“Es imposible continuar el trabajo”: GIEI deja caso Ayotzinapa y denuncia obstáculos de militares en la investigación
“No hemos podido dar todas las respuestas a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa porque no hemos tenido acceso a toda la información existente por parte de las autoridades. Y para nosotros no hay condiciones para seguir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Con qué información íbamos a trabajar? Se necesita información para llegar a la verdad y a la justicia”.
Con este reclamo, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dieron por finalizada su estadía en México investigando la desaparición en septiembre de 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante la presentación este martes del sexto y último informe del GIEI, que llegó al país en 2015, Beristain y Buitrago denunciaron que ha habido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un ocultamiento sistemático de información en el caso, lo que está impidiendo llegar a la verdad de lo sucedido con los normalistas. Esto, a pesar de que el presidente López Obrador instruyó al Ejército para que abriera toda la documentación del caso.
“El acceso a la información ha sido parcial, y parte de esa información se ha ocultado por la Sedena”, subrayó Carlos Beristaín, que recordó que el GIEI regresó a trabajar en el caso ―tras su primera salida durante el gobierno de Peña Nieto― luego de que la actual administración se comprometiera a darles acceso a toda la información disponible, “lo cual, no ha sido así”, lamentó.
“Los dos factores que impiden una investigación efectiva son el ocultamiento de información y la insistencia en negar cosas que son obvias. Todo esto impide llegar a la verdad”, insistió el integrante del GIEI, que además reiteró que “ha sido imposible continuar con el trabajo” ante la falta de información y el ocultamiento de documentación clave por parte de las fuerzas castrenses.
Los investigadores del GIEI apuntaron que “el músculo del Estado” estuvo presente en los hechos de Iguala, “que actuaron y no protegieron a los jóvenes y que sabían lo que pasó”.
“El ocultamiento de información ha contribuido a ocultar responsabilidades del Estado”, dijo por su parte Ángela Buitrago, que también denunció que “las negaciones de las autoridades son un nuevo impacto para las familias de los desaparecidos”.
En este punto, los integrantes del GIEI expusieron que marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado mexicano, supieron “minuto a minuto” y con monitoreo en tiempo real el paradero de los jóvenes, aunque después obstaculizaron la información y se habrían prestado para construir la llamada ‘verdad histórica’ de los hechos.
“El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”, hizo hincapié Carlos Beristain, que afirmó que “a pesar de la voluntad política inicial, cuando se llegó al núcleo duro de la verdad, de nuevo prevaleció el ocultamiento”.
Los investigadores refirieron que se han reunido en varias ocasiones con el presidente López Obrador (la más reciente, este lunes 24 de julio), para ponerlo al tanto de los avances y también de los obstáculos por parte de la Sedena y de la Secretaría de Marina para continuar con la investigación.
“Gracias a las gestiones del presidente se abrieron archivos para avanzar hasta aquí”, admitió Ángela Buitrago.
“Sin embargo, las negativas a proporcionar la información y la contumacia de las respuestas negativas de mandos de Sedena y Semar, negando que se dispusiera de cierta información, o que se conozcan documentos que realmente existen, no hacen más que negar lo evidente”, contrapuso la integrante del GIEI.
Carlos Beristain, incluso, fue un paso más allá y denunció que “existe una intencionalidad de no dejar que se aclaren los hechos” por parte de las autoridades castrenses, y que hay “un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad”.
Finalmente, los dos integrantes del GIEI dijeron a los padres y madres de familia de los jóvenes desaparecidos, que estaban presentes en el evento realizado en el Centro Cultural Tlatelolco, en la capital mexicana, que el caso Ayotzinapa no se acaba porque ellos se marchen del país.
“El Estado y las instituciones tienen la obligación de investigar y hacer justicia para los desaparecidos. Este caso supone un cuestionamiento profundo para el Estado mexicano”, recordaron.
“¿Para qué quedarse más tiempo?”
Ya desde el pasado 27 de junio, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron, tras una reunión ese día con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que la Sedena estaba ocultando deliberadamente información del caso, y mostraron su preocupación por la salida de los dos integrantes del GIEI.
“Creemos que ellos (los expertos del GIEI) están en la mejor disposición de quedarse y seguir investigando. Pero el problema es que el Ejército está en desacato con el presidente y no está obedeciendo el mandato de entregar toda la información”, dijo aquel día Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Armando González.
“Si el Ejército entregara toda la información, estamos seguros de que los expertos del GIEI (Carlos Beristain y Ángela Buitrago) se quedarían para continuar con las investigaciones. Pero si no abren todo, ¿para qué se van a quedar más tiempo?”, preguntó González, y agregó: “Desconocemos qué información están ocultando los militares o a quién están protegiendo de tan alto nivel”.
“Es algo que no comprendemos”, insistió. “Incluso, la Sedena firmó un decreto estando de acuerdo su titular, Cresencio Sandoval, para liberar toda la información y así ayudar a la localización de nuestros muchachos”.
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En respuesta, la antigua Unión Soviética construyó el sarcófago sobre el reactor nuclear.
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Además de evaluar Chernóbil, la OIEA ha estado inspeccionando las subestaciones eléctricas vinculadas a la seguridad nuclear.
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