Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO
*Esta investigación forma parte del especial “Miedo, castigo y estigma: el fracaso de la política de drogas de AMLO”, realizado en alianza con Elementa DDHH.
Mientras las campañas impulsadas desde la vocería del Gobierno de México recrudecen un discurso que estigmatiza a las personas usuarias de sustancias, y el consumo de drogas crece y se diversifica, en los últimos años también se ha incrementado la criminalización directa: las detenciones y puestas a disposición por posesión simple van a la alza.
Si bien entre 2019 y 2020, todavía en los primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las detenciones por portar sustancias psicoactivas sin ánimo de venta registraron una leve disminución, al pasar de 43 mil 945 a 42 mil 308 casos, para 2021 –de un año a otro– crecieron en un 25%, para sumar 53 mil 032.
Datos de los censos nacionales de Seguridad Pública entre 2020 y 2022 evidencian que las policías han realizado, de manera creciente, más detenciones y puestas a disposición de personas por posesión simple, es decir, aquellas que llevan consigo sustancias sin intención de venderlas.
El delito está previsto tanto en el artículo 477 de la Ley General de Salud como en el 195 bis del Código Penal Federal bajo la figura de narcomenudeo. La primera legislación impone penas de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días de multa, mientras que el segundo impone cuatro a siete años y medio de prisión y de 50 a 150 días de multa.
El castigo aplica a las personas que poseen alguna de las sustancias contempladas en la Ley General de Salud –opio, heroína, mariguana, cocaína, LSD, metanfetaminas–, siempre y cuando sea una cantidad inferior al resultado de multiplicar por mil los máximos de consumo personal previstos y, por las circunstancias, se considere que no está destinada a la comercialización.
De acuerdo con especialistas y organizaciones, la legislación vigente da pie a que personas que no están involucradas con el narcomenudeo sean detenidas arbitrariamente, violentadas y estigmatizadas, pero aún más grave: procesadas penalmente y privadas de la libertad incluso sin sentencia, pues para el delito de posesión simple aplica la medida de prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la organización Elementa DDHH, tal como ha venido documentando desde la elaboración de su informe Historias de detención por posesión simple, las policías siguen actuando en gran volumen en contra de la población usuaria de sustancias.
Las prácticas de hostigamiento se evidencian con el aumento –en la última versión disponible del Censo Nacional de Seguridad Pública– de casi 10 mil casos a nivel nacional entre 2019 y 2021, con lo que en esta administración suman ya 139 mil las detenciones por portar alguna sustancia.
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Aunque en muchos casos estas puestas a disposición del Ministerio Público no necesariamente culminan en la privación de la libertad, se convierten en un mecanismo muy utilizado para extorsionar a las personas. De esta manera, se mantiene el status quo jurídico que permite la criminalización de la posesión simple.
La arbitrariedad radica en que la autoridad no tiene que comprobar el ánimo de venta para detener, procesar o condenar. Ese es uno de los principales hechos que el actual gobierno prometió cambiar, con el cannabis como puerta de entrada, explica Adriana Muro, directora de Elementa DDHH.
Las policías, y ahora las entidades militarizadas –con el incremento de su presencia en las calles–, siguen teniendo la facultad de detener personas. “¿Qué nos están diciendo los datos? En este sexenio se han detenido a más de 90 mil personas por delitos de drogas. No todas llegan a cárcel, muchas son presentadas al Ministerio Público, pero en el inter hay muchas vulneraciones a derechos humanos: detenciones arbitrarias, violencia física, psicológica, sexual y corrupción”, agrega.
Descensos en privaciones de la libertad, pero no en todo el país
En contraste con el incremento de las detenciones o puestas a disposición del Ministerio Público por posesión simple, la cifra total de personas privadas de la libertad por este delito sí ha registrado una disminución durante este sexenio, pero no en todos los estados del país. En algunos de ellos se evidencian, incluso, incrementos importantes.
A nivel nacional, tomando en cuenta penales estatales y federales, mientras que en 2019 había 9 mil 372 personas privadas en centros de reclusión por posesión simple, para 2022 sumaron 5 mil 332, lo que implica una disminución del 43%.
Sin embargo, de acuerdo con especialistas y organizaciones, esto podría deberse en gran medida a la clasificación del delito, ya que está contemplado dentro de la figura de narcomenudeo. Esto quiere decir que más que a un alto a la criminalización, el cambio en la estadística respondería a la conducta en la que se busca encuadrar a la persona detenida con sustancias psicoactivas.
