Ejército y Marina negaron al GIEI información del caso Ayotzinapa; AMLO prometió acceso pero no se concretó
A pesar de que, cuando era candidato, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno haría todo lo posible por llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa, y de que, una vez convertido en presidente, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que transparentara toda la información de la que dispone, las Fuerzas Armadas mexicanas han opacado y negado documentación clave para que finalmente puedan esclarecerse los hechos. Por este motivo, los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunciaron este martes que abandonan México ante la imposibilidad de continuar con su trabajo.
“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México, integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago. Además, denunció que “las pruebas de que existe numerosa documentación que no ha sido proporcionada hasta ahora son abrumadoras”.
Y todo ello, apuntaron los investigadores, con el conocimiento pleno del propio presidente López Obrador.
El GIEI, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que llegó en 2015 a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos del crimen organizado, en contubernio con diversas autoridades policiacas y militares en septiembre de 2014, denunció en su sexto y último informe que la Sedena mintió en múltiples ocasiones ante el requerimiento de información clave.
En primer lugar, refiere el documento, la Sedena negó la existencia de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), “a pesar de los numerosos documentos existentes que certifican que existía desde principios de 2014, como lo muestra el acta del Grupo Guerrero de marzo de 2014, que realizaba seguimientos técnicos que implicaban escuchas o interceptaciones telefónicas y de mensajes en la zona de Guerrero”.
En segundo lugar, el GIEI señaló que, de acuerdo con la respuesta de Sedena, los militares no realizaban interceptaciones telefónicas ni escuchas, ni seguimiento técnico, “cosa que está demostrada que sí se realizaba en los documentos y confirmada por un testigo protegido”.
En tercero, la Sedena aseguró que el CRFI no dependía de la milicia, sino del entonces CISEN —y, por tanto, de Gobernación—, “cosa que tampoco es cierta, debido a que todas las comunicaciones del CRFI son dentro de Sedena y de altos mandos de la IX Región y del CN1, y ninguna del CISEN u otras autoridades”.
En cuarto lugar, la Sedena negó la existencia de un Centro Militar de Inteligencia (CMI), asegurando que, en realidad, las siglas que aparecen en documentación del caso se refieren a “contenido mediático de información”. Esto, apuntó el GIEI, “aunque en numerosos documentos de Sedena se pone la sigla CMI como ‘Centro Militar de Inteligencia’ y ningún documento encontrado tiene una clasificación de ‘contenido mediático de información’”.
Y en quinto lugar, el GIEI denunció que la Sedena negó la existencia de documentos que forman parte de la investigación a la fiscalía especializada del caso, a pesar de que el propio GIEI y la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa ya habían tenido acceso a esa investigación, “lo cual, además de una obstrucción a la justicia, muestra el absurdo de estas respuestas”.
Asimismo, los investigadores presentaron un mapeo de los movimientos de los militares presentes en el lugar de los hechos durante el ataque, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Y ese mapeo, realizado a partir del análisis de la señal de los celulares, desmiente las declaraciones de varios de los militares implicados en el caso, que negaron su presencia en el lugar o la minimizaron.
La actuación oculta de la Marina
Otro punto clave que señaló el GIEI en su último informe hace referencia a la participación oculta de la Marina en los hechos de Ayotzinapa.
De acuerdo con la versión oficial que se conocía, la Marina se había limitado únicamente a dar “seguridad perimetral” para que otras autoridades hicieran diversas diligencias de investigación a partir del 28 de septiembre de 2014, un día y medio después de los sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre. Asimismo, buzos de la Marina participaron en las labores de rastreo en el Río San Juan.
Sin embargo, los investigadores del GIEI revelaron que obtuvieron información sobre personas “muertas o ejecutadas” durante operativos de la Marina en el marco de la investigación del caso, y de al menos cinco personas cuyo paradero presuntamente se desconoce a la fecha.
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“Elementos de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y, a partir de ahí, junto con la SEIDO y la PGR, se construyó la verdad histórica”, apuntó el investigador Beristain durante una conferencia de prensa.
“Dos personas murieron en operativos de la Marina —recalcó—, no se sabe quiénes son, hay que analizarlo y verificarlo. Es un documento de una fuente confidencial. Además, la Semar también hizo monitoreo y control de comunicaciones”.
Asimismo, los investigadores apuntaron que, de acuerdo con documentación, marinos estuvieron desde el día 27 de septiembre, y no desde el 29, como dijo inicialmente la dependencia, en el Río San Juan, donde se encontró el día 28 una bolsa con restos humanos.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la versión oficial de lo sucedido, la llamada “verdad histórica”, refirió que una red criminal atacó a los 43 estudiantes, los mató y quemó sus cuerpos en un basurero, y luego arrojó los restos a un río en una bolsa.
Durante el gobierno de López Obrador, la Fiscalía General de la República calificó esa versión de “montaje”, y los investigadores del GIEI dijeron ahora que los marinos vieron esa bolsa con los huesos un día antes del hallazgo oficial, el 29 de octubre.
