Enfermedades e intoxicación: un pueblo rural revela el daño causado por el auge de agroquímicos en Argentina
Néstor Ramos nunca había sentido algo así. En una noche de octubre de 2024, oleadas de vómitos lo dejaron completamente agotado. La enfermedad persistió al día siguiente.
“Era muy raro”, recuerda su esposa, la Dra. Viviana Ferreyra, médica internista. “No tenía fuerza para moverse y es una persona que no se queda quieta”.
Lee: Gobierno de AMLO aplaza prohibición de glifosato por falta de sustituto
La familia Ramos había elegido su hogar cuidadosamente: un lugar tranquilo en las afueras de Lobos, un apacible pueblo de 40 mil habitantes en una zona rural de la Provincia de Buenos Aires. Llevaban 10 años viviendo allí. Pero ese día de 2024, Ramos, que estaba solo en casa, vio un dron rociando herbicida en un campo cercano. En ese momento no le dio importancia, pero las consecuencias, que él dice fueron provocadas por ese dron, pronto quedaron claras.
Los árboles de acacia que la pareja había plantado recientemente se marchitaron, y la fauna habitual, como las liebres y los zorros que solían recorrer su terreno, desaparecieron. Ferreyra, que tiene algunos conocimientos de toxicología por sus estudios en medicina legal, estaba segura de que los síntomas de Ramos eran producto de una intoxicación por herbicida. Consultaron a otro médico, quien coincidió en que la enfermedad de Ramos, aunque no parece haber causado problemas a largo plazo, probablemente se produjo por los químicos que su vecino roció, según documentos judiciales.
El biólogo local Nicolás Olalla, quien ya estaba investigando la deriva de pesticidas en Lobos y es demandante en un caso judicial que busca establecer una zona de exclusión para la fumigación con agroquímicos en la ciudad, confirmó que los daños en la vegetación coincidían con la exposición a herbicidas.
Cuando Ramos le mencionó esto a su vecino, este le ofreció pagar por los árboles muertos, pero Ramos rechazó la oferta. Estaba molesto porque el vecino no había tenido la cortesía de advertirle, a pesar de que se habían saludado el día en que fumigó. Ramos decidió acudir a la justicia. Había escuchado quejas sobre el uso de agroquímicos en la zona antes y le frustraba que no pasaran de ser simples rumores locales. Esperaba que una acción legal generara conciencia y resolviera el problema.
El vecino no respondió a las solicitudes de entrevista de Global Press Journal.
El incidente, que resultó en una prohibición temporal de la fumigación con drones en el terreno vecino a partir de noviembre de 2024, se produce en medio de la desregulación en Argentina del uso de drones agrícolas en zonas rurales, un esfuerzo por eliminar trabas burocráticas para quienes quieran operarlos. El caso de Lobos es la primera decisión judicial que limita la fumigación con drones. Quienes abogan por restricciones en el uso de agroquímicos esperan que siente un precedente en la justicia. Aunque la prohibición es temporal, el tribunal no asignó una fecha de finalización.
Pero incluso antes de los drones, la situación en Lobos y otras ciudades ya era grave.
Cuando los residentes analizaron agua, suelo y plantas entre 2021 y principios de 2022, enviando muestras al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Balcarce y a un laboratorio privado, los resultados fueron preocupantes.
“Encontramos en el agua subterránea, en los arroyos, en los barros, en los árboles de la ciudad, en todos lados había plaguicidas”, dice Olalla.
La comunidad estaba respirando, comiendo y bebiendo agroquímicos, cuya exposición prolongada puede provocar una variedad de graves problemas de salud, incluidos daños neurológicos y trastornos del sistema inmunológico.
Y a medida que el problema empeora, los residentes dicen que los legisladores están creando leyes que promueven el uso de drones para agroquímicos. Apenas unas semanas después de que se estableciera la prohibición temporal en Lobos, Entre Ríos, una provincia vecina, aprobó una ley que permite la fumigación con drones a solo 10 metros de las viviendas, a pesar de las protestas de grupos ambientalistas que consideraban que las distancias eran insuficientes para garantizar la seguridad. Advirtieron que la ley pondría en riesgo la salud de la provincia.
“Es un desastre. Es totalmente incoherente fumigar a 10 metros de las viviendas. Te están fumigando arriba de la cabeza”, dice Ramos.
El uso de drones para la aplicación de agroquímicos es relativamente nuevo en Argentina. En julio de 2023, estaban en fase de pruebas para evaluar su viabilidad y calidad, pero en menos de un año su uso para la aplicación de productos fitosanitarios se convirtió en una tendencia creciente entre los agricultores, incluso en áreas agrícolas colindantes con viviendas, como en Lobos. Aunque no hay datos oficiales que rastreen el uso de drones en la agricultura, estimaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria indican que para finales de 2024 había alrededor de 350 drones operando en toda Argentina. Es probable que el número aumente a 500 este año.