Por ejemplo, Durango “destaca” por la drástica disminución de personas privadas de la libertad en la entidad por este delito. Entre 2019 y 2021 tenía una tendencia creciente, de 634 a 757, y después a mil 017 personas. Repentinamente, para 2022 registró cero privaciones de la libertad. Sin embargo, casi la totalidad de las detenciones –mil 076– fueron clasificadas como posesión con fines de comercio.
Por otro lado, aunque las personas privadas de la libertad por este delito en centros penitenciarios federales pasaron de mil 141 en 2019 a 267 para 2023, al tratarse de un delito del fuero común, la posesión simple se persigue en mayor medida en las entidades federativas.
Mientras que Chihuahua registra el mayor descenso en privaciones de la libertad, al pasar de mil 761 en 2020 a 119 en 2022, entidades como Ciudad de México y Nuevo León muestran una tendencia a la baja en el último año a la que, en realidad, antecede un crecimiento sostenido desde 2019, cuando ambos estados tenían mucho menos personas en reclusión por posesión simple.
En contraste, en entidades como Guanajuato y Sonora se ha incrementado significativamente el número de personas privadas de la libertad por el delito al pasar, el primero, de 225 a 563 y el segundo de 67 a mil 77. En otros como Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y Veracruz también ha crecido el total de personas en prisión por posesión simple.
Para Angela Guerrero, especialista en regulación y política de drogas, en este sexenio se terminaron utilizando las prácticas que tanto se criticaron antes, en el modelo de comunicación –campañas– y de prevención, pero también en el uso que se le ha dado a las fuerzas de seguridad en el país.
“Aun cuando no lo vemos, porque hay otro tipo de iniciativas que están buscando que no se criminalice por posesión de ciertas sustancias, por otras sustancias sí siguen entrando a los centros penitenciarios y siguen apostando a detener a aquellas personas que no tienen manera de defenderse en un proceso legal”, apunta.
La “reincidencia” de portar drogas también se castiga
Aunado al crecimiento general de detenciones por posesión simple, y a la relativa disminución de personas privadas de la libertad por ese delito –que no es una realidad en todo el país–, el 32% de ellas regresa a la prisión por el mismo motivo.
Durante 2021, el número de ingresos registrados a nivel nacional por el delito fue de 10 mil 76. En 3 mil 273 casos se trató de personas reincidentes, que fueron privadas de la libertad por segunda vez por portar una sustancia.
De esta manera, el total de nuevos ingresos por posesión simple representó un 6.3% de todos los nuevos ingresos a reclusorios en ese año. Durante el año anterior, el número de nuevos internamientos había sido de 7 mil 385 personas, un 26% menos.
Para Elementa DDHH, estos datos evidencian que la autoridad sigue haciendo un sobreejercicio del poder sobre las personas consumidoras, incluso sabiendo que muchas no cumplirán una sentencia. En ese sentido, la actual administración no solo mantiene una naturaleza punitiva, sino una narrativa que presenta el incremento de detenciones como sinónimo de éxito de las fuerzas armadas.
Además de basar la persecución en un sistema de cantidades que no toma en consideración el contexto de las conductas, lo que genera una dificultad para determinar el comportamiento que justifica la detención. Esto se debe a que persiste un gran número de acciones concentradas en la figura de narcomenudeo, así como a la falta de investigación y medios probatorios.
En contraste, no existe un abordaje de los problemas de seguridad mediante el desmantelamiento de las cadenas de violencia y las redes de macrocriminalidad, mientras que las propuestas de modificación al marco jurídico en materia de política de drogas siguen congeladas.
La legislación sobre drogas que nunca llegó
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han presentado ante el Congreso de la Unión 45 iniciativas –22 en el Senado y 23 en la Cámara de Diputados– relacionadas con cambios en la política de drogas.
Estas propuestas han buscado, en suma, expedir una ley que regule el mercado de cannabis en el país, modificar la Ley General de Salud para regular el uso de esa sustancia con fines medicinales y científicos, y cambiar el Código Penal Federal para dejar de perseguir penalmente algunas conductas relacionadas con drogas.