“El 28 se encuentra una bolsa a un metro de la orilla. Y esa es la bolsa que, al día siguiente, el 29, se iba a descubrir (y que formó parte de la verdad histórica). Esto muestra la manipulación que hubo en el caso”, subrayó Beristain.
Incluso, el GIEI apuntó que ese mismo día, el 29 de octubre, en ese río había otras ocho bolsas con restos que no han vuelto a aparecer.
“Tuvimos reuniones con el secretario de la Marina y con otros integrantes para tener más información, pero la respuesta fue: ‘No hay más información disponible’. Sin embargo, los documentos muestran que sí hay más información, que hay documentos que muestran que intervino la Unidad de Inteligencia Naval”, enfatizó Beristain.
“Es imposible continuar el trabajo”
Ayer, los dos integrantes del GIEI lamentaron que no han podido dar “todas las respuestas” a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, debido a que no tuvieron acceso a toda la información existente por parte de las autoridades castrenses.
“Para nosotros no hay condiciones para seguir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Con qué información íbamos a trabajar?”, cuestionaron.
“El acceso a la información ha sido parcial, y parte de esa información se ha ocultado por la Sedena”, subrayó Beristain, que recordó que el GIEI regresó a trabajar en el caso —tras su primera salida durante el gobierno de Peña Nieto— luego de que la actual administración se comprometiera a dar acceso a toda la información disponible. “No ha sido así”, lamentó.
“Los dos factores que impiden una investigación efectiva son el ocultamiento de información y la insistencia en negar cosas que son obvias. Todo esto impide llegar a la verdad”, insistió el integrante del GIEI. Además, reiteró que “ha sido imposible continuar con el trabajo” ante la falta de información y el ocultamiento de documentación clave por parte de las fuerzas castrenses.
“El ocultamiento de información ha contribuido a ocultar responsabilidades del Estado”, dijo por su parte Ángela Buitrago, que también denunció que “las negaciones de las autoridades son un nuevo impacto para las familias de los desaparecidos”.
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Ambos ejércitos del conflicto armado en Ucrania se han visto acorralados por drones, artillería y guerra electrónica.
En días recientes, Rusia y Urania se han atacado mutuamente con el mayor número de drones desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.
Se informa que Ucrania lanzó más de 80 drones contra Rusia, algunos dirigidos hacia Moscú. Por su parte, se reporta que Rusia lanzó más de 140 drones contra objetivos por todo Ucrania.
La intensidad del uso de drones como armas de ataque es una de las formas en que este conflicto está revolucionando cómo se hace la guerra.
En combinación con la guerra electrónica y los ataques de artillería, los drones también han demostrado ser efectivos como armas defensivas, inmovilizando a las fuerzas enemigas en el campo de batalla.
Drones: los ojos que lo ven todo
Los drones se han convertido en uno de los principales elementos en la guerra en Ucrania y están afectando profundamente la manera en que se pelea, según Phillips O’Brien, profesor de Estudios de la Guerra de la Universidad St. Andrews, en Escocia.
“Han vuelto el campo de batalla mucho más transparente”, comenta.
Los drones de vigilancia pueden detectar el movimiento de tropas o los preparativos para un ataque a lo largo de todo el frente y en tiempo real.
Cuando ven un objetivo, pueden enviar las coordinadas al centro de comando, que puede ordenar un ataque de artillería.
Esta secuencia, desde la detección del objetivo hasta su ataque, se llama la “cadena de ataque” en la terminología militar y se ha acelerado por el uso de drones, dice el profesor O’Brien.
“Todo se puede detectar a no ser que esté muy encubierto. Significa que no puedes reunir tanques y otro armamento para una avanzada sin que sean golpeados”, indica.
Los drones de ataque se están usando, junto con la artillería, para golpear al enemigo. Las fuerzas ucranianas han logrado repeler los avances de las columnas de tanques rusos con solo el uso de drones.
Al inicio de la guerra, Ucrania usó el TB-2 Bayraktar de fabricación turca, un dron de capacidad militar que puede arrojar bombas y lanzar misiles.
Sin embargo, con mayor frecuencia ambas partes están optando por el uso de drones “kamikaze” que son más baratos.
Estos suelen ser drones de uso comercial, acoplados con explosivos.
Pueden ser controlados desde una distancia de varios kilómetros y pueden merodear el objetivo antes de atacar.
Rusia también ha estado usando miles de drones kamikaze, como el Shahed-136 de fabricación iraní, para atacar objetivos militares y civiles en Ucrania.
Frecuentemente los despliega en enjambres, con la intención de abrumar las defensas aéreas ucranianas.
Artillería: se usa “como el agua”
La artillería se ha convertido en el arma de mayor uso en toda la guerra en Ucrania.
Según el centro de análisis británico Royal United Services Institute (RUSI), Rusia ha estado disparando 10.000 proyectiles al día y Ucrania entre 2.000 y 2.500, también diariamente.
La artillería se usa para contener el movimiento de tropas enemigas y para atacar vehículos blindados, defensas, puestos de mando y depósitos de suministros.
