Becas del Bienestar no frenan la deserción escolar en México pese a inversión de más de 100 mil mdp
La inversión de 102 mil 948 millones de pesos en becas escolares durante 2024 –equivalentes al 9.3% del presupuesto público– no impidió que 994 mil 219 estudiantes abandonaran la educación en el ciclo escolar pasado.
Aunque estas transferencias beneficiaron a 2 de cada 10 estudiantes durante el ciclo 2024-2025, no hay evidencia que muestre que estos programas estén manteniendo a los niños y jóvenes en las escuelas. Además, se ha presentado una baja en la cobertura de las becas para educación básica y medio superior.
Frente a este panorama, los especialistas Patricia Ganem y Juan Martín Pérez subrayan que las autoridades educativas no han generado políticas públicas que atiendan esta problemática, lo que contribuye a que en el mediano y largo plazo las generaciones que abandonan la trayectoria escolar tengan menos oportunidades de mejorar sus condiciones económicas y sociales.
Deserción escolar multifactorial: entre desmotivación, embarazos y falta de recursos
Patricia Ganem, investigadora de la asociación Educación con Rumbo, apunta que existen diversos factores que explican el abandono escolar, que puede ser temporal o definitivo, entre ellos “el aburrimiento, la desmotivación, la reprobación o el que los estudiantes no encuentren en la escuela un espacio en donde desarrollar el perfil profesional que esperan”.
Otras de las razones que motivan la deserción son los embarazos y uniones tempranas, además de que la pandemia de COVID-19 fue determinante para el abandono de las escuelas por parte de niños y jóvenes, sin que al terminar el periodo de confinamiento y la crisis de salud se implementaran programas para que volvieran a clases, indica Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
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Sin embargo, Pérez apunta que la razón histórica por la que los adolescentes y jóvenes dejan la escuela es la necesidad económica, pues aun cuando la educación es gratuita “el traslado y los útiles escolares cuestan, además de que hay necesidad de dinero en casa, lo que los obliga a intentar trabajar y estudiar, pero al final terminan desertando”.
Ante esa necesidad económica, el especialista considera que el monto de las transferencias de las becas resulta insuficiente, ya que “con 800 pesos mensuales que le pueden dar a un estudiante no se soporta un mes de transporte, alimentos, materiales y las dificultades familiares que tienen”.
“El abandono escolar es la parte final de muchísimos temas que no se están atendiendo explícita y públicamente por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y no quiero ser injusto con las y los maestros que acompañan a millones de alumnos del país, pero no sirven los esfuerzos individuales, lo que necesitamos es política pública para garantizar el acceso universal y la permanencia de los estudiantes”, agrega.
Juan Martín enfatiza que “nos conviene a todas y todos tener a los niños y jóvenes en las escuelas, porque quienes quedan fuera están en mayor riesgo de trabajo infantil, de embarazo, de ser víctimas de reclutamiento y del consumo de sustancias“.
Además, Ganem plantea que el no concluir sus estudios acentúa las brechas de desigualdad. “Porque los jóvenes requieren de formación y preparación para poder enfrentar de mejor forma el trabajo en equipo, para tomar decisiones y proyectar su futuro, lo que no solo se cruza con las habilidades que puedan adquirir, sino con oportunidades para conseguir mejores salarios”.
Cobertura de las becas de educación básica bajó en 2024
Un análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizado por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) encontró que la cobertura de becas Benito Juárez para educación básica y media superior –creadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sustitución del programa Prospera– se redujo en 6.7% entre 2022 y 2024.
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Según lo reportado por la ENIGH, el estado con la mayor reducción de la cobertura fue Chiapas (-16.1%), seguido de Oaxaca (-15.1%), Puebla (-13.7%), Guerrero (-13.3%), Yucatán (-12.3%), Campeche (-11.5%), Hidalgo (-11.5%), Durango (-10.5%), Veracruz (-9.2%) y Tlaxcala (-8.3%).
Baja California (-1.3%), Sonora (-2.7%), Jalisco (-2.9%), Chihuahua (-2.9%), Querétaro (-3.2%), Tamaulipas (-3.2%), Nuevo León (-3.3%), Coahuila (-3.5%), Ciudad de México (-3.8%) y Guanajuato (-4.3%) fueron las entidades con menor variación.
Máximo Ernesto Jaramillo, investigador del INDESIG, comenta que esta baja en las becas se reflejó en todos los estratos económicos, “aunque es mucho más pronunciado en los hogares más pobres, porque es ahí donde tenía una cobertura más importante”.
A partir del análisis del INDESIG, Jaramillo observó que la baja en la cobertura tiene que ver con el diseño y la estrategia de distribución, ya que “para empadronar y entregar los recursos, la SEP se basó mucho en las escuelas y no tanto en una búsqueda territorial de las personas que requerían el apoyo”, lo que pudo dificultar que se llegara a los hogares más pobres.
Independientemente de esta posibilidad, Jaramillo aclara que “los objetivos del programa, como tal, no incluyen el seguimiento de la deserción”, aunque tenga el nombre de beca, pues en realidad busca “elevar el ingreso de los hogares más pobres” como una transferencia de ingreso para niños y jóvenes, aunque “los más vulnerables están quedando fuera”.
Tomando en cuenta que el presupuesto para programas sociales aumentó –incluido el de las becas Benito Juárez–, el investigador concluye que “el análisis demuestra que no se trata solo de invertirles más dinero sino de contar con un diseño adecuado, basado en evidencia para saber cómo llegar a los hogares más pobres, lo que no necesariamente se está haciendo bien”.
