
Elizabeth Álvarez busca a su hermano desde 2013. Después de años de incertidumbre, hace tres semanas se enteró que su cuerpo podría estar en una fosa común, gracias a un proyecto para acelerar la identificación de desaparecidos en el mayor cementerio de México.
Víctor Manuel Álvarez es uno de los más de 120.000 nombres que figuran en el registro de desaparecidos del país. Esta lista se disparó a partir de 2006 cuando el ejército comenzó a actuar en la lucha contra los carteles, que ha dejado casi medio millón de muertos en México.
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Desde entonces, el hallazgo de fosas clandestinas se multiplicó en el país, en un contexto de fuerte presión de las familias que buscan a sus seres queridos.
Los criminales suelen utilizar estos entierros ilegales para ocultar cadáveres.
Ahora las autoridades dirigen la mirada a las fosas comunes en cementerios, adonde fueron a parar muchos cuerpos extraviados por deficiencias burocráticas.
Códigos como “L.3” o “F.1” es lo único que se lee en montones de tumbas sin lápida en una inmensa zona arbolada, donde se ubican las 75 fosas comunes del Panteón de Dolores, el cementerio más grande del país, ubicado en el bosque de Chapultepec en Ciudad de México. Las autoridades estiman que 6 mil 618 personas podrían ser identificadas en ese lugar.

México enfrenta una profunda crisis forense, con morgues rebasadas debido a una ola de homicidios ligados al crimen organizado.
Incluso la capital, habitualmente aislada de los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes y fuerzas de seguridad, acumula anualmente 500 cadáveres sin identificar desde hace 20 años, todos ellos depositados en el Panteón de Dolores, explicó Arturo Cervantes, director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
El 17 de noviembre de 2013, Víctor Manuel, entonces de 31 años, fue atropellado, revelaron las investigaciones de la Fiscalía de Ciudad de México. Se lo había visto por última vez un día antes, cuando salió de su casa para hacer un mandado en un barrio capitalino.
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“¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo?”, se pregunta Elizabeth, una ama de casa de 45 años, en entrevista con la AFP. A principios de noviembre las autoridades le notificaron que el cuerpo de su hermano podría hallarse en ese cementerio.
Los trabajos comenzaron en una fosa que a primera vista parece una tumba común, pero que hacia abajo tiene 15 niveles donde fueron enterrados cadáveres uno encima de otro entre 2013 y 2015.
“No sabemos en qué condiciones van a estar los cuerpos”, dice a la AFP una funcionaria que participa en los trabajos y no quiso revelar su identidad debido al carácter reservado de las diligencias.

En la superficie de la fosa, los peritos recuperaron en los primeros cinco días 3 mil 463 fragmentos óseos.
Los bomberos asignados a estas excavaciones están acostumbrados a hacer exhumaciones, pero aseguran que “esto es muy diferente”. “Hay que buscar hasta lo más mínimo (…) no es sacar cuerpos” completos, sino recuperar pieza por pieza, detalla uno de sus jefes.
Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la capital, lamenta que se trate de una tarea que no fue asumida “por ninguna institución pública en el pasado”.
La identificación de restos en este cementerio es un trabajo monumental que tomará tiempo.
En los primeros días de excavaciones, arqueólogos forenses, peritos y bomberos retiraron solo 160 centímetros de tierra, avanzando “milímetro por milímetro”, detalló la funcionaria consultada.
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Sentados a unos 10 metros de la fosa, los familiares observan atentos cómo arqueólogas remueven la tierra en una malla para separar los huesos.

María del Refugio Palacios, una desempleada de 40 años, sabe que no hallará a su madre en esta fosa. La mujer desapareció el 30 de septiembre de 2024, a la edad de 70 años, tras salir de su domicilio.
“Vamos a esperar muchísimo tiempo” hasta que el plan de exhumaciones llegue a los sepulcros más recientes, cuenta a la AFP.
Pero a pesar de ello, con ojos llorosos, se dice esperanzada de los fragmentos recuperados. “Aunque sea un huesito va a hacer la diferencia”, confiesa.

