se lo llevaron, Consuelo preguntaba por su hijo y le decían que se lo iban a llevar, que me lo iban a entregar, pero no lo regresaron y ella ya nunca lo vio. Entonces el niño tenía 3 años, ahora ya va para los 5 años”, dice Dominga en entrevista.
Debido a que Dominga no sabe leer ni escribir ha enfrentado dificultades para tramitar la recuperación del niño, además de que no ha tenido la orientación necesaria para gestionarla. Lo único que sabe es que Emmanuel Salvador está en una casa hogar de la Ciudad de México, pero desconoce la dirección y no lo ha visto.
“Cuando Consuelo me dijo que le quitaron al niño vinieron autoridades a mi domicilio para hacer una revisión, a ver si me lo entregaban, me dijeron que estaba en una casa hogar; después me hicieron una videollamada las de la casa hogar y me pidieron darles un papel para entregarme al niño, yo lo mandé, pero para entonces la señorita que me contactó me dijo que ya no trabajaba ahí”, detalla.
Pasaron meses desde entonces, sin que Dominga tuviera noticias de su nieto. Fue hasta después del fallecimiento de Consuelo que llamó al número telefónico que le proporcionaron para contactarse con la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, “pero no me contestan y ya no sé a dónde comunicarme”.
“Me tienen engañada, porque en el Cefereso se lavaron las manos y me dijeron que ya habían mandado todos los papeles a la Fiscalía, que ya no tenían nada, pero no me quisieron dar más información”, reclama la mujer de 50 años.
El último de los 19 suicidios reportados en el Cefereso 16
Consuelo, de 27 años, es la última de las 19 mujeres cuyo suicidio se ha reportado dentro del Cefereso 16, aunque un mes después su madre no sabe con certeza qué fue lo que ocurrió con ella, pues dos días antes de su fallecimiento se habían comunicado por videollamada “y la vi bien”.
“El día 5 de noviembre me llamaron para preguntarme si yo había tenido comunicación con ella y les dije que sí, yo les pedí que platicaran con ella porque quería ver a su niño, pero me dijeron que no podían darle consejos porque estaba muerta, me lo dijeron así de sopetón”, cuenta con tristeza.
“Sentí que me desmoronaba. Yo soy diabética y estoy enferma, no sabía ni cómo reaccionar, sólo recuerdo que escuché que me dijeron que había pasado a las 7 de la mañana”, relata.
Dado que vive en Puente de Ixtla, Morelos, el mismo estado en donde se ubica el Cefereso 16, Dominga se trasladó de inmediato hasta el penal, “pero no me dejaron entrar, aunque todavía la tenían ahí, incluso grabé cuando la sacaron en una ambulancia de la Cruz Roja. Después de eso fue que me permitieron pasar a las oficinas en donde los funcionarios se contradijeron, primero que se había ahorcado en la pata de la cama y luego que no, que en la regadera… hay muchas versiones”.
Para el momento de su muerte, Consuelo llevaba en prisión siete años, de una condena de más de 70 años que recibió por el delito de secuestro. Aunque se encontraba “bien”, Dominga subraya que en varias ocasiones su hija le había mencionado que era molestada por sus compañeras de celda, e incluso le había pedido que enviara escritos a las autoridades del Cefereso 16 para insistir en que la cambiaran a otro espacio.
“Ella me platicaba que las otras presas la molestaban mucho, ella había pedido que la cambiaran de celda, me decía “mamá, ya no aguanto estar en esta celda, me hacen lo que quieren” y me pidió mandar una carta… pero no la hice, porque no sé leer y se me hizo muy difícil, yo le dije a mi hija que me esperara tantito para buscar quién la hiciera, pero fue demasiado tarde… y me arrepiento, pero sé que ella habló con los de ahí y no le hicieron caso”, lamenta Dominga.
Organizaciones urgen a autoridades atender situación de suicidios en Cefereso 16
En tres años han muerto presuntamente por suicidio 19 mujeres al interior del Cefereso 16, los dos últimos en el mes de noviembre pasado.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado anualmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revela que los intentos de suicidio son un problema crónico en el Cefereso 16. En 2020, el penal reportó una cifra alarmante: 161 intentos de suicidio entre una población de 812 internas en ese momento.
Ante estos hechos, el pasado 12 de noviembre, diversas organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación ante los casos de muertes de mujeres privadas de libertad en el Cefereso 16, único centro penitenciario exclusivo para mujeres en México.
Las organizaciones sociales participantes, Mexiro, Documenta, Asilegal, entre otras, denunciaron que “el Estado mexicano no ha cumplido con adoptar medidas de prevención, investigación y garantías de no repetición frente a las muertes de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16“.
Por ello, hicieron un llamado a la CIDH para exhortar al Estado mexicano a crear una mesa de trabajo con expertos en derechos humanos y género, salud física y mental para desarrollar un plan integral de respuesta a la situación del Cefereso 16, así como a realizar investigaciones rigurosas sobre cada una de las muertes ocurridas en custodia.
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De acuerdo con testimonios recopilados por el Colectivo Artículo 20, integrado por mujeres que estuvieron presas en el Cefereso 16, dentro del centro penitenciario viven en condiciones de hacinamiento, son alimentadas con productos en descomposición y carecen de atención médica.
En septiembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPS) ante la vulneración de los derechos de cinco mujeres privadas de la libertad en este centro de reclusión.
De acuerdo con el documento, en visitas realizadas por personal de la CNDH al Cefereso 16, se observó que cinco mujeres “estaban en riesgo debido a la falta de atención médica especializada en salud mental y a la ausencia de actividades que favorecieran su estabilidad mental y reinserción social”.