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Por ello, el INDESIG recomienda que se debe reforzar a los programas sociales que hoy tienen una cobertura marginal, y que se reestructure y amplíe la Beca Rita Cetina –impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum– tomando como referencia las deficiencias que tuvo la Benito Juárez.
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El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Pero incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
La muerte a disparos de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente de ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, está dejando al descubierto las profundas divisiones en la política estadounidense y amenaza con avivar un debate ya conflictivo sobre la política migratoria.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Sin embargo, incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
Casi inmediatamente después del incidente comenzaron a formarse dos versiones completamente diferentes. Cualquier ambigüedad en los videos compartidos en línea fue aprovechada: se utilizaron diferentes ángulos y capturas de pantalla para impulsar una narrativa particular.
Y en el escenario público, funcionarios estatales y federales discreparon abiertamente.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Renee Good fue la culpable. Al alejarse de los agentes de ICE “utilizó su auto como arma” en un “ataque terrorista doméstico”, dijo Noem.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a una “agitadora profesional” y a un “movimiento radical de izquierda, violento y de odio” en una publicación en su plataforma en redes Truth Social.
Los demócratas a nivel nacional, así como autoridades estatales y locales de Minnesota, presentaron un panorama completamente diferente.
Jacob Frey, alcalde demócrata de Mineápolis, dijo que un agente federal utilizó fuerza letal en forma “temeraria”. También exigió a los agentes de inmigración que abandonen la ciudad. “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”, afirmó Frey.
El gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el incidente de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”, argumentando que fue consecuencia directa del aumento de agentes federales de inmigración en Minneapolis y sus alrededores en los últimos días.
“Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump son una amenaza para nuestra seguridad pública”, declaró el miércoles.
Esta clara división entre el gobierno federal y los funcionarios locales se ilustró aún más el jueves por la mañana, cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota anunció que el Departamento de Justicia y el FBI ya no cooperarían en la investigación del incidente.
Las agencias federales, informó la Oficina, serán las únicas responsables de la investigación sobre el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE.
Que Minesota se haya convertido en el epicentro de un creciente conflicto sobre la aplicación de la ley migratoria en los últimos meses es a la vez previsible e irónico.
Es irónico porque la muerte de Good ocurrió a pocos kilómetros de donde, en 2020, la policía de Mineápolis mató a George Floyd durante un intento de arresto, lo que desencadenó protestas del movimiento Black Lives Matters en todo el país, incluyendo algunas en esta ciudad que se tornaron violentas.
Walz puso en alerta a la Guardia Nacional del estado y advirtió a los cientos de manifestantes que han salido a las calles que no recurran a la violencia.
El papel central de Minesota en este último estallido no sorprende, ya que marca la culminación de un conflicto, una controversia y un escándalo que se venían gestando durante meses.
El reciente aumento en acciones migratorias se produce después de que Trump ridiculizara a la numerosa población inmigrante somalí del estado -la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses- tras la condena de miembros de la comunidad por fraude en la distribución de la ayuda federal por la epidemia de COVID-19.
“Cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”, declaró Trump en noviembre. “No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
Bajo presión, Walz abandonó su candidatura a la reelección la semana pasada ante el aumento de acusaciones de corrupción en los servicios sociales estatales, como la asistencia infantil y la ayuda alimentaria.
El incremento de acciones migratorias en el estado es solo el ejemplo más reciente del uso de funcionarios federales por parte de la administración Trump para atacar a comunidades sospechosas de tener altas tasas de inmigrantes indocumentados. El uso de la fuerza durante esta operación tampoco es un incidente aislado.
El incidente de Minesota fue al menos el noveno caso de disparos vinculados a operaciones migratorias desde septiembre; todos involucraron a personas que fueron atacadas mientras se encontraban en sus vehículos, según el New York Times.
La intensidad con la que se han llevado a cabo las acciones migratorias en una lista cada vez mayor de ciudades en todo Estados Unidos, ha provocado protestas y demandas de funcionarios demócratas para una mayor supervisión, rendición de cuentas y moderación por parte de agentes del orden.
El muerte de Good ya ha dado a estos esfuerzos una nueva urgencia entre sus defensores.
Los funcionarios de la administración Trump, por su parte, siguen adelante y citan el mandato que dicen haber recibido de los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Alegan además que la drástica reducción de entradas de indocumentados a Estados Unidos es evidencia de que sus esfuerzos han resultado eficaces.
Y refutaron enérgicamente el argumento de que el video del incidente en Minneapolis sea prueba de un uso indebido de fuerza letal.
“La manipulación es desproporcionada y no la tolero”, escribió el vicepresidente J.D. Vance en una publicación en X. “Este hombre estaba haciendo su trabajo. Ella intentó impedir que lo hiciera”.
Si bien calificó el incidente de trágico, añadió que “la responsabilidad recae sobre esta mujer y todos los radicales que enseñan a la gente que la inmigración es la única ley con la que los alborotadores pueden interferir”.
Walz, en sus siguientes declaraciones públicas, se apresuró a rebatir ese argumento: “Personas en puestos de poder ya emitieron juicios, desde el presidente hasta la vicepresidenta y Kristi Noem, y dijeron cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”.
“Determinaron el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían”, concluyó.
Parece que incluso las pruebas en video están abiertas a la interpretación en este momento. Cada persona ve las mismas imágenes y saca conclusiones decididamente diferentes, que con frecuencia, quizás como era de esperar, refuerzan sus posiciones previamente establecidas.
El abismo en la política estadounidense parece tan inmutable como desalentador.
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