Otras han abordado la posibilidad de otorgar amnistía a las personas consumidoras y establecer medidas fiscales para la comercialización de la cannabis, así como regularla con enfoque de justicia social y derechos humanos. Esta última presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero.
Ninguna ha prosperado. El proceso legislativo ha sido obstaculizado, por un lado, por la supuesta intromisión de empresas privadas extranjeras para generar una regulación a modo que les permita acaparar el mercado y, por el otro, por la postura del presidente López Obrador, que ha dicho que no existen condiciones para ello ni consenso al interior de su gabinete.
En opinión de la senadora Patricia Mercado, el paso más importante es avanzar en la propuesta de legalización de la cannabis en primer lugar porque es un mandato de la Suprema Corte de Justicia, tanto para uso medicinal como para uso adulto y lúdico, y en segundo, porque significa abrir la puerta a un camino distinto al prohibicionismo.
“La política prohibicionista, en realidad, a los que más les ha pegado, los que han pagado los costos, son los más pobres, los más vulnerables, las regiones rurales más empobrecidas en ciertos estados de la República. Es cambiar el camino, meter sobre todo a estas poblaciones que han puesto los muertos, como decimos, al cultivo, a la producción de manera legal, y el consumo personal dejar de castigarlo, de prohibirlo”, apunta.
En su radiografía Historias de detención por posesión simple, Elementa DDHH muestra un panorama de las características de las personas detenidas por este delito: usuarias de sustancias psicoactivas en su mayoría pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, ya sea por sus condiciones socioculturales, su origen étnico o su orientación sexual. El 55% puestas a disposición, además, entre los 15 y 20 años de edad.
Entre otros aspectos, la iniciativa de Sánchez Cordero, presentada desde noviembre del 2018, contemplaba eliminar la cannabis del Código Penal Federal para regularla en la Ley General de Salud con 28 gramos para uso personal y crear clubes regulados e inscritos, así como un instituto, bajo el principio de que la política prohibicionista no va a dar resultados ni en México ni en Estados Unidos.
Esto contribuiría, al mismo tiempo, a terminar con el estigma sobre las personas consumidoras, así como con su discriminación y exclusión. Después de un tramo de avance, la propuesta permanece hasta hoy congelada en el Senado. Mercado sostiene que a pesar de los compromisos, la voluntad política está cerrada y no hay manera de discutirla, pese a que la Suprema Corte ya ordenó legislar al respecto.
Sin voluntad en política de drogas
Apenas en septiembre pasado, López Obrador viajó a Colombia, por invitación del presidente Gustavo Petro Urrego, a la Conferencia Latinoamericana y del Caribe “Por una política de drogas para la vida, la paz y el desarrollo”, que concluyó con la adopción de una declaración conjunta.
Ahí, compartió la mesa y el diálogo con una administración que ha privilegiado un enfoque opuesto al suyo: derechos humanos, salud pública, justicia social y reducción de daños frente a las políticas carcelarias y el prohibicionismo.
La senadora Mercado pensó que era una buena oportunidad para revivir la iniciativa, pues uno de los temas centrales fue el daño a los más vulnerados con la política punitiva; la presencia del Presidente, de alguna manera, mostraba que estaba de acuerdo con la política colombiana. “Pero no significó nada esa visita, no cambió absolutamente en nada la voluntad de la coalición mayoritaria”, lamenta.
A unos días de que se cumplan los primeros cinco años de su gobierno, el viraje en la voluntad y la narrativa ha quedado claro: “No descarto la posibilidad de convocar a una reflexión colectiva sobre la legalización de algunas drogas, sobre todo las drogas curativas o de atención médica. La misma campaña nos ha costado trabajo porque no había infraestructura para atender enfermos por consumo de drogas”, decía López Obrador en 2019.
Para 2023, su discurso ya era otro: “Se va a lanzar una campaña para inhibir el consumo de drogas, sobre todo de fentanilo. En México no tenemos el mismo grado de consumo como en otros países. Estamos reforzando con programas sociales y exaltando nuestros valores culturales y morales… El uso y consumo de sustancias y violencia son un fenómeno social. Donde hay violencia, hay que sospechar uso de drogas”.