“Durante la guerra, la munición es como el agua, que las personas necesitan beber constantemente, o como el combustible para un automóvil”, explica el experto de artillería y especialista militar de la BBC coronel Petro Pyatakov.
Ambos lados han usado millones de proyectiles de artillería extranjeros. Estados Unidos y Europa se los han suministrado a Ucrania. Rusia los importa de Corea del Norte.
Los países occidentales han tenido dificultades para suministrar a Ucrania todas las municiones que requiere, y eso ha resaltado el problema que tienen en sus propias industrias armamentistas, según Justin Crump, director ejecutivo de Sibylline, un grupo de análisis de defensa en Reino Unido.
“Las empresas de defensa de Occidente actualmente producen una cantidad de armas de precisión relativamente baja”, afirma.
“No tienen la capacidad de emitir altos volúmenes de armamento básico como proyectiles”.
Tanto Rusia como Ucrania también han estado usando artillería de alta precisión.
Ucrania ha lanzado proyectiles guiados por satélite tipo Excalibur, suministrados por Occidente; Rusia usa sus propios proyectiles Krasnopol guiados por láser.
Además, EE.UU. y otras naciones occidentales han dotado a Ucrania de misiles Himars de largo alcance, guiados por satélite.
Estos les han permitido a las fuerzas armadas atacar los depósitos de municiones y los puestos de mando de Rusia en el frente.
Bombas planeadoras: sencillas, destructivas y difíciles de interceptar
Desde comienzos de 2023, las fuerzas rusas han usado miles de “bombas planeadoras” para atacar posiciones ucranianas en el campo de batalla y para bombardear zonas residenciales civiles e infraestructura.
Son bombas convencionales de “caída libre” acopladas con alas plegables y sistemas de navegación satelital.
Rusia es quien más suele usar esas bombas planeadoras. Varían en peso desde 200 kg hasta 3.000 kg o más.
“Las bombas planeadoras se han vuelto cada vez más efectivas para romper las posiciones defensivas y destruir edificios”, señala el profesor Justin Bonk, un experto en guerra de RUSI.
Añade que Rusia las ha utilizado extensamente para destruir las defensas ucranianas alrededor de la localidad estratégica de Adviivka, en el este de Ucrania, que Rusia capturó en 2024.
Las bombas planeadoras cuestan entre US$20.000 y US$30.000 en producir, según Bronk.
Pueden ser lanzadas desde decenas de miles de kilómetros de distancia de sus objetivos y son difíciles de interceptar, aún con el más sofisticado sistema de misiles de defensa aérea.
Ucrania también hace uso de bombas planeadoras suministradas por EE.UU. y Francia, como la llamada Joint Standoff Weapon de largo alcance.
También ha creado una de su propio diseño, añadiendo alas a las bombas de diámetro pequeño de fabricación estadounidense, que llevan unos 200 kg de explosivos.
Sin embargo, cuenta con menos bombas planeadoras que Rusia.
Guerra electrónica: una manera barata de incapacitar armamento costoso
La guerra electrónica se ha implementado mucho más intensamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania que en cualquier otra ocasión.
Miles de efectivos en cada lado trabajan en unidades especializadas, intentando incapacitar los drones y sistemas de comunicaciones del otro, y desviar los misiles enemigos.
Las fuerzas rusas tienen sistemas como el Zhitel, que puede incapacitar todas las comunicaciones satelitales, las comunicaciones por radio y las señales de teléfonos móviles en un radio de más de 10 m.
Pueden abrumar las ondas de radio emitiendo enormes pulsaciones de energía electromagnética.
Además, con su unidad Shipovnic-Aero, las fuerzas rusas pueden derribar un dron a 10 km de distancia. Este sistema también puede encontrar la posición de los pilotos de los drones y enviar sus coordinadas a las unidades de artillería para que disparen contra ellos.
Las naciones occidentales pueden estar sorprendidas de ver la facilidad con la que los sistemas de guerra electrónica de Rusia han inutilizado misiles de alta tecnología como los Himars en Ucrania, de acuerdo a Marina Miron, del Departamento de Estudios de la Guerra del King’s College de Londres.
“Es una guerra asimétrica”, indica. “Las fuerzas de la OTAN podrán tener armas que son técnicamente superiores a las que posee Rusia, pero Rusia ha demostrado que puede usar un equipo relativamente barato para desactivarlas”.
Duncan McCrory, del Instituto Freeman Air & Space de King’s College de Londres, opina que los comandantes militares de los países de la OTAN deben aprender lecciones de cómo Rusia está efectuando una guerra electrónica en Ucrania.
“Deben entrenar a sus tropas en cómo operar cuando están siendo acechadas por drones y cuando el enemigo está atento a cada señal de radio que envían”, afirma.
“La guerra electrónica ya no puede ser relegada a segundo plano. Necesita ser considerada en todo momento en que se estés desarrollando tus tácticas, entrenamiento y nuevos sistemas de armamento”.
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