Si bien algunos agricultores, como Roberto Alejandro Cameron, han recurrido a la tecnología de aplicaciones terrestres de precisión, reduciendo el uso de químicos hasta en un 70 % al rociar solo sobre las malezas detectadas, el alto costo del equipamiento limita su adopción generalizada.
Los drones son más accesibles. Vuelan a una altura de entre 3 metros (10 pies) y 10 metros (33 pies), con un ancho de trabajo de 5 a 11 metros (16 a 36 pies). Cuanto más cerca del suelo, menor es el ancho de trabajo y más tiempo lleva la aplicación, y hay menos posibilidades de deriva, dice Cameron.
Facundo Herrero comenzó a usar un dron fumigador en septiembre del año pasado. A diferencia de la pulverización terrestre tradicional, las hélices del dron crean turbulencia que ayuda a los pesticidas a alcanzar las partes inferiores de las plantas y pueden rociar cultivos crecidos sin aplastarlos, dice.
Además, son mucho más baratos: 40 mil dólares estadounidenses en lugar de 200 mil dólares por el equipo terrestre, dice. Con respecto a la seguridad de los agroquímicos, añade que no puede más que confiar en las agencias de control y las empresas.
Crecimiento acelerado
Argentina es una potencia agrícola. Es un importante exportador de cereales y el mayor exportador mundial de aceite de soja. El uso de drones promete aún más crecimiento.
En los últimos 35 años, la superficie cultivada del país se ha duplicado y la producción de granos ha aumentado 3.5 veces. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la siembra directa, las semillas genéticamente modificadas y, como en muchas partes del mundo, el aumento en el uso de agroquímicos. El uso de pesticidas pasó de 77mil 691 toneladas en 1997 a 262 mil 506 toneladas en 2022, más que triplicándose en 25 años. Actualmente, Argentina es el tercer mayor consumidor de pesticidas del mundo, medido en kilogramos por año, solo detrás de China y Estados Unidos.
Te interesa| Soya: la agroindustria que arrasa con la selva maya
Este aumento refleja tendencias más amplias en América del Sur, donde Brasil y Bolivia han experimentado incrementos de hasta siete veces en el mismo período, mientras que países como China y Estados Unidos han mostrado cambios mínimos en las últimas décadas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (Mientras que los datos sobre Argentina provienen de estadísticas oficiales, los de otros países se basan en estimaciones).
A pesar del creciente uso de agroquímicos, no existe una ley nacional que regule la fumigación. Cada provincia tiene la potestad de regular sus propios recursos naturales. En la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentra Lobos, la ley estipula que la fumigación aérea debe realizarse a no menos de 2 kilómetros (6 mil 500 pies) de los centros urbanos, pero no hay regulaciones provinciales sobre las distancias de fumigación terrestre o con drones. Esto deja en manos de cada municipio la responsabilidad de establecer sus propias zonas de exclusión.
Los esfuerzos por establecer esas zonas enfrentan una fuerte presión por parte de la Sociedad Rural Argentina y las empresas agropecuarias, afirma Fernando Cabaleiro, abogado ambientalista que representa a los residentes de Lobos en la demanda por las zonas de exclusión.
La Sociedad Rural Argentina, que nuclea al sector agrícola, rechazó hacer comentarios.
Entre los pesticidas utilizados en Argentina se encuentran químicos, como el glifosato, la atrazina y el glufosinato de amonio, que están prohibidos en algunas partes del mundo debido a su impacto negativo en la salud humana y el medioambiente.
Al permitir el uso de estos productos químicos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la agencia responsable de garantizar la sanidad animal y vegetal y la seguridad alimentaria, “no está haciendo bien el trabajo de garantizar el cuidado de la salud de los argentinos” y juega “a favor de las necesidades de las corporaciones”, afirma el Dr. Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario.
SENASA defendió su posición por escrito ante Global Press Journal, afirmando que su aprobación se ajusta a las normativas vigentes. Indicaron que, a diferencia de la Unión Europea, muchos de los principales países agrícolas, como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, Australia, Japón y China, permiten el uso de glufosinato de amonio.
Leonardo Favre, coordinador de asuntos científicos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, señala que la normativa establece dosis seguras de agroquímicos al menos 100 veces inferiores a aquellas que podrían generar un “efecto observable en los humanos”. La Cámara también ofrece un programa de capacitación para aplicadores y otro para la certificación de instalaciones destinadas al almacenamiento seguro de productos fitosanitarios.
La Cámara representa los intereses de empresas como Bayer, la empresa matriz del gigante agroquímico Monsanto, que vende fertilizantes en Argentina. Si bien Bayer domina el mercado global de pesticidas y semillas, Monsanto ha sido objeto de críticas generalizadas debido a los efectos negativos en la salud de su herbicida a base de glifosato. Sin embargo, la empresa sigue sosteniendo que el glifosato es seguro.