A 2 mil 700 kilómetros de Palacio Nacional, Lilia Pacheco, quien dirige Prevencasa en Tijuana, Baja California –donde se proporcionan jeringas, servicios médicos y reducción de daños, siempre con una dosis de naloxona disponible para sobredosis–, explica lo que falta entender como sociedad y en el sistema público de salud para acabar con los estigmas sobre las personas usuarias de drogas:
“Primero, qué es la reducción de daños, y entenderlo de esta manera tan pragmática como que sabemos que existe uso de sustancias, que ha existido por cientos de años y seguirá existiendo; independientemente de cualquier política de drogas de cada país, va a haber consumo de sustancias, y tenemos que respetar el derecho de las personas, la decisión de que usen sustancias, pero también tenemos que apoyarlas para que tengan una mejor calidad de vida”.
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Como otras regiones en Colombia, el Catatumbo parece estar condenado por su riqueza natural, geográfica y de recursos.
El río Catatumbo es testigo de la historia de vida y muerte que marca a Colombia.
Baña a la región a la que da nombre, una de las más ricas en recursos y mejor geolocalizadas del país, y por años también fue depósito de los cadáveres que dejó la brutalidad paramilitar en la zona a fines de los 90.
Si bien la violencia nunca se apaciguó del todo, expertos ven ahora, más de dos décadas después, cómo se reviven algunas de las peores escenas de aquella época.
Desde el 15 de enero, violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC dejan al menos 80 muertos y más de 30.000 desplazados huyendo del horror.
La situación es ya considerada una crisis humanitaria.
La disputa por esta región es tan feroz que puso en jaque a la paz total que anhela el presidente Gustavo Petro para Colombia, quien suspendió las negociaciones con el ELN y movilizó a miles de soldados a la zona.
“La situación del Catatumbo es un fracaso de la nación”, dijo Petro.
Muchos leen la frase como un reconocimiento de que su política de paz está lastimada, pero otros la vinculan a las décadas que el Catatumbo acumula a merced de grupos armados, con un Estado que no logra resolver la violencia y precariedad a la que se exponen sus habitantes.
Como muchas otras partes del país, el Catatumbo parece condenado por su riqueza.
Qué implica controlar el Catatumbo
La región ocupa alrededor de la mitad del departamento Norte de Santander, en el nororiente colombiano, y parte del sur del Cesar.
Es un territorio de más de 4.800 km² junto a la frontera venezolana donde predominan bosques y selvas y una amplia variedad climática.
“Esta condición la hace muy apetecible como corredor estratégico y de movilidad para grupos armados insurgentes e ilegales”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“En términos geográficos, el Catatumbo permite conectar el norte del país con Venezuela”, agrega por su parte Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago.
Si una guerrilla llegase a controlar por completo el Catatumbo, como ahora mismo se la disputan el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares, estaría cerca de dominar la frontera colombo-venezolana y el norte colombiano.
Esto es, en la práctica, hacerse con un vasto y estratégico territorio lleno de recursos naturales al que se le pueden sacar rentas millonarias.
Fue algo que comprendieron los primeros grupos guerrilleros que se asentaron en la región desde los 70, en pleno conflicto armado.
La riqueza que atrajo violencia
El Catatumbo fue en la primera mitad del siglo XX la primera provincia petrolera de Colombia.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su cuenca ha sido una de las más prolíficas del país, aunque el crudo no trajo el progreso esperado para la región.
En ese contexto llegaron las guerrillas, atraídas por rentabilizar esa industria y aprovechar que el territorio vivía “marginado por el Estado”, según describe el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL, ya desmovilizado) arribaron a fines de los 70. Las FARC a mediados de los 80.
Según se expandieron estos grupos insurgentes de izquierda, el Estado aumentó su presencia militar, intensificándose el conflicto.
Luego, a fines de los 90, los habitantes sufrieron lo que ellos llaman la “arremetida paramilitar”, una barbarie que desde entonces estigmatiza a la región con sangre y terror.
Las muertes masivas y selectivas fueron constantes. Decenas de cuerpos eran arrojados al río Catatumbo. Muchos por supuestamente estar vinculados a grupos guerrilleros (ELN, EPL o FARC), según las razones que daban los paramilitares.
Las riberas de los afluentes se convirtieron en fosas comunes de las masacres.
Un halo de esperanza apareció para los locales tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016, pero aquí nunca se materializó esa firma.
Como sucedió en diversas zonas ricas, amplias y de difícil acceso en Colombia, otros grupos armados llegaron antes que el Estado para ocupar los vacíos dejados por los desmovilizados de las FARC y apropiarse así de sus recursos.
