Tribunal niega libertad provisional a Murillo Karam por riesgo de fuga; continuará proceso en prisión domiciliaria
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México la libertad provisional al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al considerar que existe riesgo de fuga por lo que continuará en prisión domiciliaria su proceso por los delitos de tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con Milenio, el tribunal determinó por unanimidad ratificar la resolución del juez Octavo de Distrito en Materia Penal, quien negó la protección de justicia a Murillo Karam por riesgo de fuga.
En sesión, el magistrado ponente Francisco Javier Sarabia Ascencio señaló que está sustentada la prisión preventiva justificada que solicitó un juez de control de la Fiscalía General de la República.
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Añadió que se aportaron datos prueba que indicaron que el exprocurador poseía varios inmuebles en distintas ciudades, así como acceso a vuelos privados, lo que incrementaba la posibilidad de salir del país.
Dijo que “la FGR pudo lograr su pretensión de mostrar un escenario de peligro” respecto a un caso que es de dominio público y que tiene gran impacto.
Asimismo, señaló que posee los insumos, recursos necesarios y los conocimientos estratégicos para poder sustraerse de la acción de la justicia “si esto fuese su voluntad de hacerlo”.
Prisión domiciliaria para Murillo Karam
El pasado 12 de abril un juez federal concedió prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam en el proceso abierto en su contra por la supuesta tortura cometida en contra de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto implicado en el caso Ayotzinapa.
“En cumplimento a la resolución de un Tribunal Colegiado hoy se determinó que la prisión preventiva puede llevarla en su domicilio con diversas medidas”, informó el abogado Javier López en entrevista con Animal Político.
Días antes -el 5 de abril-, un Tribunal Colegiado concedió una suspensión definitiva a Murillo Karam para continuar en prisión domiciliaria su proceso. De esa manera el exprocurador libró permanecer en el Reclusorio Sur en el segundo proceso en su contra.
El 18 de agosto de 2022, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Marina detuvieron a Murillo Karam señalado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, donde fue uno de los responsables en la creación de la llamada “verdad histórica”.
La detención del exprocurador ocurrió tan solo un día después de que el Gobierno Federal presentó los avances de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde entre otras cosas, la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia determinó que este hecho se trató de un crimen de Estado.
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Un relator especial de la ONU dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente”.
Tras un terremoto de magnitud que mató a más de 2.000 personas, según cifras oficiales, la junta militar de Myanmar continúa bombardeando partes del país devastado por la guerra.
La ONU calificó los ataques como “totalmente indignantes e inaceptables”.
El relator especial Tom Andrews dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente” después del terremoto.
Exhortó al régimen militar, que tomó el poder en un golpe de Estado hace casi cuatro años, a detener todas las operaciones militares.
“Cualquiera que tenga influencia sobre los militares debe aumentar la presión y dejar muy claro que esto no es aceptable”, expresó.
“Hago un llamado a la junta para que simplemente detenga todas sus operaciones militares”, añadió.
El Servicio Birmano de la BBC confirmó que siete personas murieron en un ataque aéreo en Naungcho, en el norte del estado de Shan. Este ataque ocurrió alrededor de las 15:30 hora local del viernes, menos de tres horas después del terremoto.
El lunes, el ejército de Myanmar también llevó a cabo ataques terrestres en la región de Sagaing, afectada por el terremoto, aseguran los rebeldes.
Las denuncias de los rebeldes
Un portavoz de la Fuerza de Defensa Popular de Chaung U -un grupo insurgente- contó a la BBC que fueron objeto de un intenso fuego de mortero. Los rebeldes informaron de cinco convoyes militares en la zona.
Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que representa a la administración civil derrocada, indicó en un comunicado que sus fuerzas comenzarían una pausa de dos semanas en “operaciones militares ofensivas, a excepción de acciones defensivas” en las zonas afectadas por el terremoto a partir del domingo.
Esto ocurre en un momento en que los trabajadores de rescate y socorro a los afectados del terremoto en la región enfrentan una grave falta de recursos.
Los grupos rebeldes prodemocracia que combaten para destituir a los militares también informaron de bombardeos aéreos en el municipio de Chang-U, en la región noroccidental de Sagaing, durante el fin de semana, el epicentro del terremoto.
