La Fiscalía General de la República (FGR) recibió extraditado de Italia a Óscar Manuel “N”, exdirectivo de Cibanco por su probable responsabilidad en los delitos de violación en contra de ex empleadas y presunto fraude.
Óscar Manuel es requerido por el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, en el Estado de México, acusado del delito de violación agravada en contra de dos de sus subordinadas.
La agresión presuntamente fue cometida en 2020, en el Estado de México.
En cuanto al delito de fraude procesal, seguido por el Juzgado de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, las autoridades estiman que fue, en 2023, cometió fraude procesal en contra de la institución bancaria para la que trabajaba.
“Sabiendo que recibió su salario e indemnización de manera correcta, pretendía que estas prestaciones le fueran pagadas por un monto mayor al que le correspondía”, explicó la FGR en un comunicado.
En junio pasado, el despacho jurídico Contreras Félix y Asociados emitió un comunicado para desmentir que hubiera una investigación por lavado de dinero en contra de Óscar Manuel “N”.
También detalló que “durante 18 años y hasta el 24 de julio del 2023, Óscar “N” trabajó para Cibanco, por lo tanto, sus ingresos y patrimonio provienen de dicha institución financiera, siendo esto de origen lícito”.
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Sobre el presunto delito de fraude, la defensa de Óscar Manuel “N” precisó que se trató de “una artimaña” para hacer que su cliente se desistiera de la demanda laboral interpuesta en contra de Cibanco.
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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