El ataque de hombres armados a una escuela católica en Nigeria se produjo en medio de un aumento de los secuestros por parte de grupos armados.
El secuestro de decenas de niños en un internado católico en Nigeria causó desolación entre los padres de los menores, que vieron con impotencia cómo un grupo de hombres armados se llevaba a sus hijos.
Theo contó a la BBC que el pasado viernes se despertó por el ruido que hicieron los hombres armados al pasar por delante de su casa con los niños que habían secuestrado en la escuela St Mary’s, en la aldea de Papiri, en el estado de Níger.
“Los llevaban a pie, como los pastores controlan a sus rebaños. Algunos niños se caían y los hombres les daban patadas y les ordenaban que se levantaran”, aseguró.
“Los hombres armados iban en unas 50 motocicletas mientras los controlaban”, dijo el padre, cuyo nombre real hemos reservado por su seguridad.
En declaraciones a la BBC desde el dormitorio donde estaba su hijo, Theo dijo que no pudo impedir el secuestro.
“Tenía ganas de ir [a ayudar], pero lo pensé mejor. Aunque hubiera ido, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada”, declaró a la BBC, y añadió que llamó a la policía, pero que cuando los agentes llegaron ya era demasiado tarde.
La Asociación Cristiana de Nigeria (ACN) informó que 303 estudiantes y 12 trabajadores fueron secuestrados en la escuela, mientras que 50 menores lograron evitar ser llevados y ya pudieron reunirse con sus familias.
La escuela está dirigida por el presidente de la sección de Níger de la ACN, el obispo Bulus Bawa Yohanna, quien ha compartido con la BBC una lista de los secuestrados.
Sin embargo, la policía afirmó que solo tenía constancia de que unos pocos niños hubieran desaparecido la noche del secuestro.
El gobernador del estado, Umar Bago, declaró a los medios locales que el número de estudiantes secuestrados había sido exagerado y que era “muy, muy inferior” a 303.
Culpó a las autoridades escolares por abrir el centro a pesar de las amenazas de hombres armados desconocidos hace cuatro años y, de nuevo, hace dos meses.
“Las escuelas de esa zona llevan cuatro años cerradas. Me sorprendió saber que la escuela seguía abierta”, afirmó Bago.
También insistió en que el ataque era solo un “susto” y que todos los estudiantes serían rescatados tarde o temprano.
El obispo Yohanna dijo que no se han desplegado fuerzas de seguridad en la comunidad desde los secuestros.
Junto con otros padres, Theo ha estado acampando frente a la escuela, molesto por la poca respuesta del gobierno.
“Nuestros hijos han sido secuestrados, pero el gobierno no parece prestarle atención!, dijo Theo.
Se sentía frustrado porque el gobernador del estado no había visitado la escuela y solo había ido a una comunidad cercana para hablar con las fuerzas de seguridad y los líderes locales.
“Hemos llegado a la conclusión de que al gobierno no le preocupamos, sentimos que no formamos parte del país, que nos han abandonado”.
El dolor que sienten los padres de los niños que siguen desaparecidos es más que evidente. “Estoy triste, toda mi vida está llena de tristeza”, dijo una madre cuyo hijo se encontraba entre los niños secuestrados.
“Es mi único hijo, es mi primogénito, ¡por favor, ayúdennos!”, pidió.
Otro padre llamado Lucas le contó a la BBC que dos de sus hijos habían sido secuestrados, pero que el más pequeño, un niño de 6 años, tuvo suerte y logró evitar caer en manos de los secuestradores.
“Cuando lo vi, me emocioné mucho. Lo llamé por su nombre, se dio la vuelta y corrió hacia mí. Lo abracé y lo estreché contra mí”, recuerda.
La parte norte de Níger, donde se encuentra Papiri, se ha convertido recientemente en un punto problemático de secuestros en los que se piden rescates.
El pago de esos rescates ha sido prohibido en un intento de cortar el suministro de dinero a las bandas criminales, pero con pocos resultados.
El equipo de la BBC recorrió unos 500 km hasta Papiri desde Minna, la capital del estado de Níger, en medio de varias alertas de peligro en determinadas rutas. Durante algunos tramos, la policía escoltó al equipo.
Muchos achacan la actual crisis al tamaño del estado. En términos de superficie, Níger es el estado más grande de Nigeria, y es más grande que países europeos como Dinamarca y Países Bajos.
También tiene muchos bosques, que las bandas criminales utilizan como campamentos y rutas para conectar con otros estados de Nigeria, así como con países vecinos.
El secuestro en la escuela de Papiri es el tercero que se produce en Nigeria en una semana.
El lunes pasado, más de 20 alumnas, que según la BBC son musulmanas, fueron secuestradas en un internado del estado de Kebbi, fronterizo con Níger.
También se produjo un ataque a una iglesia más al sur, en el estado de Kwara, en el que murieron dos personas y decenas de fieles fueron secuestrados.
El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, canceló su viaje a la cumbre del G20, celebrada en Sudáfrica el pasado fin de semana, para hacer frente a la crisis.
El domingo publicó en las redes sociales que los 38 fieles secuestrados en el estado de Kwara habían sido rescatados, según fuentes externas.
“Quiero dejar claro que no voy a ceder. Todos los nigerianos, en todos los estados, tienen derecho a la seguridad, y bajo mi mandato, vamos a garantizar la seguridad de esta nación y proteger a nuestro pueblo”, afirmó Tinubu.
La oleada de secuestros ha obligado al cierre de muchos internados en toda Nigeria, y los padres se han apresurado a recoger a sus hijos.
El gobierno está bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a principios de este mes que enviaría tropas a Nigeria “con las armas en alto” si “se sigue permitiendo el asesinato de cristianos” por parte de militantes islamistas.
El gobierno nigeriano ha afirmado que las acusaciones de persecución de los cristianos son “una grave tergiversación de la realidad”, ya que “los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina, tanto musulmanes como cristianos y personas sin religión”.
Si bien algunos secuestros son perpetrados por grupos militantes islamistas, muchos otros son llevados a cabo por bandas criminales con el fin de obtener un rescate, lo que pone de relieve la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país.
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