No te pierdas| Demanda a Monsanto: ¿qué es el glifosato y qué tan riesgoso es el uso de este herbicida en los cultivos?
Drones con agroquímicos en Argentina: “un arma letal”
Mientras que la agricultura en la zona de Lobos ha crecido, la población local ha aumentado lentamente: de aproximadamente 33 mil habitantes en 2001 a poco más de 40 mil en 2022. Conocido por sus parques, su paisaje rural y su laguna, Lobos atrae a nuevos residentes como Florencia Polimeni, quien se mudó allí desde la Ciudad de Buenos Aires en 2020, durante la pandemia de coronavirus, en busca de una vida rural tranquila. Sin embargo, el uso generalizado de agroquímicos en la zona trastocó sus planes de vivir en un entorno libre de contaminación.
Poco después de mudarse a Lobos, Polimeni tuvo su primer encuentro con los pesticidas cuando un hedor insoportable proveniente de la granja de un vecino invadió la casa donde estaba almorzando con amigos. Análisis de agua revelaron la presencia de agroquímicos en el agua de su hogar.
Ese mismo año, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Lobos propuso una zona de exclusión de 50 metros (164 pies), con una zona de amortiguamiento de 100 metros (328 pies) entre las áreas residenciales y las aplicaciones terrestres de pesticidas, citando la agricultura como un pilar económico clave. Los residentes locales, incluida Polimeni, quien es presidenta de Democracia en Red, una organización que promueve la participación ciudadana, argumentaron que esa distancia no garantizaba la seguridad. Desde su perspectiva, la normativa les daba permiso a los agricultores para rociarlos en la cara. En respuesta, propusieron una zona de exclusión de mil 095 metros (3 mil 592 pies), respaldada por estudios científicos sobre los riesgos de daño genético.
Pero el debate se estancó en el municipio y no se aprobaron regulaciones. Los residentes decidieron llevar el caso a la justicia.
En ese momento, el problema de los agroquímicos estaba recibiendo atención en los medios locales debido a un caso judicial similar en Pergamino, otra ciudad de la Provincia de Buenos Aires. Allí, los tribunales establecieron una prohibición general de la fumigación terrestre dentro de los mil 095 metros (3 mil 592 pies) de las áreas urbanas y de 3 mil metros (9 mil 842 pies) para la fumigación aérea. Aunque el fallo no establece qué tecnología debe usarse en cada caso, la zona mínima de mil 095 metros está asegurada por ley.
En 2024, Democracia en Red, la organización de Polimeni, realizó análisis a residentes de pueblos afectados por la fumigación con pesticidas, incluido Lobos, en busca de daños genéticos. Muchas de las muestras, incluidas las de niños, mostraron alteraciones genéticas potencialmente vinculadas a la exposición a agroquímicos, según los resultados que Polimeni compartió con Global Press Journal.
Polimeni vive en Lobos la mayor parte del tiempo, aunque viaja ocasionalmente a Buenos Aires por trabajo. Su hija Catalina, de 18 años, quien vivió con ella en Lobos entre 2020 y 2022, fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto en 2024. La exposición a pesticidas es una posible causa de esta enfermedad autoinmune. Polimeni dice que nunca imaginó que viviendo en Lobos estarían expuestas a los pesticidas.
Los hallazgos de Democracia en Red, aún no publicados, siguen a una investigación realizada en 2023, en la que encontraron glifosato en el 17.6 % de 210 muestras de orina. Curiosamente, la Ciudad de Buenos Aires, que se usó como grupo de control, mostró la mayor concentración de resultados positivos. En Lobos, el 14 % de las muestras dieron positivo para glifosato. Este controvertido agroquímico fue clasificado como potencialmente vinculado al cáncer y otras enfermedades por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
También lee|Sin monocultivos ni plaguicidas: campesinos trabajan con alternativas a los daños agroindustriales
Polimeni está convencida de que la situación solo empeorará a medida que los drones se vuelvan más populares entre los agricultores. “Es peligrosísimo, un arma letal en manos de cualquiera”, dice.
Herrero, quien usa drones fumigadores, dice que sabe que hay riesgos. “Sabemos que es nocivo, pero que se permite siempre y cuando se cumplan las formas para poder estar trabajando este producto”, afirma, agregando que tener conciencia sobre la aplicación segura es crucial para todos los aplicadores.
Y es poco probable que el uso de drones disminuya.
“Cuando ven el dron volar todos paran, se quedan mirando y preguntan. Es algo que es novedoso y la verdad que asombra muchísimo”.
Andrea Deydén contribuyó a este artículo.
Relacionado
EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
Quiénes son los afrikáners
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
¿Víctimas de racismo?
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El conflicto geopolítico
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Cómo se ve desde Sudáfrica
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