En el caso del Catatumbo, “bosques, agua, petróleo, carbón y, desde los 90, coca”, menciona Arias, además de múltiples cultivos base para la alimentación.
Son recursos clave para el desarrollo que hasta la fecha no han servido para traer suficiente bienestar a sus habitantes.
Falta “inversión en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda, en oportunidades laborales, en apoyo a proyectos productivos”, según un relato de la Comisión de la Verdad en Colombia.
Semillero de economías ilícitas
Las décadas de conflicto, la débil presencia del Estado y su ubicación estratégica convirtieron al Catatumbo en una región prolífica para rentas ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes desde Venezuela y el lavado de activos.
Guerrillas como el ELN, surgidas en los 60 con fines políticos, “transitan hacia un escenario donde cada vez es más importante la delincuencia organizada y donde aumentan su dependencia de economías ilícitas”, describe Mantilla.
El Catatumbo es uno de los enclaves cocaleros más importantes del país y, según este experto, superó en los últimos años la producción de cocaína de otras regiones como Nariño o Putumayo.
Un informe de las Naciones Unidas de 2024 estima que el Catatumbo contaba en 2023 con casi 54.000 hectáreas de hoja de coca.
Esta región y otras tres en el país son las únicas que superan las 30.000 hectáreas de ese cultivo.
Una concentración que, de acuerdo a testigos e informes sobre terreno, es controlada por los grupos armados presentes.
“Por algunos años, el ELN y disidencias las FARC, de alguna forma, coexistieron aquí”, cuenta Arias, “a excepción de 2018 cuando hubo enfrentamientos entre un reducto del EPL y el ELN”.
El experto recuerda que incluso el ELN facilitó el rearme de facciones de las FARC que no se adhirieron al proceso de paz de 2016.
“Desde 2019, estos grupos elaboraron algunos acuerdos tácitos de respetar zonas, asuntos y temas de finanzas”, dice Arias.
Dichos tratos abordaban temas de narcotráfico, financiamiento y extorsión, y le dieron una mayor estabilidad a la zona.
Una especie de “gobernabilidad paralela”, dice la Comisión de la Verdad.
En medio, el ELN se sentó a la mesa negociadora de la administración de Petro en unos diálogos de paz que lograron avances prometedores y un cese al fuego.
Pero los diálogos se enquistaron desde mayo de 2024, los acuerdos entre el ELN y otros grupos de la región se quebrantaron y la breve estabilidad del Catatumbo se desmorona en este arranque sangriento de 2025.
Clave para la paz
El Catatumbo demuestra también su importancia política en un conflicto que hoy luce lejos de resolverse.
Es casi imposible, según expertos, que haya paz en Colombia si no hay paz con el ELN, la guerrilla en activo más numerosa del país.
Además, el dominio por décadas del ELN en esta región fronteriza contribuyó a que en los últimos años se convirtiera en actor “binacional” y un instrumento “clarísimo de Venezuela para influir en Colombia”, según el analista Mantilla.
Esto complica, más si cabe, cualquier resolución.
El gobierno de Venezuela es garante de paz del ELN en las negociaciones con funcionarios colombianos.
“Maduro se lo recuerda con frecuencia a Petro”, dice Mantilla.
El académico también advierte que “la fortaleza militar del ELN es la frontera con Venezuela y el hecho de que ahora esté asumiendo una posición más beligerante es un recordatorio de que cualquier conversación de paz pasa por ese país”.
Un escenario particularmente complejo a la fecha, dado que las relaciones entre los gobiernos de Petro y Maduro atraviesan su momento más complicado después de que Colombia no reconociera la victoria del venezolano en las elecciones del pasado 28 de julio.
En la pugna de poder del Catatumbo, este experto cree que el ELN acabará imponiéndose sobre las disidencias de las FARC y otros grupos armados.
“Esto podría acelerar los acuerdos con las disidencias, que quizás busquen protección del Estado”.
Lo que sucedería con un ELN más poderoso e influyente es una incógnita, aunque muchos en Colombia conciben que la violencia reciente es un golpe definitivo a la legitimidad de cualquier acuerdo de paz.
Todo indica que lo que pase en el Catatumbo marcará en Colombia el debate sobre la seguridad y la paz a poco más de un año de nuevas elecciones presidenciales.
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