También hay informes de ataques aéreos en zonas cercanas a la frontera tailandesa.
Los militares también continuaron realizando ataques aéreos el lunes en otras partes del país en su intento de aplastar el levantamiento nacional que lucha por despojarlos del poder.
El terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Sagaing, también se sintió en los países vecinos. Luego vinieron informes de destrucción en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, así como en la capital, Nay Pyi Taw, que está a más de 240 kilómetros de distancia.
La junta afirma que 2.056 personas han muerto, más de 3.900 han resultado heridas y 270 siguen desaparecidas.
La BBC no puede verificar estas cifras de forma independiente, pero ha escuchado que un fuerte olor a cadáveres bajo los escombros está impregnando las calles mientras las temperaturas alcanzan los 40 °C en Mandalay.
El Servicio Geológico de Estados Unidos declaró el viernes que “una cifra de muertos superior a 10.000 es una gran posibilidad” basándose en la ubicación y magnitud del terremoto.
Años de guerra
El sismo se produce después de cuatro años de guerra civil en Myanmar, tras un golpe militar en 2021. El golpe provocó enormes protestas, con miles de personas saliendo a las calles diariamente para exigir la restauración del gobierno civil.
Lo que inicialmente comenzó como una campaña de desobediencia civil pronto evolucionó hacia una insurgencia generalizada que involucró a grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desencadenando finalmente una guerra civil total.
Cuatro años después, continúan los feroces combates entre los militares, por un lado, y los grupos de resistencia armada, por el otro.
La junta militar, que ha sufrido continuas derrotas humillantes y ha perdido amplias áreas de territorio, recurre cada vez más a los ataques aéreos para aplastar la resistencia a su régimen.
Grandes partes de la región de Sagaing, epicentro del terremoto, están ahora bajo el control de grupos rebeldes.
Una investigación de la BBC reveló que, casi cuatro años después de tomar el poder en un golpe de estado, los militares ahora controlan menos de una cuarta parte del país.
La investigación mostró que los ejércitos étnicos y una mezcla de grupos de resistencia controlan ahora el 42% del territorio, mientras que gran parte del área restante sigue en disputa.
Es en el combate aéreo donde el régimen militar tiene la ventaja. Los grupos de resistencia no tienen la capacidad de contraatacar en el aire.
El ejército tiene antecedentes de realizar bombardeos aéreos indiscriminados que han destruido escuelas, monasterios, iglesias y hospitales. En uno de los ataques aéreos más letales, murieron más de 170 personas, incluidas muchas mujeres y niños.
El organismo de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en el país ha advertido que la junta militar está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.
La guerra aérea militar se sostiene gracias al apoyo continuo de Rusia y China. A pesar de los llamados de la ONU a un embargo de armas en respuesta al golpe, tanto China como Rusia han vendido a la junta sofisticados aviones de ataque y le han brindado entrenamiento sobre cómo utilizarlos.
Rusia y China también han enviado equipos de ayuda y rescate a Myanmar. Pero la activista de derechos humanos birmana radicada en el Reino Unido, Julie Khine, expresó: “Es difícil confiar en la compasión ahora cuando también son los mismos países que suministran a la junta militar armas letales utilizadas para matar a nuestros civiles inocentes”.
También hay una preocupación generalizada de que los militares utilicen la ayuda como arma en la guerra civil.
El ejército de Myanmar tiene una práctica de larga data de negar ayuda a las zonas donde hay grupos de resistencia activos.
Tom Andrews, de la ONU, resaltó a la BBC que durante las labores de socorro anteriores, los militares habían bloqueado la ayuda y arrestado a los trabajadores humanitarios.
“Lo que sabemos de desastres humanitarios y naturales anteriores es que la junta no dice la verdad. Además, tiene la costumbre de impedir que la ayuda humanitaria llegue a donde más se necesita”, afirmó.
“Utilizan esta ayuda como arma. La envían a las zonas que controlan y la niegan a las que no controlan”.
“Así que hay zonas donde existen las necesidades más apremiantes y literalmente la ayuda está intentando entrar, hay camiones bloqueando el paso, la gente atrapada; ese ha sido el patrón de su respuesta a desastres naturales en el pasado”.
“Me temo que supongo completamente que ese sea el caso con este desastre”.
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