Ejército supo desde 2021 de las extorsiones de “El Bótox”; cobraba 600 mil pesos al mes a limoneros
Para entender mejor
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó desde 2021 que César Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, extorsionaba a productores de limón de los municipios de Buenavista y Apatzingán en el estado de Michoacán, a quienes obligaba a pagar hasta 600 mil pesos mensuales por sus cosechas.
Desde hace cinco años, el Ejército mexicano identificó sus actividades a través del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Occidente. Sin embargo, fue capturado apenas el pasado 22 de enero en un operativo conjunto de autoridades federales y estatales.
Con la intervención de llamadas telefónicas, el Ejército encontró que “El Bótox” no solo se dedicaba a la extorsión de los productores de limón, sino que desde hace cinco años tenía el control de la venta de pollo, fierro, cobre, aluminio, plástico, vidrio y hasta cigarros en los municipios de Apatzingán y Buenavista.
Los militares incluso tenían conocimiento de la ubicación de “puntos de control” que el líder del grupo criminal conocido como Los Blancos de Troya instaló en los caminos que conectaban a Apatzingán y Buenavista, donde cobraba una “cuota” a los transportistas que cruzaban por ahí.
“El Bótox” y las extorsiones por el limón
Informes de inteligencia de la Sedena, filtrados por el colectivo Guacamaya, muestran que Sepúlveda Arellano cobraba a los agricultores un peso por cada kilo de limón desde 2021. En ese entonces se tenía estimada una producción de 20 toneladas diarias.
Eso quiere decir que, desde hace cinco años, “El Bótox” cobró al menos 20 mil pesos diarios a los productores de limón. Al mes, esa cifra suma 600 mil pesos.
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Sepúlveda Arellano no sólo extorsionaba a los productores, sino que también les fijaba el precio al que debían vender el limón a las empacadoras. En 2022, por ejemplo, “acordó” con los agricultores que debían vender su fruta a 4 pesos el kilo.
“El Bótox” comenzó a aparecer con más frecuencia en los informes de inteligencia del Ejército a partir del 2021. Ese año ya era identificado como el líder de Los Blancos de Troya, y también se le ubicaba como un extorsionador de los productores aguacateros y mineros.
Un año después, en 2022, el Ejército detectó una disputa por el control del mercado de limón entre “El Bótox” y Nicolás Sierra Santana, alias “El Coruco” y líder del grupo delictivo Los Viagras.
Al momento de su detención el pasado jueves, César Sepúlveda Arellano fue identificado por productores de limones como uno de sus principales extorsionadores e incluso las autoridades lo señalan como responsable del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los agricultores de Apatzingán que denunció públicamente los cobros ilegales.
“El Bótox” entorpecía operativos y hasta controlaba venta de cerveza
Las actividades criminales de “El Bótox” también alcanzaron a la cerveza Corona, pues en 2022 ordenó que, a cambio de una “cuota”, solo tres personas podrían vender esta bebida en poblados del municipio de Buenavista.
Los recursos obtenidos por estas actividades eran utilizados para financiar a Los Blancos de Troya y su lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otra organización criminal que se instaló en Michoacán para pelear los negocios delictivos del estado.
Además de sus actividades criminales, en 2021 la Sedena había identificado que “El Bótox” también era encargado de entorpecer operativos de seguridad que el gobierno lanzaba contra Los Blancos de Troya y sus aliados que formaban parte de otro grupo llamado Cárteles Unidos.
Según los informes de la Sedena, Sepúlveda Arellano convocaba gente para bloquear caminos e incluso les pedía apedrear a policías con tal de que no realizaran sus operativos.
Detenido en 2018 pero lo dejaron ir
“El Bótox” fue detenido en 2018 en el estado de Morelos acusado de un homicidio, pero consiguió salir de prisión y pudo continuar con sus actividades delictivas hasta este año.
En los reportes de inteligencia de la Sedena sólo se detalla un operativo organizado por el gobierno para intentar recapturarlo en 2020, pero el líder de Los Blancos de Troya logró huir porque su grupo criminal bloqueó caminos para impedir su detención.
A partir de ahí fue vigilado por el gobierno federal junto con otros criminales que asedian Michoacán, como Juan José Farías, alias “El Abuelo”, el líder del grupo Cárteles Unidos, y “El Coruco”, líder de Los Viagras.
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Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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