Esta situación, indicó la Comisión, agravó los síntomas presentados por personas privadas de la libertad que presentan trastornos mentales, y aumentó el riesgo de conducta suicida.
Otras causas que contribuyen a la vulnerabilidad que detectó la CNDH fueron la escasez de actividades deportivas, culturales y de socialización, un traslado no del todo justificado al Cefereso desde sus estados, restricción de actividades basadas en su apariencia o conducta y la no vinculación a las actividades remuneradas.
Ante los hechos mencionados, la Comisión solicitó al OADPRS dar atención médica, psicológica y psiquiátrica a las internas así como seguimiento clínico especializado, y colaborar en la investigación de las autoridades que permitan advertir afectaciones en la salud mental, esto para poder diseñar esquemas de intervención.
De igual manera se recomendó impartir talleres de enseñanza sobre mecanismos de autocontención emocional, reforzar el personal femenino en el Cefereso y mejorar la vigilancia.
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Algunos recibieron disparos, otros puñaladas o machetazos. Todos eran señalados de brujería.
Al menos 110 personas, en su mayoría de edad avanzada, fueron brutalmente asesinadas por miembros de pandillas en la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un grupo de derechos humanos.
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Naciones Unidas afirmó que el número de personas asesinadas en Haití en lo que va del año a causa de la creciente violencia de las pandillas había alcanzado “una asombrosa cifra de 5,000”.
Aunque todavía se están conociendo los detalles de la masacre, el alto responsable para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, elevó el lunes a 184 el número de personas asesinadas durante el fin de semana “en actos de violencia orquestados por el líder de una poderosa banda”.
Prácticas vudú
Los asesinatos ocurrieron en el barrio Cité Soleil de la capital.
Según los informes, los miembros de la banda secuestraron a decenas de residentes mayores de 60 años de sus casas en la zona de Muelle Jérémie, los acorralaron y luego los mataron a tiros o a puñaladas, con cuchillos y machetes.
Los residentes informaron haber visto cuerpos mutilados quemados en las calles.
La RNDDH estimó que el viernes murieron 60 personas, mientras que el sábado se detuvo y asesinó a otras 50, después de que el hijo del líder de la banda muriera a causa de su enfermedad.
Si bien la RNDDH dijo que todas las víctimas tenían más de 60 años, otro grupo de derechos humanos dijo que también habían sido asesinadas algunas personas más jóvenes que habían tratado de proteger a los ancianos.
Los medios locales informaron que las pandillas habían buscado a personas mayores que se cree que practican el vudú porque al líder de la banda le habían dicho que la enfermedad de su hijo había sido causada por ellos.
Los grupos de derechos humanos dijeron que el hombre que había ordenado los asesinatos era Monel Felix, también conocido como Mikano.
Se sabe que Mikano controla Muelle Jérémie, una zona estratégica en el puerto de la capital.
Según Romain Le Cour Grandmaison, un experto en Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), la zona es pequeña pero difícil de penetrar para las fuerzas de seguridad.
Los medios locales dijeron que la banda de Mikano había impedido a los residentes salir de Muelle Jérémie, por lo que la noticia de los asesinatos tardó en difundirse.
El grupo forma parte de la alianza de pandillas Viv Ansanm, que controla gran parte de la capital haitiana.
Repunte de la violencia
Haití se ha visto envuelto en una ola de violencia de pandillas desde el asesinato en 2021 del entonces presidente, Jovenel Moïse.
Los datos recopilados por GI-TOC muestran que hubo un descenso en la tasa de asesinatos entre mayo y septiembre de este año, después de que las bandas rivales alcanzaran una tregua incómoda.
Sin embargo, los intentos de las bandas de expandir su territorio más allá de sus bastiones en la capital han dado lugar a incidentes particularmente sangrientos en los últimos dos meses, en los que los residentes comunes son cada vez más los blancos de los ataques, en lugar de los miembros de bandas rivales.
El 3 de octubre, 115 habitantes locales fueron asesinados en la pequeña ciudad de Pont-Sondé, en el departamento de Artibonite.
Al parecer, la banda Gran Grif llevó a cabo esa masacre en represalia por el hecho de que algunos residentes se unieran a un grupo de vigilantes para resistir los intentos de Gran Grif de extorsionar a los lugareños.
Si se confirma la cifra de muertos que ha dado la ONU por los asesinatos de este fin de semana en Cité Soleil, se trataría del incidente más mortífero de lo que va de año.
Dado que las bandas controlan aproximadamente el 85% de Puerto Príncipe y zonas cada vez más extensas del interior, cientos de miles de haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 700.000 personas (la mitad de ellas niños) están desplazadas internamente en todo el país.
Los miembros de las bandas suelen recurrir al abuso sexual, incluida la violación en grupo, para sembrar el terror entre la población local.
En un informe publicado hace dos semanas, la investigadora de Human Rights Watch Nathalye Cotrino escribió que “el estado de derecho en Haití está tan quebrado que los miembros de los grupos criminales violan a niñas o mujeres sin temer ninguna consecuencia”.
Los intentos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, dirigida por Kenia, de sofocar la violencia han fracasado hasta ahora.
La fuerza policial internacional llegó a Haití en junio para reforzar a la Policía Nacional Haitiana, pero no cuenta con los fondos necesarios ni con el equipo necesario para enfrentarse a las bandas fuertemente armadas.
Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición (TPC, por sus siglas en inglés), el organismo creado para organizar las elecciones y restablecer el orden democrático, parece estar en crisis.
El TPC reemplazó al primer ministro interino el mes pasado y parece haber hecho pocos progresos en la organización de las elecciones.
“Reinan sobre una montaña de cenizas”, escribe Romain Le Cour Grandmaison, de GI-TOC, sobre el consejo en su informe.
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